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La Eurocámara aprueba que el 32% del consumo energético proceda de fuentes renovables y la eficiencia energética alcance el 32,5%

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Europa Press.– El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.

Las 3 deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros). Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París». «Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático», subrayó el socialista.

Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.

Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2019 y cada 10 años desde entonces.

El PSOE garantiza que el Gobierno facilitará en menos de 3 meses los cambios de la potencia eléctrica contratada

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Europa Press.- El PSOE se comprometió en el Congreso a impulsar en menos de 3 meses los cambios legislativos dirigidos a cumplir con varias proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara Baja, entre ellas la relativa a facilitar los cambios en la potencia eléctrica contratada para ajustarla a las necesidades del momento y favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. Su objetivo es evitar que las mociones y PnLs no se queden «en una mera declaración de intenciones».

Su portavoz de Energía, Pilar Lucio, ha asegurado que no sólo apoyará la iniciativa defendida por Esquerra Republicana en el Pleno para exigir este cumplimiento, sino que garantiza que el Gobierno así lo hará en el plazo indicado de 3 meses. «Se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita«, comprometió Lucio, que ha asegurado que el Gobierno ya trabaja, a partir de los Ministerios de Transición Ecológica e Interior, en la actualización de los planes de emergencia nuclear de las centrales de Ascó (I y II) y Vandellós (II), y que la nueva Ley de Cambio Climático incluirá el establecimiento de las redes eléctricas cerradas.

Asimismo, los republicanos reclamaban que el Gobierno haga efectiva una proposición no de ley aprobada hace menos de un mes, en octubre, en la que pedía facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, eximiendo de trámites administrativos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo, a excepción de una notificación previa a la conexión. Con esta iniciativa el Congreso reclamó habilitar que una instalación de autoconsumo pueda ser gestionada por un tercero, y definir una tramitación administrativa simplificada adecuada a las características de las instalaciones de autoconsumo.

Otra medida reivindicada por ERC en su moción es garantizar que se da un correcto uso de los datos de los consumidores en la sustitución de los contadores inteligentes. El texto aprobado pedía garantizar que el acceso a la información se hiciera mediante «un portal neutral», evitando así una posible posición de dominio por parte de la empresas distribuidora y comercializadora a la que esté vinculado el punto de suministro.

La iniciativa encontró el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y Compromis. El portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, recordó que las medidas cuya aplicación exige ya han sido aprobadas en el Congreso. Asimismo, defendió que su puesta en marcha mejoraría la competitividad, como los cambios de potencia o la introducción de una tarifa estacional para pymes, o permitir en redes cerradas que diferentes industrias contaran con una sola conexión a la red.

ERC recordó que el Congreso acordó en 2017 obligar a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa y potencia contratada ya permitir las variaciones voluntarias del consumidor en caso de contar con un contrato de potencia estacional. Este contrato, al que podrían acogerse pymes y cooperativas, establecería diferentes valores de potencia para cada período del año, así como tarifas y condiciones técnicas de acceso. Para cada período tarifario se contrataría una potencia, aplicable durante todo el año, y se podrían acordar cambios en la tarifa según las necesidades del cliente.

También en febrero de 2017, el Congreso instó al Gobierno a revisar, modernizar y adecuar los planes de emergencia nuclear de las centrales de Tarragona, redefinir los planes de todas las centrales para contemplar a los municipios dentro del radio de entre 10 y 20 kilómetros desde la instalación y equiparar sus mecanismos de protección civil ya incluidos en zonas más cercanas. Por otro lado, la iniciativa aprobada en mayo de 2017 sobre redes energéticas cerradas apostaba por el desarrollo de la regulación para su implantación, prevista en una directiva europea de 2009, y el desarrollo de la figura del agregador de demanda y oferta.

Tras su intervención, varios de los diputados intervinientes subrayaron la importancia de este tipo de enfoques con el fin de apremiar al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Cámara Baja. Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos, apuntó que se trata de «un toque de atención» tanto al Ejecutivo actual como a su predecesor. Enric Bataller, de Compromís, cree necesario conocer qué se ha tomado en consideración por parte del Gobierno de lo aprobado en las Cortes, mientras que Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha lamentado «la poca credibilidad de la que gozan las proposiciones no de ley». En este sentido, ha instado a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso.

Las únicas formaciones que han declinado dar su apoyo fueron el PNV, que apostó por abstenerse pues no comparte las resoluciones «en su literalidad», y el PP, cuyo diputado José Manuel Juncal ha instado a «esperar a tener bien definido el sistema eléctrico» que propone el Gobierno, y por ello ha avanzado su voto en contra. «Esperemos a ver ese árbol, porque igual nos encontramos un árbol frondoso y bonito, o bien un árbol chamuscado. Vistas las experiencias con el PSOE, me espero lo peor», ha lamentado el diputado popular.

