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Las causas del retroceso español en renovables y acción climática

Los datos sobre la situación española en el cumplimiento de objetivos de energías renovables y en materia de lucha contra el cambio climático más que preocupantes, son decepcionantes. En este artículo enumeramos 5 motivos interrelacionados y una conclusión inquietante después de la publicación de dos informes que, de una forma u otra, propinan un severo varapalo a la política energética española (por llamarlo así) y a la acción contra el cambio climático en nuestro país.

En primer lugar, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el pasado viernes un informe de seguimiento sobre la implantación de energía renovable en los países miembros, situando a España entre los 8 países que incumplen los objetivos intermedios que se autofijaron. En concreto, según este informe, el 16,27% del consumo de energía final en nuestro país provino en 2016 de fuentes renovables, cuando la planificación establecía un hito de un punto más, en concreto del 17,3%. Además, entre 2015 y 2016 el crecimiento fue inapreciable (del 16,15% al 16,27%).

Por otra parte, también recientemente publicado, España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22, según el informe de SEO/BirdLife, que además señala que somos «el país más vulnerable al cambio climático de Europa», anticipando, además,  el incumplimiento de los compromisos de emisiones de nuestro país. Una conclusión es evidente: se acumulan los resultados adversos de la política en materia de acción climática y en el desarrollo de energía renovable en España. La acción de nuestro país y del Ejecutivo está en entredicho. Y la pregunta es ¿cómo hemos podido llegar a esta situación, después de un inició fulgurante hasta 2012?

1.- Ese inicio fulgurante estuvo basado en un conjunto de errores regulatorios que promovían el exceso y la sobreinversión en determinadas tecnologías renovables, aún no maduras en aquel momento, cuya extensión masiva fue descontrolada. Podemos decir que el inicio estaba «dopado». Mantra que el actual equipo repite para exonerarse de la forma de actuar posterior.

2.- Después de esta fase llegó, como reacción, un salvaje ajuste de cuentas a las tecnologías, la reforma eléctrica y su concepto de rentabilidad razonable, con su fuerte revisión retributiva de las instalaciones y el frenazo a la instalación de nueva potencia. Los conflictos internacionales sobre esta cuestión dañan la credibilidad de la Administración Energética y su desenlace queda larvado.

3.- Fruto de esta reforma eléctrica, se ha producido un efecto disuasorio en el plano inversor (a nivel empresarial y financiero) por la falta de seguridad jurídica y regulatoria en nuestro país. Condiciones que el propio Ejecutivo airea en sus declaraciones, advirtiendo a los concurrentes a las recientes subastas del riesgo al que quedarían expuestos. Si a esto unimos el ejercicio solipsista de las dos últimas administraciones energéticas, sin diálogo ni negociación con los agentes sectoriales, el cóctel en el modelo de gobernanza (incluyendo el cuestionamiento de la naturaleza liberalizada de determinadas actividades) está servido.

4.- Falta planificación en la política energética, ante el proceso de transición a una economía descarbonizada, con grandes vacilaciones (por no llamar bandazos) para cuadrar con el cálculo electoral todos los impactos que tendría sobre el recibo mientras sobran los ejercicios retóricos de los programas electorales y las construcciones discursivas. Eso se aprecia en la prácticamente nula consideración del factor medioambiental en el sector del transporte y la movilidad, con una apuesta tímida respecto al coche eléctrico y sus infraestructuras y con la consideración conjunta del resto de sectores económicos.

5.- Incluso ante los compromisos preexistentes (20-20-20) de nuestro país, se ha dejado pasar el tiempo y avanzar por pura inercia, tanto en producción eléctrica mediante energías renovables como en eficiencia energética. Confiados en los resultados pasados de producción hidráulica y ante la aproximación de 2020, se han efectuado 3 subastas (diferentes en su diseño, sin calendarización de las mismas, con ilusión respecto a los plazos de sus proyectos, que puede derivar en riesgos en el grado de cumplimiento de la implantación de los proyectos resultantes al mezclar operadores expertos con agentes maverick). Todo ello con el aprovechamiento político de Rajoy anunciando las terceras subastas.

