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La CNMC recuerda a Industria que se ha olvidado de asignar retribución a 12 plantas del régimen especial

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Industria de que actualmente hay 35 instalaciones renovables, de cogeneración y residuos que no tienen retribución asignada conforme al nuevo modelo puesto en marcha en 2014. Así se lo indicó al presentar su informe sobre la propuesta de orden presentada por Industria para asignar a 23 de estas plantas un parámetro retributivo, por lo que el organismo regulador recuerda a Industria que se ha olvidado de 12 instalaciones.

En 2013, el Gobierno aprobó un cambio en la retribución de las renovables, la cogeneración y los residuos, que pasaron de cobrar primas a la producción a una retribución razonable a lo largo de la vida útil de cada planta. Esta normativa se completó al año siguiente con una orden ministerial en la que se establecieron una serie de parámetros de inversión, en función de varios factores, como la antigüedad de la planta o la tecnología, en los que se clasificaron las centrales y sobre los que se aplica la retribución razonable que deberían obtener.

De acuerdo a este informe, la propuesta de Industria persigue «corregir los desajustes» detectados en la normativa por la que se asigna a las diferentes instalaciones los parámetros de inversión. En concreto, el Ministerio incorpora 23 plantas al sistema, 11 de cogeneración y 12 solares fotovoltaicas, con una potencia conjunta instalada de 53 megavatios (MW) y que clasifica en 17 nuevos códigos. Sin embargo, advierte la CNMC de que «quedarían aún 12 plantas, de fotovoltaica, cogeneración y residuos, que no estarían asignadas a una instalación tipo«, por lo que, pese a dar una «valoración global positiva» de la propuesta, «sugiere la revisión de estos datos».

Industria prevé enviar esta semana a la CNMC su propuesta de orden de ayudas al carbón autóctono

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo prevé enviar la próxima semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta de orden sobre el nuevo esquema de incentivos al consumo de carbón autóctono.

«Hemos recibido comentarios de las tres partes interesadas -sindicatos, empresas y eléctricas- hicimos un segundo borrador, estamos recibiendo los últimos comentarios y haríamos una propuesta de norma que mandaríamos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe la semana que viene y para enviárselo a las autoridades europeas, ya que necesita su aprobación por las autoridades europeas», afirmó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

En este sentido, Nadal precisó que esta propuesta de orden no puede incluir la exención del céntimo verde, una de las peticiones tanto de los sindicatos como de las empresas para asegurar la viabilidad del sector, ya que «es contraria frontalmente tanto a la legislación comunitaria como a los principios básicos en los que estamos de comercio internacional«.

Aún así, subrayó que se pueden encontrar argumentos de carácter medioambiental que permitan decir «que determinado carbón tenga una fiscalidad inferior». «Además, si afecta al carbón nacional estaríamos encantados de analizarlo y ver si es posible», añadió al respecto.

Respecto a la orden, Nadal dejó claro que no se puede establecer ningún mecanismo que «obligue a las empresas a comprar» carbón, ya que es contrario a la normativa comunitaria, por lo que el objetivo es «crear un marco que sea favorable al carbón autóctono y que le dé futuro».

«Nosotros estamos dispuestos a ayudar de forma importante a las empresas eléctricas a que realicen esas inversiones medioambientales con subvenciones muy altas, que cubren el 90% de éstas, siempre y cuando compren desde ya carbón nacional», dijo.

El secretario de Estado de Energía afirmó que, a pesar de que el sector de la minería en sus peticiones «intenta conseguir sus máximos objetivos», estas deben contraponerse con el objetivo del interés general, «ya que todo esto tiene impacto sobre el recibo de la luz y sobre los costes de la electricidad que tienen que pagar las empresas que están creando puestos de trabajo».

Así, recordó que el actual marco, que fue aprobado en la legislatura anterior «y por un comisario socialista, Joaquín Almunia», concede al Gobierno un margen «enormemente estrecho, ya que las reglas comunitarias son enormemente estrictas», aunque se está haciendo «un esfuerzo enorme de intentar mejorar las condiciones del sector y darle una oportunidad».

De todas maneras, para ello, pidió también un «esfuerzo» por parte del sector, ya que «no se trata sólo de recibir subvenciones que impacten en el recibo eléctrico«.

