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Organizaciones contrarias a los combustibles fósiles critican que el Gobierno mantenga las ayudas a los vehículos de gas

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Europa Press.- Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución denuncian la «incoherencia» del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer declaraciones en favor de la descarbonización mientras mantiene las ayudas a los combustibles fósiles en el marco del plan MOVEA.

Para el colectivo, la decisión de mantener las ayudas a los vehículos de gas muestra la «incoherencia de un Gobierno que, mientras hace declaraciones en favor de la descarbonización de la economía, decide mantener el gas en la propuesta inicial del plan MOVEA». Así, piden al Ejecutivo que decida si está comprometido con los combustibles fósiles o bien con la lucha contra el cambio climático y critica la decisión del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte.

En concreto, exponen que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar el plan de ayudas MOVES, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que excluye a los turismos propulsados por gas para fomentar el uso de energías alternativas al petróleo en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha abierto una consulta pública previa a la publicación de un Decreto que prevé incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Por eso, Gas no es Solución pide al Gobierno coherencia en las políticas públicas y los gastos, así como a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil. En 2017 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encargó al IDAE la implantación del plan MOVALT, con un presupuesto de 21 millones de euros, de los cuales 10,6 se destinaron a vehículos propulsados por gas. Por su parte, el entonces Ministerio de Economía y Empresa gestionaba el plan MOVEA, dotado con 14 millones de euros.

En 2018 se preveía la fusión de todas las ayudas para adquirir vehículos de energías alternativas que gestiona el IDAE y que tenía un presupuesto de 66,6 millones de euros (50 para compra de vehículos, y 16,6 para infraestructura). Pero el plan VEA no llegó a publicarse entonces. La plataforma afirma que en 2019 ese dinero sigue presupuestado pero se ha vuelto al esquema de dos planes diferentes, el MOVES, que gestiona el IDAE, del MITECO y el MOVEA, que gestiona el Ministerio de Industria.

Para el colectivo, del que forman parte decenas de organizaciones contrarias al desarrollo del gas en España, los vehículos propulsados por gas no deben gozar de ningún tipo de ayuda pública, dado que estos vehículos constituyen un evidente paso atrás en la descarbonización del transporte. Así, consideran que junto con el petróleo y el carbón, el gas debe desaparecer «cuanto antes» del mix energético y advierte del potencial de calentamiento del gas, que es 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera.

En definitiva, denuncian que el Gobierno ha deshecho con una mano lo que hacía con la otra al lanzar el plan MOVEA, planteado por el Ministerio de Industria, que prevé conceder ayudas a las categorías de turismos, furgonetas y furgones, autobuses y autocares, motocicletas y cuadrociclos propulsados por gas, además de los propulsados por motores eléctricos y pilas de combustible.

Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España y Xarxa per la Sobirania Energètica.

Pancartas contra la contaminación madrileña

Por otro lado, activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar la mala calidad del aire en la capital. Para ello colgaron pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M-30 con la A-1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad. En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando del peligro para la salud pública en periodos de alta contaminación.

La entidad recuerda que la contaminación es un problema que va más allá del ámbito municipal y se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que «han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea». «Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un número excesivo de automóviles, tal y como estamos comprobando en la A-1″, explicó Greenpeace.

Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la «restricción de los vehículos de combustible fósil es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas». Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche. En este sentido, defienden la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen «la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes».

Ribera ve asumible para España lograr los objetivos a 2030 si en la transición ecológica existe «diálogo y participación»

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve asumible alcanzar los objetivos climáticos a 2030 siempre que exista en la transición esa «capacidad de diálogo y participación» por parte de todos los actores ya que «estamos hablando de construir un futuro en común». Ribera aseguró que «no le cabe la menor duda» de que esos objetivos a 2030 se pueden cumplir, aunque indicó que todos los sectores económicos, así como el resto de agentes sociales, «tienen un papel que desempeñar».

Ribera subrayó que la disrupción del cambio climático «entiende poco de colores políticos» y consideró que no hay nadie que no apueste por una transición hacia una economía descarbonizada. Asimismo, señaló que el cambio climático es «una carrera contrarreloj» en la que hay que plantearse desde el futuro para atrás «cuáles son las sendas más razonables» para alcanzar los objetivos de descarbonización y advirtió que «es imposible pensar que podemos volver a un modelo de crecimiento como el del pasado«.

