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El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra el decreto de autoconsumo

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Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra el real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso, interpuesto ante la sala tercera del Supremo, fue admitido el pasado 7 de enero. APPA presentó el pasado mes de diciembre un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de autoconsumo aprobado por el Gobierno al considerar que «vulnera la Constitución Española».

La normativa de autoconsumo energético elaborada por Industria establece el pago de una serie de cargos para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. La normativa ha sido duramente criticada desde el sector renovable que califica estos cargos como un «impuesto al sol» y acusa al Gobierno de querer acabar con esta modalidad.

Junto a APPA, también presentaron recursos contra esta normativa ante el Supremo la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y el sindicato CC.OO. Las asociaciones consideran que la normativa discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles y vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la directiva europea de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. A su juicio, vulnera también la directiva del mercado interior de la electricidad imponiendo unos «peajes discriminatorios».

El Gobierno estableció dos modalidades de autoconsumo, una primera para aquellos usuarios que tengan una instalación de no más de 100 kilovatios (kw), solo para autoconsumir, de forma que pueden verter a la red el sobrante, pero no pueden venderlo. La otra modalidad se dirigía a los consumidores con instalaciones de más de 100 kw, que pueden tanto verter a la red la energía sobrante como venderla, para lo que tienen que inscribirse en el registro de productores de electricidad.

El Gobierno rechaza los requerimientos de los ejecutivos autonómicos de Cataluña y Valencia en contra del decreto de autoconsumo energético

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros rechazó sendos requerimientos presentados por Cataluña y por la Comunidad Valenciana en los que se denuncian distintos preceptos del decreto 900/2015 sobre autoconsumo de electricidad, aprobado por el Gobierno en octubre, en el que se establece el pago de ciertos cargos a los autoconsumidores que permanezcan conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico, como las redes o los pagos por capacidad.

En el caso de Cataluña, el Gobierno autonómico había formulado un requerimiento de incompetencia al amparo de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional con el objeto de que se deroguen once artículos del decreto, los 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 y 22, así como las disposiciones adicionales primera, segunda y novena, y la disposición final sexta. El requerimiento solicitaba una nueva redacción de estos artículos para establecer una regulación respetuosa con las competencias de la Generalitat de Cataluña en la actividad de autoconsumo energético.

El Gobierno ha rechazado este requerimiento «al no estimar fundadas sus pretensiones», ya que considera que el autoconsumo «no reduce los costes de mantenimiento de las redes de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro», por lo que los usuarios deben abonar los correspondientes cargos. También ha citado diversos argumentos. El primero es que la Ley del Sector Eléctrico y el decreto regulan una actividad que es competencia del Estado, que es el encargado de fijar las obligaciones de contribución a los costes del sistema eléctrico de forma equitativa para todos los consumidores.

Otro argumento se refiere a la inscripción en un registro administrativo de las instalaciones de autoconsumo, que considera necesario para el correcto cálculo de la contribución al sistema. Esta inscripción, señala el Gobierno, tiene el objetivo de publicidad y conocimiento del número y características de las instalaciones autoconsumidoras, y está desprovista de cualquier otro efecto jurídico. De hecho, el Gobierno señala que la inscripción «no autoriza la instalación ni da lugar al inicio de la actividad de autoconsumo, por lo que no puede pretenderse fundar la competencia de la comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias autorizatorias sobre instalaciones».

Requerimiento de la Comunidad Valenciana

Por su parte, la Generalitat valenciana planteó su intención de recurrir el real decreto al considerar que impone «una barrera económica injustificada» y «desincentiva» la puesta en marcha del autoconsumo, para lo que envió un requerimiento al Ministerio de Industria, presentado en este caso por la vía contencioso-administrativa y dirigido contra los artículos 14.3, 19.2, 20 segundo párrafo, 21, 22, 23 y 24. El Gobierno centra su rechazo al requerimiento de Valencia en tres puntos.

Sobre el artículo 14.3, en el que la Generalitat aprecia un trato discriminatorio al no permitirse que las instalaciones acogidas a la modalidad de autoconsumo tipo 1 puedan percibir contraprestación económica por el vertido de energía a la red, el Gobierno rechaza este extremo al existir un único sujeto, el sujeto consumidor, que, de acuerdo a lo que establece la Ley del Sector Eléctrico es el sujeto que consume energía. «Si esa instalación, o una de idénticas características, quisiera vender energía, se podría inscribir dentro de la modalidad tipo 2, que contempla dos sujetos, el productor y el consumidor y, por tanto, recibir la mencionada contraprestación por el vertido de energía a la red», indica.

