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Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada que instale su primer punto de recarga de coches eléctricos

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EFE.- El grupo municipal de Ciudadanos en Villanueva de la Cañada registró una moción para instalar el primer punto de recarga para vehículos eléctricos en la localidad. El portavoz de Ciudadanos, Carlos López Vázquez, explica que la propuesta responde a una «demanda creciente de la sociedad y traerá consigo evidentes ventajas medioambientales, como la reducción del ruido”.

López Vázquez explicó que el año pasado se produjo un crecimiento de cerca de un 80% en vehículos eléctricos puros y de más de un 136% en híbridos enchufables. “Los vehículos eléctricos son ya una alternativa y una opción real de movilidad sostenible para los ciudadanos, pero la falta de puntos de recarga sigue siendo una de las principales trabas a la hora de adquirir un vehículo de este tipo», ha defendido. Asimismo, apunta que su instalación «potenciaría el comercio local al provocar un efecto llamada para consumidores y visitantes”.

Asimismo, el concejal indicó que la propuesta incluye la habilitación de un espacio en la web municipal donde informar de las ayudas disponibles para este tipo de vehículos, y el estudio de la reducción de los impuestos locales para los mismos. “Villanueva de la Cañada y alrededores no cuenta apenas con este tipo de puntos de recarga públicos, por lo que su implantación supondría una gran ayuda para los propietarios, al tiempo que ayudaría a fomentar el uso de este tipo de propulsión”, ha concluido.

La OCDE pide elevar la fiscalidad sobre la energía para combatir el cambio climático

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Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a los gobiernos elevar los impuestos sobre la energía para combatir los efectos del cambio climático, en vista de los lentos progresos registrados en esta materia. En un informe que analiza a 42 países que representan aproximadamente el 80% del consumo de energía global, la organización considera que es necesario endurecer la fiscalidad verde sobre la energía ya que está generalmente dominada por los impuestos indirectos y «sigue estando muy por debajo de su potencial».

En este sentido, el secretario general de la institución, Ángel Gurría, señaló que comparar la evolución de estos impuestos entre 2012 y 2015 arroja «un resultado desconcertante» ya que se han realizado o se están realizando «esfuerzos para aplicar el principio de quien contamina paga, pero los avances hacia el uso efectivo de los impuestos para reducir las emisiones nocivas son lentos». «Los gobiernos deberían hacer más y mejor», añadió.

Fiscalidad insuficiente y cambio climático

Así, en 2015, excluido el transporte por carretera, la OCDE afirma que el 81% de las emisiones no estaban gravadas. Mientras que en aquellos casos en que sí existían tasas impositivas, se encontraban por debajo de la estimaciones de los costes climáticos (30 euros por tonelada de CO2) para el 97% de las emisiones. A este respecto, el informe destaca que el carbón, que se caracteriza por sus altos niveles de emisiones y que representa casi la mitad de las emisiones de carbono en el consumo de energía en los 42 países, está gravado con las tasas más bajas o está totalmente exento de impuestos en casi todos los países.

De esta manera, la organización lamenta que, a pesar del «intenso debate», las tasas reales de impuestos sobre el carbono siguen siendo bajas ya que, aunque la cobertura con algún tipo de tasa aumentó del 1% al 6% en 2015, apenas un 0,3% de las emisiones de CO2 estaban gravadas con un nivel de impuestos que reflejara los costes climáticos.

Además, la OCDE apunta que los aumentos significativos de la fiscalidad verde se limitan en gran medida al sector transporte. Así, valora que en algunos países, como Francia, se están eliminando las tasas impositivas más bajas para el diésel en comparación con la gasolina, aunque considera que estos impuestos siguen «muy por debajo» de los niveles necesarios para cubrir los costes externos no relacionados con el clima en casi todos los países. Para Gurría, «el daño al clima y la calidad del aire por la combustión de combustibles fósiles puede contenerse, pero cuanto más tarde se demore, más difícil y costoso será afrontar este desafío».

La factura de la luz se encarece un 3,2% en octubre

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 72,07 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 69,83 euros de octubre de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 2,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 72,07 euros abonados en los 31 días de septiembre del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 41,28 euros obedecen al consumo, 2,9 euros al impuesto eléctrico y 12,51 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de octubre subió un 6,42% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,32 euros en octubre respecto a los 2,18 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube por segundo mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final del año pasado.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 12,63% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 683,76 euros, 76,67 euros más frente a los 607,09 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 386,78 euros por el consumo, de 27,49 euros por el impuesto de electricidad y 118,67 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 11,69%.