Además, Ribera aseguró que es necesario actuar y estar a la cabeza, a pesar de poder pagar el coste del aprendizaje, ya que afirmó ser de las que «piensan que las cosas no pasan nunca solas». Para ello, la ministra indicó que son necesarias señales regulatorias «estables pero flexibles», para que puedan ser ajustadas en el camino, y defendió el papel que deben jugar «la solidaridad y la transición justa».

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá su asignación en los Presupuestos de 47 millones de euros durante 2019

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Europa Press.– El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá prácticamente invariable su asignación presupuestaria para 2019, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación. Así, el CSN contará con 47 millones de euros de asignación presupuestaria, la misma suma que durante 2018, aunque con un ligero incremento del 0,1% respecto a los 46.877.940 euros del año pasado.

Se trata del segundo año consecutivo en que el regulador nuclear mantiene su partida presupuestaria, con muy leves incrementos, puesto que el año pasado aumentó un 0,9% respecto al 2017. Con esta cuantía, el CSN se encargará de sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones para conseguir que estas sean operadas por sus titulares de forma segura. También establece las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. El organismo se enfrenta actualmente al proceso de renovación de buena parte de los consejeros del pleno por motivo de fin de mandato o por jubilación.

El Gobierno socialista prevé 5.250 millones en políticas ambientales y energéticas para la Transición Ecológica en los Presupuestos

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Europa Press.– El Gobierno prevé destinar 5.250 millones de euros al Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento creado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que aglutina las políticas ambientales y energéticas. La suma presupuestaria supone un 2% más que las asignaciones que dispusieron durante 2018 los extintos departamentos de Medio Ambiente, que se incluía en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Energía, que formaba parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

De aprobarse el proyecto de Presupuestos, presentado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, plantea una propuesta por la que el Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un incremento en su dotación presupuestaria de 101 millones de euros, sobre todo debido al aumento de inversiones o a la creación del bono social térmico, un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables en lo que respecta a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, que asciende a 80 millones de euros. También «especialmente» a las actuaciones en materia de cambio climático, que tendrá un aumento de 50 millones para promover la estrategia de transición justa hacia una economía baja en carbono.

En lo relativo al ámbito energético, la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema. Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases y de los ingresos tributarios de la Ley de 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que suman 3.819 millones.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos consigna para 2019 una dotación de 300 millones de euros para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 300 millones de euros, que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las renovables en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

Transición a la economía descarbonizada

En cuanto al sector de la minería, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará con unos recursos de 284 millones de euros, para dar continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras. El Gobierno destaca que el sistema energético inició un proceso de transición hacia un nuevo paradigma caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2019 con 31 millones, para estimular el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte, así como a favorecer actuaciones de mejora de la sostenibilidad energética y medioambiental, como el plan MOVEA. Además, en el marco de las directrices europeas, se atenderá la sostenibilidad energética y medioambiental, dando continuidad al programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, del que podrán beneficiarse las instalaciones industriales que no pueden repercutir a sus clientes el aumento de los costes inducidos por el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

En cuanto a los ingresos por impuestos especiales, según las estimaciones incluidas en los PGE, el Impuesto sobre la Electricidad crecerá un 3,6% debido a los fuertes incrementos de precios en los últimos meses del año, cuando el impuesto alcanzó tasas superiores al 6%. En cambio, los ingresos por el Impuesto al carbón descenderán un 13% en 2018, condicionada por la elevada recaudación de 2017 a causa de la sequía.

El Gobierno incrementará los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables al diésel por sus emisiones de NO2. No obstante, precisa que la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad en los sectores intensivos en su consumo. Además, «para garantizar una adecuada interpretación del ordenamiento interno conforme al Derecho de la Unión Europea», se introduce una exención en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

67 millones de movilidad sostenible

Los Presupuestos para 2019 recogen una nueva dotación de 67 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, lo que supone 400.000 euros más que en el ejercicio precedente. Este montante económico unifica las líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes en torno al Plan de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (Movea), con el que se concede ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) y motos eléctricas.

Además, contempla la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público, siendo este último apoyo financiero a infraestructuras una de las novedades del programa respecto a los anteriores. A partir de 2017 también se incorporó el apoyo a los vehículos de pila combustible dentro del programa. La partida destinada a la movilidad eficiente y sostenible está dividida en dos partes. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará 50 millones de euros, que estarán gestionados por el IDAE, mientras que el Ministerio de Industria, controlará 17 millones de euros.