En relación con los artículos 19.2, 20, 21, 22, 23 relativos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, el Ejecutivo explica que la finalidad de la creación del registro está directamente relacionada con el régimen económico del sistema eléctrico, competencia que corresponde al Estado, «como avala numerosa jurisprudencia». «La creación de este registro no es un hecho aislado y atípico en el sector eléctrico, ya que existen otros registros estatales en el ámbito de actividades en las que las comunidades ostentan competencias ejecutivas como, por ejemplo, el registro de régimen retributivo específico o el registro administrativo de empresas de distribución de energía eléctrica«, señala.

En tercer lugar, el Gobierno defiende el artículo 24 del decreto, que establece que el Estado, en su caso en colaboración con los órganos competentes de las comunidades autónomas, podrá llevar a cabo planes de inspección de la aplicación de las condiciones económicas de los suministros acogidos a las modalidades de autoconsumo. Finalmente, en relación con la afirmación de que no existe una identidad de costes entre los consumidores no sujetos a ninguna modalidad de autoconsumo y los autoconsumidores, el Gobierno recuerda que la propia Ley del Sector Eléctrico ya establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema, en la misma cuantía que el resto de los consumidores.

Autoconsumo, año cero

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Escribía Jordi Dolader, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía en referencia al entonces proyecto de Reglamento de Autoconsumo, que éste era el único proyecto que nuestro país se podía permitir con lo acumulado de nuestra historia presente. Implícitamente, Dolader, hacía referencia a las decisiones regulatorias que habían conducido a la burbuja renovable, al encarecimiento de nuestro sistema de suministro y al incremento de los costes de acceso en la factura eléctrica.

En esta afirmación se encuentra la clave para comprender el problema del Decreto recién aprobado (y que había hasta apuestas de su promulgación) con todas sus dimensiones. Se trata de abordar la cuestión del autoconsumo como un elemento que se introduce dentro de la órbita de un sistema, el eléctrico  y, por tanto, con su correspondiente repercusión (técnica, organizativa y económica) a la hora de de articular el suministro de electricidad en nuestro país.

En sentido contrario, entender la cuestión del autoconsumo eléctrico como una cuestión referida meramente al impulso y promoción (o reimpulso, de unas industrias o de unas tecnologías) sería reducirlo en su alcance y dejarlo en el mero aspecto tan manoseado de los intereses (y, por otra parte, un enfoque tan frecuentado, incluso por los propios organismos reguladores). Y, la otra forma de reduccionismo es abordarlo puramente en términos de comunicación política, en clave de discurso buenista o ecologista (anzuelo que muerden los propios artífices de la comunicación política del Gobierno).

Por su parte, la reclamación de las instalaciones de autoconsumo de no contribuir en términos semejantes al de los otros consumidores al sistema, en aras del desarrollo de este mecanismo de suministro o de la mejora del medioambiente, es pueril y adanista, sobre todo teniendo en cuenta nuestros antecedentes, el coste del suministro actual y la cuestión del déficit tarifario con sus formas de absorción. Algo que, consecuentemente, crea enormes diferencias y discriminaciones, entre los consumidores que no pueden suministrarse de esta forma, afectando a capas importantes de la población y trasladando las cargas pasadas a otros consumidores, sobre todo urbanos.

Consumidores vs. autoconsumidores

Incluso, de facto, hoy es un problema de autoconsumidores contra consumidores. Si nos atenemos a la realidad demográfica, el autoconsumo es una opción para quienes poseen una instalación individual en una vivienda de unas ciertas características y capacidad de inversión para su adquisición e instalación. El autoconsumo no es opción viable para los consumidores urbanos (el 80 % de la población). Por tanto, estos últimos financiarían en el sistema los costes que los autoconsumidores que dejarían de sufragar de su desconexión al sistema en el modelo más extremo de desconexión.  Además, si nos atenemos a las posiciones y conocimiento de los consumidores a este respecto, nos damos cuenta que su concienciación es baja respecto de de las cargas indebidamente soportadas por los consumidores domésticos.

