Nadal defiende revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables para bajar hasta un 10% el recibo de la luz

Europa Press.- Así como desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insisten en que las interconexiones energéticas deben «tener un foco y preponderancia» en las negociaciones en la Unión Europea de los objetivos del conocido como paquete de invierno, el ministro Álvaro Nadal se ha mostrado a favor de revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables a partir de 2020, ya que puede rebajar la factura de la luz de los consumidores españoles «entre un 5% y un 10%».

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal afirmó que el Gobierno «sí que está a favor» de esta revisión para que suponga «una rebaja sensible al recibo de la luz de todos los españoles». El titular de Energía defendió ligar la retribución al bono del Estado, tal y como recoge la norma, lo que implicaría una caída de esta rentabilidad a las renovables con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

En 2013 se fijó este primer periodo regulatorio para las renovables, que termina en diciembre de 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que suponía ese 7,4%. Sin embargo, el descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a caer esa rentabilidad razonable para las plantas renovables para el periodo que se iniciará en 2020.

«Dado que está en la Ley y que todo el mundo sabe las reglas del juego, sí que queremos que baje entre un 5% y un 10% la luz de los consumidores españoles. Cada uno puede tener su opinión y la del Gobierno es esta», sentenció el ministro, que subrayó que la «prioridad número uno» del Gobierno es que todas las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

Las interconexiones deben ser «preponderantes»

Respecto a las negociaciones con la Unión Europea, Nadal advirtió que el tema de las interconexiones debe estar «al mismo nivel» que el resto de los objetivos planteados, como las renovables, el mercado interior energético o la eficiencia energética. A este respecto, resaltó que defendió ante el resto de socios comunitarios que se otorgue un tratamiento adecuado a los Estados en las obligaciones y exigencias incluidas en las propuestas que tenga en cuenta el grado de interconexión real, por lo que la normativa europea debería «tener un cierto grado de flexibilidad con los sistemas aislados».

Nadal apuntó que la falta de interconexiones representa un sobrecoste para España de unos 1.200 millones de euros anuales. Por ello, apostó por ligar los objetivos medioambientales con el nivel de interconexión energética y pidió un consenso a las fuerzas políticas. A este respecto, la diputada socialista, Pilar Lucio, criticó al Gobierno el justificarse en el «mantra de las interconexiones» para situarse en contra de las objetivos para 2030. «No querer objetivos vinculantes hace sospechar que el compromiso no es el que debería ser», indicó.

En materia de eficiencia energética, destacó la importancia del reconocimiento en Bruselas de un mejor tratamiento para las inversiones en esta materia acometidas en el periodo 2018-2021, lo que facilitará las inversiones «a largo plazo». Además, destacó el acuerdo alcanzado por los Estados miembros para fijar un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 30%, tres puntos superior al anterior del 27%, y aclaró que al final «se quitó la palabra vinculante» para estos objetivos.

Respecto al pacto entre el PNV y el Gobierno para rebajar los peajes eléctricos a las empresas de baja tensión, Nadal señaló que se trata de «un acuerdo de política presupuestaria, no de política energética» y, por tanto, se mostró «abierto» a acuerdo de este tipo con cualquier partido político. Además, insistió en que se trata de una medida de apoyo industrial que tiene más incidencia en el País Vasco pero que afecta a todo el territorio nacional, por lo que no hay trato de favor hacia las empresas vascas.

Asimismo, indicó que este pacto «no le cuesta un euro» al resto de consumidores, por lo que cual deberá aparecer una partida presupuestaria en el presupuesto de 2018, y afirmó que existe la dificultad de que Europa lo valide y no lo considere como ayuda de Estado y de que reciba el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).