La Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (AVAESEN) pide eliminar el impuesto a la producción para las plantas renovables

EFE.- La Asociación de Empresas de la Energía (Avaesen) reunirá, con motivo de la Feria de las Energías (Egética) que se celebra en Valencia el 28 y 29 de septiembre, a empresas del sector de las energías renovables, dirigentes políticos y asociaciones de consumidores para pedir que se sumen a la petición para que el nuevo Gobierno elimine el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) para las fuentes de origen renovable.

La Ley 15/2012 crea este impuesto, un gravamen del 7% para toda actividad de producción de energía eléctrica. Según el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz, se trata de un impuesto «injusto y que lastra a las energías renovables» ya que «tenía una finalidad ambiental que nunca ha cumplido, a lo que se une que las renovables ya suponen un beneficio ambiental». Además, «es un lastre añadido para instalaciones que ya padecen una legislación retroactiva, lo que coloca a España en la cola mundial de impulso e inversión en renovables«, añadió.

Según Avaesen, la recaudación de todo el sector energético español por este impuesto ascendió a 1.261 millones de euros en 2013 y 1.459 millones de euros en 2014, de los que las renovables supusieron 694 y 607 millones respectivamente. La patronal valenciana de la energía liderará una respuesta de las asociaciones sectoriales a nivel nacional para solicitar que se exima de ese impuesto a las fuentes de generación renovable, como forma de relanzar un sector «en el que apenas hay nuevas instalaciones, las trabas son grandes y la legislación cambiante no genera confianza», según Lacruz.

La patronal energética ha añadido que la petición viene respaldada con una base jurídica, ya que Tribunal Supremo, en dos autos de 2016, ha planteado cuestión de inconstitucionalidad por los preceptos de la ley que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica por considerar que podrían vulnerar el principio de capacidad económica que proclama la Constitución, por gravar dos veces el mismo hecho impositivo.