«A mi me gustaría ver planes de viabilidad más claros. Algunas empresas sí que los han presentado, mientras que otras elevan su preocupación y necesidad de que hagamos algo, pero no plantean planes de viabilidad tan claros. El sector también tiene que definir cuáles son sus objetivos y no solamente establecer que cuando las eléctricas no compran carbón el Gobierno haga algo», concluyó.

El coste de importación de gas a España cae un 2,49% en febrero

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Europa Press.- El coste de aprovisionamiento en frontera del gas natural se situó en febrero en 24,49 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 2,49% con respecto al mes anterior, según el último informe de supervisión del mercado gasista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según indica la CNMC, este coste refleja la caída de precios del petróleo en las fórmulas de los contratos de aprovisionamiento a largo plazo y disminuye su diferencial con los mercados spot europeos. Así, el precio medio mensual de aprovisionamiento español en febrero es 1,2 euros/MWh superior al precio del gas spot para el mismo mes en el NBP de Reino Unido, que ha promediado un precio de 23,27 euros/MWh.

Respecto al valor de julio de 2012 (28,59 euros/MWh), el coste del aprovisionamiento para febrero acumula actualmente un descenso del 14%, aunque se mantiene un 74% por encima del valor mínimo alcanzado en julio de 2009 (14,03 euros/MWh). La CNMC también indica en su informe que la demanda de gas natural en España aumentó en febrero un 8,8% con respecto a febrero del año pasado.

El déficit eléctrico provisional hasta febrero asciende a 934 millones, 75,2 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El desajuste provisional entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, conocido como déficit de tarifa, alcanzó en la segunda liquidación de 2015, que engloba los meses de enero y febrero, los 934,4 millones de euros, cifra que aún tiene que ajustarse una vez que se incorporen ingresos pendientes de cobro. El déficit gasista es de 103 millones en este período.

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la distinta estacionalidad entre los ingresos y los costes del sistema produce que en los primeros meses del año los desajustes sean mayores y se reduzcan a lo largo del ejercicio. Según el organismo, el déficit registrado es inferior en 75 millones a la previsión esperada en la liquidación de febrero (1.009,6 millones). Entre los aspectos destacables respecto a las cuentas del sector eléctrico durante el periodo, la CNMC destaca que la demanda en consumo ha sido de 23.398 gigavatios/hora (GWh), un 2,1% inferior al valor promedio observado en años anteriores, lo que ha implicado una caída de los ingresos por peajes del 3,7%, es decir, de 54 millones.

Asimismo, los peajes que pagan los generadores de electricidad han sido un 2,4% más elevados, 0,3 millones más, y los ingresos de costes regulados han sido 136 millones inferiores a los esperados. Además, se han registrado 77,4 millones de euros de ingresos por la aplicación de la Ley 15/2015; 29,5 millones de euros procedentes de los impuestos y 48 millones de euros correspondientes a la subasta de los derechos de emisión de gases invernaderos. Por su parte, los costes regulados fueron 136,8 millones de euros inferiores a los previstos, debido a un menor coste en los pagos por capacidad, de 52,7 millones de euros y 90 millones en el coste de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos.

De esta manera, el coeficiente de cobertura de costes de esta liquidación es del 60,2%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La nueva normativa establece que los costes del sistema se pagarán conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de los peajes de acceso se suelen recibir con algún retraso.

Asimismo, se han liquidado un total de 64.029 instalaciones que estaban activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC, y se encontraban inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Su retribución en los primeros meses del año ascendió a 1.073 millones de euros, con un índice de cobertura del 60,2%. De esta manera, una vez descontadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2015 ya abonadas en las liquidaciones anteriores, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 487,413 millones de euros.

Por su parte, el desajuste acumulado en el sector del gas a febrero de 2015 ascendió a 103 millones de euros, un 39,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque en la primera liquidación del ejercicio anterior se incluyó la cantidad de 20,8 millones de euros correspondientes a la ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional.

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema gasista ascendió a 410 millones de euros, mientras que la retribución fija acreditada a las empresas por las instalaciones de transporte, distribución, regasificación y almacenamiento subterráneo se situó 496 millones de euros. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acreditó una retribución variable de 5 millones de euros. Como resultado, se tiene una retribución total acreditada de 501 millones de euros que es un 7,1% inferior a la del mismo periodo del ejercicio 2014.

