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Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

País Vasco tiene los precios de los carburantes más caros de la Península tras adoptarse el tipo especial único estatal

Europa Press.– El tipo especial único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 0,10 y 0,22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero.

Desde enero, se integraron los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el tramo autonómico (que oscilaba entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro y cuya cuantía decía cada comunidad) y el tramo estatal (que ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro) en un único impuesto. Este nuevo gravamen denominado tipo especial se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por igual en toda la Península y Baleares.

Según el regulador, el impacto de esta modificación impositiva es que, a pesar de que los precios antes de impuestos disminuyeron, se produjo un aumento de los precios de venta al público. En concreto, el precio antes de impuestos de la gasolina descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se incrementaron en 0,10 y 0,22 céntimos de euro por litro para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Además, debido a ello, se ha modificado el ranking provincial de precios de venta al público. Así, en las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero (Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo. De esta manera, las provincias con la gasolina más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por el contrario, las que registraron precios más bajos fueron Almería, Murcia y Lleida. Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria tuvieron los precios más elevados mientras que Badajoz, Lleida y Valencia registraron los más bajos.

En lo que respecta al margen bruto promedio mensual, el de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto promedio del gasóleo A cayó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en 5,5 céntimos para la gasolina y 2,9 céntimos para el gasóleo A.

En lo que respecta a las estaciones de servicio, las de Repsol, y tras ellas las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus precios de venta al público, señala la CNMC. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios más notables fueron las llamadas independientes, seguidas de las de BP en gasolina 95 y del grupo resto operadores en gasóleo A. Las diferencias entre estaciones integradas en redes de operadores y las independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más bajos se registraron en los hipermercados.

La CNMC pide ampliar a 8 años el proceso de sustitución de los contadores de gas que tienen 20 años

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta presentada por el Gobierno que regula el control metrológico del Estado de instrumentos de medida como contadores de gas y electricidad, así como su vida útil, pero recomienda una serie de mejoras, como ampliar de 5 a 8 años el calendario de sustitución de los 1,7 millones de contadores de gas con más de 20 años.

La CNMC considera que va a permitir «un marco adecuado» para la implantación de los cambios, pero sugiere diversas mejoras. Concretamente, se fija una vida útil de 20 años para los contadores de gas de caudal igual o inferior a 25 m3/h (contadores hasta tipo G-16 inclusive), así como unos plazos de sustitución de 3 años ampliables a 5 años, unos plazos que, advierte, «podrían no ser viables». En este sentido, la CNMC, que recuerda que el 90% de los contadores de gas está en régimen de alquiler y con precios de alquiler regulados, considera que una sustitución rápida de los contadores podría ocasionar «importantes problemas logísticos, de fabricación y de elevación de los precios».

A 1 de enero existen 1,7 millones de contadores con una antigüedad superior a 20 años, lo que implica que se tendrían que fabricar e instalar en los próximos 3 años unos 766.000 contadores nuevos al año. Dado que el promedio de instalación de nuevos contadores, por nuevos puntos de suministro y sustituciones, es de unos 200.000 contadores al año, ocasionaría un incremento de la actividad fabricación e instalación de contadores en un 280%. Ante estas cifras, la CNMC propone un calendario de sustitución de contadores de gas, según el cual antes del final del tercer año deberá sustituirse un 30% del total del parque de contadores, antes del 5º deberá sustituirse un 60% y antes del 8º, el 100%.

Por otro lado, la orden ministerial también regula la verificación periódica y la prohibición de reparación o modificación, que afectaría a unos 7,8 millones de contadores doméstico-comerciales. La CNMC considera adecuado eximir a estos contadores de la verificación periódica, pues simplificaría las obligaciones metrológicas, que se valora de manera positiva para el sector de consumo de gas doméstico-comercial al que aplica. Asimismo, considera adecuada la prohibición de reparación o modificación, pues lo habitual es que cuando un contador está estropeado, se achatarre, dado que la reparación es normalmente más costosa que instalar un nuevo contador.

En cuanto a la vida útil establecida, quedaría justificada en función de la información obtenida que la vida útil de los contadores de gas sería de al menos 20 años. Por lo que respecta a los contadores de consumo de electricidad, el 1 de enero finalizó el plazo para la sustitución de contadores tele-gestionados. Cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica solo puede mantener un máximo de un 2% sin sustituir por causas no imputables a la misma.

La CNMC considera «adecuado» el decreto que regula el autoconsumo de electricidad pero sugiere mejoras antes de su aprobación

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el real decreto ley que regula el autoconsumo de energía eléctrica constituye un marco «adecuado» para su desarrollo, aunque propone la mejora de la definición de qué se entiende por instalaciones próximas y clarificar el mecanismo de compensación simplificada.

El regulador ha emitido un informe sobre la propuesta del Gobierno para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo energético, considerando que «en líneas generales» crea un marco normativo que permite «el impulso definitivo» al autoconsumo. La CNMC cree que simplifica las modalidades de autoconsumo y los trámites administrativos y de registro, que define el concepto de instalación próxima a los efectos de regular el autoconsumo colectivo o que confirma la eliminación del cargo a la energía autoconsumida.

