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Ribera se muestra «satisfecha» con su gestión al frente del Ministerio para la Transición Ecológica aunque critica la herencia recibida

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado «moderadamente satisfecha» con su gestión al frente del departamento que ha dirigido durante los últimos 8 meses, aunque recriminó que le hubiese gustado encontrarse «con las cosas mejor hechas«.

Así lo expresó la ministra, que ha manifestado que ha sido «una pena haberse encontrado con el terreno tan embarrado y con problemas de litigiosidad tremendos que habrá que pagar». La ministra hacía mención al retraso que España ha ido acumulando en los últimos años en la transposición de las leyes en materia medioambiental en el marco de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y cuyo incumplimiento podría derivar en futuras multas por parte de las instituciones comunitarias. En concreto, ha resaltado el problema del cierre de las centrales de carbón aún presentes en España, que tendrían que echar el cierre en 2020 salvo que contasen con «cuantiosas inversiones».

Por ello, Ribera ha defendido que la estrategia es ahora seguir el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, que pretende contar con un marco estable para la plena descarbonización de la economía en 2050, en línea con los objetivos a nivel mundial. La ministra ha recordado que este plan prevé que la factura de la luz alcance una rebaja de hasta el 12% antes de impuestos en 2030, en alusión a las críticas vertidas por el diputado del PP, Guillermo Mariscal, quien ha culpado al PSOE de la subida de la factura de la luz.

«El PSOE ha vuelto y ha vuelto a subir la factura eléctrica», ha recriminado Mariscal a la ministra, al mismo tiempo que ha reprochado al Gobierno que sus políticas energéticas «nunca piensan en los costes y en la sostenibilidad del sistema, por lo que crece la factura«. Sin embargo, Ribera ha defendido que entre marzo y mayo del 2018, antes de que el PSOE llegara al Gobierno, el precio del mercado mayorista de electricidad se incrementó en casi un 40%.

El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

El PP cuestiona el cierre de centrales en España si luego se importa del extranjero energía de nucleares y térmicas

Europa Press.- El PSOE defiende ante el Congreso una «entrada masiva» de energías renovables en el mix energético mientras que el PP cuestiona que se cierren centrales térmicas y se plantee el fin de las plantas nucleares y en cambio se acabe importando electricidad procedente de la quema de carbón (Marruecos) o generada por centrales nucleares (Francia).

«¿Cómo le explicamos a gallegos, asturianos, ponferradinos, turolenses, almerienses… cerramos, pierdes el trabajo, pero le compramos a Marruecos la electricidad producida por carbón?», se preguntó el diputado popular José Manuel Juncal, que teme que la transición ecológica, si la impulsa el PSOE, puede acabar como la reconversión industrial, con más desempleo, menos población y «crisis permanente» en estas zonas. «Lo que sí sabe hacer el PSOE, eso se lo reconozco, es prometer, prometer, y prometer y, una vez metido, nada de lo prometido. El voto en la urna, me refiero», manifestó, ante la indignación de la bancada socialista por la expresión lanzada por el diputado.

Las acusaciones de Juncal se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley llevada al Congreso por En Comú Podem, con la que la formación catalana integrada en Unidos Podemos reclama una reforma del mercado, que tanto PP como PSOE han ignorado durante sus intervenciones. Unos cambios insuficientes, a juicio del portavoz de Unidos Podemos, Josep Vendrell, que lamenta la falta de «cambios estructurales» en un modelo que, considera «es factor de empobrecimiento» para la población, que ha visto como en 15 años los precios de la electricidad han subido un 78%.

“Excesivo poder de las empresas”

«Grandes beneficios por un lado, cortes de luz a otro», ha indicado Vendrell, que ha recordado los beneficios de más de 3.000 millones de euros de Iberdrola y más de 1.500 millones de Endesa el pasado año y denunció el incumplimiento del Gobierno para abordar la reforma del bono social eléctrico, como comprometió. Para el portavoz de Energía de Unidos Podemos, esta situación responde al «exceso de poder de las empresas» que, ha acusado, «han determinado la regulación simplemente levantando el teléfono», y que consecuencia de ello es el paso de presidentes y ministros por los consejos de las eléctricas.

El PSOE, por su parte, ha apostado a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, por reducir los costes de generación eléctrica a través de una «entrada masiva» de energía renovable, pues estas son «más baratas y competitivas», y por ello ha elogiado la eliminación de «trabas», como el llamado impuesto al Sol a estas energías, llevado a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera en estos meses. En este sentido, criticó el recorte a las primas realizado por el Gobierno Rajoy.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha compartido con Unidos Podemos la necesidad de llevar a cabo un cambio en las retribuciones y realizar una auditoría «integral» tanto del sistema como de la tarifa, pero no así un cambio en la fiscalidad sin haber examinado antes su resultado o la recuperación de la gestión pública en las centrales hidroeléctricas cuya explotación expire.

