Así consta en una de las dos propuestas de resolución que el grupo popular ha presentado al informe anual de fiscalización de la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)del fondo para la financiación de las actividades del plan general de residuos radiactivos en los ejercicios 2010 y 2011.

Estas iniciativas serán debatidas en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Además, los populares quieren que se articule un procedimiento formal de comunicación entre Enresa y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que permita a aquella contrastar los elementos que integran las bases imponibles de las tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales y los registros correspondientes al sistema eléctrico.

Izquierda Plural, por su parte, planteó instar al Tribunal de Cuentas a realizar un informe de fiscalización específico referido a la actividad contractual de Enresa, abordando la fiscalización de la contratación de la empresa nacional de residuos a empresarios particulares, el volumen total de gasto subcontratado y el grado de concentración de adjudicatarios en los procesos de selección.

Revisión de los elementos tributarios

Fue a principios de febrero cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó en sede parlamentaria una serie de recomendaciones a Enresa en las que le sugería la conveniencia de revisar cada año los elementos tributarios de las dos tasas que caen sobre los titulares de centrales nucleares para la gestión futura de los residuos radiactivos que estas generan.

Según el Informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011 del Tribunal, estas tasas se deberían actualizar en función de las necesidades de financiación futura resultantes de las actualizaciones socio-financieras de las previsiones contenidas en los en el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que Enresa comunica al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El objetivo de esta recomendación es «garantizar» que las dotaciones anuales al Fondo se distribuyan a lo largo del periodo que queda de vida útil de las centrales nucleares.

Además, para adecuar los recursos acumulados en el fondo para los costes futuros que deberá afrontar Enresa tras el cierre de las centrales nucleares en explotación, el Tribunal sugiere que podría plantearse «como alternativa» al incremento de la cuantía de las tasas que recaen sobre los titulares de las plantas atómicas, la «internalización por estas empresas» de los costes por asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que, a pesar de estar asociados a la generación de energía nucleoeléctrica, se han cargado anualmente desde su implantación al Fondo para la financiación de actividades del PGRR.

Asimismo, considera que Enresa «debería cargar» al fondo imputable a las centrales nucleares en explotación la «totalidad de los costes soportados» por Asignaciones a Ayuntamientos afectados por las centrales nucleares e instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos, que se han venido repartiendo entre los cuatro fondos en los que figuraba distribuido el Fondo para la financiación de actividades del PGR, a pesar de que la Ley de 1997 no les otorgó la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento.

A juicio del Tribunal, teniendo en cuenta las cantidades recaudadas por tarifas, peajes o precios y los rendimientos financieros generados para afrontar los costes de la gestión de los residuos radiactivos del sector eléctrico y del resto de instalaciones radiactivas, tras el cambio regulatorio de 2009 «no garantizaría como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional» que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoléctricas.

Esto se debe a que no se obliga a revisar cada año los elementos tributarios de las tasas que recaen en los titulares de las centrales nucleares y a trasladarles cada año las desviaciones significativas que en la financiación de esos costes de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.