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El gas licuado por canalización sube un 3,1% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 3,1% según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 73,0707 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 70,8477 céntimos del mes anterior.

La distribución a granel sube

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha subido un 3,9%, desde los 56,2456 céntimos por kilogramo hasta 58,4686 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA y, en el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial de esta comunidad sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

El Gobierno subirá 3,8 céntimos el diésel, con un coste de 36 euros anuales para los particulares

Europa Press.- Al mismo tiempo que el Gobierno confirmaba que la transición ecológica tendrá un «presupuesto especial» dirigido a movilidad, aire, eficiencia y comarcas afectadas, el Ejecutivo aprobaba la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de 3 euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año. La Agencia Tributaria identificará cuando se utiliza el combustible con carácter profesional. «La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios», aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento recaudatorio se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

Asimismo, resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró «fundamental» para la renovación del parque automovilístico españoly también para ayudar a las empresas en una política de transición que es «imprescindible» para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.

«Presupuesto especial» para transición ecológica

Por otro lado, la transición ecológica de España hacia un futuro bajo en carbono tendrá «un presupuesto especial» según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha adelantado que el presupuesto para la transición ecológica se centrará especialmente en el fomento de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire, el fomento de la eficiencia ambiental y para impulsar las comarcas afectadas por los procesos relacionados con la descarbonización, como las áreas mineras. «Estas son señas de identidad», ha defendido la ministra.

Entre las partidas, ha precisado que las partidas para Industria y Energía aumentarán, de ser aprobadas, en un 12%, y permitirán impulsar las zonas afectadas, impulsar las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras. Se trata, según defiende el Ejecutivo el proyecto presupuestario para 2019 es «respetuoso» con el medio ambiente y busca «reducir progresivamente» las emisiones contaminantes de España. Para ello, con un objetivo «no recaudatorio», se incrementará la fiscalidad de los hidrocarburos en función de sus emisiones.

La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

Montero asegura que la subida del diésel no tiene afán recaudatorio» sino que busca preservar el medio ambiente”

Europa Press.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina que prepara el Gobierno no tiene un «afán recaudatorio«, sino «preservar el medio ambiente» y «cuidar la salud de los ciudadanos».

Así lo señaló durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, sobre si el Gobierno mantiene que el impuesto al diésel no afectará a las clases medias y trabajadoras, en donde ha asegurado que la propuesta intenta que aquellos que más tienen aporten «algo más» para contribuir a las arcas públicas con el fin de «consolidar» el Estado de bienestar, mientras que se bajará la fiscalidad a los que facturen menos.

La senadora popular ha criticado que el sistema fiscal «ataca directamente» al empleo, al ahorro y a la inversión, por lo que cree que los más humildes «pueden pasarlo muy mal». También advertía que el 30% del tributo «lo van a sufragar agricultores, usuarios de calefacción diésel, conductores y autónomos» y en cambio «el coche lo van a disfrutar otros».

De esta forma, ha acusado al Gobierno de convertirse en la «antítesis de Robin Hood» ya que «roba a los pobres para dárselo a los ricos», y ha indicado sobre la fiscalidad que «lo único verde es la gestión y planificación de recursos públicos, que es pura y llanamente recaudatorio». «Nos van a meter en la misma trampa que con las energías renovables, que por llegar los primeros pagamos más que nadie y condujo al déficit tarifario”, auguró la senadora.

Del Brío criticó que el Gobierno prevé recaudar más por esta subida impositiva que por el alza de impuestos a las rentas altas. En concreto, la subida del diésel elevará la recaudación por este impuesto en 670 millones de euros, por encima de lo que prevé ingresar por la subida de impuestos a las rentas más altas (323 millones por el alza del IRPF y 339 millones por la subida de Patrimonio). Por su parte, la ministra aseguró ver una «falta de respeto» las palabras vertidas por la senadora, que a su juicio intentan «desacreditar» la fiscalidad verde, y esgrimió que las subidas impositivas en materia medioambiental tratan de ser «disuasorias» de comportamientos agresivos medioambientales.

El precio del litro de gasóleo toca los 1,25 euros y marca un nuevo máximo del año

Europa Press.- El precio del gasóleo ha marcado un nuevo máximo anual tras tocar los 1,25 euros el litro, situándose así en unos niveles que no se veían desde noviembre de 2014. En este sentido, el precio medio del litro de gasóleo ha retomado las subidas y se ha encarecido un 0,4%. En lo que va de año, el litro de gasóleo, carburante cuya tributación el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pretende elevar, se ha encarecido más de un 9%.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina también se ha encarecido, repuntando un 0,23%, para situarse en los 1,335 euros, también acercándose a los máximos anuales que tocó a mediados de septiembre. Este encarecimiento de los carburantes se produce después de que los precios del crudo volvieran a repuntar con fuerza ante la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no aumentar su producción. El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, superaba los 86 dólares, casi 4 dólares más, mientras que el Texas americano se intercambiaba a 76,24 dólares, igualmente casi 4 dólares más.

