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El Congreso pide aumentar las primas a la cogeneración eléctrica y un plan para la renovación de las actuales plantas

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Europa Press.– La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno el aumento de las retribuciones a la cogeneración, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de las actuales plantas que permita mejorar su eficiencia. Este sistema de producción de energía permite obtener, al mismo tiempo, energía eléctrica y energía térmica, aprovechando el calor generado, y normalmente se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.

Solo el PP se abstuvo

La iniciativa, defendida por Compromís y finalmente acordada con PSOE y Unidos Podemos, ha sido respaldada también por Ciudadanos y Esquerra Republicana, mientras que el PP optó por abstenerse. El texto aprobado por el Congreso reclama concretamente «revertir los recortes en la retribución» incluidos en los decretos y órdenes donde se regula la producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, cogeneración y residuos, y «recuperar un régimen retributivo razonable que prime la eficiencia».

Asimismo, insta a «poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración para fomentar la alta eficiencia» para evitar su paralización, y que este plan incluya un informe que analice el potencial de la cogeneración, proponga retribuciones que la fomente e indique las necesidades de renovación de las centrales, así como procedimientos que incentiven sustituir combustibles y generar el menor impacto posible en el medio ambiente.

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

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Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.

Eximir a las grandes industrias de pagar la interrumpibilidad costaría 39 millones al resto de consumidores en la factura eléctrica

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Europa Press.- La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo Estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria en España. Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad. El Gobierno reconoce que, a la espera de su desarrollo, puede cuantificar un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 GW a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad, tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros. Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Por otro lado, el Gobierno también detalla el coste que tendrá para 2019 y 2020 la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración, y que supondría un total de 66 millones de euros para los dos años de vigencia de esta medida: 14 millones el próximo año y 52 millones para 2020. Tomando una media de retribución a la operación de 55 euros por megavatio/hora y una media de funcionamiento de estas instalaciones, el impacto de la medida se traduce en un incremento de la retribución de estas instalaciones de 26 millones de euros en 2019 y de 65 millones en 2020, con cargo al sistema eléctrico.

El Gobierno tramitará por vía urgente las condiciones técnicas y administrativas para regular el autoconsumo energético en España

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Europa Press.– El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado la tramitación mediante real decreto de las condiciones técnicas y administrativas que regularán el autoconsumo de energía en España. El Ejecutivo concluye que la tramitación ha de realizarse por vía de urgencia, dado que el real decreto-ley 15/2018, convalidado por el Congreso de los Diputados, establece el mandato al Gobierno de realizar este desarrollo reglamentario en 3 meses desde su entrada en vigor el pasado 6 de octubre.

En el decreto aprobado el pasado mes de noviembre se llevó a cabo una modificación profunda en la regulación del autoconsumo, eliminando entre otras medidas el denominado impuesto al sol, «con el objetivo de que los consumidores-productores de energía y la sociedad en su conjunto se beneficien de las ventajas que puede acarrear esta actividad en términos de menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global», indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, la norma recogía la necesidad de tramitar y de aprobar un reglamento que regule varios aspectos que permitan implementar completamente el autoconsumo. El Ministerio subrayó que, particularmente, era preciso regular las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, los mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW y la organización de un registro administrativo. Por ello, considera que la aprobación de una norma que regule estas cuestiones resulta «imprescindible y urgente». El Gobierno concluye que concurren circunstancias extraordinarias para autorizar que esta regulación sea tramitada de forma urgente mediante real decreto.

Reducir las emisiones de CO2 y usar más las energías renovables, principales soluciones de los españoles contra el cambio climático

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Europa Press.- Ocho de cada diez españoles (83,4%) consideran que existe el cambio climático y un 93% cree que la acción de los seres humanos, la industria, los coches y los gases están influyendo en este fenómeno. De ahí, que las principales medidas que los españoles sugieren contra esta situación son la reducción de emisiones invernadero y el uso de energías renovables.

Así se recoge en el barómetro del CIS, que incluye una serie de preguntas sobre el cambio climático y la percepción que tienen los españoles sobre diferentes aspectos. Los resultados muestran que dos de cada tres españoles considera que las inundaciones y fenómenos que se registraron en los últimos años son consecuencia del cambio climático, pero una mayoría (el 62,7%) cree que aun «se puede parar y dar marcha atrás». Asimismo, un 88% piensa que hay que modificar conductas, mientras que sólo un 4,1% no lo ve de esta manera.

Entre las medidas que los españoles creen que se deberían fomentar en la lucha contra el cambio climático destaca la reducción de emisiones, que defiende un 62% de los encuestados, seguido del uso de energías renovables (42,5%). La sustitución de coches que usan gasolina y gasoil por vehículos eléctricos e híbridos es, con un 23,2%, la tercera medida preferida de los españoles, antes de gestionar adecuadamente los residuos (21,6%). Poner impuestos a las industrias contaminantes o cambiar las calefacciones que usan combustibles fósiles son otras medidas que más apoyo reciben.

