España pierde su primer arbitraje internacional en el Ciadi por los recortes a las renovables ante la firma británica Eiser

Europa Press.- El Estado español perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, según indicaron fuentes cercanas. El laudo, notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que contó en el proceso con el asesoramiento de Allen&Overy.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión comprometida en estas centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero con el PSOE en el poder, y el último con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP. El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España.

España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables. Eso sí, a nivel nacional, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. Los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.