El portavoz energético de ERC, Joan Capdevila, echa en falta mayor concreción en las propuestas y un horizonte para conseguir tales objetivos, pese a la «magnífica declaración de intenciones», mientras que Carles Campuzano, del PDeCAT, ha pedido «un acuerdo político» en esta materia para que sea «predecible, estable», y «lance mensajes claros a mercados e inversores». Finalmente, Idoia Sagastizabal (PNV) ha compartido una nueva regulación del mercado ante el «método deficiente de fijación de precios».

Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

El Senado pide al Gobierno medidas para evitar la llegada de especies invasoras mediante plataformas petrolíferas que atracan en España

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Senado acordó por unanimidad instar al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación y medidas concretas para evitar la llegada de especies invasoras asociadas a las plataformas petrolíferas que atracan en puertos españoles.

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista solicita al Gobierno que establezca y desarrolle protocolos para controlar y vigilar las especies exóticas asociadas a su llegada y así, reducir la amenaza que estas suponen para la biodiversidad de las aguas españolas. En su defensa, el senador Manuel Guerra ha destacado que desde 2011 aumentó el tráfico de plataformas petrolíferas en Canarias, la mayoría procedentes de zonas tropicales del Atlántico, como Brasil, el Caribe, el Golfo de Guinea, pero también del Indo-Pacífico y del Mediterráneo.

Estas plataformas, según explicó, funcionan como un arrecife artificial donde se instalan, normalmente en lugares donde no suele haber este tipo de elementos naturales, por lo que proliferan a su alrededor peces e invertebrados. En su desplazamiento, a menos de 15 kilómetros por hora, la fauna marina que crece a su alrededor se desplaza con ella y estas plataformas se convierten en una especie de hábitat que se desplaza lentamente por el océano. Esto, unido a que las aguas de Canarias han aumentado su temperatura media, podría acarrear graves consecuencias.

La propuesta, aceptada por todos los grupos, advierte al Gobierno de la «preocupante situación» que hace «necesario» establecer un protocolo de control ante la llegada de estas plataformas que favorecen el transporte de una «gran cantidad de especies invasoras», con lo que supone para la biodiversidad del medio marino y, por extensión, por su impacto negativo sobre el turismo, por lo que pide implantar medidas.

El Senado insta al Gobierno con los votos del PP rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica ha instado al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) con los votos de PP, el rechazo de Unidos Podemos, y la abstención del resto de los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido defendida por el senador del PP, Diego Sánchez, quien subrayó que los reactores de Almaraz generaron entre el 25%/30% del total de la energía generada por el parque nuclear de España, al tiempo que emplean de forma directa a 800 personas y los empleos indirectos llegan a 2.900. Sánchez recurrió al programa electoral del PSOE, que fija el cierre de las centrales nucleares una vez que éstas alcancen el final de su vida útil. Así, asegura que genera «intranquilidad e incertidumbre» en la comarca de Campo Arañuelo, que ve peligrar una de sus principales fuentes de riqueza y empleo y, por tanto, justifica la iniciativa por la necesidad de dar un mensaje de certidumbre y confianza.

La propuesta, aprobada con la abstención del PSOE, insta al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz mientras cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas legalmente, así como a autorizar la prórroga de la vida útil de la central si su titular presenta la solicitud de renovación antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo. A continuación, una vez autorizada la prórroga, el PP plantea que «de manera inmediata» se ponga en marcha un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social que genere «al menos» el mismo nivel económico y de empleo que la actual planta crea en la actualidad en la comarca, a la que no se puede «abandonar a su suerte».

Por su parte, el PSOE presentó una enmienda de sustitución, que fue rechazada, por la que se instaba al Gobierno a cumplir los compromisos de descarbonización con una apuesta «preferente» por las fuentes de energía «limpias, renovables o alternativas». Esta enmienda ha sido «traducida» por el senador popular como una forma de decretar el cierre nuclear. El senador socialista, Miguel Ángel Nacarino, entiende que la enmienda del grupo parlamentario se entiende en un contexto de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno y, por tanto, «corrige la incoherencia» de la propuesta de los populares, al tiempo que ha acusado al PP de «agitar» a la población para que salga a manifestarse «sin ofrecerles una alternativa».