El diésel sigue al alza mientras la gasolina baja ligeramente

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Redacción / Agencias.- Los precios de los carburantes han experimentado un comportamiento desigual, ya que la gasolina ha bajado un 0,3%, rompiendo con dos semanas de subidas, mientras el diésel ha encadenado tres al alza, al incrementar su precio un 0,6%. Con ello, ambos se mantienen en sus niveles más altos desde mayo.

De este modo, el precio de la gasolina se sitúa en los 1,214 euros por litro, lo que supone un descenso del 0,33% con respecto a los 1,218 euros anteriores. Por su parte, el precio del gasóleo se sitúa en 1,09 euros por litro, experimentando un ascenso del 0,55% en relación con los 1,084 euros anteriores. En el plazo de un mes, la gasolina se ha encarecido un 2,02% y el gasóleo de automoción, un 1,78%. Desde principios de año, el precio de la súper ha bajado un 1,86% y el del gasóleo, un 3,37%.

Con ello, en comparación con hace un año, los precios de ambos carburantes suben entorno a un 5%. En concreto, el coste para el consumidor de la gasolina ha subido un 4,8%, mientras que el del gasóleo lo ha hecho un 5,9%. Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 66,77 euros, 22 céntimos menos que hace una semana, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 59,95 euros, 33 céntimos más que en la referencia anterior.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,355 euros y en 1,398 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,204 euros de media en la Unión Europea y 1,199 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal que la media comunitaria.

La recaudación por el impuesto de hidrocarburos sube un 5,5% y por el de electricidad repunta un 1,7%

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Servimedia.- La Agencia Tributaria recaudó 5.446,9 millones de euros entre enero y junio de 2017 con el impuesto de hidrocarburos, lo que supone un 5,5% más que en el mismo periodo de 2016 (5.160,8 millones). De esta recaudación tributaria de 5.446,9 millones del mes de junio, 2.152,2 millones los recaudó el Estado, casi 3.238 millones las comunidades autónomas y los restantes 56,8 millones lo hicieron las corporaciones locales.

También creció la recaudación del impuesto que grava la electricidad, aunque en menor medida, pues la Agencia Tributaria ingresó 656,8 millones de euros por el mismo en el primer semestre, un 1,7% más que en el mismo periodo de 2016. Por otra parte, con los impuestos al carbón se ingresaron 165,8 millones de euros, cifra un 27% superior a la del periodo enero-junio de 2016.

Energía autoriza a Unión Fenosa Gas, Shesa y OGS la explotación del yacimiento de gas natural Viura en La Rioja

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que se otorga la concesión de explotación del yacimiento de gas natural denominada Viura, situado en La Rioja, a las sociedades Unión Fenosa Gas Exploración y Producción (UFG E&P); Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) y Oil and Gas Skills (OGS).

Se trata de un yacimiento convencional de gas natural, con producción de condensados asociada y que no requiere de técnicas de fracturación hidráulica o fracking. De acuerdo con los resultados iniciales, se confirmaron unas reservas mínimas de 3 bcm de gas natural, que suponen en torno al 10% del consumo anual de gas natural en España. La concesión de explotación de gas natural se otorga por un periodo de 30 años, prorrogable por dos periodos sucesivos de 10 años. El otorgamiento cuenta con el informe positivo de la comunidad autónoma de La Rioja y con declaración de impacto ambiental favorable.

La explotación del yacimiento tiene efectos económicos, ambientales y sociales positivos. Desde la perspectiva fiscaly sin considerar otras tributos, se prevé recaudar 26 millones de euros por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Gas, Petróleo y Condensados, creado por el Gobierno en 2015. Además, los concesionarios deberán compartir parte de sus ingresos por la venta del gas con los propietarios próximos al yacimiento, de forma que los beneficios asociados se repartan de una manera socialmente equitativa.

El Gobierno veta la ley balear para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo por reducir los ingresos en 4,7 millones

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Europa Press.- El Gobierno vetó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Baleares contra las prospecciones en el Mediterráneo alegando que implicaría una reducción de ingresos por importe de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas. Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento balear sobre la protección del Mediterráneo de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

En su escrito de disconformidad, el Gobierno comienza señalando que la iniciativa provocaría una disminución de los ingresos en 4,7 millones de euros, procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente estas actividades, que dejarían de ingresarse y que podría incrementarse. Este Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, según señala el Ejecutivo, grava el valor de los productos de dominio público extraídos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos. «La base imponible del impuesto está constituida por el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados», apunta el Gobierno.

