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Elvira Romera, Pilar Lucio, Francisco Castejón y José María Serena, propuestos como consejeros del CSN con el rechazo del PP

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Europa Press.- El PP se ha desmarcado de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar 4 plazas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya negociación se achaca a PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de «abusar de su posición» en el poder hasta «el último minuto«. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de nombramientos de Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender.

La propuesta responde a la voluntad del Gobierno de reflejar en la composición del pleno del regulador nuclear el actual reparto parlamentario. El Gobierno podrá nombrar a los candidatos mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto del CSN, el presidente y los consejeros serán designados entre personas «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Según refleja el Gobierno, Elvira Romera es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.

Por su parte, María Pilar Lucio es diputada y portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE y se especializó en regulación energética y en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva.

Por su parte, Francisco Castejón, es propuesto por el grupo de Unidos Podemos. Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Además, es el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.

En cuarto lugar, se propone a Josep Mª Serena, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Los nuevos consejeros podrán permanecer en el cargo 6 años y podrán optar, mediante el mismo procedimiento, a un segundo periodo de igual duración. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años. Precisamente, por edad cesó el 2 de febrero Jorge Fabra, quien sustituyó a Cristina Narbona cuando fue elegida presidenta del PSOE, y que desde finales de diciembre estaba en situación de prórroga. En la actualidad el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, está también en situación de prórroga desde diciembre y otros dos consejeros desde finales de febrero. Se trata de la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el consejero Fernando Castelló.

El PP contra el PSOE

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha explicado que su formación «no ha participado» en la negociación de estos nombres y que el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en Podemos. Como resultado de estos acuerdos, según denuncia, la propuesta aprobada está formada por un grupo «claramente sesgado» y «prejuicioso» en materia de energía nuclear. En concreto, el diputado pone en duda la apuesta de los morados, el miembro de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, un antinuclear declarado. Mariscal ha recordado que en los 6 años que dura el mandato de los miembros del CSN, éstos deberán enfrentarse a la posibilidad de cierre o renovación de la vida activa de varias centrales nucleares.

El portavoz popular cree que esta decisión entra en la «línea habitual del PSOE» de «politizar las tecnologías«. Además, ha criticado que estas propuestas lleguen ante la “inmediata disolución» de las cámaras. «Sánchez está abusando de su posición hasta el último minuto», ha insistido. «Así que los candidatos serían elegidos con un Gobierno en funciones», ha lamentado Mariscal, que alerta de que con esta medida el PSOE ha «garantizado su presencia mayoritaria» en esta institución durante «los próximos 6 años».

El Gobierno garantiza que el borrador del estatuto de la industria electrointensiva estará listo en la primera quincena de marzo

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Europa Press.- La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha trasladado al comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés que el Gobierno central presentará el borrador del estatuto de la industria electrointensiva en la primera quincena de marzo.

Losa trasladó la «firmeza absoluta» del Ministerio de Industria para el mantenimiento de Alcoa. También explicó que el Gobierno ha garantizado que continúa adelante el proceso de elaboración del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. «Todas las medidas que dependan exclusivamente del Ministerio serán aprobadas por decreto lo antes posible para que ninguna circunstancia política pueda alterar el proceso», avanzó. «Un porcentaje muy grande de las materias que recoge el Estatuto se aprueban por decreto, y el Gobierno tiene la firme decisión de terminar su mandato avanzando el mayor número posible para que sea útil y no se revierta ese mantenimiento de la industria aluminera», añadió Losa.

Adelante aún con las elecciones

Precisamente los miembros del comité de la planta avilesina quisieron aprovechar la reunión para despejar dudas acerca de las consecuencias del adelanto electoral. Salieron satisfechos y agradecieron a Losa que se hubiese puesto en contacto con el Gobierno sobre la marcha. «Nos ha dejado claro que el borrador estará encima de la mesa a mediados de marzo y que la ejecución del mismo se realizará», ha afirmado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz (CC.OO.).