En cuanto a la labor de los partidos en esta materia, el 88% cree que le dedican poca o ninguna atención, siendo los partidos de izquierdas los que «más están haciendo por ocuparse del tema». Así lo piensa el 33,3% de los encuestados, frente al 2,8% que cree que son los de derechas quienes más se preocupan, y el 2,4% que respondió que son los partidos de centro. Aún así, el 31,9% cree que no hay «ninguno» que esté haciendo algo contra el cambio climático.

Por partidos, Podemos es el mejor valorado, pues lo marcaron un 9,8% de los encuestados. Le sigue con el 6,9% el PSOE, un 3,6% Los Verdes, un 2% el PP, un 1,5% PACMA, un 1,3% Ciudadanos, un 1,2% IU y con un 1% Equo. Aún así, el porcentaje más alto de esta respuesta, un 15,3% es «Ninguno«. Para la mayoría de los españoles, los partidos deberían dar mucha (36,9%) o bastante (44.6%) importancia a este tema en sus programas electorales. Sin embargo, la mitad de los encuestados (50,9%) reconocen que poco o nada les influye esta materia a la hora de votar a una formación.

Pedro Sánchez asegura que España alcanzará las cero emisiones de CO2 en 2050 y que será «pionera» en transición justa

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Europa Press.- Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar «en consonancia» con sus anuncios y que acelere la transición energética después de que haya asegurado que España reducirá sus emisiones invernadero en un 37% en 2030 y «al menos» un 90% en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición «pionera» para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está «lejos» de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015 en el Acuerdo del Clima de París. Eso sí, ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser «pionera» en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras.

Para Sánchez, este es el momento de «fortalecer» el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos del París. «La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático«, ha resumido el presidente. A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión «más ambiciosa» para asumir «mayores responsabilidades».

En ese sentido, indicó que su Gobierno quiere ir «más allá» de estos compromisos porque España es un país «vulnerable» al cambio climático. Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas en 2050 y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020. Asimismo, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es por la eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica para lo que se fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para los años 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza «no solo» a los inversores económicos, sino «especialmente» a los ciudadanos.

En concreto, resaltó que su propuesta es reducir un 37% las emisiones en 2030 y al menos un 90% en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. «La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso», ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda «viable» de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa «pionera» que tendrá en cuenta el impacto en zonas «más específicas» y «muy en particular» en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. «El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir, seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo», ha concluido.

Greenpeace: acelerar la transición energética

Por su parte, Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno a actuar «en consonancia» y acelere la transición energética, ponga fecha de cierre de energías sucias y emita señales claras para impulsar las energías renovables. La ONG ha respondido así a la intervención de Sánchez, quien ha reconocido que no se están cumpliendo las metas marcadas, y celebra que el presidente califique el cambio climático como un desafío «real y urgente» frente al que hay que actuar de forma conjunta.

Respecto al anuncio de una transición ecológica justa pionera en España, Greenpeace le recuerda que el plan de transición debe establecer fechas para el cierre de las energías sucias y peligrosas; dar señales claras para incentivar las inversiones en energías renovables y para la protección ambiental, además de aumentar los planes de formación en las regiones afectadas por la transición.

La responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha subrayado que además de justa la transición debe ser rápida porque no solo se trata de puestos de trabajo sino del «bienestar futuro» de las comunidades. «Los mejores trabajos están en un planeta vivo», destacó. Además, ve positivo la confirmación del apoyo de Sánchez a la declaración de Silesia sobre la transición justa y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para reclamar un aumento de la ambición climática en Europa.

Respecto a los objetivos futuros, Greenpeace ve «urgente» hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100% renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. Asimismo, le piden que el Plan Nacional de Energía y Clima incluya un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando terminen sus licencias actuales de explotación y que 2025 sea el límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.

El Gobierno reafirma el «compromiso» de España con la transición justa mientras Rivera pide que haya «consenso y no decretazos»

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Europa Press.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno que para la Ley del Cambio Climático y Transición Energética se llegue a «un acuerdo de consenso y no decretazos» de modo que el Ejecutivo, «en vez de gobernar por decreto, gobierne escuchando al Parlamento». Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó ante la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) el «compromiso» de España con la lucha contra el cambio climático en el marco de una transición justa.

Así lo indicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a esta cuestión y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno el 26 de octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea «aplicable de manera urgente» y que se pueda medir «lo lejos» que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Aportar compromisos ambiciosos en COP24

Asimismo, ha añadido que en la COP24 hay que hablar de «ambición» para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. «Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía«, ha manifestado. En ese sentido, ha afirmado que la postura y la ambición de España en la COP es «clara» y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció «claramente» que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030.