Castilla y León aprueba la ley que gravará los residuos de Garoña con críticas de Ecologistas en Acción

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Europa Press.- Ecologistas en Acción advierte de que el impuesto a Garoña «no protege el medio ambiente» después de que el PP fuera el único grupo con representación en las Cortes de Castilla y León que ha respaldado la Ley que regula el impuesto que gravará los residuos de la central nuclear de Garoña tras su cierre con el objetivo de recaudar unos 15 millones de euros para reinvertirlos en la zona. PSOE y Ciudadanos votaron en contra mientras Podemos e IU se abstuvieron.

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos para ampliar la recaudación de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora. La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un «escarnio» ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que «el Estado ya grava».

Pataleta de la Junta autonómica

«Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas decide cerrarla«, ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta, después de negarse a gravarla por razones medioambientales, plantean ahora un impuesto por dejar de producir. Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es «una cortina de humo» porque la Junta sabe «que no va a recaudar ni un solo euro». «Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo«, ha lamentado, tras lo que acusó a Podemos de ser «cómplice» de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto, ha señalado que finalmente estas cuantías «las acabarán pagando los ciudadanos» porque repercutirá «en el recibo de la luz«. No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos, Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. «No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles», ha zanjado. Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se abstuvo en la votación y considera que la recaudación no va a lograr que se haga «gran cosa en la zona». «Nuclenor va a pagar muy poco», ha concluido.

«No protege el medio ambiente»

Por su parte, Ecologistas en Acción ha advertido de que el impuesto a los residuos «no protege el medio ambiente», al tiempo que ha pedido que los fondos obtenidos con este gravamen se destinen a inversiones ambientalmente «sostenibles y beneficiosas para la sociedad«. En este sentido, la organización ecologista ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León por apostar por la continuidad de la central. Asimismo, apunta que «para poder hablar de fiscalidad verde», el impuesto «debe destinarse a fines que compensen ese impacto», como «modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías».

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

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Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

Montero asegura que la subida del diésel no tiene afán recaudatorio» sino que busca preservar el medio ambiente”

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Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina que prepara el Gobierno no tiene un «afán recaudatorio«, sino «preservar el medio ambiente» y «cuidar la salud de los ciudadanos».

Así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel no afectará a las clases medias y trabajadoras, en donde ha asegurado que la propuesta intenta que aquellos que más tienen aporten «algo más» para contribuir a las arcas públicas con el fin de «consolidar» el Estado de bienestar, mientras que se bajará la fiscalidad a los que facturen menos.

La senadora popular ha criticado que el sistema fiscal «ataca directamente» al empleo, al ahorro y a la inversión, por lo que cree que los más humildes «pueden pasarlo muy mal». También advertía que el 30% del tributo «lo van a sufragar agricultores, usuarios de calefacción diésel, conductores y autónomos» y en cambio «el coche lo van a disfrutar otros».

De esta forma, ha acusado al Gobierno de convertirse en la «antítesis de Robin Hood» ya que «roba a los pobres para dárselo a los ricos», y ha indicado sobre la fiscalidad que «lo único verde es la gestión y planificación de recursos públicos, que es pura y llanamente recaudatorio». «Nos van a meter en la misma trampa que con las energías renovables, que por llegar los primeros pagamos más que nadie y condujo al déficit tarifario”, auguró la senadora.

Del Brío criticó que el Gobierno prevé recaudar más por esta subida impositiva que por el alza de impuestos a las rentas altas. En concreto, la subida del diésel elevará la recaudación por este impuesto en 670 millones de euros, por encima de lo que prevé ingresar por la subida de impuestos a las rentas más altas (323 millones por el alza del IRPF y 339 millones por la subida de Patrimonio). Por su parte, la ministra aseguró ver una «falta de respeto» las palabras vertidas por la senadora, que a su juicio intentan «desacreditar» la fiscalidad verde, y esgrimió que las subidas impositivas en materia medioambiental tratan de ser «disuasorias» de comportamientos agresivos medioambientales.

Cataluña asegura que el Gobierno se compromete a retirar el recurso a su ley autonómica de cambio climático

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Europa Press.- El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a retirar el recurso del Estado contra la Ley catalana de cambio climático. En este sentido, Calvet considera “necesario que el Gobierno del PSOE retire el recurso para garantizar que se aplica esta legislación; si no, estaríamos pendientes que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional nos tumbase estos mecanismos de lucha contra el cambio climático«.

El Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley, excepto para determinados artículos relacionados con el fracking, pero la Generalitat ha señalado que es necesaria la retirada del recurso para garantizar el pleno despliegue de la norma. Calvet mantiene que la Generalitat no cambiará la legislación, «ni una coma», porque quiere que las partes que afectan a la fiscalidad pueda ser operativa ya que considera que es una normativa útil, moderna y avanzada. Por ello, asegura que el compromiso de la ministra, que «llegó a alabar» la ley, se mantiene, y remarca la importancia de poder aplicar plenamente la normativa.

El Congreso convalida las medidas para abaratar la luz aunque las tramitará como proyecto de ley para introducir cambios

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Europa Press.- El Congreso ha convalidado el decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo. El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, extendiendo todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

La convalidación ha sido respaldada por el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Ciudadanos y UPN se han abstenido. Únicamente Foro Asturias se ha opuesto. Tras la votación, el Congreso ha aprobado la tramitación de esta norma como proyecto de ley, con el fin de poder introducir cambios, una decisión respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja, con la sola excepción del PNV, que ha votado en contra porque ya consiguió fijar los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación jeltzale que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas del País Vasco.

Con el decreto ley, el Gobierno socialista aumenta los supuestos en los que puede accederse al bono social, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz. Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

El acuerdo establece que la renta será ahora el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal. Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar «íntegramente» esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará según la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor. Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a 4 meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que contará con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra 1 de cada 10 hogares que tienen concedido el bono social eléctrico. Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%). En el otro extremo se encuentran las ciudades autónomas y provincias de menos población como Soria (0,2%).

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante 6 meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, espera que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes. Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde Convergència.

Unanimidad en el Congreso para pedir al Gobierno recursos para que el IDAE articule una estrategia «ambiciosa» de eficiencia energética

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Europa Press.- La Comisión de Transición Ecológica del Congreso apoyó por unanimidad una proposición no de ley del PSOE por la que reclaman al Gobierno recursos para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) con el objetivo de aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, que se sitúe entre las prioridades de la política energética del país.

El texto, que ha contado con aportaciones de Ciudadanos y ERC, cuenta con una decena de puntos que buscan «el impulso de la eficiencia y el ahorro energético», según explicó el portavoz socialista en este debate, Marc Lamuà. Entre las medidas que se reclaman, destacan la petición al Ejecutivo para aprobar un plan estratégico que incluya actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética. Además, se propone impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda y revisar las normas de edificación y rehabilitación, así como desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

Asimismo, también pide fomentar cambios sustanciales en nuestra movilidad, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental. Del mismo modo, apuesta por reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas y apostar decididamente por las energías renovables para reducir el consumo energético.

Apuesta por la economía verde

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno a impulsar un plan para promover una transición hacia un estilo de vida sostenible, que tenga impacto sobre la educación, la economía y el sistema social. La propuesta, promovida por el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobada después de haber pactado dos modificaciones de la propuesta para incluir las enmiendas de ERC y de Cs. Así, la primera señala que el plan deberá elaborarse de acuerdo con las comunidades autónomas a las que se dotará de fondos proporcionales y suficientes para aplicar estas políticas en sus territorios de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por otro lado, la iniciativa insta también al Gobierno a presentar cuanto antes un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y la transición energética, que remita a la Unión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a aprobar la Estrategia Española de Economía Circular y que incorpore medidas dirigidas a fomentar una administración sostenible.

El portavoz socialista en la Comisión para la Transición Ecológica, Ricardo García Mira, cree que una respuesta institucional al reto de la sostenibilidad ha estado muy fragmentada hasta el momento y, a pesar de que se han promovido campañas de concienciación, hay «algunos aspectos aún controvertidos». Por ejemplo, señala que «no está claro» hasta qué punto los ciudadanos afrontan los retos ambientales con cambios de estilo de vida, algo que «exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos» si se quiere observar algún impacto en la vida cotidiana. «Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad», ha defendido.

Una movilidad con menos emisiones

Esta estrategia incluirá la renovación del parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas; aumentar la compra pública inteligente y sostenible; la adaptación de edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo, la reducción de los residuos generados y aumento del reciclado, la reutilización de agua y reducción del consumo neto de agua. El plan para impulsar un nuevo estilo de vida sostenible debe incorporar un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, sobre todo de los grupos de interés medioambientales y de la economía, para poder poner en contexto el significado e impacto de distintos modelos económicos que se basen en la economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.

El plan deberá consultar también a las iniciativas que ya en la actualidad contribuyen a reducir el impacto ambiental en áreas de relevancia, como la movilidad o el consumo. Al mismo tiempo, este plan irá acompañado de un programa de apoyo e incentivos económicos de estas iniciativas empresariales de economía verde, sobre todo las más innovadoras y que tengan un mayor impacto social. También habrá de facilitar el conocimiento y la implantación de alternativas de estilos de vida sostenibles según las recomendaciones del Acuerdo de París contra el cambio climático.