De igual forma, este mecanismo sí que se podría ver facilitado de haberse producido la separación de los costes impropios incluidos en el suministro y su atención desde los Presupuestos Generales del Estado, permitiendo un cálculo ajustado de los costes que los consumidores y, por tanto, los autoconsumidores tendrían que atender. Es decir, si se hubiera planteado de forma global en términos de “sistema” viendo su papel y aportación real.  Al igual, que la cuestión del balance neto, en términos de que necesidades de mayor oferta de generación requiere el sistema y a qué plazos.

Más allá de todo lo anterior, el Gobierno con esta regulación finaliza la legislatura en energía a excepción de la previsible revisión de precios energéticos pendientes con el horizonte de las próximas elecciones. Eso no quiere decir que la cuestión, tal y como se haya regulado, vaya a ser estable y que el Decreto recién aprobado (aunque todavía no publicado) tenga visos de permanencia. Actualmente, además de existir muchas fuerzas contrarias, esta es una cuestión muy golosa para la práctica de la demagogia, con exceso de cercanía a las elecciones. Por otra parte, de forma tímida, es una medida que alimenta la tendencia de desmembramiento del sistema, tal y como hoy lo conocemos, y afectará  a sus empresas (que empiezan a contemplarlo en sus estrategias), a sus operadores de transporte y sistema, a sus reguladores,  su organización económico-financiera y a su gobernanza.

UNEF considera que las pymes son «las más perjudicadas» por los cambios del Gobierno en la normativa sobre autoconsumo energético

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Europa Press / EFE.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que los nuevos cambios introducidos en el último borrador de real decreto de autoconsumo son «cosméticos» y que las empresas de servicios y pymes son «las más afectadas» con su actual redacción, ya que «carga sobre ellas el mayor peso del impuesto al sol«.

El presidente de UNEF, Jorge Barredo, indicó que el real decreto, que está a la espera del dictamen del Consejo de Estado para su aprobación por el Gobierno, en esencia «sigue ideado para entorpecer el desarrollo del autoconsumo y no para promoverlo como debería, como la medida de ahorro y eficiencia energética eficaz y sostenible que es, ya posible sin ningún tipo de subvención institucional».

De esta manera, la patronal fotovoltaica considera que con un modelo de autoconsumo con balance neto como el existente en la mayoría de los países, una empresa de servicios recuperaría su inversión en unos 5 años, algo más de 4 en el caso de las pymes. Sin embargo, con el modelo que prevé el borrador, «que no incluye balance neto para los excedentes e introduce el impuesto al sol», la empresa de servicios no rentabilizaría su inversión hasta los 12 años, algo más de 7 para el caso de pymes.

Para UNEF, el nuevo texto sigue encaminado «a frenar el desarrollo del autoconsumo», en vez de promoverlo como recomienda la Comisión Europea, y los cambios introducidos «son mínimos», a pesar de las más de 40.000 alegaciones y 200.000 firmas registradas contra el borrador. Así, recuerda que los autoconsumidores tendrán que pagar un cargo por potencia contratada en las horas que hayan autoconsumido y un cargo por energía autoconsumida, del que estarán exentas las instalaciones de menos de 10 kilovatios, fundamentalmente los hogares, y las ubicadas en Canarias, Ceuta y Melilla.

El Gobierno argumenta que con las exenciones propuestas se facilita el autoconsumo de electricidad en los sistemas donde este modelo energético es más barato que el tradicional y en los hogares medios, al tiempo que se garantiza que los consumidores conectados a la red contribuyan a sufragar sus costes, que de otra manera tendrían que repartirse entre todos los usuarios.

Sin embargo, según UNEF, el esquema propuesto por el Gobierno, que prevé esta serie de cargos para contribuir a sufragar los costes del sistema eléctrico, como las redes o el respaldo de ciertas centrales, supondrá que los autoconsumidores pagaran «el doble de peajes» por cada kilovatio-hora (kWh) de energía autoconsumida que por ese mismo kWh «comprado de la red por un consumidor que no disponga de una instalación de autoconsumo».

Así, Barredo considera que «no hay razón objetiva» para frenar el desarrollo del autoconsumo en España, ya que el impuesto al sol recaudaría dos millones de euros para el sistema, «una cifra insignificante» comparada con los 1.385 millones de resultado bruto de explotación (Ebitda) de REE o los 503 millones que el sistema emplea en pagos por interrumpibilidad a la gran industria. Para Jorge Barredo, el autoconsumo «produce inquietud porque incrementa la competencia, baja el precio del pool de la electricidad en las horas pico y reduce el mercado para las fuentes de energía convencionales, poniendo fin a un servicio concebido como un monopolio natural».