Finalmente se observa, por los países más avanzados, como el propio alineamiento de España en la escena europea en referencia a los compromisos medioambientales se aproxima más a los países escépticos que a los países convencidos en esta materia, lo cual revela la falta de convicción y cómo bascula según el momento. A la vista de todo ello, es previsible que, además, 2017 incluso pueda tener resultados peores en esta materia. Más allá de que el ministro encuentre justificaciones en la climatología (¡la pertinaz sequía!) y en las interconexiones, estos datos requieren una reacción política decidida, coherente, urgente y clara.

Bruselas aprueba el régimen español de ayudas a las renovables

Europa Press.- La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de España de ayudas a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado y que contribuirá a cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático.

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica tanto a nuevos beneficiarios como a aquellas centrales que se acogían al régimen anterior. En total, cuenta con unos 40.000 beneficiarios y los pagos en 2016 en virtud de este plan ascendieron a 6.400 millones de euros, según explicó el Ejecutivo comunitario. Los beneficiarios de este sistema reciben una prima por encima del precio de mercado de electricidad. La ayuda tiene el objetivo de compensar los costes que no pueden ser recuperados mediante la venta de electricidad al mercado, así como de obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.

Avala las subastas de renovables

Las ayudas a nuevas centrales se conceden desde 2016 a través de subastas competitivas, en la que los beneficiarios reciben compensaciones únicamente si el precio de mercado cae a niveles «muy inferiores» con respecto a los precios actuales. Esto, señala Bruselas, ayuda a garantizar la financiación de los proyectos y completarlos a tiempo. La Comisión Europea ha explicado que en las subastas de mayo y julio de este año compitieron diferentes tecnologías y se adjudicaron ayudas a más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado el régimen español de ayudas a las renovables para determinar si se ajusta a la norma europea que exige subastas competitivas y garantiza que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Finalmente, arribó a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes renovables y se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

«Las últimas subastas de energía procedente de renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia. Las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía sostenible y bajo en emisiones es importante y este régimen contribuirá a ello», aseveró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Energía insiste en que «no ha cambiado de criterio» y aplicará la rentabilidad razonable tal y como fija la Ley

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha insistido en que el Gobierno «no ha cambiado de criterio» respecto a la revisión en la rentabilidad razonable de las actividades del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 y subraya que se hará lo que dice la normativa aprobada en 2013.

En este sentido, Navia se mostró «muy sorprendido» del resultado de sus reuniones con los inversores, «ya que cada uno cuenta una cosa distinta, cuando yo siempre digo lo mismo». Así, subrayó que a lo que se ha limitado en esas reuniones con inversores es a «explicar estrictamente el marco legal vigente, que contempla una revisión de la tasa de forma automática en el año 2020» y que es un mensaje que ya fue hecho público en junio por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

De todas maneras, Navia consideró que se trata de un debate que no tiene la importancia que se le está dando, ya que se refiere a un periodo de 6 años para inversiones que tienen una vida útil de 25 años. «Entiendo que cuando uno invierte a 25 años no mira solo la rentabilidad de los primeros 6 años, mira el total», añadió. Navia ha mantenido nuevas reuniones con los bancos de inversión, tras la que tuvo con Goldman Sachs, en las que les comunicó la intención de prorrogar la vida actual del parque nuclear en 10 años y suavizó el recorte a las eléctricas en la revisión de 2020.

Respecto al real decreto para regular el cierre de centrales eléctricas en el que está trabajando el Gobierno, Navia afirmó que no hay «ningún plazo cerrado» para su aprobación y señaló que se sigue hablando con el PSOE con el fin de llegar «a un consenso». «Nuestra idea sería sacarlo cuanto antes mejor, pero es más importante estar de acuerdo que llegar temprano», añadió Navia al respecto. En su discurso, el secretario de Estado de Energía consideró que se debe trabajar en el desarrollo del mercado del gas y seguir «buscando alternativas» para que las infraestructuras tengan un mayor uso.

Por otra parte, Navia advirtió que en la transición energética se producirá un cambio en el mix que alterará los modos de generación, y subrayó que el actual modelo de operadores dominantes e integrados, «que tiene sentido económico en un modelo con grandes economías de escala», dejará de tenerlo en un modelo con más operadores y donde los costes fijos no serán tan elevados. «Afectará a todas las actividades del sector energético, va a haber un cambio de operadores relevantes en nuestro sistema energético», auguró.