También prevé una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del actual comportamiento sobre el cambio climático y que refuerce la idea de la necesidad de cambiar de vida para responder al reto de la sostenibilidad. Igualmente, incluirá incentivos a la utilización de transporte público y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las ciudades.

Vara recuerda al Gobierno que la nuclear de Almaraz no cerrará sin alternativa y apuesta por las renovables

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado al Gobierno que la central nuclear de Almaraz «no podrá tener cierre» si antes no hay una alternativa para la región tanto en materia energética como en materia de empleo, y apuesta por las renovables.

En este sentido, Vara trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sus demandas e indicó que Ribera es más de «llaves para abrir que de llaves para cerrar», en alusión a Almaraz, cuya licencia caduca en 2020. Así, Vara ha explicado que con los proyectos de energía fotovoltaica comprometidos en Extremadura, que suponen la producción de 5.000 megavatios entre 2018 y 2021, el sector de la energía demuestra que es el futuro de la región. Por esto, ha pedido que aquellas regiones que han tenido «una potencia energética alta», tanto por lo hidráulico como por lo nuclear, sean «cuidadas especialmente». Así, ha explicado que una vía podrían ser las «subastas especiales para determinados territorios que permitan alternativas».

Se necesita capacidad de evacuación

Sobre los proyectos de fotovoltaicas, Vara ha recordado que la región tiene agotada su capacidad de evacuación debido a la actual situación de la red eléctrica de transporte. Así, ha trasladado también a la ministra la necesidad de que, en la nueva planificación eléctrica que se prepara, sean conscientes de la realidad de la región. «Que sean conscientes de que hay una comunidad donde hay demanda de casi más de 9.000 megavatios nuevos, además de los 5.000 que están previstos para los próximos años», subrayó.

Vara ha añadido que la construcción de esas plantas fotovoltaicas supondrá una inversión para la región de 3.000 millones de euros, y ha matizado que la inversión es privada y que supondrá miles de puestos de trabajo. Esos empleos, a su juicio, podrán tener continuidad con futuros nuevos proyectos, ya que, tal y como recordó, «el cambio climático es una realidad innegable», y en este tipo de sectores «estarán los nuevos empleos del siglo XXI».

“Carpetazo” al ATC “en breve”

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que la intención del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, es la de «dar carpetazo» al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares ideado en la localidad conquense de Villar de Cañas. En este sentido, aseguró que ha podido certificar un «claro cambio de posición» con respecto a la intención del anterior Gobierno de Mariano Rajoy. «Desde la perspectiva política damos por cerrado el debate. Preveo que la decisión del Gobierno se hará firme sin tardar y habrá un cerrojazo definitivo», asevera.

El Gobierno y Unidos Podemos reformarán el bono social eléctrico y crearán uno general que incluirá el gasista

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Europa Press.- El Gobierno y Unidos Podemos han acordado realizar una reforma «profunda» del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que «cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía. Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación. La actual normativa establece que son las comercializadoras eléctricas las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las 5 grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo, cubren más del 95% del coste total.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos en el bono social eléctrico y en el decreto de medidas urgentes.

Además, acordaron presentar en el plazo de 4 meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contará para su elaboración con la colaboración de las comunidades autónomas y entidades locales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las asociaciones de consumidores, los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

Fomento del autoconsumo de electricidad

También han pactado como medida para fomentar el autoconsumo eléctrico establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo que deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad. Además, deberán establecerse mecanismos simplificados de compensación de la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

En lo que respecta a las renovables, aprobarán un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes con el objetivo de recuperar «el atractivo de invertir» en ellas para enviar las señales adecuadas para el abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento de los objetivos internacionales, la seguridad de suministro y el impacto positivo que ejercen en el precio. Para ello, también se modificarán los requisitos de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

También se introducirán modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 para dotar de estabilidad al marco retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y «para garantizar una rentabilidad razonable a largo plazo» a los activos que gozaban de régimen económico primado antes de la entrada en vigor de la nueva normativa y que no pudieron adaptar sus esquemas de inversión a un marco que no conocían. Este aspecto es uno de los puntos a los que se habían comprometido con estos inversores en renovables afectados por el recorte tanto Unidos Podemos como el PSOE.

Por otra parte, se pondrá en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de 4 años y con una movilización de 400 millones cada año. Este plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total. También se dotará de continuidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el nuevo periodo 2021-2030, que contará con al menos 200 millones de euros anuales.