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El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

La patronal APPA ve un «grave error» de Energía al «enfrentar a las diferentes tecnologías renovables en la subasta»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera «un grave error» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «enfrentar las tecnologías renovables en la subasta» e «ignorar la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables». APPA denuncia la «precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable, y considera que el diseño de la licitación «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado».

Achacan esta inseguridad jurídica a que «la rentabilidad razonable no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil» de los proyectos. «La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta», afirma. Además, critica que el proceso se lance sin consenso con el sector, lo que supone «desoír la experiencia del sector renovable y apostar por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de neutralidad tecnológica».

«Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable», señala. APPA insiste en la incertidumbre que genera una rentabilidad razonable que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. «No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que clarifiquen cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible», indica el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria. 

Las renovables creen que «no es serio «estar cambiando la rentabilidad razonable cada 6 años»

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Europa Press.- El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, asegura que «no es serio» estar cambiando por parte del Gobierno la rentabilidad razonable aplicada al sector cada 6 años. En este sentido, Villarig considera «inaceptable» que la rentabilidad razonable, «que era la base de la regulación, no se esté cumpliendo».

Así, señaló que el sector renovable ha dejado de ingresar 930 millones de euros en el periodo regulatorio 2014-2016, de los que la regulación reconoce 356 millones de euros a cobrar a lo largo de la vida útil, lo que representa unas pérdidas para las renovables de 574 millones de euros. A este respecto, aseguro que la orden de parámetros presenta estimaciones que han sido criticadas por la propia CNMC, «aplazando los cobros al sector».

Además, Villarig afirmó que la política energética está marcada «por la improvisación y el corto plazo. Cuando se cometen errores en el sector son siempre a largo plazo”. Asimismo, aseguró que la transición energética no debe ser «lenta», sino que hay que «hacerla bien», ya que si se hace mal es cuando pasa a suponer «un problema», y consideró un «desastre» la subasta de renovables realizada el año pasado. «No podemos hacer una subasta en base a un aval», señaló.

Crece el gas en 2017

Por su parte, la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, señaló que la demanda de gas creció un 2,1% en 2016 y que para este año se prevé un incremento del 1%. Margarit destacó el rol «fundamental» que juega el gas para conseguir los objetivos europeos de 2030, tanto como apoyo a la penetración de las renovables como para favorecer la competitividad industrial, así como garantizar la seguridad de suministro.

APPA acusa a Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir la retribución a las renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) acusa al Ministerio de Energía de distorsionar su previsión de precio del mercado eléctrico para reducir en 600 millones de euros la retribución de las renovables entre 2017 y 2019. APPA señala que esta reducción en la retribución es debida a la consideración realizada por el Ministerio, «en función de sus intereses», de que el precio del mercado eléctrico se situará a partir de 2020 en 52 euros por megavatio hora (MWh).

Así, considera que, dado que el esquema de retribución de las energías renovables se basa en que las instalaciones alcancen un determinado nivel de rentabilidad razonable por la combinación de los ingresos percibidos por el mercado eléctrico y por las retribuciones reguladas, una previsión de un mayor nivel de ingresos provenientes del mercado eléctrico en la vida de las instalaciones, debido al mayor precio estimado a largo plazo, «supone ya desde el momento actual un menor nivel de ingresos regulados».

Para APPA, la previsión de precios del mercado eléctrico a partir del año 2020 realizada por el Ministerio ya sería «censurable» únicamente por el hecho de que los mercados de futuros manejan precios 10 euros por MWh inferiores. Sin embargo, subraya que cuando Energía no calcula la retribución de las energías renovables, entonces las previsiones que maneja sí que están en línea con las previsiones objetivas establecidas por los mercados de futuros, como en la propuesta de orden que prevé los ingresos y costes del sistema eléctrico para el periodo 2017-2022, en la que Energía estima un precio del mercado eléctrico de 41,62 euros por MWh entre 2020 y 2022.

Así, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya puso de manifiesto esta «inconsistencia» en su informe relativo a la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso para 2017, elaborada por el Ministerio, en el que criticaba que no se proporcione metodología de cálculo alguna para mantener los 52 euros por MWh y que no se revise el valor del precio de mercado de 2020.

La patronal, que señala que resulta «lamentable» que el Ministerio no haya modificado su previsión, denuncia que hay que añadir el impacto negativo de las medidas aplicadas a las renovables en la reforma eléctrica, que ya vienen significando recortes anuales de más de 2.200 millones de euros, un 30% menos de la retribución inicialmente prevista. Además, a esto se suma un recorte adicional de 574 millones de euros debido a otra errónea estimación del precio del mercado eléctrico en el primer semiperiodo regulatorio 2014-2016.