El Supremo rechaza un recurso de varias plantas fotovoltaicas contra la reforma energética que redujo la retribución renovable

EFE.- El Tribunal Supremo rechazó el recurso interpuesto por más de veinte instalaciones fotovoltaicas de la provincia de Albacete contra el real decreto del Gobierno de 2014 que redujo la retribución a las renovables. Las sociedades que presentaron el recurso alegaban que el cambio retributivo que hizo el Ejecutivo no estaba justificado, que era «contrario al Estado de Derecho» y que el nuevo régimen retributivo conculcaba los principios de buena regulación, de irretroactividad de las disposiciones que restringen derechos y de seguridad jurídica.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Supremo, que de nuevo falla a favor del Gobierno en este tipo de recursos como también hizo el Constitucional, recuerda que en 2013 el Gobierno revisó el marco regulatorio del sistema eléctrico y estableció un nuevo régimen retributivo para instalaciones de energías renovables, cogeneración y que generan energía con residuos. En esa revisión se sustituyó el pago de la prima que recibían por la regulación anterior por una retribución específica.

A juicio del alto tribunal, el decreto impugnado no incurre en retroactividad, pues no anula ni modifica ni revisa las retribuciones pasadas percibidas por los titulares de instalaciones de energía renovables, sino que proyecta sus efectos a partir de la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. Respecto a que la entrada en funcionamiento de la planta se tome como referencia para calcular la rentabilidad razonable o retribución a percibir, la sentencia señala que sólo se utiliza como elemento de cálculo, pero no supone la devolución de cantidades ya cobradas.

Además, el Supremo considera que el Gobierno no incurrió en una «retroactividad prohibida», algo en lo que no coinciden dos magistrados que han formulado votos particulares que consideran que además el real decreto vulnera la seguridad jurídica. La sentencia dice que la nueva regulación no incide sobre derechos patrimoniales consolidados e incorporados al patrimonio de los titulares de las instalaciones, y afirma que negar al legislador establecer una retribución distinta a la que existía implicaría «petrificar el régimen retributivo existente».

El Supremo, que recuerda la jurisprudencia que en este sentido ha formulado el Tribunal Constitucional, dice que la modificación que hizo el Gobierno no fue «inesperada», pues la evolución del déficit del sistema eléctrico hacía necesarios ajustes, por lo que el cambio normativo no podía ser imprevisible para un «operador económico prudente y diligente«. Afirma que el Ejecutivo reforzó, incluso, la seguridad de los productores a percibir una rentabilidad razonable o incentivo, ya que el sistema de cálculo, basado en el rendimiento del bono a 10 años más un «diferencial adecuado», quedó incorporado a una norma con rango de ley.

Respecto a la modificación de la categoría de las instalaciones introducidas, el Supremo recuerda que uno de sus objetivos era evitar «abusos» en la percepción del régimen retributivo derivados de «compartimentar artificialmente» los parques fotovoltaicos en unidades de potencias inferiores a 100 kilovatios para beneficiarse de la mayor retribución que el régimen anterior daba a las instalaciones de menor tamaño.

Además, el Supremo rechaza que sea de aplicación el laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial, que multó a España con 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de las primas causó a tres plantas termosolares del fondo británico Eiser Infrastructure. En este sentido, dice que el recurso de los productores se enjuicia bajo el derecho español y comunitario, y no le es aplicable un régimen derivado del sometimiento voluntario de determinados sujetos y Estados a un régimen arbitral.

Nadal asevera que la reforma eléctrica se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y se revisará la rentabilidad razonable

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará «sin ningún cambio en sus planteamientos» y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades reguladas del sector eléctrico para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa.

«La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años. Ha habido cierto revuelo cuando se ha recordado por un banco de inversión, pero es lo que está en la ley. La reforma se hizo y se aplicará, tal como estaba prevista, sin ningún cambio en sus planteamientos», afirmó Nadal en referencia al informe del banco estadounidense Goldman Sachs en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, lo que provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

El ministro defendió en su intervención la necesidad de acertar en las decisiones que se tomen en política energética en momentos de cambios como los actuales, ya que «es crucial y los errores en política energética duran décadas». Por ello, Nadal subrayó que «el objetivo primordial» del Gobierno en materia energética es asegurar un precio competitivo de la energía con el que poder respaldar a la competitividad y al crecimiento económico para conseguir mayor nivel de empleo, «siempre respetando los objetivos medioambientales a los que España se ha comprometido, dentro de un marco de reducción de emisiones de CO2 y de incremento de las renovables».