Un 10% en un año

Con respecto a hace un año, el litro de gasóleo es casi un 13% más caro, mientras que en el caso de la gasolina marca un precio un 10% superior. De esta manera, a los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 68,75 euros, lo que supone casi 8 euros más que en octubre del año pasado. Para el caso de la gasolina, el llenado de un depósito de 55 litros supone para el consumidor 73,42 euros, unos 6,7 euros más.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de combustible Euro-Súper 95 se sitúa en 1,479 euros y 1,526 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,385 euros en la media de la Unión Europea y 1,388 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

El recibo de la luz ha subido casi un 86% en los últimos 15 años, encareciéndose 37 euros, según Facua

Europa Press / EFE.- El recibo de la luz ha subido un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas vigentes en agosto de este año, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

Facua señala que un análisis realizado por esta organización sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas indica que en España el usuario medio consume 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Así, tomando como referencia las tarifas reguladas vigentes en los meses de agosto, la factura pasó de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018.

Además, el análisis de Facua destaca que la parte fija de la factura se incrementó en estos últimos 15 años más de un 150%, pasando el precio de cada kW de potencia contratada de los 1,73 euros/kW/mes de precio final en 2003 a 4,36 euros en agosto de 2018. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003, pasando de los 9,80 céntimos de precio final en 2003 a los 16,81 céntimos en 2018.

Facua ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica en las que reclama que baje el IVA de la electricidad al 4%, ya que ahorraría al usuario medio casi 130 euros al año. Asimismo, propone la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

El BNG propone una tarifa eléctrica para Galicia inspirándose en el euskopeaje que existe para la industria del País Vasco

EFE.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de medidas que su partido defenderá en sede parlamentaria con el objetivo de tratar de frenar la “estafa” eléctrica que, a su juicio en estos momentos, sufre Galicia. Pontón salió así al paso de un inminente suplemento territorial a aplicar en la electricidad por parte del Gobierno central, el cual recibe como un “nuevo expolio” para el bolsillo de los gallegos, pese a ser una comunidad productora de energía.

Ante este panorama, la líder de la organización frentista ha reiterado su propuesta de una tarifa eléctrica propia gallega, a semejanza de la que dispone el País Vasco, y que, según asegura, permitiría ahorrar a las familias gallegas cerca de 200 euros anuales. Otra de sus demandas ha sido la reducción de la carga tributaria del IVA en la electricidad del 21% a tan solo un 4%, lo que salvaría cerca de 330 euros al año en cada hogar gallego.

Asimismo, Pontón defiende la creación de una empresa pública que asuma la gestión de los embalses en cuentas de su competencia que hayan finalizado las concesiones vigentes, además de impedir por ley que se puedan producir cortes de luz y gas por tratarse de bienes “de primera necesidad”. La dirigente nacionalista ha sostenido que si el precio de la electricidad sube continuamente “es por los gobiernos gallegos” y ha censurado que la normativa actual “penaliza a las personas” en beneficio de las empresas. Por todo ello, ha anunciado que esta batería de propuestas estará acompañada de una campaña social para concienciar sobre este tema y para denunciar el agravio comparativo que sufre Galicia como comunidad productora frente a otras beneficiarias.

El sector fotovoltaico contribuyó con 2.250 millones de euros al PIB en 2017 y UNEF propone redefinir el mercado eléctrico

EFE / Europa Press.– La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que se debe redefinir el actual modelo de mercado eléctrico y reformar la tarifa eléctrica para que en ella tenga cada vez mayor peso el coste variable de la energía. Según un estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el sector fotovoltaico tuvo en 2017 una contribución directa al PIB de 2.250 millones de euros, lo que representó un 0,2% del total, un 4,45% más que en 2017.

El saldo exportador neto del sector en 2017 ascendió a 404 millones, de los que más del 60% correspondió a ingenierías e instaladores (247 millones) y un 18% a fabricantes (73,4 millones). El sector fotovoltaico en España lo constituyen más de 70 empresas con actividad en 72 países y su gasto en I+D+i en 2017 se incrementó en un 2,5% con respecto a los 60 millones que invirtió en 2016, lo que supone un 1,6% de su facturación, una cifra muy por encima del 0,89% de media en este tipo de inversión en el país.