El Ejecutivo destaca que el Plan Movea 2019 supone la continuidad en los objetivos y metodologías ya reflejadas en las dos anteriores convocatorias, «con las mejoras pertinentes como consecuencia de la experiencia adquirida en esas ediciones». La Unión Europea aboga por reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes de energía. Además ha fijado una reducción de emisiones de gases invernadero del 20% para 2020 respecto a niveles de 1990, y del 40% para 2030, con el objetivo de lograr una mejora de la calidad del aire en Europa.

En 2016 se unificaron las dos líneas de apoyo del Gobierno a los vehículos eficientes (el PIMA y el Movele) en un solo programa: el Plan MOVEA, con el que se da desarrollo a, entre otras medidas, la Estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020. En el ámbito de esta estrategia, el Gobierno aprobó en diciembre de 2016 un Decreto de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y un Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, enmarcándose ambas medidas dentro de la trasposición de la Directiva 2014/94/UE.

Los PGE para 2018, elaborados por el Gobierno popular y prorrogados por el PSOE, contaban con una partida de 66,6 millones de euros en concepto de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible como parte del Plan VEA que todavía no ha sido activada. Recogían 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras. El secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró que el plan se lanzará en las próximas semanas a través del IDAE.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

APPA aplaude «la coherencia de la estabilidad retributiva» propuesta por el Gobierno para las energías renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha valorado «positivamente» el anteproyecto de Ley que refleja las tasas de retribución a las energías renovables para el periodo 2020-2025, ya que considera que supone «la estabilidad retributiva y regulatoria que lleva meses exigiendo». La asociación destaca que el anteproyecto mantiene la actual tasa de retribución (7,39%) para las instalaciones anteriores al Real Decreto Ley 9/2013, fijando «un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el decreto y dotando de seguridad jurídica al sistema».

Así, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, valora «positivamente la coherencia del Gobierno, que ha respetado la posición que tenía sobre este asunto su grupo parlamentario cuando estaba en la oposición«. APPA recuerda que las empresas del sector deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros necesarios para cambiar el modelo energético, por lo que subraya que «se necesita una alta dosis de predictibilidad dado su gran volumen«. De esta manera, tras la aprobación de la Directiva Europea de renovables, APPA señala que el sector «comienza a ver más claro su futuro».

El BOE publica ayudas por casi 18 millones para impulsar la reconversión de las zonas mineras con alternativas al carbón

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Europa Press.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las dos resoluciones adoptadas el pasado diciembre por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) por las que se convocan las ayudas por un importe total de, al menos, casi 18 millones de euros dirigidos a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Ambas convocatorias, publicadas a petición de los sindicatos, estaban incluidas en el anterior acuerdo del carbón, pero el Gobierno del PP no llegó a ejecutarlas. En concreto, el presupuesto de la primera convocatoria asciende a 5 millones de euros mientras que el de la segunda convocatoria cuenta con 12,9 millones de euros, ampliables por otros 17,1 millones. Ambas convocatorias tienen por finalidad promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y mantenimiento de los ya existentes.

El Gobierno ofrece mantener invariable hasta 2031 la retribución de las renovables instaladas antes de la reforma Soria de 2013

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Redacción / Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. El anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tenían reconocida hasta ahora las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada hasta el Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables, no pueda modificarse hasta 2031.

Sin embargo, para el período 2020-2025, el Gobierno sí que recortará la retribución de las redes y de las renovables post-reforma Soria. En este sentido, propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

De esta manera, el Gobierno avala la propuesta de tasas a estas actividades para el segundo periodo regulatorio que realizó el organismo regulador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables. Por su parte, las instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013 tienen una tasa de retribución del 7,389%.

La principal novedad en la propuesta de la CNMC era la metodología seguida para establecer la tasa de rentabilidad, basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético.

Además, como se expone, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidadtanto a nivel nacional como a nivel internacional, no pueda modificarse hasta 2031.

La tasa de retribución financiera se calcula tomando como referencia el rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años (bonos del Estado a 10 años) incrementándolo con un diferencial adecuado. Para determinar el diferencial que aparece en el anteproyecto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera solicitó un informe a la CNMC y ratifica sus conclusiones, realizando a su vez la mejor estimación posible del valor de las obligaciones a 10 años en tanto éstas quedan actualizadas, señala el Ministerio.