Así, Nadal valoró los trabajos iniciados para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que se ha conformado un grupo de expertos, y subrayó la necesidad de definir cuál es el mix energético «más adecuado» para afrontar ese futuro de descarbonización. A este respecto, se mostró partidario de definir qué hacer con el carbón y la nuclear, tecnología que defendió ya que tiene «ventajas indudables», como que no emite CO2 y produce continuamente, aunque «tiene el problema de los residuos». De hecho considera que no se podrá prescindir de la nuclear mientras siga habiendo un nivel muy bajo de interconexión, una materia en la que, a su juicio, se está avanzando muy lentamente.

Respecto al carbón, destacó que emite más CO2 que el gas, aunque es más barato, por lo que se mostró a favor de mantener «una diversificación adecuada» de las dos fuentes de energía en el mix en esa transición energética. «Prescindir del carbón por tema medioambiental tiene su coste», advirtió. Además, el ministro señaló también la necesidad de ver cómo se retribuye la térmica, una tecnología que será imprescindible con la introducción de energías más volátiles como las renovables. «Debemos tener mayor capacidad de actuar con el parque de bomberos, que es la térmica, que estará parada o poco utilizada, pero imprescindible por esa falta de interconexión y por el hecho de que la renovable es volátil», añadió al respecto.

Nadal ha señalado que la transición energética obligará a ordenar una reducción de la capacidad existente en ciertas energías y a variar la retribución para dotar de más flexibilidad a la gestión, pues habrá fuentes, como la energía térmica, que a futuro se utilizarán poco pero con mucha intensidad cuando se necesite. En opinión del ministro, la retribución de lo que queda del sistema para dar flexibilidad, por la reducción de capacidad de generación que tiene que ir desapareciendo al ser sustituida por las nuevas fuentes de energía, es lo que va a condicionar la política energética no sólo de España, sino de la Unión Europea, de aquí a 2030.

Sobre el paquete de invierno de la Unión Europea, que marcará el camino hacia la descarbonización de las economías, Nadal lamentó que no se haya tenido en cuenta al configurar esta hoja de ruta dos aspectos fundamentales para España como son la alta tasa de desempleo y el «altísimo grado de aislamiento que tiene la Península Ibérica«. Nadal afirmó que mientras otros países están en mejores condiciones de poner más énfasis en objetivos medioambientales y de reducción de emisiones, la prioridad española es cumplir esos objetivos pero sin perder competitividad.

Recordó que, cuando el PP llegó al Gobierno en 2012, se encontró con un sistema eléctrico «desequilibrado» y con una deuda en crecimiento, que de no haberse adoptado medidas, hubiera crecido en 10.000 millones de euros por año, lo que hubiera supuesto «la quiebra del sistema». El ministro reivindica que la reforma produjo un declive de los precios del sector eléctrico y lo mismo pasó con el gas y con el suministro a la industria, cumpliéndose el objetivo de causar un cambio en los precios.

Asimismo, Nadal afirmó que «es muy difícil» compaginar la reducción de emisiones y el desarrollo de las renovables con la eficiencia y la competitividad, puesto que se pueden generar costes a las empresas que frenen la creación de empleo. «Cada euro que una empresa paga en energía es un euro que no va a salarios» añadió en este sentido. Por otra parte, Nadal señaló que Europa supone solamente el 10% de las emisiones de gases contaminantes y que son otras regiones y países quienes tienen que hacer más contra el cambio climático. Nadal también afirmó que mientras Europa se centra en objetivos medioambientales, otros países de América y Asia se centran en reducir precios y aumentar su eficiencia y competitividad.

«Realmente estamos aislados, tenemos un problema de interconexión, que es el principal problema de España en su relación con la Unión Europea», afirmó, añadiendo que le hubiera gustado que existiera en el paquete una gobernanza de cumplimiento para el tema de las interconexiones «tan estricta como existe para otros aspectos, ya que lo básico es que exista un mercado interior«. Por ello ha señalado que, aunque el problema del déficit del sistema en España está solucionado, quedan asuntos pendientes, como las interconexiones, sin las cuales ha advertido que un mercado interior de la energía en la Unión Europea es hablar para España de una «ficción».