También destaca que la propuesta crea un mecanismo de compensación simplificada para retribuir al autoconsumidor con excedentes los vertidos de energía a la red, y facilita la instalación de elementos de acumulación sin más requisitos que cumplir las normativas de seguridad y calidad industrial, al mismo tiempo que ha tenido en cuenta elementos «de gradualidad y prudencia» a la hora de regular los aspectos más novedosos introducidos por el decreto.

No obstante, y sin perjuicio de esta valoración positiva, la CNMC matiza que, respecto a la definición de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas, se debería detallar mejor cómo medir los 500 metros, así como relajar el criterio de referencia catastral para las fincas rústicas (además de aludir al sistema catastral foral). En relación con el mecanismo simplificado de compensación de excedentes, cree que se debería clarificar su aplicación para los consumidores que realicen autoconsumo colectivo sin excedentes.

Con carácter transitorio y para las instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la propuesta, el regulador sugiere relajar la limitación de permanencia de un año como mínimo, desde el alta o modificación del contrato de acceso, en la modalidad de autoconsumo elegida, sin perjuicio de que los sujetos deban cumplir con todas las obligaciones y requisitos que conlleve la nueva modalidad. También recomienda incluir una habilitación normativa expresa que permita al Gobierno establecer y revisar modelos de contrato (en particular, el relativo al mecanismo de compensación simplificada) y de comunicación que deban utilizarse en los intercambios de información entre los distintos agentes (autoconsumidor, distribuidor, comercializador, comunidades autónomas) en el procedimiento administrativo del autoconsumo.

En cuanto a la eliminación de las limitaciones a la representación del autoconsumo en el mercado, propone la eliminación de la limitación prevista en el artículo 53.5 del mismo real decreto, siempre y cuando dicha representación se limite a las energías renovables ligadas al autoconsumo. Por último, considera «en exceso restrictivo» descartar como ubicaciones no válidas para los equipos de medida todas las cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción, ya que algunas de dichas cubiertas podrían ser transitables.

La deuda del sistema eléctrico cae hasta los 18.851 millones de euros, pero no se terminará de pagar hasta 2028

Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico ascendía a cierre de 2018 a 18.851 millones de euros, tras haberse reducido en 2.143 millones de euros a lo largo del pasado año, lo que supone un descenso del 10% con respecto a los 20.994 millones de euros en que se situaba en 2017.

Según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico español y sus previsiones futuras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima que ésta no se terminará de pagar hasta 2028, aunque habrá reducciones significativas en las anualidades de 2021 y de 2026 a 2028. En total, existen cuatro categorías de derecho de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE).

El derecho de cobro asociado al FADE representa la mayor parte, con casi el 82% del importe total pendiente de cobro, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, que supone un 13%. Según indicó la CNMC, el coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2019, con los datos disponibles al finalizar 2018, es del 2,562%, lo que implica un descenso de 66,6 puntos básicos con respecto al ejercicio de 2018. El coste de la anualidad correspondiente a 2018 de la deuda del sistema eléctrico asciende a 2.738 millones de euros, un 2,81% inferior a la anualidad total satisfecha en 2017, que ascendió 2.818 millones de euros.

Desde 2014, el sistema eléctrico español ha registrado superávit un año tras otro, después de sumar 14 ejercicios consecutivos de déficits anuales. Concretamente, el superávit fue de 550 millones de euros en 2014, en 2015 ascendió a 469 millones de euros, en 2016 se situó en 422 millones, y en 2017 fue de 150 millones. Así, el superávit acumulado en estos ejercicios asciende a 1.591 millones de euros. No obstante, de esta cantidad, 638,5 millones de euros se han destinado a la financiación del bono social y proyectos de inversión en energías renovables de territorios no peninsulares. En consecuencia, existe un saldo de 952,5 millones de euros en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados.

De acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte del superávit acumulado en estos años se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social, tras diversas sentencias anulatorias del Tribunal Supremo. Concretamente, los importes de 2014, 2015 y 2016 por un total de 518,5 millones de euros. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017 y la Ley 6/2018, se han dedicado 120 millones de euros para ayudas a la inversión en instalaciones renovables en territorios no peninsulares.

Cañete comparte su «enorme preocupación» por la falta de apoyo de la CNMC al gasoducto MidCat con Francia

Europa Press.- El comisario europeo responsable de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha compartido en el Congreso su «enorme preocupación» con la falta de apoyo por parte de los reguladores español y francés al proyecto de interconexión gasista entre España y Francia.

El comisario europeo lamentaba así la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su homólogo francés, la Comisión de Régulation de l’Energie (CRE), de rechazar la inversión en el gasoducto Step, la primera fase del proyecto MidCat. Según estos organismos, este proyecto no cumple con las necesidades del mercado y «carece de la madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza», razones por las cuales rechazaron la solicitud de inversión presentada por Enagás y la firma francesa Teréga el pasado enero.