A este respecto, el senador popular ha pedido al PSOE claridad a la hora de decir si quiere o no cerrar las centrales y ha asegurado que tanto el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, como el del Gobierno, Pedro Sánchez, son «antinucleares». En ese contexto, señaló que todas las «maniobras» realizadas por los socialistas, a su juicio, son «para cerrar Almaraz«. Si bien entiende que es «un marrón» para su compañero socialista extremeño defender la moción socialista, no ha aceptado la enmienda de sustitución porque ambas propuestas son contrarias, «como el agua y el aceite».

Desde Unidos Podemos, la senadora Margarita Quertglas ha denunciado que renovar la licencia de los reactores de Cáceres llevará a estas plantas a una situación de operación a largo plazo a pesar de que «han sufrido numerosas incidencias» porque están «envejecidas«. A su juicio, prolongar su vida útil no es una medida de descarbonización y asegura que se pueden sustituir en España todas las energías de origen fósil en 2025.

En su turno de réplica, el senador popular se ha referido al ex consejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, ahora presidente de la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA), de quien ha recordado que tiene una empresa de consultoría medioambiental y a quien acusa de que, desde su actual responsabilidad, «está parando las inversiones» del almacén temporal centralizado (ATC), que «es fundamental para Almaraz«.

Además, Diego Sánchez ha dudado de Navarro por haber comprado «miles de hectáreas» cercanas a Almaraz para instalar proyectos de energía solar porque considera que lo que el Gobierno hará será cerrar Almaraz después de una prórroga de 4 o 5 años y después «dar el pelotazo» con las renovables que evacuarán su energía a través del nudo de Almaraz. «Tiene mucho interés el señor Navarro en los proyectos de renovables cerca de Almaraz», ha advertido el senador, que ha asegurado «alto y claro» que la «única» garantía de que no se cierre la central nuclear es «cambiando» de Gobierno en España y en Extremadura.

PP y Ciudadanos acusan al Gobierno socialista de politizar las instituciones ante los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

Europa Press.- El PP y Ciudadanos rechazan la propuesta del Gobierno del PSOE, pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, para la renovación de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ambas formaciones han mostrado su rechazo a esta actitud del Ejecutivo alegando que busca politizar las instituciones con sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura.

El portavoz parlamentario adjunto del PP, Guillermo Mariscal, ha denunciado que esta propuesta para renovar al regulador «va más allá de la política energética» y se basa en «la ocupación del espacio público, apoderándose de las instituciones». «El hecho de que el Gobierno tenga que nombrar a estas personas con las cámaras disueltas es, además de absolutamente irresponsable, una demostración más de que el único objetivo de este cambio es llenar todas las instituciones posibles de miembros de su formación política o adeptos», ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado que organismos tan importantes como estos «necesitan el consenso y la concordia» de las formaciones políticas y que los partidos lleguen juntos «a buscar a quienes son los mejores candidatos». Según ha señalado, el PSOE está haciendo un «ejercicio de sectarismo» que el PP no practicará «a partir del 28 de abril cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

Por su parte, la portavoz adjunta de los naranjas en la Cámara, Melisa Rodríguez, ha explicado que es contraria a «seguir manipulando y poniendo a dedo» los órganos de regulación y que los diputados de su grupo se mantendrán en esa convicción. En este sentido, Rodríguez ha defendido reguladores independientes del poder político y ha mostrado su sorpresa ante la actitud de un PSOE que, en la oposición, se mostraba favorable a las propuestas de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección de estos órganos.

«Propusimos que las negociaciones no fueran a puerta cerrada y a dedo y que las personas que tienen que formar parte del regulador se eligiesen de manera independiente y meritocrática», ha señalado, para apuntar que los socialistas quieren «a toda prisa» y «saltándose el reglamento» nombrar para el CSN «a los suyos». En este sentido, indicó que este «nerviosismo» por «repartirse los cromos» llega ante el miedo de que después de las elecciones “pierdan la cuota» en el organismo sin poder «nombrar a los suyos».

El PSOE plantea prohibir la entrada de coches contaminantes en las ciudades y apostar por la movilidad eléctrica

Europa Press.- El Programa Marco del PSOE para las elecciones municipales recoge la prohibición de entrada a los vehículos contaminantes en los centros urbanos de las ciudades en aquellos municipios donde gane las elecciones el 26 de mayo. Se trata de una de las medidas en materia de movilidad para las ciudades que el PSOE plantea para el siglo XXI. En definitiva apuesta por una movilidad «limpia, esencialmente eléctrica» con un «peso creciente» del uso compartido de los vehículos.