Energía seguirá manteniendo la rentabilidad ligada al bono para retribuir a las renovables y recuerda que nada cambiará hasta 2019

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía no tiene intención de cambiar la fórmula para calcular la rentabilidad razonable que reciben los dueños de instalaciones renovables, según indicaron fuentes de este departamento tras conocerse un informe de Goldman Sachs sobre las caídas en la rentabilidad obtenida de las compañías en España ante la revisión que se hará para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará a aplicarse en 2020.

Energía explicó que en la reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se volvió a exponer ante representantes del banco de inversión la postura del Gobierno y se insistió en que la intención del Ejecutivo es no cambiar la fórmula que se utiliza para calcular la rentabilidad que perciben los propietarios de esas instalaciones y aunque es previsible que se revise a la baja, «aún es pronto para saber qué puede pasar». La fórmula, que se fijo en el año 2013 y que toca revisar a mediados de 2019 para su aplicación en el siguiente periodo regulatorio desde 2020, es la suma del rendimiento del bono español a 10 años y un diferencial de 300 puntos básicos.

En la actualidad la rentabilidad razonable, fijada en 2013 con esa fórmula para un periodo de 6 años, es del 7,4%, porcentaje que se vería rebajado por la evolución del bono español, aunque fuentes del Ministerio han dicho que habrá que esperar a mediados de 2019, cuando se haga la revisión. Han asegurado que el compromiso del Gobierno es no mover la fórmula que se aplica para la retribución de las renovables y han recordado que en junio pasado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya manifestó en el Congreso que es partidario de que la retribución siga ligada al bono del Estado para poder rebajar entre un 5% y un 10% el coste de la factura de la luz.

El descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a rebajar esa rentabilidad para las plantas renovables para el periodo 2020-2025. Por ello, fuentes de Energía indicaron que quedan dos años para revisar la retribución de las renovables, y hay factores de muy distinta índole que pueden afectar al rendimiento del bono del Estado a 10 años, como por ejemplo el Brexit o la evolución de la prima de riesgo. Eso sí, Nadal subrayó en el Congreso que la «prioridad número uno» del Gobierno es que las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

El informe de Goldman Sachs

El informe de Goldman Sachs indica que, tras las conversaciones que mantuvieron con representantes del Gobierno, son más «cautelosos» a la hora de invertir en compañías de energía en España y Portugal, recomendando no comprar ningún valor, al apreciar factores que pueden reducir significativamente sus ganancias en el periodo 2020-2025 y que no están siendo descontados por el mercado. Según expone, las rentabilidades de la distribución eléctrica pueden caer en el mercado ibérico cerca de un 40% en el periodo 2020-2025, que la próxima revisión regulatoria podría reducir en un tercio los ingresos de las renovables y que su incorporación tras las subastas ejercerá una presión a la baja sobre los precios a partir de finales de 2019 y 2020.

Por eso, reduce en promedio la previsión de beneficio de esas compañías en un 8% para el periodo 2020-2025, por lo que no recomienda comprar valores de eléctricas en el mercado ibérico, y dice que aprecia un riesgo a la baja de alrededor de un 15% en las acciones de la portuguesa EDP y Endesa sobre los niveles actuales. Fuentes del sector eléctrico manifestaron su descontento y lamentaron que los mensajes lanzados por el Gobierno en encuentros del tipo de Goldman Sachs pueden «desincentivar la inversión» en el sector eléctrico español y llamaron a la responsabilidad del Gobierno para promover la llegada de inversores a un sector estratégico en lugar de «espantarlos» así como adoptando medidas que mejoren la competitividad.

Por su parte, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables que han tenido lugar en España bajarán los precios del sistema, pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias. Entre las subastas han adjudicado 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s estima que estas subastas de renovables han reducido los costes de la electricidad y han transferido el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

La versión Goldman Sachs (I)

La difusión del informe de Goldman Sachs y sus efectos sobre la cotización de los valores cotizados del sector eléctrico español ocasionó que el final de la semana pasada fuese negro desde el punto de vista bursátil para el sector. En el informe se ponen números y cifras según la exposición de cada compañía a las actividades reguladas afectadas por la revisión retributiva que el Gobierno pretende aplicar en 2019. Un set-ball en toda regla.