En cuanto a su incidencia en el empleo, el sector representaba el 0,09% del total del país, con 19.057 empleos, de ellos 6.102 de forma directa y el resto de forma indirecta o inducidos. Más del 10% de los trabajadores del sector son titulados superiores, medios o con Formación Profesional, y con empleos caracterizados por ser de calidad y estables.

En materia fiscal, la aportación neta del sector fue de 550 millones de euros en 2016 y algo menos, 540 millones, en 2017, cantidades de las que el 60% fueron aportadas a través del Impuesto de Sociedades y el de la Electricidad. Por otra parte, las primas a la fotovoltaica ascendieron a 2.436 millones de euros en 2016 y a 2.496 millones en 2017. El sector fotovoltaico también reduce la dependencia energética y, según el estudio, en 2016 evitó la importación de 258 millones de euros en gas y de 304 millones en 2017. En cuanto a su incidencia medioambiental, en 2016 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 3.504 kilotoneladas de CO2 y el año pasado de 3.631 kilotoneladas.

Reformar mercado eléctrico y tarifa

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, asegura que la principal barrera que se encuentra el sector fotovoltaico es que quiere ir al mercado, pero que éste está definido para otras tecnologías, pues se diseñó en los años 80, cuando a nadie se le pasaba por la imaginación que iba a haber tecnologías renovables, sin costes variables, que iban a ser preponderantes en el mercado. Por eso, UNEF cree que hay que redefinir el modelo de mercado y adecuarlo a las tecnologías que van a ser las dominantes en el futuro, pues, según ha apuntado Donoso, es absurdo tener un mercado que no tiene en cuenta las tecnologías que se quiere que en un futuro sean mayoritarias.

Por eso, cree que hay que diseñar un nuevo sistema de mercado en el que se compatibilice el modelo marginalista (por el que el precio en el pool para cada hora lo marca la central más cara que entra al cruzarse oferta y demanda) con contratos con diferencias para las renovables, o bien hacer un modelo nuevo. Donoso descarta volver a un modelo de primas y subvenciones para ir al mercado e «independizarse» del riesgo regulatorio, aunque de manera adecuada.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Donoso considera que hay que incrementar el componente variable, que ahora es sólo un 35% de la tarifa regulada, para desincentivar un excesivo uso de la energía y que el que más consuma más pague. Además, ha señalado que para bajar el precio de la electricidad sería urgente eliminar las barreras al autoconsumo, si bien ha afirmado que la subida de precios, con la luz por encima de los 70 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, no es estructural. En este sentido, ha vaticinado que habrá volatilidad en el mercado, al tiempo que ha apuntado que, según se introduzca más energía renovable en el sistema eléctrico, el precio de la electricidad bajará.

Por otra parte, UNEF ha pedido al Gobierno acabar con la imagen de incertidumbre jurídica, pero no una marcha atrás en los recortes que practicó el PP en la retribución al sector, sino que «se dejen las cosas como están», ha recalcado Donoso. En este sentido, ha pedido que no se revise la rentabilidad que perciben las instalaciones, como pretendía el Gobierno anterior, y que las que hay sigan cobrando lo mismo hasta el final de su vida regulatoria prevista.

Además, ha pedido la eliminación de las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida, la simplificación, certidumbre administrativa y regulación del autoconsumo colectivo, y la convocatoria de nuevas subastas en Canarias e Islas Baleares. En este sentido, la asociación, que representa a más del 85% del sector, solicita también la creación de una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, una nueva fiscalidad ambiental y la reestructuración de la tarifa eléctrica, entre otras demandas.

UNEF también reclama que se simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red, eliminando herencias del pasado diseñadas para otros momentos. Donoso ha indicado que en el autoconsumo estiman un crecimiento 200 a 300 megavatios (MW) de potencia instalada al año, cifra que supone duplicar lo que hay ahora. Respecto a la potencia obtenida por la fotovoltaica en las subastas, 3.900 MW, UNEF cree que se construirán todos, aunque reconoce que están habiendo problemas en la tramitación medioambiental porque las comunidades tienen pocos recursos para el «aluvión» de proyectos que les están llegando.

La instalación de potencia fotovoltaica en España marcó en 2017 su mayor nivel de los últimos cinco años, al alcanzar 135 megavatios (MW) instalados, un 145% más frente a los 55 MW en 2016. Este dato posiciona a España en el quinto puesto europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada con 5,6 GW instalados, un 4,9% del total de Europa, después de Alemania (42 GW), Italia (19,7 GW), Reino Unido (12,7 GW) y Francia (8 GW). En estos momentos, hay 30 gigavatios (GW) de potencia solar en tramitación en España, de la que se espera que un alto porcentaje se traduzca en instalaciones en próximos años.