De acuerdo con su programa, su apuesta serán ciudades verdes, más descarbonizadas, especialmente a través de la movilidad y la eficiencia energética. Para ello, prevé que las infraestructuras, inversiones, normativas y fiscalidad potenciarán la movilidad limpia. Así, los socialistas plantean un modelo de ciudad «racional, eficiente y sostenible» con municipios compactos. Por ello, prometen que impedirá «la expansión inmobiliaria» siempre que la prestación de servicios básicos se hagan insostenibles. En esa línea, promoverá la rehabilitación de las ciudades frente a los nuevos desarrollos y apostará por la eficiencia energética, el autoconsumo de energías renovables para lograr viviendas de consumo nulo y las calefacciones de barrio.

En cuanto al modelo energético urbano, el programa indica que se reducirá la dependencia de los combustibles fósiles en favor de la energía solar, eólica, la biomasa, la geotermia y la aerotermia y se incorporarán las energías renovables en la edificación, al tiempo que se promoverá la compra agrupada de energía. En materia de economía circular, el programa marco aspira a que las basuras dejen de ser residuos para convertirse en materias primas de segunda generación: se aprovecharán los residuos de poda de jardinería o los lodos de las depuradoras para producir compost o gas.

A nivel autonómico, el programa marco del PSOE establece que todos los edificios e infraestructuras de titularidad pública incorporarán «todas las posibilidades» de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al programa marco del PSOE para las elecciones europeas, el partido que dirige Pedro Sánchez considera que «el socialismo del siglo XXI será verde o no será» y, bajo esta premisa promete trabajar para combatir el cambio climático con mayor eficacia. Sus propuestas europeas pasan por crear un Fondo Europeo para la Transición Justa en las comarcas más vulnerables, la interconexión eléctrica, favorecer las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

El presidente del CSN pide «mimar» a sus técnicos y critica que desde Hacienda no les dejen viajar en business

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido en el Congreso la labor de su equipo durante sus 6 años de mandato y ha pedido especialmente que «mime» a sus técnicos, «reconocidos internacionalmente«, y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en business.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen pidió respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, «están mal pagados con respecto al sector», «trabajan los fines de semana desde casa» y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase business. «Lo hemos intentado por todos los medios», ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque «son personas que merecen la pena».

En su intervención, también ha destacado el «respeto» que existe en el pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. «Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto«, apuntó. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido «controvertida» y «cuestionada» por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña «a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos«, el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuando «no estaba despejadas las dudas técnicas», o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos con respecto a años anteriores, sí ha denunciado «carencias» en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad. En este sentido, Ten se ha referido a la formación del pleno que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo, «de manera vergonzosa», el Gobierno aprobó una propuesta de nombramientos para renovar el CSN tras «un acuerdo oculto» con Unidos Podemos.

Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear. Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de «politizar» el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamentaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, criticó que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los morados, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el PP está vetando a una persona «sólo por ser ecologista», una postura que, a su juicio, es «anticonstitucional». «Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable», ha recriminado Uralde a su homólogo popular, para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, «lucha por la defensa del planeta».

Por otra parte, el presidente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo 1 se clasificó como nivel 1 en la escala INES y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0). Del mismo modo, ha apuntado que en 2017 se han emitido 4 apercibimientos: a Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a Vandellós II y Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI). Por este motivo se propuso la apertura de un expediente sancionador a Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe, Martí Scharfhausen también destacó que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo. Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad.

El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón en España están en bancarrota, según Ribera

Europa Press.- El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón se encontraban en situación de bancarrota o suspensión de pagos en mayo del pasado año, por lo que no podían devolver las ayudas antes de diciembre para evitar su cierre con arreglo a la normativa europea. Así lo expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludiendo a que el Gobierno socialista tuvo que asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ante un vacío de «anticipación» por el anterior Ejecutivo.

Algo parecido ocurría con las centrales térmicas que, según Ribera, tampoco habían acometido las «importantes inversiones» necesarias para seguir llevando a cabo su negocio después de 2030, por lo que se enfrentaron a un problema que «les estalló en la cara». Por ello, en una respuesta al senador del PP, Alfonso Jesús Rodríguez, la ministra ha afirmado alejarse de la «demagogia» y ser «honesta» con los trabajadores, a los que «no va a dejar abandonados», algo que sí habría ocurrido con el cierre de las minas que tenía preparado el anterior Ejecutivo, según denunció Ribera.

Rodríguez ha criticado que España haya importado energía desde una central térmica de Marruecos, mientras que el Gobierno procede a cerrar las minas y las centrales en su propio país, calificando los 8 meses de Ribera al frente del Ministerio de «despropósito«. «Su transición no es ni transición ni justa», ridiculizó Rodríguez, al mismo tiempo que criticó las políticas llevadas a cabo por el Gobierno como «rápidas, express y sorpresivas». Sobre esta importación de energía procedente de Marruecos, Ribera ha señalado que obedece a la oferta y la demanda y que se vale de una interconexión entre dos continentes que lleva en funcionamiento desde 2006.