Ha admitido que estos objetivos repercutirán en «todos» los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan «credibilidad, certidumbre» y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo. A nivel nacional, manifestó la voluntad de participación en la elaboración del borrador de la ley de cambio climático al que en este momento, según ha precisado, se están incorporando las aportaciones recibidas. «Tenemos la esperanza de poder aprobarlo cuanto antes para realmente aportar esa ambición adicional de España para aportar el liderazgo que necesita España en esta transición energética», concluyó.

Rivera pide “consenso, no decretazos»

Por su parte, Rivera ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una ley de transición energética para consensuarla porque a este Gobierno le quedan meses, y por tanto el cambio climático no lo va a gestionar este Gobierno solo, sino que tendrán que ser futuros gobiernos y ser un asunto de Estado». En este sentido, el presidente de Cs avanzó que «si el PSOE quiere sentarse a hablar de una política energética de futuro para apostar por las energías limpias, estamos de acuerdo, pero no por decreto ya que esto es un asunto muy serio que hay que tratar en el tiempo y durará décadas».

Por ello, ha remarcado que no está de acuerdo en que «se haga por decreto», de ahí que haya solicitado al Gobierno que «escuche y se siente a negociar con los demás grupos, porque es un asunto de Estado, un asunto global», citando el acuerdo de París, por lo que «no se puede tomar por decreto», ha subrayado. En definitiva, el líder de Cs ha pedido al Gobierno que «abandone la política de decretos, que no sirve para nada, que vaya a las urnas, que convoque elecciones y que con un nuevo gobierno y con una nueva mayoría parlamentaria se llegue a acuerdos de Estado.

El PSOE recaba apoyos en el Congreso frente a la exigencia de la oposición de no elevar impuestos al diesel

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Europa Press.– El PP y Ciudadanos se han unido en el Congreso para reclamar al Gobierno que renuncie a elevar la fiscalidad al diesel por los posibles impactos que podría tener esta medida pero el PSOE recabó el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y EH-Bildu para rechazar ese posicionamiento.

La diputada del PP, Teresa Palmer, criticó que el Gobierno haya apostado por una subida de impuestos, en lugar de apoyar un aumento de las compras de vehículos eléctricos «a través de un sistema potente de ayudas e incentivos», y ha señalado que el aumento de la recaudación únicamente se traslade a este plan a partir de 2020. Por parte de Ciudadanos, su diputado Rodrigo Gómez ha lamentado que el Gobierno prepare estos cambios sin planificación ni consenso con patronal y sindicatos, y ha pedido al Ejecutivo actuar con acuerdos.

Frente a esta postura, Pilar Lucio, portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, ha señalado que el «desequilibrio fiscal» en los carburantes «no se justifica en un escenario de descarbonización», máxime cuando la comunidad científica ha demostrado la responsabilidad del diésel en las emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas, y su efecto sobre la salud. Pese a rechazar la iniciativa del PP, el resto de formaciones tampoco han garantizado su respaldo al Gobierno ante una futura subida del diésel, recriminando todas ellas la forma de proceder del Ejecutivo a la hora de avanzar sus planes en esta materia.

«No se puede ir a golpe de titular ni que los trabajadores sean los más perjudicados por el viejo modelo contaminante y también por la transición energética», ha lamentado Josep Vendrell, de Podemos, que detecta un «envoltorio ambiental, pero con fines recaudatorios» en la medida. Ferrán Bel, del PDeCAT, aclaró que su rechazo no avala las propuestas del PSOE, que deberán estudiar, así como ha manifestado Idoia Sagastizabal, del PNV, que ha pedido «no hacer demagogia» al respecto, por lo no considera «razonable» posicionarse ante una reforma aún no presentada.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, ve clave que la Administración ayude para que la descarbonización tenga éxito

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Europa Press.– El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que la Administración tiene que ayudar si quiere tener éxito en el proceso de descarbonización de la movilidad, que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040. El Ejecutivo socialista estudia una propuesta que contempla vetar la venta de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, así como impedir su circulación a partir de 2050.

En la comisión de Transición Ecológica en el Congreso, Morán indicó que para esta situación todavía quedan 22 años en el caso de la matriculación y consideró necesario tener un proceso de anticipación previo «suficientemente largo». Asimismo, resaltó la importancia de habilitar procesos de ayuda que permitan implementar el tránsito del modelo convencional al nuevo, ante lo que señaló que la Administración tiene que ayudar. «Es un proceso nada menor, por lo que los esfuerzos privados y públicos van a ser considerables y cuanto más largo sea el período de aplicación de las medidas, más capacidad habrá para minorar las consecuencias de los impactos», añadió.

En esta línea, destacó la relevancia de dar certidumbre a las empresas y también herramientas adecuadas para que tomen decisiones en perspectiva de que el retorno de las inversiones tenga un período de tiempo suficiente, con un proceso de anticipación «suficientemente largo». «El Gobierno no toma sus decisiones en términos de medición de votos, sino de medición de vidas. Este compromiso se basa en la salud de los ciudadanos. Por encima de cualquier cosa, el cambio tecnológico se tiene que basar en la salud de los ciudadanos», añadió el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».