Se dice difusión, más que filtración, por el hecho de que estas entidades financieras, a la hora de emitir sus informes y recomendaciones, tienen mecanismos de información muy profundos y sofisticados respecto de las consultas y la información que obtienen de los países y de los sectores económicos. Se dice que los mercados tienen información perfecta y, por ello, la procuran encontrar, desmenuzar y analizar. Asimismo, por otra parte, la noticia de que el Gobierno está preparando la reducción de la retribución de los activos regulados ya era generalizada y de dominio público en el sector desde antes del verano.

Esta intención ya fue anunciada en foros privados y semipúblicos por el secretario de Estado, incluso por el propio ministro, y se confirma con la reunión a la que alude el propio informe. También cuenta el silencio administrativo para no precisar el cambio normativo que evite la instrumentación efectiva de una reducción retributiva calculada según la situación del bono español. Con la calculadora en la mano: un 40% menos de rentabilidad que afectará más a las compañías más expuestas en el mercado español y a estas actividades reguladas. Era cuestión de tiempo que esta información llegase a los mercados. No puede sorprender en exceso ni su difusión, ni sus efectos.

Por otra parte, su efecto económico-financiero-bursátil ha sorprendido a quienes consideran que la electricidad en nuestro país es una cuestión que se determina (o se debe determinar) en la acción política de los Gobiernos, más que en un modelo de gobernanza empresarial, de mercado y de acción del Estado complementaria, que establece una regulación previsible y estable, acompañada de sus consiguientes mecanismos de inspección, control y supervisión. Una visión tremendamente esquemática, aplicada a un sector que requiere fuertes inversiones a largo plazo, en la que la política puede decidir “lo que sea” y lo que está escrito en la ley se aplica, con independencia de su lógica empresarial y la de los mercados de capitales.

La visión de que la política todo lo puede está instalada en el pensamiento intervencionista español que comparte el origen retroprogresivo en todos los signos políticos. En ese modelo, las compañías y sus propietarios deben aceptar los designios de la política y deben convertirse en brazos articulados de la acción política, sin tener en cuenta las alternativas que se presentan en el mercado de capitales, por otra parte, muy competitivo. Esta cuestión es sustantiva porque su asunción lleva a un error de perspectiva muy relevante, el de la politización de la actividad del suministro eléctrico.

Goldman Sachs pone números al terremoto regulatorio sobre el sistema eléctrico de España que el Gobierno piensa desencadenar en 2019

Javier Angulo.- Una reunión con responsables del Ministerio de Energía y el consecuente informe de Goldman Sachs sobre las conclusiones. Así caduca el mantra enarbolado por la Administración Rajoy de que las medidas puestas en marcha por el binomio Soria-Nadal servían para aportar estabilidad al sistema eléctrico. Se avecinan nuevos recortes retributivos en las actividades reguladas y la recomendación de la entidad financiera estadounidense es clara: invertir en las utilities españolas no es buen negocio: caerán un 8% de media hasta 2025.

A nivel bursátil, Goldman Sachs considera que el mercado no está descontando el impacto sobre las cuentas de las compañías energéticas que puede producirse a raíz de la revisión regulatoria que se producirá a finales de 2019, al finalizar el primer periodo regulatorio de 6 años establecido por el Gobierno en la denominada como reforma energética, con los consiguientes efectos sobre los ingresos percibidos por redes y renovables. Un nuevo ajuste contable que viene a sumarse a la reforma de 2013, con un impacto aproximado de 10.000 millones de euros para enjugar el déficit tarifario.

Tal y como ha manifestado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y pudo corroborar ante los enviados de Goldman Sachs el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, la intención del Gobierno es aplicar en su literalidad la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y mantener la rentabilidad razonable, establecida para las actividades reguladas, ligada al rendimiento del bono español a 10 años más 300 puntos básicos, eso sí, calculándose en cada momento de revisión retributiva y desde las perspectivas de las instalaciones tipo bien gestionadas. En consecuencia, el recorte retributivo que el Gobierno ejecutará para las redes de transporte y distribución de electricidad en el período regulatorio 2020-2025 puede alcanzar un recorte de la rentabilidad de un 40%. Igualmente, y por el mismo procedimiento, salen mal paradas las renovables, con un nuevo ajuste de hasta un tercio en su rentabilidad.