«Atendiendo a los proyectos actualmente existentes, la aprobación de la ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas tercera (perforación de sondeos en permisos de investigación y concesiones de explotación) y cuarta (adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación) del canon de superficie», apunta.

Pero este no es el único argumento del Ejecutivo para vetar este propuesta ya que, según señala, su aprobación también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones de euros. Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área.

«La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos», apunta el Gobierno. Así, el Ejecutivo señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio del petróleo de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.

Ciudadanos trabajará contras las prospecciones

Por su parte, Ciudadanos de Baleares criticó el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos«, y aclara que se trata de un veto del Gobierno ejercido dentro de las facultades que le otorga la Constitución. En este sentido, la diputada autonómica de Ciudadanos Baleares, Olga Ballester, explicó que «el Gobierno tiene la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas legislativas que suponen modificación del presupuesto o disminución de ingresos».

En este sentido, ha precisado que el poder legislativo «no puede anular esa prerrogativa que posee el poder ejecutivo y que le otorga la Constitución», y ha apuntado que, si la Mesa se opone a que el Gobierno ejerza esa facultad de veto, «su decisión sería en breve tumbada por el Tribunal Constitucional, quedando la tramitación de la proposición de ley anulada. Un bucle que nos retorna a la situación inicial», ha aseverado al respecto.

«En Ciudadanos apostamos por hacer política útil y no de cara a la galería, por lo que seguiremos trabajando por otras vías como es la negociación directa con el Gobierno para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones», reivindicó. «En Ciudadanos trabajamos por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos, así como un modelo energético sostenible«, ha aseverado la diputada, quien ha recalcado que los proyectos de prospecciones petrolíferas «ponen en riesgo el equilibrio ecológico, así como nuestros principales sectores productivos», concluyó Ballester.

La patronal petrolera AOP cifra en hasta 540 millones el fraude en la distribución de carburantes y pide mayor control

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Europa Press.- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que participan Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp, advierte de la «lacra» que sufre el sector relacionada con el fraude fiscal en la distribución de carburantes, ilegalidad ejercida por «verdaderas tramas criminales» y cuyo importe puede alcanzar los 540 millones de euros al año.

La asociación realiza estas consideraciones en su Memoria de 2016, en la que advierte de que algunos desarrollos legislativos «han abierto la puerta al fraude», sobre todo desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa para ejercer la actividad de distribución al por mayor y se sustituyó por una declaración responsable. El valor de lo defraudado puede alcanzar los 270 euros por metro cúbico y su importe puede oscilar entre 270 millones y 540 millones de euros, en función de si la práctica alcanza al 3% o al 6% del mercado. Solo el fraude del IVA asciende a 300 millones, según la Agencia Tributaria.

Ante esta circunstancia, AOP propone establecer una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones, reportar a diario las existencias mínimas de seguridad y acortar el plazo en la imposición de expedientes sancionadores. Los operadores también alertan de fraudes concretos, para los que piden medidas específicas. Entre ellos figuran los relacionados con los incumplimientos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de la incorporación de biocarburantes o del IVA o del tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos. El efecto frontera provocado por las diferencias de precios entre comunidades autónomas con distintas tramos fiscales también está contribuyendo al fraude de la distribución.

El presidente de AOP, Federico Molina, y el director general de la asociación, Álvaro Mazarrasa, aseguran que el sector vive una «lacra» que «distorsiona gravemente el mercado» puesto que «permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones«. «AOP siempre ha defendido la libre competencia pero, a la luz de la realidad descrita, creemos que es urgente tomar medidas concretas para que el fraude se detecte lo antes posible y, con ello, se minoren sus efectos para la Hacienda Pública, el mercado y los consumidores», señaló la patronal.

AOP también advierte de que los vehículos con tecnologías alternativas «hoy por hoy no están en paridad de coste» y su incorporación ha de realizarse «mediante subsidios en diferentes formas». AOP considera que «los recursos públicos son finitos y no se puede favorecer una tecnología frente a sus alternativas sin tener en cuenta el coste beneficio». «Elegir una tecnología determinada como la solución del futuro sería un gran error, ya que cada tecnología tiene que ser capaz de penetrar en el mercado por sí misma y por sus méritos», afirma, antes de advertir de que «los vehículos de emisiones cero de CO2 no existen», sino que son «puro marketing medioambiental».