Marín Quemada (CNMC) dice que se puede estar en «los umbrales de una burbuja de gas natural barato»

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Redacción / Agencias.- Por su parte, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, señaló que «no parece» que en los próximos 30 años vaya a haber un problema de oferta energética ante la oferta «cuasi ilimitada» que hay actualmente de hidrocarburos, mientras no ve una «clara» convergencia de precios a medio plazo.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró que en el actual contexto de desplome de los precios «podríamos estar» en los «umbrales de una burbuja de gas barato para los próximos años». En la clausura de la reunión anual 2015 de Sedigas, Marín Quemada afirmó que está burbuja que señalan algunos expertos representa «buenas noticias» para países como España que son «fundamentalmente importadores«.

Asimismo, Marín Quemada señaló que el futuro mercado mayorista de gas ibérico empezará a funcionar «con una liquidez necesariamente limitada«, algo normal en mercados de estas características. No obstante, consideró que el mercado tendrá que evolucionar y ganar peso. Los contratos bilaterales a largo plazo «seguirán teniendo un papel central» al principio, pero el mercado «necesariamente tendrá que evolucionar», lo que le hará ganar liquidez y atraer nuevos suministros «más competitivos«. De hecho, indicó que, si bien inicialmente el mercado solo operará a corto plazo, posteriormente lo hará a largo plazo y mediante futuros. «Eso es lo fundamental en un mercado como el nuestro tan expuesto a factores externos», dijo.

Para ello será necesario el desarrollo de las interconexiones gasistas en una unión energética para que «la energía fluya entre fronteras, basado en la competencia». Quemada, que destacó el papel de las interconexiones gasistas en el objetivo de la unión energética en Europa, apuntó que España está «bien situada» para participar «activamente» en la estrategia europea en materia de seguridad de suministro. «España, sus instituciones y sus empresas tienen una experiencia notable en GNL. Las plantas españolas tienen una situación privilegiada y estamos muy bien situados para participar en esa planificación europea», añadió al respecto.

Finalmente, Marín Quemada recalcó la implicación de la CNMC en la integración del mercado único europeo. «Somos reguladores conscientes de que queda todavía mucho, normalizando nuestra regulación que tiene que ser proporcional y ajustada. Con la regulación, la mínima imprescindible para dejar funcionar al mundo de los negocios, siempre salvaguardando los intereses de los consumidores«, destacó el presidente del regulador.

Sin problemas de oferta energética

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, indicó que «no parece» que en los próximos 20 o 30 años vaya a haber un problema de oferta energética y que no ve una «clara» convergencia de precios en el medio plazo. Llardén considera que se ha producido un «cambio en el paradigma en los mercados energéticos», tras una «época de cierta estabilidad», debido a la bajada de los precios del petróleo, entre otros factores. Estas circunstancias dan lugar a un «escenario diferente» en el que hay «sobreabundancia de materia prima», según Llardén.

El cambio de paradigma en el mercado de hidrocarburos es una oportunidad para el sector gasista, según Llardén, ya que «es inevitable una transición energética en el mundo y el gas natural tiene un papel fundamental como backup y como combustible mucho menos contaminante». Sin embargo, Llardén señaló que esta transición se ha hecho «muy rápido» en algunos países y se han olvidado «algunas cosas elementales». «Si de verdad queremos luchar con el cambio climático o somos capaces de encontrar algún mecanismo de precio global para el CO2 o todo el esfuerzo será baldío», apuntó.

El volumen de consumo de gas en los últimos años se encuentra en Asia, por lo que el futuro se encuentra en ese continente, liderado por «dos locomotoras: China e India», según indicó Llardén. En su opinión, el consumo de gas en Europa «no parece que se vaya a incrementar excesivamente». Según explicó Llardén, «es cierto que la Unión Europea ha retomado con mucha fuerza la idea de un mercado interior de la energía, especialmente en el terreno gasista», pero es necesario «tener unos costes competitivos» y «unas autopistas que permitan un intercambio y un movimiento real del gas», para evitar que la Unión Europea se quede «atrasada respecto al desarrollo del resto del mundo«.