«Tour de force» en el decreto del autoconsumo

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La inminencia en la promulgación, traslado al Consejo de Ministros o aplazamiento del decreto del autoconsumo está llevando a que los movimientos y estrategias de lobby asociados al mismo se estén intensificando y cobren vigor en este cambio. En días pasados conocíamos como se estaban recabando apoyos en el ámbito europeo, con el agravante de que las cuitas energéticas españolas ya han alcanzado un grado de hartazgo notable en las instituciones comunitarias.

Del mismo modo, teníamos noticia de las indicaciones de la CNMC al respecto y de la propia Defensora del Pueblo, con pocas simpatías entre la institución y el actual Ministerio de Industria. También podíamos leer en la prensa artículos que lo promueven y lo defienden, teniendo en cuenta que su alcance es limitado a personas con capacidad de inversión del entorno de los 8.000 euros y titulares de viviendas unifamiliares con capacidad para colocar instalaciones de ese tipo. Los titulares de la industria buscan, lógicamente, un balón de oxígeno, desligados aparentemente del problema de las primas a determinadas tecnologías renovables.

En este contexto conocíamos como 18 partidos políticos y organizaciones se planteaban la promesa de derogación de este real decreto en caso de aprobarse. Un acuerdo que involucra a casi todo el arco político actual, incluyendo los nuevos partidos emergentes, en una reconfiguración segura del mapa político español tras las generales. Al Gobierno se le plantea un tour de force y, en energía, estos tres últimos años, se han incurrido y propugnado varios, por la propia gestión de las medidas adoptadas. Este decreto podría ser como el modelo retributivo de la fotovoltaica de los socialistas, predestinado a una demolición anunciada.

Se trata de artillería gruesa y, obviamente, es también una prolongación de una forma de hacer política energética característica de la legislatura tras el nombramiento de Alberto Nadal. El Gobierno sabe que, con el problema del déficit tarifario resuelto contablemente pero metido debajo de las alfombras, la regulación sobre el autoconsumo puede ser el principio de otro agujero fenomenal en la tarifa, de cara a la instrumentación para los autoconsumidores futuros de la posibilidad de eludir los costes regulados de nuestro actual modelo de suministro.

Por tanto, esta regulación es la consecuencia de ese enfoque y de no abordar en serio la detracción de los costes impropios de la tarifa, incluyendo la propensión a las inversiones en transporte que también están en el punto de mira. Si eso se hubiera producido, la regulación del autoconsumo tendría más posibilidades de haber sido neutral, con la aplicación de los costes debidos, y valer para el futuro. Del mismo modo, todos los argumentos buenistas y de ciencia ficción sobre el papel del autoconsumo en la transición energética hasta el momento caen en saco roto, en esa retórica parecida a la que llevó a la burbuja renovable, adanista con el conjunto del sistema de suministro eléctrico español y sus problemas.

Puestos así, se admiten apuestas. ¿Se publicará el reglamento de autoconsumo o se aplazará?

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

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Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

La AIE recomienda a España limpiar la tarifa de la luz de los costes ajenos al suministro

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Redacción / Agencias.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomienda al Gobierno español que «reforme» la tarifa de la luz mediante la «eliminación de cualquier componente de coste que no esté relacionado con el suministro«. Así aparece recogido en el informe anual de la AIE sobre España, el Energy Policies of IEA Countries for Spain 2015 Review, presentado por la directora ejecutiva de la agencia, Maria van der Hoeven, junto al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La directiva de la AIE subrayó que los costes de la electricidad en España siguen «entre los más altos de Europa», por lo que es recomendable «quitar barreras que no tienen que ver con esos costes» y «estar más alineados con las señales que da el mercado para conseguir mejor respuesta por parte de los clientes». Por ello, el informe considera que los costes no esenciales que se saquen de la tarifa deben recuperarse a través de «mecanismos más apropiados» y que «España debe revisar sus objetivos de renovables» con la premisa de que «la carga sea compartida por distintos sectores, lo que pasa por limitar de forma más ambiciosa el uso de carburantes fósiles en el sector del transporte«.

