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Iglesias traslada a Competencia su preocupación ante el «escándalo» de la subida de la luz y reclama bajar el IVA

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Europa Press / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al Gobierno que baje el IVA del recibo de la luz del 21% actual al 4% o al menos al 10%, que suprima el llamado impuesto al sol, grave las centrales nucleares y recupere la titularidad pública de las hidroeléctricas. Así lo ha hecho tras trasladar al organismo regulador CNMC la preocupación instalada en su partido ante el «escándalo» de la subida de la luz y la «ineficacia» demostrada por el Gobierno.

Iglesias recordó que Podemos reclama explicaciones a la CNMC en sede parlamentaria ante la Comisión de Energía sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.»En este país la factura de la luz es un escándalo y el Gobierno de nuestro país ha demostrado una enorme ineficacia a la hora de proteger a los consumidores, a la hora de proteger a la gente, completamente vulnerable ante unas tarifas de la luz, inexplicablemente altas, muy difíciles de comprender. «Además, las subidas en la tarifa eléctrica no solamente hacen sufrir a mucha gente sino que también afectan a los derechos de los consumidores, a la actividad de las pequeñas y medianas empresas y al trabajo de los autónomos», resaltó.

Asimismo, Iglesias ha incidido en que el Gobierno «sigue sin hacer nada» mientras «los españoles pagan una factura de la luz absurdamente alta» y ha reiterado el compromiso de su partido para «seguir defendiendo la dignidad» de España para que «no haya gente a la que se le corte el suministro por no poder pagar», algo que consideró “vergonzoso”. Por todo ello, ha denunciado «tanto la irresponsabilidad y las prácticas oligopólicas de las grandes empresas como la connivencia con un Gobierno que sigue permitiendo una realidad absurda como las puertas giratorias y que no toma medidas que podría tomar perfectamente».

El pool cae a mínimos

Mientras tanto, el precio de la electricidad se situó en una media de 47,77 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 48% menos que el máximo de 91,88 euros alcanzado este año, según datos recogidos a partir del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio representa el nivel más bajo desde que arrancó el año 2017, después de que la segunda quincena del mes de enero haya estado marcada por los picos en el precio de la electricidad.

De esta manera, el precio de la electricidad vuelve a situarse en precios normales, después de que la ola de frío de la segunda quincena de enero llevara a marcar los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el pool llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado.

En enero, el mercado se ha visto afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se redujo y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles incrementó los costes de producción de las centrales de carbón y gas. El mercado mayorista, conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación horaria, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Rajoy asegura que el sector eléctrico está “auditado de una manera continua” y rechaza las medidas propuestas por Iglesias (Podemos)

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Redacción / Agencias.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó las propuestas que le ha planteado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras las últimas subidas del precio de la luz y ha defendido que el modelo eléctrico «está auditado y se audita de una manera continua» por lo que ha insistido en que no se plantea medidas adicionales tras la pregunta de Iglesias sobre cuánto tiene que subir el precio de la electricidad para que el Gobierno «tome cartas en el asunto».

Iglesias le propuso a Rajoy en el Congreso cinco medidas para abaratar el recibo eléctrico: hacer una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España y, si refleja que están muy alejados del precio final, acometer un cambio del sistema de fijación del precio y limitar los «abusos del oligopolio«. De hecho, Rajoy aseguró estar sólo de acuerdo con la primera, si bien ha matizado que «el modelo ya está auditado y se audita de manera continuada».

Asimismo, Iglesias planteó gravar los denominados beneficios caídos del cielo de las centrales nucleares e hidroeléctricas; recuperar la gestión pública de estas centrales hidroeléctricas «cuando caduque la concesión», para «evitar que se esté especulando sobre el agua embalsada»; suprimir el impuesto al sol para favorecer el autoconsumo, y reducir el IVA del recibo del 21% actual al superreducido del 4% o «al menos» al reducido del 10%, en línea con países como Italia (10%), Reino Unido (5%) o Bélgica (6%).