Llardén recordó que las tres cuartas partes del gas que consume Europa proceden del Rusia y Noruega, por lo que este continente tiene una «enorme dependencia» de dos orígenes de producción. «Hay que convivir con ello», dijo Llardén, pero también «dotarse de mecanismos razonables» para complementar esas fuentes de suministro, como el oleoducto TransAdriático, que permitirá importar gas de Azerbaiyán y también de Rusia «si se llega a acuerdos razonables».

En este contexto, España puede «jugar un rol un poco mejor» en el mercado del gas, según apuntó Llardén, que se ha mostrado «optimista» respecto al futuro de este mercado. En España se ha pasado «la página de la incertidumbre regulatoria» y «por primera vez» existe «un marco estable para cinco o seis años», por lo que «sería muy bueno» aprovechar este tiempo para «colaborar en esta globalización del mercado».

Las compañías eléctricas deberán remitir todos los años un inventario auditado de sus redes de distribución

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El objetivo de estas auditorías, según consta en la nueva Ley del Sector Eléctrico, es facilitar a la CNMC la elaboración de la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución .

Esta nueva retribución, conforme a la nueva Ley, se realizará conforme a una rentabilidad razonable fijada a partir de un diferencial con respecto a los bonos del Estado.

Conforme al desarrollo normativo de las nuevas auditorías de los inventarios, publicada este jueves en el BOE, las eléctricas deberán remitir todos los años su contenido antes del 1 de mayo.

El inventario deberá contener todos los parámetros necesarios para el cálculo de la retribución individualizada de cada una de las instalaciones en servicio, así como informar de las modificaciones realizadas.

Las empresas también estarán obligadas a informar de las instalaciones que han causado baja y de todas sus redes de alta tensión, entre otros aspectos técnicos.

Gesternova critica los requisitos de la Administración que excluyen a las pequeñas comercializadoras de los concursos de licitación pública

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«La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) anima a las pequeñas comercializadoras a participar en los concursos, pero luego resulta imposible hacerlo», aseguró el presidente y fundador de Gesternova, José María González Vélez, al celebrar el décimo aniversario de la empresa. Además, la comercializadora critica los avales que en algunas ocasiones se imponen a las empresas interesadas en el contrato, que «expulsan» a los pequeños comercializadores, y asegura también que los últimos cambios regulatorios relacionados con el sistema de facturación están «ahogando» a este tipo de empresas.

En todo caso, y frente a la tendencia de otras comercializadoras que han tenido que cerrar, Gesternova tiene actualmente una cartera de 14.000 clientes, 2.000 de ellos de perfil doméstico, y presta servicio a empresas como Tecnocom o Imaginarium. Durante el encuentro con la prensa, González Vélez se mostró partidario de una mayor liberalización de la tarifa, de políticas de impulso a las renovables y de una fiscalidad que premie una menor huella de carbono, incluso a través de reducciones en el tipo de IVA.

Gesternova, que aparte de comercializar electricidad representa además a productores de renovables capaces de generar unos 900 gigavatios hora (GWh) al año, lamenta además el frenazo sufrido por las renovables en los últimos años. «Se están poniendo medallas a ver quién nos entierra más hondo y bocabajo», afirmó González Vélez, quien fue además el anterior presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).

Gesternova nació en 2005, a partir de un grupo de promotores renovables, todos miembros de APPA, que constituyeron una comercializadora para adaptarse de esta forma a la obligación de acudir al mercado conforme a la normativa aprobada en 2004. De esta forma, la empresa se convirtió en pionera en ofrecer solo kilovatios verdes a través de las Garantía de Origen. Pese a su apuesta por las renovables, la empresa asegura que la mayor parte de sus clientes contrata el servicio por el precio. «Hemos tenido que luchar contra el tópico que une lo renovable a lo caro», indicó González Vélez.

Industria autoriza el primer cierre de una planta de ciclo combinado de gas, la central de Iberdrola en Castellón

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Tras la autorización de Industria, Iberdrola dispondrá a partir de ahora de tres meses para decidir si cierra la instalación, según consta en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el BOE. Industria emite la resolución tras recibir sendos informes favorables de Red Eléctrica de España y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los que se indica que el eventual cierre no afectará ni a la seguridad del suministro ni al mercado eléctrico.