Por su parte, Soria recordó que en España se incluyen los extracostes peninsulares de los que «una parte ya están yendo a los Presupuestos Generales del Estado», si bien sacar este tipo de costes del recibo era «muy difícilmente planteable» en un escenario de consolidación fiscal. En cualquier caso, valoró que como consecuencia de la reforma energética se haya conseguido que «una buena parte de los costes regulados del sistema hayan disminuido» y hayan permitido corregir el «persistente» déficit tarifario. Soria subrayó los efectos positivos de las medidas emprendidas por el Gobierno en materia energética por las que, aunque el nivel de precios es todavía elevado, indica según dijo «que el camino que se ha seguido es el buen camino».

Al analizar la reforma energética, la AIE considera que el Gobierno «ha cumplido su objetivo», ya que «los costes y los ingresos del sector vuelven a estar en equilibrio y el déficit de tarifa acumulado, que alcanzó un pico de 29.000 millones en 2013, equivalente al 3% del PIB, podrá desaparecer gradualmente«. Por ello, Van der Hoeven valoró la resolución del problema del déficit de tarifa y felicitó al Gobierno «por haber luchado contra este desafío», que «no iba a ser popular ni fácil». La reforma, indica el informe, «ha sido compleja, pero necesaria. La sostenibilidad futura del sistema eléctrico depende tanto de las circunstancias macroeconómicas como del mantenimiento de un compromiso con la reforma por parte de los políticos».

Aún así, Van der Hoeven subrayó que la reforma energética ha tenido también sus contras, como frenar las inversiones en renovables al enviar una «visión negativa» a los inversores por los recortes aplicados. «Lo importante ahora es ceñirse a las reglas para poder recuperar la confianza perdida, y se conseguirá muy pronto«, añadió. Para evitar «cualquier interferencia política en el futuro», es necesario aplicar el principio de que «ningún coste nuevo debe introducirse sin un incremento anterior de ingresos», afirma la agencia. El informe también destaca la reducción en 10 puntos, del 80% al 70%, de la dependencia energética de España en el periodo entre 2009 y 2014, que «puede ser atribuida en parte al rápido incremento en las renovables».

Van der Hoeven apuntó que los esquemas de ayudas a las renovables «fueron demasiado altos para la economía española», por lo que fue necesario «tomar medidas» para reducirlas. «Esta reforma también ha tenido costes», indicó, «puesto que los inversores han aprendido sobre riesgos políticos y reglamentarios y no olvidarán estas lecciones». Por ello sostuvo que el sector renovable en España se ha visto «muy afectado» por la reforma eléctrica desarrollada, ya que las medidas han conseguido «traer equilibrio al sector pero han frenado las inversiones».

«Tenemos el riesgo de que se estanque este sector», advirtió la directora general de la AIE, quien consideró que «hay mucho por hacer» y a pesar de esa «turbulencia» percibe un «potencial grande» de energías renovables en España en el futuro. «España tiene recursos de viento y sol», indicó, «y necesita más capacidad para cumplir los objetivos europeos, por lo que confía en que con una política de precios e inversiones este sector podrá ser competitivo en España y se reducirá la necesidad de subsidios».

Por su parte, el ministro defendió que las inversiones extranjeras ahora cuentan con «certidumbre, estabilidad y confianza», lo que ha conducido, según datos del Ministerio de Industria, a un volumen de inversiones en renovables superior a los 1.000 millones de euros en el primer semestre en España. Además, recordó que el Ejecutivo lanzará una convocatoria de 700 MW de renovables, y especificó que en eólica se dedicará a la repotenciación de parques eólicos actualmente existentes pero antiguos con capacidades inferiores.

Preguntada por la postura de la AIE respecto al autoconsumo energético en España y la normativa actualmente en elaboración, la directora general coincidió con Industria en que la tarifa energética «tiene que asegurarse con que todos los suministradores contribuyan». Por ello, remarcó la necesidad de invertir en la red puesto que seguirá siendo la «columna vertebral», ya que los autoconsumidores precisarán de su utilización cuando quieran vender su superávit o no cuenten con energía suficiente.

Soria no descarta retrasar a septiembre la regulación del autoconsumo para «mejorarla»

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que el Gobierno se podría plantear aplazar la aprobación del real decreto sobre autoconsumo para septiembre para mejorarlo «basándose en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)». En este sentido, Soria aseguró que el Ejecutivo tiene previsto aprobarlo el día 31 de julio, aunque subrayó que actualmente se está estudiando el informe realizado por el regulador y se podría dejar su aprobación para después del verano «si es para mejorarlo».