Por su parte, en el conjunto de Europa, el año pasado se agregaron 9,2 GW, lo que supone un aumento del 30% en comparación con los 7 GW instalados un año atrás, impulsado, principalmente, por el crecimiento de Turquía, Sin embargo, en Reino Unido se efectuaron «importantes» recortes de instalación en potencia fotovoltaica, al añadir tan solo la mitad de lo instalado en 2016, aunque sigue siendo el único país, junto con Francia y Holanda, que agregó más de 500 MW a su parque fotovoltaico.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.

UGT pide reducir la fiscalidad y un IVA súper reducido para la electricidad mientras Unidos Podemos también exige tomar medidas

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un Plan de choque contra la subida de luz, que permita hacer frente a la crisis actual en este sector. Mientras tanto, el sindicato UGT plantea reducir la fiscalidad de la electricidad y aplicarle un impuesto sobre el valor añadido (IVA) súper reducido, así como mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, para paliar los efectos que su subida en el mercado tiene en los consumidores.

UGT pide al Gobierno que actúe de manera «contundente» para mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, con el fin de evitar las continuas subidas del precio de la electricidad, que vuelve a marcar un nuevo máximo anual en el mercado mayorista, apenas una semana después del último récord, subidas que considera «escandalosas e insostenibles». El sindicato ha denunciado la existencia de un «oligopolio que no para de cosechar beneficios a costa del bolsillo de los ciudadanos y que prevé seguir haciéndolo». UGT ha instado al Gobierno a solucionar el problema “continuo y creciente” de las subidas del precio de la electricidad, que afecta especialmente a los sectores de la población más vulnerables.

Por ello, pide que se reduzca la fiscalidad de la electricidad, así como de otros suministros básicos, y se le aplique un IVA súperreducido, frente al actual del 21%, “por ser un servicio esencial para la ciudadanía”. También demanda ampliar el bono social y hacerlo más inclusivo, pues considera que el actual es “insuficiente” para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema, así como la modificación de la actual regulación para que sea “más transparente y eficaz”. «En definitiva, se trata de primar el interés general sobre el interés privado y que el sector eléctrico cumpla sus obligaciones con la sociedad», subrayó.

Unidos Podemos trabaja con Ribera

Mientras tanto, Teresa Ribera se reunía en el Congreso con los portavoces de Unidos Podemos en materias relacionadas con Energía y Medio Ambiente, Josep Vendrell, Juan López de Uralde, y Antón Gómez-Reino. Vendrell ha explicado que han planteado a Ribera varias medidas basadas, fundamentalmente, en una reforma del mercado eléctrico en España. Un mercado que, según ha señalado, no es coyuntural, sino estructural, lo que hace que «el país sea el cuarto de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros», a pesar de que un «10-15% de la población sufre pobreza energética». El portavoz de Energía del grupo parlamentario ha denunciado, además, que con este mercado las compañías eléctricas «siempre ganan».

Por ello, y además de esa reforma del mercado, Unidos Podemos también ha propuesto reducir el término de potencia, es decir, la parte fija que se paga; recuperar la gestión de las hidráulicas cuya concesión ha caducado; y afrontar la reforma del bono social que, actualmente, según Vendrell, deja fuera a un millón de usuarios. Los diputados han explicado que Ribera ha estado receptiva en esta materia, aunque estarán atentos a su comparecencia en el Congreso, prevista para este miércoles, en la que se abordará el tema de la subida de la luz. El grupo confederal espera que entre sus medidas para solucionar este tema incluya alguna de sus propuestas.

Cambio climático y Transición Energética

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Unidos Podemos ha anunciado la puesta en marcha de un espacio abierto de diálogo, aunque no se ha establecido un calendario concreto para posibles reuniones. Según López de Uralde, ofrecieron su ayuda a la ministra para abordar la norma en esta legislatura, algo que le parece «imprescindible» pues, tal y como explicó, con el Gobierno del PP se «perdieron» dos años de trabajo en esta materia. «Era importante que se creara este espacio de trabajo por la urgencia, porque no queremos que ocurra como con el PP, y por el contenido, porque esperamos que la ley sea ambiciosa», indicó.

En su intervención ha recordado que Unidos Podemos registró en julio su propuesta de ley sobre este tema, que «la ministra conoce» y que «aborda realmente el cambio climático de manera completa desde el punto de vista de la energía, pero también desde otros sectores afectados de alguna forma por el cambio climático». Esta primera reunión con la titular de Transición Ecológica está enmarcada en el «diálogo preferente» que el grupo confederal «está teniendo con el Gobierno salido de la moción», según ha explicado Gómez-Reino.