Rajoy vinculó las subidas de precios de este mes tanto a la evolución de las materias primas en un 112% del petróleo, un 130% el gas y un 113% el carbón, y a las condiciones meteorológicas con menos agua y viento que obligaron a producir con centrales más caras. Rajoy recordó que estas subidas afectan a la parte de energía del recibo, que suponen alrededor del 35%, mientras que los peajes que fija el Gobierno y que suponen un 40% llevan tres años congelados e incluso bajaron un 2,8% el año pasado. Rajoy también reivindicó que sin las medidas tomadas para poder congelar esos peajes «estaríamos en una situación peor».

En este sentido, Rajoy ha indicado que la situación de parálisis de varias centrales nucleares en Francia también contribuye al encarecimiento del recibo de la luz. De hecho, Rajoy apuntó que esta situación también se está viviendo en otros países, como Francia, Suiza, Italia o Bélgica, en donde el precio de la electricidad «ha subido más que en España«. El presidente subrayó que producir electricidad con energía hidroeléctrica, «agua o viento», es más barato que con petróleo. «Esto es increíble que haya que explicarlo, porque parece que no se entiende, pero es así. Las condiciones meteorológicas no han ayudado», sentenció.

Iglesias le ha vuelto a afear a Rajoy la presencia de políticos en los consejos de administración de las eléctricas. ¿No le parece impresentable?», le ha apuntado Iglesias. El mercado eléctrico mayorista (pool) cerró enero con unos precios elevados, prácticamente el doble que hace un año, que se traducirán en un alza del recibo de la luz de alrededor del 28,56% para los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones del total de 25 millones de consumidores eléctricos.

El Congreso de Perú elimina el impuesto en su factura eléctrica para financiar el Gasoducto Sur Peruano

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EFE.- La comisión permanente del Congreso de Perú aprobó de forma unánime eliminar un impuesto en los recibos del servicio eléctrico para financiar el Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuya construcción está paralizada a raíz de que el consorcio concesionario devolviera el proyecto al Gobierno.

El parlamento peruano remitirá de inmediato la norma al Ejecutivo, que tendrá 150 días naturales después de su promulgación para reglamentar la ley y devolver el importe a los usuarios del servicio energético. En el debate parlamentario intervino el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien estuvo de acuerdo con dejar sin efecto este cargo. La presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, autora del proyecto de ley, defendió que las devoluciones deben tener efectos desde enero de 2015.

El impuesto eliminado se llama Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE) y servía para subsidiar al concesionario del gasoducto, de modo que sus ganancias durante los primeros años de operación, cuando el transporte de gas sería menor, fuesen iguales a los años posteriores, cuando operase de manera completa. El impuesto fue creado por el gobierno del presidente Ollanta Humala y actualmente implicaba un cargo adicional del 2,87% sobre el consumo mensual de electricidad.

La concesionaria Gasoducto Sur Peruano, compuesta por la constructora brasileña Odebrecht, la energética española Enagás y la constructora peruana Graña y Montero, devolvió la concesión al Gobierno por no haber logrado la financiación necesaria en el plazo marcado por el contrato. El proyecto Gasoducto Sur Peruano prevé una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.

La factura de la luz se abarató un 10,59% en 2016, lo que supuso un ahorro de 89,34 euros

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 754,56 euros en su factura de la luz de todo el año 2016, por lo que esta factura se redujo en un 10,59% respecto a los 843,9 euros de 2015, lo que supuso un ahorro total en el recibo eléctrico de 89,34 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 754,56 euros abonados en los 366 días del 2016, 184,99 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable respecto a 2015. Del resto de la factura de 2016, 408,28 euros obedecen al consumo, 30,33 euros al impuesto eléctrico y 130,96 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras a la baja respecto a los 478,53 euros de consumo de 2015, 33,92 euros de impuesto eléctrico y 146,46 de IVA para sumar los 843,9 euros de la factura del año pasado.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia de un matrimonio con dos hijos. Del mismo modo, la factura media en el mes de diciembre de 2016 fue de 74,77 euros, un 3,98% más que los 71,91 euros registrados en diciembre del 2015. Esta subida ha provocado el anuncio de la CNMC de estudiar las razones de la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista (pool). 