Estabilidad para instalaciones pre-reforma Soria

Por otra parte, con el objeto de fijar un marco retributivo estable a las instalaciones de renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 y «lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes», el anteproyecto propuesto por el Gobierno garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020, indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El decreto 9/2013, que supuso la modificación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, ha sido objeto de una importante litigiosidad tanto a nivel interno como a nivel internacional. 5 de los 7 laudos arbitrales de los que se han dictado hasta la fecha han sido parcialmente condenatorios y, en este momento, permanecen abiertos un total de 35 procedimientos de arbitraje internacional contra el Reino de España por valor de más de 8.000 millones de euros.

Las indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia, judicial o arbitral, se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario. No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario, sujeto a modificación cada 6 años, añadió el Ministerio. Una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes como proyecto de ley.

“Restauraría los derechos del sector”

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la propuesta de mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031 supone «un primer paso hacia la restauración de los derechos del sector social fotovoltaico español”. En este sentido, Anpier valoró que el anteproyecto es «el inicio de la recuperación de un sector que ha sido duramente maltratado durante la última década».

«Un colectivo formado por 60.000 familias que, atendiendo un llamamiento del propio Estado español, destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y que, sin embargo, había sido sometido a recortes desmesurados que obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas», añadió. Así, Anpier consideró que «no hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, han logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya inevitable cambio climático».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, subrayó que se ha dado «un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales«. Sin embargo, recordó que habrá que «continuar avanzando hasta alcanzar una restauración justa y equilibrada», puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma, «dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida».

El Gobierno socialista concede una nueva prórroga de 10 años a la plataforma petrolífera Casablanca de Repsol en Tarragona

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para otorgar la segunda y última prórroga a la concesión de la plataforma petrolífera Casablanca por 10 años más, después de que Repsol haya cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para su aprobación.

Por tanto, se otorga una segunda prórroga de la concesión con vigencia hasta el 27 de diciembre de 2028, tras la última concedida el 17 de marzo de 2009 por un periodo también de 10 años. Propiedad de Repsol y situada frente a las costas de Tarragona, Casablanca es la única plataforma petrolífera de España. La concesión de explotación de hidrocarburos de la planta fue otorgada por un real decreto de 1978 por un período de 30 años, con dos periodos adicionales de 10 años cada uno. Según indicaron fuentes del sector, había en juego unas inversiones totales cercanas a los 150 millones de euros durante estos últimos 10 años de prórroga de la concesión.

La producción actual de petróleo en la plataforma Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado con precios sobre los 60 dólares por barril, de 40 millones de euros. Su producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día. A eso hay que sumar el conjunto de actividades en el área de transporte, logística o suministros que se generan alrededor de la instalación, que representa una actividad tractora, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

Además, no renovar la plataforma hubiera supuesto la pérdida de empleo, con cerca de 120 personas, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados, dependientes de la instalación. Asimismo, se hubiera perdido una parte del compromiso de Repsol con el territorio, en forma de convenios (con el Consell Comarcal del Baix Ebre, para garantizar la prestación de un servicio de transporte público adaptado para personas con movilidad reducida y otras necesidades sociales). También otros convenios y colaboraciones, por ejemplo con la Cambra de Comerç de Tortosa, con el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, becas para formación y colaboración en proyectos de investigación.

La plataforma genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, 7 millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales).

En este sentido, la Asociación de Empresarios de las Comarcas del Ebro (AECE) mostró su «total apoyo» a la plataforma petrolífera y mostró su preocupación «por la incertidumbre» en la que estaba. Así, exigió el visto bueno a esta prórroga, ya que de no ser así «supondría una parada de la producción, inestabilidad en su estructura, tanto a nivel de dirección como de personal y un perjuicio económico muy importante».

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) propone al exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como consejero de Indra

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Europa Press.- El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como miembro del consejo de Indra en representación del holding público, sustituyendo a Adolfo Menéndez Menéndez. Este nombramiento supondrá la incorporación a la empresa de tecnología y consultoría del que fuera ministro de Industria entre abril de 2008 y diciembre de 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Siguiendo los pasos habituales en estos procesos, el consejo de Indra tendrá que aprobar el nombramiento de Miguel Sebastián tras recibir el visto bueno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras lo cual tendrá que ser ratificado en junta de accionistas. El exministro es actualmente profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Durante su carrera política, además de ser titular de la cartera de Industria durante más de 3 años, fue candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en 2007 y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, entre 2004 y 2006.