Una vez que este cierre se haga efectivo, se procederá a cancelar la inscripción del grupo 3 de la planta de Castellón en el registro correspondiente. El grupo 3, para el que se solicitó el cierre, tiene 800 megavatios (MW) de potencia instalada de los 1.600 MW del complejo. En el plazo de tres meses, el grupo «quedará declarado indisponible» y «en su caso» Iberdrola perderá los derechos de pagos por capacidad reconocidos hasta ahora.

De esta forma, da cumplimiento a una solicitud realizada por Iberdrola el 24 de noviembre, después de que la eléctrica hubiese recabado informes también favorables de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Castellón. En el caso de que la eléctrica no haya procedido al cierre en el plazo de tres meses, se producirá la caducidad de la autorización. Además, el plazo máximo en el que la eléctrica deberá proceder al desmantelamiento parcial de la central es de cuatro años a partir de la fecha de la resolución.

Iberdrola justificó el cierre de la central ante la situación actual de sobrecapacidad en el sistema eléctrico español, «que ha provocado una infrautilización de las centrales de ciclo combinado que impide tener un valor adecuado de estos activos». La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya anunció que tenía previsto recolocar dentro del mismo complejo a los trabajadores que pudiesen resultar afectados por este cierre. La decisión afecta solamente al grupo 3 del complejo, en producción desde 2002 y que es la instalación de mayor tamaño que tiene Iberdrola en España con una potencia de más de 1.600 megavatios (MW).

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, explicó que la decisión acerca de «si se cierra o no» una central se tomará «función de la evolución de la demanda», que está comenzando a aumentar. Sánchez Galán indicó además que el efecto del cierre de las plantas podría oscilar entre 80 y 100 millones de euros por la depreciación del cierre de cada instalación, si bien estas cifras «dependen del momento y de cada situación«. «En todo caso, no se ha tomado una decisión definitiva», señaló.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes. Fuentes de Iberdrola señalaron que sus técnicos están analizando la resolución y que «ahora disponemos de un plazo de tres meses para tomar la decisión» de cierre. Esta es la primera autorización de cierre concedida por el Gobierno para una central de ciclo combinado, después de que varias solicitudes hechas anteriormente hubieran sido rechazadas porque el operador del sistema considerara que esa potencia era necesaria para garantizar la seguridad.

Las eléctricas habían solicitado cierres para algunas de estas centrales ante su escaso funcionamiento derivado de la crisis económica y del amplio desarrollo de otras tecnologías, como las renovables. Paralelamente, el Gobierno anunció un plan para hibernar y cerrar temporalmente parte del parque de centrales de ciclo combinado, una medida planteada con la reforma energética del verano de 2013 que aún no se ha desarrollado.

El coste de las importaciones de gas a España cae un 4,94%, seis puntos menos que la cotización internacional

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Estos datos aparecen recogidos en el último informe de supervisión del mercado mayorista de gas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que los extrae a su vez de información sobre aduanas aportada por la Agencia Tributaria.

El coste de aprovisionamiento se situó en enero un 12% por debajo del registrado en julio de 2012, en 28,59 euros, si bien se situó un 79% por encima de los niveles mínimos alcanzados en julio de 2009, con 14,03 euros.

La CNMC también indica en su informe que la demanda descendió un 0,4% en enero y que los almacenamientos subterráneos de gas registraron un porcentaje de utilización equivalente al 74% de su capacidad.

La CNMC dice que Endesa ya cumple con la obligación de dar acceso a terceros a datos del consumidor

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Esta vigilancia concluye después de que la CNMC haya constatado que la eléctrica cumple «todos y cada uno de los requisitos sine qua non» que se le impusieron en 2009 como parte del expediente abierto tras una denuncia de Centrica.

En ese momento, se impuso a Endesa Distribución una sanción de 15,3 millones de euros por «abusar de su posición de dominio» como distribuidor de electricidad al negar a los comercializadores el acceso al SIPS.

Además de imponer la multa, el regulador instó a Endesa a abstenerse de realizar prácticas que pudiesen obstaculizar, directa o indirectamente, el acceso masivo e incondicionado al SIPS en los términos previstos en la normativa o pudiesen suponer una discriminación en contra de comercializadoras ajenas a su grupo.

En un acuerdo difundido este martes por la CNMC, la Sala de Competencia considera que se ha dado cumplimiento a «la totalidad de las obligaciones impuestas», por lo que queda cerrado el expediente.