Nadal: “Hubo precipitación del Gobierno socialista con las renovables por ideología e intereses”

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EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asevera que con las energías renovables el Gobierno socialista se «precipitó por ideología e intereses». En una entrevista con el diario El País, Nadal explica que «el gran problema que hubo en las políticas que llevaron al déficit tarifario fue que se tomaron decisiones como si la tecnología hubiera avanzado cuando no lo había hecho, y el coste todavía era muy alto».

«Fue una precipitación clarísima por un deseo ideológico, aparte de que siempre hay intereses detrás de las cosas», señala el ministro de Energía, que añade que con más paciencia, no habría sido tan caro ni se tendría esa gran hipoteca a 25 años por las primas. Agrega Nadal que «no hay que dejarse presionar por los intereses económicos» y que el Gobierno estará vigilante con los precios de los carburantes.

En ese sentido y tras recordar que las subidas de impuestos corresponden a Hacienda, el ministro de Energía manifiesta que en un contexto de subida del petróleo, el aumento de impuestos energéticos no le gusta. Destaca que «las prioridades de esta cartera son la eficiencia energética y las renovables» y que «la mejor energía es la que no se consume y, por tanto, no se tiene que producir«. «He solicitado al Banco Europeo de Inversiones financiación para el plan Juncker. Supondrían por lo menos 200.000 empleos en construcción y se crearían empresas especializadas«, explicó Nadal.

La recaudación por el impuesto de hidrocarburos sube un 8,5% y por el impuesto de la electricidad cae un 8,3%

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Servimedia.- La Agencia Tributaria recaudó 7.923,1 millones de euros entre enero y septiembre de 2016 con el impuesto de hidrocarburos, lo que supone un 8,5% más que en 2015 (7.300 millones). De la cuantía total, 2.793,6 millones los recaudó el Estado, algo más de 5.028 las comunidades autónomas y casi 101 lo hicieron las corporaciones locales.

Tendencia diferente se observa en el impuesto que grava la electricidad, pues la Agencia Tributaria ingresó 967,4 millones de euros hasta septiembre, un 8,3% menos que en 2015. En este caso, el Estado recaudó cerca de 159 millones de euros y en las comunidades autónomas la cuantía ascendió a 809,3 millones. Por otra parte, con los impuestos al carbón se ingresaron 158,4 millones, íntegramente por parte del Estado, un 27,4% menos que el año anterior.

Unesa señala que España ha pasado a ser importadora de energía por los impuestos aplicados al sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- España pasó en 2015 de ser una exportadora neta de energía a tener un saldo importador, un cambio en el sentido de los intercambios internacionales vía interconexiones que la patronal Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) vincula, entre otros aspectos, a la mejora de las interconexiones y a la mayor carga impositiva a la producción eléctrica en España. Unesa también prevé que este 2016 se mantenga ese saldo importador del sistema.

«Es un problema de precios; hasta hace un par de años el precio del mercado español era atractivo para ser exportador, pero ahora hay más impuestos que encarecen nuestra producción», argumentó el presidente de Unesa, Eduardo Montes, que destacó que 2015 fue un ejercicio en el que el consumo de energía creció un 1,4%, hasta los 236.651 millones de kilovatios hora (kWh), lo que supone una «buena noticia, ya que rompe con la tendencia descendente de los últimos años». Para este año, Montes vaticinó un estancamiento en la demanda, ya que «no va a haber crecimiento» y va a estar prácticamente en línea con 2015.

Precio menos competitivo por impuestos

De vuelta a las cifras del año pasado, Montes explicó que la diferencia entre el alza de la demanda y la de la producción, que creció un 0,1%, se debe a ese cambio en el flujo de los intercambios internacionales. Un cambio que vinculó a la menor competitividad del precio de la electricidad en España, encarecido tras los impuestos aplicados en el marco de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar la generación de déficit de tarifa.

En este sentido, el presidente de la patronal de las principales compañías eléctricas destacó como uno de los hechos más destacados de 2015 la importancia de haber atajado la generación del déficit de tarifa eléctrica. «Se ha hecho a costa en mucha parte de las compañías y sobre todo de las de Unesa, pero hay que reconocer que se ha reconducido», afirmó Montes, quien destacó que era un problema «muy gordo y complicado» que no podía permitirse. La liquidación definitiva de 2015 hará que el ejercicio se cierre sin déficit, incluso con un ligero superávit, y tampoco se generara más déficit este año, avanzó Montes.