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

Baleares aprueba la Ley de Cambio Climático, que restringirá el diésel desde 2025 y reducirá las emisiones de sus centrales

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Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».

Vara calcula que la nuclear de Almaraz operará hasta «finales de la próxima década» y pide «trabajar intensamente» en alternativas

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que la central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta «finales de la década de los veinte», por lo que ha instado a «trabajar intensamente» en los próximos años «para conseguir esas alternativas» a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial. De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas.

Fernández Vara ha destacado la «noticia positiva» de que la central nuclear «ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que «lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos». De esta forma «se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo», ha reafirmado el presidente extremeño, quien señaló que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares «hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero». Ante esta situación, Vara considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté»

Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo con alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro «absolutamente discreto» para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le «acusaron de que lo hacía electoralmente». Así, calificó de «paradójico» que «el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral», mientras que «el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tiene», ha lamentado el presidente extremeño.

Vara ha destacado que una vez que «se ha resuelto» el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario «trabajar todos estos años de manera intensa» en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio «tiene que ser energética e industrial» en la zona. En ese sentido, Vara ha avanzado que reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa se garantice que no hay solamente el mismo empleo “sino que hay más» del que existe actualmente en la zona de la planta.

«Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y futuras generaciones; eso se llama inversiones», ha aseverado Vara. Así, ha reiterado la necesidad de «trabajar intensamente» en los próximos 9 o 10 años «para conseguir esas alternativas». Un trabajo que debe realizarse «no solo por el asunto nuclear», sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura «mucha inversión durante estos años, energética e industrial«, para lo cual se ha «construido suelo y aprobado leyes». «No voy a descansar hasta que en Extremadura todo el que quiera trabajar lo pueda hacer», concluyó el presidente extremeño.

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

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Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

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Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

Fitch valora la propuesta del Gobierno de retribución para las renovables a partir de 2020 ya que mejora su visibilidad

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Europa Press.- Fitch Ratings considera que la tasa de retribución financiera propuesta por el Gobierno para la actividad de producción con energías renovables a aplicar para el periodo 2020-2025, que supone un recorte del actual 7,5% hasta un 7,1%, así como la opción de mantener la retribución en el actual 7,4% hasta 2031 para las instalaciones anteriores a 2013, mejora la «visibilidad» para el sector en España.

La agencia señala que en el caso de finalmente aplicarse, ya que «está sujeta a la aprobación de la Ley este año, por lo que hay incertidumbre», sería positivo ya que representa una tasa de retribución «mayor a la esperada», especialmente para los proyectos anteriores a 2013, en los que la tasa estará establecida para dos periodos regulatorios más. Fitch destaca que con el sistema existente anteriormente para fijar la retribución, que tomaba como referencia el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años y lo incrementaba con un diferencial de 300 puntos básicos, ésta se habría reducido más.

Así, valora que la actual propuesta, que utiliza una metodología basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC), será «positiva» para los proyectos renovables ya que los retornos se mantendrán en un entorno de tipos de interés bajos. Además, subraya que proporcionará «visibilidad» durante 12 años para los proyectos anteriores a 2013, que sufrieron la aplicación del recorte a las renovables de aquel año.

Pedro Sánchez anuncia 235.000 millones de euros para combatir el cambio climático en España durante los próximos 10 años

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos 10 años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

Sánchez ha augurado que el «gran potencial» de las energías renovables «va a ser una realidad» durante los próximos 10 años y asegura que el Gobierno tiene una agenda «ambiciosa e integral» contra el cambio climático. A su juicio, los «peligros» se pueden superar con «ingenio y pasión» y ha lamentado la pérdida de «ingenio y pasión» durante una década a consecuencia de la crisis económica y financiera, cuando «muchos» jóvenes se fueron. Pero ha señalado que ahora hay «una década por ganar» y recuperar ese «talento» en un contexto en el que España está «decidida a contribuir a una economía global, justa y ecológica».

