Industria autoriza el primer cierre de una planta de ciclo combinado de gas, la central de Iberdrola en Castellón

Tras la autorización de Industria, Iberdrola dispondrá a partir de ahora de tres meses para decidir si cierra la instalación, según consta en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el BOE. Industria emite la resolución tras recibir sendos informes favorables de Red Eléctrica de España y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los que se indica que el eventual cierre no afectará ni a la seguridad del suministro ni al mercado eléctrico.

Una vez que este cierre se haga efectivo, se procederá a cancelar la inscripción del grupo 3 de la planta de Castellón en el registro correspondiente. El grupo 3, para el que se solicitó el cierre, tiene 800 megavatios (MW) de potencia instalada de los 1.600 MW del complejo. En el plazo de tres meses, el grupo «quedará declarado indisponible» y «en su caso» Iberdrola perderá los derechos de pagos por capacidad reconocidos hasta ahora.

De esta forma, da cumplimiento a una solicitud realizada por Iberdrola el 24 de noviembre, después de que la eléctrica hubiese recabado informes también favorables de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Castellón. En el caso de que la eléctrica no haya procedido al cierre en el plazo de tres meses, se producirá la caducidad de la autorización. Además, el plazo máximo en el que la eléctrica deberá proceder al desmantelamiento parcial de la central es de cuatro años a partir de la fecha de la resolución.

Iberdrola justificó el cierre de la central ante la situación actual de sobrecapacidad en el sistema eléctrico español, «que ha provocado una infrautilización de las centrales de ciclo combinado que impide tener un valor adecuado de estos activos». La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ya anunció que tenía previsto recolocar dentro del mismo complejo a los trabajadores que pudiesen resultar afectados por este cierre. La decisión afecta solamente al grupo 3 del complejo, en producción desde 2002 y que es la instalación de mayor tamaño que tiene Iberdrola en España con una potencia de más de 1.600 megavatios (MW).

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, explicó que la decisión acerca de «si se cierra o no» una central se tomará «función de la evolución de la demanda», que está comenzando a aumentar. Sánchez Galán indicó además que el efecto del cierre de las plantas podría oscilar entre 80 y 100 millones de euros por la depreciación del cierre de cada instalación, si bien estas cifras «dependen del momento y de cada situación«. «En todo caso, no se ha tomado una decisión definitiva», señaló.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes. Fuentes de Iberdrola señalaron que sus técnicos están analizando la resolución y que «ahora disponemos de un plazo de tres meses para tomar la decisión» de cierre. Esta es la primera autorización de cierre concedida por el Gobierno para una central de ciclo combinado, después de que varias solicitudes hechas anteriormente hubieran sido rechazadas porque el operador del sistema considerara que esa potencia era necesaria para garantizar la seguridad.

Las eléctricas habían solicitado cierres para algunas de estas centrales ante su escaso funcionamiento derivado de la crisis económica y del amplio desarrollo de otras tecnologías, como las renovables. Paralelamente, el Gobierno anunció un plan para hibernar y cerrar temporalmente parte del parque de centrales de ciclo combinado, una medida planteada con la reforma energética del verano de 2013 que aún no se ha desarrollado.