Energía revisa los precios de referencia previstos del mercado eléctrico para retribuir a las renovables hasta el año 2019

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó la orden ministerial en la que establece los precios de referencia para calcular la retribución a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos en el semiperiodo regulatorio comprendido entre 2017 y 2019.

La orden ministerial, la ETU/130/2017, establece las retribuciones específicas de cada tipo de instalación en función de los distintos aspectos contemplados en el cambio de modelo retributivo aprobado por el Gobierno en 2013, entre los que figuran el tipo de tecnología, la antigüedad, la potencia instalada o los costes de inversión. El Ministerio indica que esta actualización, prevista en la Ley del Sector Eléctrico, permite garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% a las instalaciones. Así, señala que la revisión va a suponer un incremento de la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos de unos 600 millones de euros al año, y «todo sin subir los peajes».

La Ley Eléctrica establece que, al finalizar cada semiperiodo regulatorio de 3 años, se revisen para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía en el mercado. Asimismo, establece que, al finalizar cada periodo regulatorio de 6 años, se podrán revisar todos los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial. En la revisión llevada a cabo del precio del mercado para los próximos tres años se ha considerado el precio del mercado de futuros para ese periodo. En cuanto al precio del mercado para el segundo periodo regulatorio, éste se revisará en el año 2020, tal y como establece la normativa.

Para la revisión, se recogen los precios de referencia del mercado eléctrico para el próximo trienio. Los incentivos consisten en un complemento para igualar, sobre estos precios base, la rentabilidad razonable contemplada por la normativa. En la orden ministerial, se fija un precio de 42,84 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, de 41,54 euros para 2018 y de 41,87 euros para 2019. Las referencias de precios se calculan conforme a lo contemplado en el artículo 22 del decreto 413/2014, esto es, a partir de la media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales negociados en Omip en los seis meses anteriores a la revisión de parámetros.

Las estimaciones para el nuevo semiperiodo son inferiores a las que se recogían para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último. En este primer trienio comprendido entre 2014 y 2016, el precio final medio del mercado fue inferior, de modo que el Gobierno ha tenido que recoger una compensación para las instalaciones por valor de 574 millones de euros, que se va laminando a lo largo de la vida útil de las plantas.

Para 2017, Energía calcula que la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos ascenderá a 7.071 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 9% con respecto a la estimación de coste del 2016. De esta retribución, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá 2.500 millones de euros. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a más de 1.470 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá más de 1.330 millones de euros. Mientras, la cogeneración registrará en su partida un incremento de 173 millones de euros, hasta los 1.067 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

La potencia eólica aumentó en apenas 38 MW en 2016, el 84% de ellos coletazos de registros pendientes, según AEE

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Redacción / Agencias.- La potencia eólica registró un incremento a lo largo de 2016 de apenas 38 megavatios (MW), de los que el 84% procede de «coletazos del antiguo registro de preasignación», según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Concretamente, durante el año se instalaron en Castilla y León 32 MW que tenían que estar disponibles antes y que se encontraban bloqueados por problemas ajenos a los promotores, según AEE, que utiliza para sus cálculos el criterio de acta de puesta en servicio.

La potencia del año se completa con 4,6 MW procedentes de los primeros proyectos del cupo canario y 2,1 MW de una repotenciación en Galicia. Con la nueva potencia de 2016, España arranca el año con un total de 23.026 MW eólicos instalados, aumentando en consecuencia un 0,1%. Para la AEE, estas cifras demuestran que «continúa la parálisis en la que se encuentra sumido el mercado nacional desde que entró en vigor la reforma energética».

En los últimos tres años, desde el cambio retributivo a las renovables, sólo se instalaron en el país 65 MW eólicos, frente a los 2.334 MW del trienio anterior. Según la patronal eólica, “esta parálisis” ha obligado a los fabricantes de aerogeneradores y componentes presentes en España a exportar prácticamente el 100% de su producción, “lo que complica su permanencia en España”. Según la Planificación Energética para el periodo 2015-2020, el Gobierno considera que España necesita 8.500 MW renovables para cumplir con los objetivos europeos de renovables en 2020, de los que 6.400 MW, o el 75%, deberían ser eólicos.

La AEE sostiene que, si en España no hubiese 23.000 MW eólicos que proporcionan energía limpia y autóctona a los consumidores, en 2016 el precio del mercado eléctrico habría sido 15,26 euros por megavatio hora (MWh) más alto, o un 28% superior. En el año, la eólica generó 47.721 GWh, una cantidad muy similar a la de 2015, y abasteció de electricidad al 18,4% de los españoles, según datos provisionales del operador del sistema, REE.