En este sentido, Goldman Sachs aconseja ser cautelosos con las compañías energéticas españolas y cambia directamente su consejo sobre Acciona, donde ahora mantiene una posición neutral y en la que hasta ahora venía recomendando entrar a los inversores. Más tajante es su cambio de postura con Red Eléctrica de España. La compañía presidida por José Folgado puede ser una de las grandes damnificadas de los nuevos recortes al depender en gran medida de su retribución como operador del transporte, tras sortear las reformas anteriores. Por ello Goldman Sachs aconseja vender las participaciones en la compañía. En el resto de utilities, mantiene una postura neutral respecto a Enagás e Iberdrola, mientras que aconseja abandonar posiciones en la compañía lusa EDP, en Endesa y Gas Natural Fenosa.

Precisamente la principal perjudicada en Bolsa desde que se conoció el informe de Goldman Sachs es Gas Natural Fenosa, con una caída acumulada en las dos últimas sesiones del 3,08%, similar al 3,07% perdido por Red Eléctrica. Por su parte Acciona ha caído un 2,75% en las dos últimas sesiones, acercándose a perder los 70 euros por acción, mientras que Endesa perdió un 1,78%, poniendo en peligro los 20 euros pero en unos números que no llaman especialmente la atención al situarse en cifras muy similares a las de Iberdrola, que con un negocio más internacional también cayó un 1,76%.

Otro de los aspectos señalados por Goldman Sachs en su informe es que la nueva potencia renovable subastada durante este año, que debería comenzar a operar antes de 2020 para cumplir los objetivos europeos, supondrá introducir una mayor presión a la baja sobre el precio del mercado mayorista de electricidad (pool) por el aluvión de megavatios de energía eólica y fotovoltaica. Por ello, ante estas perspectivas, Goldman Sachs subraya que no hace “ninguna recomendación de comprar en la región” y, al contrario, recomienda vender, principalmente EDP y Endesa, donde calcula un riesgo de caída de rentabilidad de hasta el 15%.  De hecho, la caída media de rentabilidad en las empresas del sector que se anticipa es del 8%, dependiendo el mayor o menor impacto de su exposición al mercado español y su participación en las actividades afectadas por esta revisión retributiva que prepara el Gobierno.

El sector eólico invertirá más de 4.500 millones de euros en el desarrollo de los 4.600 MW de las subastas

Europa Press / EFE.- El sector eólico estima que la instalación de los más de 4.600 megavatios (MW) de esta tecnología adjudicados en las tres subastas realizadas entre 2016 y 2017 supondrán unas inversiones superiores a los 4.500 millones de euros y la creación de entre 25.000 y 30.000 empleos, entre directos e indirectos, durante el periodo de instalación.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) señala que los 1.128 MW eólicos, adjudicados entre los 5.037 MW que dio como resultado la última subasta de renovables celebrada, «da continuidad a la actividad del sector de cara a lograr el cumplimiento de los objetivos europeos». En las dos subastas celebradas este año, se han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 4.107 MW eólicos, 3.910 MW fotovoltaicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías, a los que hay que unir los 700 MW (500 MW de energía eólica y 200 MW de biomasa) que se adjudicaron en la de enero de 2016.

Asimismo, la AEE confía en que «todos los actores implicados como promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, trabajen «mano a mano» para que a finales de 2019 todos los proyectos adjudicados en las tres subastas realizadas estén en funcionamiento, «momento en que se comprobará la eficacia real de las mismas«. Para la AEE, el resultado de las subastas muestra que la eólica es, en la actualidad, «la tecnología que puede aportar más energía al cumplimiento de los objetivos de 2020 a un menor coste para el sistema».

No obstante, la patronal subraya que, «más que nunca», es necesaria una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo, que garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías, dentro del ámbito de un futuro mercado eléctrico que debe permitir la incorporación de tanta potencia renovable sin poner en riesgo las inversiones. Por ello, pide que se «dé visibilidad» al sector renovable con un calendario de subastas que, más allá incluso de los objetivos europeos a 2020, considere los compromisos internacionales en materia medioambiental, tanto para 2030 como el Acuerdo de París, como los hitos necesarios de cara a la transición energética.

Asimismo, AEE insiste en que los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron «en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras» y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que «deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria» y no modificar su rentabilidad razonable cada 6 años durante su vida útil regulatoria.