Nadal no ve «mal» una revisión de los impuestos creados en 2012 a la nuclear para comprobar si son «adecuados»

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que «no está mal» que se acometa una revisión que permita establecer cómo de «adecuados» son los impuestos establecidos por el Gobierno en 2012 a la tecnología nuclear. «Hay que hacer un análisis serio. No está mal que hagamos una revisión y veamos qué adecuados son los dos impuestos que pusimos», afirmó el ministro.

Desde su punto de vista, resulta conveniente realizar un análisis económico «serio» sobre las tecnologías hidráulica y nuclear «que revele quién tiene razón» acerca de si son rentables o no lo son. «No comparto la idea de que las nucleares no son rentables», ha apuntado el ministro, para quien esto se comprueba al ver las cotizaciones en Bolsa de las empresas propietarias.  «Las nucleares son las que hay en España. Si se pudiera poner una nuclear cuando se quisiese, se podría ver la rentabilidad», inquirió Nadal, para quien al afirmar que las centrales nucleares no son rentables «se juega con la falta de conocimiento del regulador, que no tiene un mecanismo de mercado que revele cuánto de rentable es eso«.

Los dos impuestos a los que aludió el ministro se refieren a los de la Ley 5/2012, que entraron en vigor en enero de 2013 y que, entre otras cosas, condujeron a Iberdrola y a Endesa a detener la actividad de la central nuclear de Garoña. La ley contemplaba varios impuestos a las actividades del sector eléctrico con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa. De los gravámenes, dos afectan a la nuclear, que son el que se aplica específicamente a los residuos y el del 7% a la producción de electricidad. Este último impuesto será analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el Tribunal Supremo haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.

Por otro lado, Nadal ha afirmado que la energía nuclear debe mantenerse en el mix energético porque, de no ser así, el recibo de la luz se encarecería un 25%. Según ha dicho, es un coste «excesivo» para la sociedad liberarse de los residuos nucleares a cambio de encarecer el recibo de la luz en un 25%. «Sube un 25% porque esa oferta ahora es insustituible con la tecnología que tenemos hoy y con la que tendremos los próximos años».

Para Nadal, lo primero es «la decisión pública de qué mix queremos para los próximos años». «Desde mi punto de vista la energía nuclear tiene que contar», ya que, según ha explicado, no existe ninguna tecnología que consiga trabajar continuamente sin emitir CO2 y a precio de mercado. Según el ministro, su objetivo es «que no suba el precio» de la electricidad, así como cumplir los objetivos medioambientales. «El objetivo de otros sí es que suba el precio», ha apuntado Nadal, que considera que «eso es lógico» pero que no se pueden «poner de acuerdo».

Francia anuncia que cerrará varios reactores nucleares para reducir del 75% al 50% su peso en el mix energético

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Europa Press.- El ministro francés de Energía y Medio Ambiente, Nicolas Hulot, ha anunciado la intención del Gobierno de cerrar varios reactores nucleares de la empresa estatal EDF para reducir la proporción de la aportación de la energía nuclear en el mix energético del país. Hulot ha indicado que aún es pronto para dar cifras concretas y tampoco ha explicitado un calendario, pero el objetivo sigue siendo reducir del 75% al 50% el aporte de la energía nuclear.

Repercusiones para la eléctrica EDF

Las acciones de EDF, que caían un 0,8% antes de los comentarios de Hulot, perdían un 2,2% después del anuncio. «Vamos a cerrar algunos reactores nucleares y no será un paso meramente simbólico», ha aseverado. Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de introducir un impuesto al carbono, Hulot respondió: «Francia ya tiene un impuesto al carbono que subimos cada año. A nivel europeo queremos aumentar el umbral».

La predecesora de Hulot como ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, anunció en 2016 que Francia introduciría unilateralmente un suelo de precios del carbono de unos 30 euros la tonelada con vistas a iniciar rápidamente acciones europeas para recortar emisiones e impulsar el Acuerdo de París contra el cambio climático de diciembre de 2015. Sin embargo, el Gobierno socialista desechó ese plan a fines del año pasado tras las protestas de los sindicatos contra el cierre de plantas de carbón.