La atención está ahora puesta en la subasta de 3.000 MW renovables anunciada por el Gobierno. «Si estuviese bien orientada, podría poner fin a la parálisis de las inversiones renovables desde la moratoria verde«, por lo que el diseño de la puja será «clave», indica la patronal eólica. La asociación aboga por un sistema de subastas que encuentre el equilibrio entre fomentar la energía barata y sin emisiones, y el fomento del tejido industrial español.

Para ello, AEE reclama cupos diferenciados por tecnología, de modo que las empresas tuviesen visibilidad y pudiesen tomar decisiones en consecuencia. Además, la patronal considera que es necesario resolver algunos aspectos de la reforma energética, como que la rentabilidad razonable de los proyectos pueda ser modificada cada 6 años. «También es necesario eliminar los límites de la senda de precios de mercado prevista que impiden que se alcance la rentabilidad que garantiza la ley», indica.

La CNMC cifra en 200 millones el perjuicio de Energía sobre la retribución renovable al estimar el precio del mercado

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Redacción.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reprochó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la ausencia de metodología para fijar su previsión del precio del mercado a largo plazo y poder ejecutar correctamente la retribución que van a percibir las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos. De hecho, con la estimación fijada por Energía, la CNMC avanza un impacto en 2017 de que estas instalaciones recibirán 200 millones de euros menos al percibir su retribución.

Acudiendo a los números, mientras Energía ha reducido su previsión de precio del mercado para el período entre 2017 a 2019 a cifras en torno a los 42 €/MWh, el Ministerio ha optado por mantener en 52 €/MWh el precio a partir del año 2020. Esta decisión cobra importancia si se tiene en cuenta que el modelo retributivo aprobado por el PP para las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos fija una rentabilidad razonable para estas plantas, de tal forma que lo que reciben del mercado por la venta de energía se complementa con las ayudas necesarias para alcanzar la rentabilidad razonable fijada por el Gobierno, establecida de forma común en el interés del bono español más un diferencial.

Por este motivo, para calcular cuánto se tiene que aportar a una planta determinada, se estima lo que la instalación va a recibir del mercado a lo largo de su vida útil. De esta forma, la CNMC señala que “los ingresos regulados presentes se reducen de forma proporcional a la expectativa de incremento de los ingresos futuros por la venta de energía a mercado”. Asimismo, “el impacto es tanto mayor cuanto más larga es la vida útil regulatoria residual de la instalación tipo en cuestión”.  

El regulador critica que el Ministerio no haya establecido una metodología para calcular el precio del mercado a partir de 2020 después de que se atienda a los mercados de futuros para estimar los precios del período entre 2017 y 2019. “Se ha adoptado la hipótesis de que el precio del mercado eléctrico se mantiene constante en un valor de 52 €/MWh, hipótesis para la que no se proporcionaba metodología”, denuncia la CNMC. Por ello subraya que mantener los 52 €/MWh «no se justifica» y «se compadece mal» con los precios obtenidos con una metodología.

El Gobierno eleva un 8,7% la retribución a renovables, cogeneración y residuos para 2017, hasta 7.071 millones de euros

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital elevó un 8,7% la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos para 2017, con un incremento de 568,6 millones de euros, desde los 6.502,43 millones de euros que abonarán en 2016 a los 7.071 millones de euros que destinará en 2017.

Según consta en el borrador de propuesta de orden de revisión de los parámetros retributivos a las instalaciones de producción de energía a partir de renovables, cogeneración y residuos, la principal partida corresponderá a la fotovoltaica, que percibirá un total de 2.530,7 millones de euros, 65,9 millones de euros más. Por su parte, la retribución correspondiente a la eólica ascenderá a 1.476,8 millones de euros, con un incremento de 212 millones de euros, mientras que la termosolar percibirá 1.337,2 millones de euros, 43,8 millones más. Mientras, la cogeneración registrará en un su partida un incremento de 173,5 millones de euros, hasta los 1.067,5 millones de euros, frente a los 894 millones de euros para 2016.

El Ministerio reconoce incrementos en las partidas de todas las tecnologías, aunque menores que en el caso de la eólica, solar, termosolar y cogeneración. Así, para la biomasa eléctrica la orden recoge un incremento de 26,4 millones de euros, hasta los 289 millones de euros; en el biogás una partida de 6,5 millones de euros más, hasta 52,4 millones de euros; en la combustión de residuos un total de 20,7 millones de euros más, hasta 135,1 millones de euros; en la hidroeléctrica 9,7 millones de euros más, hasta 88,2 millones de euros, y en el tratamiento de lodos y aceite 10 millones de euros más, hasta 93 millones de euros.