Frente a ello, Arias Cañete reivindica la necesidad de contar con interconexiones eléctricas y gasísticas para desarrollar el potencial de las energías renovables y asegurar un nivel de seguridad energética, e incide en que la Península Ibérica «es una isla«. Por ello, lamenta que las conexiones transpirenaicas, en la que se encuadra el rechazado proyecto Step, vaya a un menor ritmo que la interconexión eléctrica.

Cañete ha apostado por contar con «el mayor número de interconexiones», sean eléctricas o gasísticas, pues así podría «participar en los mercados centrales europeos» que, a su juicio, «reciben un gas en mejores condiciones que probablemente el gas natural licuado». Si bien cree que España está «bien» preparada, considera que «en estos momentos tiene un diferencial de coste» con el gas que llega al norte de Europa, principalmente a Alemania, con la cual, ha apostillado el comisario comunitario, las empresas deben competir en coste energético.

La CNMC multa a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas

Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa Energía con 260.000 euros por irregularidades en la formalización de contratos de luz y gas natural, según indicó el organismo que preside José María Marín Quemada.

Concretamente, Competencia ha sancionado a la compañía con 170.000 euros por 17 infracciones leves (14 de ellas contrarias a la Ley del Sector Eléctrico y 3 a la Ley del Sector de Hidrocarburos), a los que se suma otra multa de 90.000 euros por haber cambiado de compañía a un particular sin su consentimiento. Durante la investigación llevada a cabo por la CNMC, el organismo ha detectado que Endesa Energía incumplió su obligación de contar en todo momento con la documentación que acredita la voluntad del cliente de cambiarse de suministrador para 14 contratos de suministro eléctrico. Igualmente, detectó esta práctica en otros 3 contratos de suministro de gas natural, de los que tampoco disponía de la documentación exigida legalmente.

Cambio de compañía sin consentimiento

En consecuencia, la CNMC considera que la compañía cometió un total de 17 infracciones leves por incumplir sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos de suministro de energía eléctrica y de gas natural. Por otra parte, la CNMC recibió la denuncia de un consumidor, a través de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que reclamaba que Endesa Energía le había cambiado de comercializador de electricidad sin su consentimiento en 3 propiedades que previamente fueron de un familiar fallecido. En consecuencia, la compañía ha sido multada con 90.000 euros por haber cometido 3 infracciones leves, según la Ley del Sector Eléctrico.

Competencia recuerda que recientemente también ha sancionado a Endesa Energía con 30.000 euros por incumplir los requisitos de contratación con los clientes, y anteriormente, con otros 120.000 euros por dar de alta a clientes sin contar con su consentimiento. Meses antes, Endesa también fue sancionada con 30.000 euros por una práctica similar. La CNMC insiste en que las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos fijados por la Ley cuando formalizan sus contratos y muy especialmente cuando se trata de consumidores vulnerables. Asimismo, recuerda que están prohibidas las ventas en el domicilio, salvo que exista petición expresa por parte de los consumidores y sea por iniciativa suya.

El déficit eléctrico asciende a 1.420 millones hasta diciembre, 899,7 millones menos de lo previsto, a falta de dos liquidaciones

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.420 millones de euros hasta diciembre del pasado año, 899,7 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A pesar de ser la duodécima liquidación, esta cifra no es definitiva ya que, dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Así, antes de diciembre de este año se efectuará la liquidación definitiva.

Este desajuste inferior a lo previsto, que sitúa el déficit provisional un 0,7% por debajo del mismo periodo del 2017, se debió, fundamentalmente, a la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, que fue 423 millones de euros inferior a lo previsto, y a la retribución de la actividad de la distribución, que resultó 294,5 millones inferior a lo previsto. El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 228.166 gigavatios hora (GWh), un 1,6% superior al valor promedio observado en años anteriores. La CNMC indicó que esta demanda se estima que representa el 94,5% de la prevista para el conjunto de 2018.

Por otra parte, se han liquidado 63.650 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en 2018, asciende a 7.148 millones de euros (antes de IVA). Así, dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, con un resultado del 90,17%, que se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Como consecuencia de aplicar el coeficiente de cobertura, resulta una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 447,3 millones de euros (antes de IVA).

Mientras, la liquidación provisional correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asciende a 72,6 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. En la fecha de cierre de esta liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 5,7 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

En lo que respecta al sector gasista, el déficit provisional se situaba a cierre de diciembre en los 350 millones de euros, con una disminución del 9,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos liquidables declarados por las empresas al sistema liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones fue de 2.692 millones de euros. Esta cantidad es un 4,1% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, debido al incremento de los ingresos por facturación del peaje de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén Castor afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

AsÍ, la retribución total acreditada a las empresas ha sido de 2.716 millones de euros, que es un 0,02% inferior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 87,1% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2018 facturada hasta diciembre fue de 315,6 teravatios hora (TWh) incluida carga de cisternas desde plantas (10,7 TWh). Esta cantidad es 1,6 TWh superior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 0,5%.

La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.