El jefe del Ejecutivo ha destacado las acciones en materia de cambio climático acometidas por el Gobierno socialista durante 7 meses y ha defendido que esta apuesta se observa también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde la I+D+I tiene un incremento del 5,1% respecto a 2018 y «todas» las partidas relacionadas con la materia experimentarán crecimiento. «Se trata de medidas concretas, reales, contables y efectivas», ha citado el presidente, que ha añadido que España trabaja en una agenda integral, con objetivos claros en toda la acción del Gobierno bajo la premisa de que la transición ecológica sea «socialmente justa» y no deje desprotegido «a nadie».

Sánchez ha advertido de que las afirmaciones negacionistas «cada vez son más comunes» en distintos ámbitos y ante estos «prejuicios» reivindicó la herencia de la «ilustración» por la que considera que «antes de cualquier ideología posible están la razón y la ciencia». En ese marco agradeció la labor de los activistas y de los científicos «comprometidos» que han abierto el camino y han mantenido «la llama y la tensión» y han logrado que el cambio climático esté cada vez más presente en la agenda política.

Por ello, ha subrayado que aunque el nombre del Ministerio, «Transición Ecológica», no crea una realidad, sí contribuye a generarla y el concepto incluye las dos palabras que «marcan la tarea» en la que está embarcado el Gobierno y el mundo, que no es otra que hacer la transición de un modelo económico a otro que ponga la ecología en el centro de las decisiones.

«Queremos políticos audaces, valientes y que hagan pedagogía a la ciudadanía. Necesitamos políticas que vayan más allá de lo previsto y nunca más acá, que es lo que nos encontramos. No hay tiempo para titubear ante el cambio climático. Somos la primera generación del cambio climático y la última que tiene poder para detenerlo. Somos ahora o nunca», ha sentenciado.

Obligados a repensar la energía

El presidente destacó que el Gobierno es ambicioso y ha hecho progresos contra el cambio climático, una cuestión que ha marcado la agenda política global durante «unos 10 años» y seguirá haciéndolo. En ese sentido, para Sánchez el cambio climático «no entiende de países, ideologías y civilizaciones y ha augurado que ningún esfuerzo local con respuestas individuales podrá ser suficiente.

Así, considera que con la razón y la ciencia la realidad climática obligará a «repensar» el modelo energético, las transformaciones sociales o el modo de producir o consumir, así como aprobar una legislación que no es «muy popular» porque exige una «adaptación incómoda en el corto plazo» como la transformación de la industria, el cambio de los hábitos automovilísticos, la necesidad de cambiar el perfil de las ciudades. Para ello, cree que la política tiene que hacer pedagogía y ha reclamado «comprensión» a los ciudadanos. De este modo, pide a los ciudadanos que acompañen al Gobierno en el camino y se comprometan a nivel personal para frenar el cambio climático y adaptarse a las consecuencias.

En definitiva, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el multilateralismo para adoptar un acuerdo global y social pero para ello es necesario el liderazgo para construir compromisos y ha advertido de que los próximos pasos serán «determinantes» y, ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo, opina que Europa tendrá «el reto» de impulsar el liderazgo en la transición». En ese ámbito, considera que en las elecciones quienes «dudan o están dispuestos a negociar con los que dudan del cambio climático no pueden tener un peso en el Parlamento europeo para abordar un problema tan global» y ha garantizado la apuesta del Ejecutivo por una lucha integral contra el cambio climático como un tema transversal de las políticas.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, calificó de «relevante» el liderazgo de España en materia de cambio climático aunque ha señalado que en este «gran desafío» los Gobiernos son «actores» en el marco multilateral pero ha recordado que la acción va más allá de los gobiernos y hay que buscar actores no estatales para desarrollar una agenda «incluyente».

Espinosa ha dicho que la lucha multilateral contra el cambio climático es un régimen basado en la confianza mutua de que los demás hacen su parte y de forma colectiva se alcanzan las metas. «El cambio climático no conoce fronteras. Lo que se haga en un lugar tiene efectos en todas las demás regiones del mundo. El comercio de emisiones está referido a 20 o 30 países, sin embargo hay más de 100 países que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático«, precisó.