En el caso de los purines, Energía no determina la retribución para este año y para el próximo ya que los anteriores parámetros retributivos fueron tumbados por una sentencia del Tribunal Supremo. Con esta orden, una vez que está próximo a finalizar el primer semiperiodo regulatorio, Energía procederá a la revisión, con efectos a partir de enero de 2017, de las estimaciones de los ingresos estándar por la venta de energía en el mercado y de los parámetros directamente relacionados.

Además, el Ministerio fijó sus estimaciones de precio de mercado para el periodo, con 42,13 euros por megavatio hora (MWh) para 2017, 41,65 euros por MWh para 2018 y 41,82 euros por MWh para 2019, así como ha mantenido en 52 euros por MWh el precio estimado del mercado durante la restante vida útil regulatoria de las instalaciones tipo definidas a partir de 2019. Estas estimaciones son sensiblemente inferiores a las que se recogía para el periodo anterior de 2014 a 2016, que iban de los 48,21 euros para el primer año a los 49,75 euros para el último y que han llevado al sector renovable a estimar unos pérdidas de unos 574 millones de euros en los tres años.

Con motivo de la reforma eléctrica, el Gobierno fijó en 2014 una retribución para las instalaciones renovables para que éstas alcanzaran la llamada rentabilidad razonable. Para las diferentes instalaciones estableció una retribución específica, y con ese objetivo realizó una estimación sobre la base de cuál sería el precio del mercado eléctrico diario. Una vez visto el precio real del mercado, el Ministerio de Energía debe regularizar la retribución percibida por las instalaciones renovables. Sin embargo, la reglamentación solo reconoce compensar por una parte del desvío producido por la mala estimación, mientras que hay otra parte que se pierde y no se recupera, según el sector.

La eólica denuncia que no se alcanza la rentabilidad razonable prometida por ley al ingresar 630 millones de euros menos

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EFE / Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) calcula que las empresas del sector habrán recibido del mercado, cuando concluya el 31 de diciembre el primer semiperiodo regulatorio de 3 años, 630 millones de euros menos que los que el propio sistema le reconocía como necesarios para lograr la rentabilidad razonable que fija la norma. Por ello, la patronal eólica señala que «el error en el diseño» del sistema impide que las empresas alcancen la rentabilidad del 7,39% comprometida en la reforma energética.

Para dar una solución a este problema, la patronal pide que se aproveche el fin del primer periodo parcial (semiperiodo), a finales de este año, para modificar algunos aspectos de la regulación después de 3 años. La norma establece que, al término de ese primer semiperiodo, se revisarán los parámetros económicos con los que se calcula la retribución de las energías renovables. La tasa de rentabilidad, sin embargo, se revisa cada 6 años. El nuevo sistema introducido en la reforma energética elimina los incentivos para las nuevas instalaciones, salvo que sean otorgados a través de subastas, y señala que las anteriores a la entrada en vigor de la ley tienen derecho a una rentabilidad razonable, del 7,39% durante 6 años.

Según la AEE, en los últimos 3 años, la senda de precios prevista por el regulador se ha desviado a la baja una media de 6,37 euros por megavatio-hora (MWh), fundamentalmente por la abundancia de vientos y lluvia y los bajos precios de los combustibles fósiles. Como consecuencia, el sector eólico ha dejado de ingresar 630 millones de euros, pero sólo se le compensará con el 36% de esa cantidad por los límites fijados en la reforma energética, con lo que pierde un 64% de lo que corresponde, por lo que resulta improbable que la compensación sea por el total.

Esta pérdida afecta a los parques con derecho a la retribución a la inversión (Rinv); que ascienden a 6.300 MW (304 parques) que no tienen derecho a incentivo porque la regulación “se lo retiró de manera retroactiva” y sufrieron una merma en los ingresos previstos del mercado de 235 millones de euros en tres años, indica la AEE. La patronal advierte que «es una muestra importante de la inseguridad jurídica creada por el nuevo sistema». Además, critican la «volatilidad» que supone que los ingresos estén ligados al precio del mercado y que las compensaciones previstas se repartan a lo largo de la vida útil de los parques y no cuando las empresas sufren las pérdidas en su flujo de caja.

Por todo ello, la AEE insta al Gobierno a aprovechar el final del primer semiperiodo para modificar los aspectos de la norma que generan inseguridad jurídica. Concretamente, que no se modifique la rentabilidad razonable cada 6 años y que se eliminen los límites de la senda de precios del mercado prevista por el regulador, que impiden que se alcance la rentabilidad prevista en la norma. Además, se reclama que se compense a las empresas cada año por la pérdida de los 12 meses anteriores. Asimismo, señala que, según sus estimaciones, el sector dejará de ingresar otros 600 millones en los próximos tres años si el regulador no cambia las previsiones.