Este año caerá el carbón

Por otro lado, Unesa estima que la aportación del carbón a la producción eléctrica en el año 2016 se reducirá en torno a un 40% y que se incrementará alrededor del 12,5% la de las renovables. Montes explicó que los cambios en la producción se explican por razones climáticas, ya que tanto la hidráulica como la eólica aumentarán a costa básicamente del carbón. Con ello, la producción de electricidad libre de emisiones alcanzará el 70%.

De vuelta al balance de 2015, Montes ha recordado que la producción de las tecnologías convencionales supuso el 62,6% de la producción total de España y el régimen con retribución específica el 37,4% restante. 2015 fue un año poco favorable climáticamente para las renovables, la mayor aportación fue de la nuclear y del carbón, que se situaron en torno al 20%, seguidas de la eólica, con el 17%; el gas natural, con el 11%; la hidráulica, con el 9%, y la solar, con el 5%.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El Senado rechaza instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética

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Europa Press.- El Senado ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética. En concreto, la propuesta ha sido rechazada durante el pleno de la Cámara Alta por 138 senadores y apoyada por 109. Se ha producido además una abstención.

El grupo parlamentario proponía aplicar un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para el gas y la electricidad y realizar una auditoría sobre todo el sistema eléctrico y los «costes reales» del sector y otra sobre el déficit tarifario, según recogía la propuesta. Asimismo, Podemos pedía ampliar el bono social para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que su concesión se base en la renta familiar a través de criterios «claros, transparentes y homogéneos», tanto para viviendas de alquiler como en propiedad. Además, proponía que se responsabilizara a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales.

La propuesta incluía también la exigencia a las empresas suministradoras de «mayor y mejor información» sobre los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, los servicios energéticos, las medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de bonos sociales, así como de la publicación trimestral del número de consumidores que no pueden abonar la factura y de los afectados por cortes de suministro. Podemos buscaba con su propuesta que la energía se considere “un bien público para que se garantice que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y otros servicios energéticos básicos a un precio justo”.

Además, el grupo parlamentario pedía regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos. Otra de las medidas que Podemos propuso es legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de forma que no se puedan llevar a cabo suspensiones sin que haya un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las familias, así como que se garantice la garantía de suministro en momentos críticos en forma de «tregua invernal».

La Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (AVAESEN) pide eliminar el impuesto a la producción para las plantas renovables

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EFE.- La Asociación de Empresas de la Energía (Avaesen) reunirá, con motivo de la Feria de las Energías (Egética) que se celebra en Valencia el 28 y 29 de septiembre, a empresas del sector de las energías renovables, dirigentes políticos y asociaciones de consumidores para pedir que se sumen a la petición para que el nuevo Gobierno elimine el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) para las fuentes de origen renovable.

La Ley 15/2012 crea este impuesto, un gravamen del 7% para toda actividad de producción de energía eléctrica. Según el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, se trata de un impuesto «injusto y que lastra a las energías renovables» ya que «tenía una finalidad ambiental que nunca ha cumplido, a lo que se une que las renovables ya suponen un beneficio ambiental». Además, «es un lastre añadido para instalaciones que ya padecen una legislación retroactiva, lo que coloca a España en la cola mundial de impulso e inversión en renovables«, añadió.

Según Avaesen, la recaudación de todo el sector energético español por este impuesto ascendió a 1.261 millones de euros en 2013 y 1.459 millones de euros en 2014, de los que las renovables supusieron 694 y 607 millones respectivamente. La patronal valenciana de la energía liderará una respuesta de las asociaciones sectoriales a nivel nacional para solicitar que se exima de ese impuesto a las fuentes de generación renovable, como forma de relanzar un sector «en el que apenas hay nuevas instalaciones, las trabas son grandes y la legislación cambiante no genera confianza», según Lacruz.

La patronal energética ha añadido que la petición viene respaldada con una base jurídica, ya que Tribunal Supremo, en dos autos de 2016, ha planteado cuestión de inconstitucionalidad por los preceptos de la ley que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica por considerar que podrían vulnerar el principio de capacidad económica que proclama la Constitución, por gravar dos veces el mismo hecho impositivo.