La cara oculta de las subastas

Se ha celebrado la tercera subasta de potencia renovable en un corto período de tiempo. Subastas que han introducido una cierta sensación de aceleración artificial en el sector renovable español, lo que podría llamar a equívoco a cualquier observador externo. El resultado, como se conoce, es una adjudicación de 3.909 MW de nueva potencia fotovoltaica y 1.128 MW eólicos. Hasta aquí, se cumplen las previsiones de esta nueva subasta de suelo móvil retributivo. Más allá de lo publicado, el envés de la trama, la cara oculta de estas subastas merece una atención más contextualizada.

Es de reconocer la utilidad de la combinación de subastas sucesivas para el propio tacticismo del Ministerio de Energía. En primer lugar, muestra de forma repentina una posición ferviente en pos de las energías renovables, urgidos como estamos a la vez por el cumplimiento de los objetivos españoles para 2020 tras el parón de la primera legislatura prolongada de Mariano Rajoy y de los efectos la reforma eléctrica. Eso, y la situación de los proyectos resultantes de la primera subasta, ha inducido a la técnica del más madera para que los proyectos, por acumulación, vayan entrando en funcionamiento. En todo caso, adjudicar nueva potencia renovable era ya algo obligado, con lo que el Ejecutivo ha hecho de la necesidad, virtud.

En segundo lugar, de forma no menos sibilina, el Ministerio busca un elemento justificativo para promover un recorte adicional de la rentabilidad razonable a partir de 2020, lo que ya se ha expresado como voluntad inquebrantable en círculos públicos y privados. Sería ejecutar otro tajo para volver a una nueva espiral de inseguridad jurídica, arbitrajes y conflictos jurisdiccionales. Esquemáticamente, esta construcción argumental se resume así: Si convocamos subastas y su resultado es que la retribución es a mercado puro y duro, sin incentivos: ¿Qué necesidad hay de retribuir la potencia instalada en el pasado, aunque ya hayamos realizado un recorte hasta el 7,39%? Por tanto, hasta el cero incentivos todavía es posible aplicar una segunda ronda de pasar el cepillo.

En tercer lugar, no menos importante, el Gobierno se aprovecha de la encarnizada lucha entre tecnologías por la nueva potencia. Así se contextualiza el hecho de cebar la bomba de la confrontación intertecnologías de forma que el resultado de las primeras subastas fue predominantemente eólica y esta última fotovoltaica, lo que permite presentarse al Ejecutivo de una forma salomónica y calculadamente equidistante, mientras la artillería retórica se entrecruza. Pero es más, en este contexto de sobrecapacidad, esta confrontación se extiende al resto de tecnologías, que el Ejecutivo quiere mantener pese a los propios titulares de las instalaciones, dado que todos tienen incentivos a que de una u otra forma se trate de retirar potencia, por motivos ideológicos, medioambientales o económicos.

Empresarialmente, su resultado ha supuesto la irrupción con fuerza en el sector renovable de Forestalia con la nueva potencia adjudicada enlas tres subastas y, por orden de magnitud,tanto de Enel Green Power (Endesa) y de Gas Natural Fenosa, reforzando su mix de generación renovable, así como en esta última subasta de los grupos ACS y el grupo X-Elio.

Finalmente, estas rondas de subastas no han quedado exentas de cuestionamientos y polémicas por varios motivos. La complejidad de las mismas, que requirió que el propio Ministro advirtiera a los posibles pequeños concurrentes, después del florecimiento de los operadores maverick, sobre el margen de riesgo regulatorio que el Gobierno se da a sí mismo, para que se hicieran a la idea de la discrecionalidad regulatoria a la que se pueden exponer. Para esa discrecionalidad el Gobierno prefiere un sector empresarializado en lugar de afrontar un escenario de agitación como la ocurrida en el pasado con los pequeños productores fotovoltaicos, además de evitarse los riesgos existentes de que los proyectos no llegasen a entrar en funcionamiento por falta de músculo financiero.

También abonó la polémica la estrambótica falta de neutralidad de cada subasta como evidencian los resultados extremos y maniqueos de cada una. Y, finalmente, la propia controversia que se ha transparentado allende nuestras fronteras en referencia a los “retrasos” y ausencias en la (in)comunicación y notificación de las subastas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Atentos.