El titular de Industria señaló que es la «primera vez» que un Gobierno regula el autoconsumo en España y volvió a defender un peaje para los autoconsumidores que se enganchen al resto del sistema para beneficiarse cuando su capacidad de generación sea insuficiente o para vender cuando sea superior, por lo que, según Soria, deberá «contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello» ya que, si no es así, «se consume a consta de que paguen otros».

De igual forma triunfante, Soria destacó que la reforma del sector energético ha conseguido poner final al déficit eléctrico y registrar en 2014 ya un «pequeño superávit de decenas de millones de euros», cuya cifra exacta se conocerá en noviembre. De hecho, la evolución de los ingresos y costes del sistema en lo que va de 2015 apuntan a que «muy probablemente estaremos en superávit evidente de varios cientos de millones» a cierre del ejercicio.

Asimismo, Soria insistió en que la rebaja de la luz del 2,2% aprobada por el Gobierno para el periodo de agosto a diciembre tendrá su continuidad en 2016 y podría suponer una reducción en la factura eléctrica incluso superior si se dan condiciones más favorables. De hecho, indicó que el superávit de 250 millones de euros se destinará a aminorar los peajes, lo que supone una caída del 4% en esta partida y una traducción en la factura eléctrica de un abaratamiento del 2,2% que se va a aplicar de agosto a diciembre. «En 2016 se van a aplicar también estos 250 millones de euros pero entre 12 meses, aunque no descarto una caída en la factura todavía mayor«, dijo.

Por otra parte, Soria defendió el recorte a las renovables aplicado por el Ejecutivo, a pesar de las numerosas demandas contra ella tanto dentro como fuera de España, y aseguró que se hizo basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que «es muy clara». `Por ello defendió la reforma energética aprobada en 2013, que establece una rentabilidad razonable, y aseguró no conocer ninguna actividad que tenga «garantizado por ley una rentabilidad del 7,5% durante toda su vida útil». Además, Soria subrayó que la reforma no supuso una pérdida de interés en España en el sector renovable para los inversores, con unas inversiones que han supuesto en torno a los 1.000 millones de euros en el primer semestre de este año.

La CNMC plantea que los usuarios con autoconsumo paguen menos primas a las renovables que el resto de consumidores

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha planteado la posibilidad de que los usuarios con equipos para autoconsumo de energía eléctrica paguen menos primas a las renovables que el resto de usuarios o que, al menos, se les exima de pagar las correspondientes a futuras instalaciones.

En su informe sobre el proyecto de real decreto que establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro y producción de energía eléctrica con autoconsumo, el regulador subraya de que ambas propuestas podrían llevarse a cabo siempre y cuando se asegure la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. En este sentido, la CNMC justifica una menor contribución del autoconsumo al sustento de las renovables en que esta actividad contribuye a conseguir los objetivos medioambientales marcados por Europa.

La CNMC «comparte» con el Gobierno la necesidad de que «los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo deben contribuir a la financiación de los costes del sistema» mediante una serie de cargas. Sin embargo, propone que las cargas se asocien sólo a los términos fijos, excluyendo los variables, es decir, los que dependen del consumo, siempre que así se paguen todos los costes del sistema. El regulador considera que en el decreto «no se justifica adecuadamente el desincentivo» al autoconsumo a partir de instalaciones gestionables, tanto aquellas que utilizan energías que se pueden modular como la instalación de baterías.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, señaló que en el caso del autoconsumo eléctrico quien esté conectado «sí tiene que pagar algo de la red». Así, aseguró que en este caso parece razonable que el consumidor deba «soportar los costes de esa red, la uses más o menos«. Marín Quemada puntualizó que la determinación de las tarifas «podría haber sido diferente», pero se trata de un tema complejo. «Buscamos más la neutralidad, que quiere decir que no se premia pero no se castiga», añadió al respecto Marín Quemada, quien consideró que también deben incorporarse «flexibilidades, porque la tecnología lo puede cambiar todo en un año y medio».

La CNMC subraya que la atención a sus recomendaciones «fomentaría tanto la generación como el almacenamiento distribuido», así como al autoconsumo renovable y gestionable. Añade que «la regulación resultante sería mucho más sencilla de implementar para los consumidores y de supervisar». La CNMC considera fundamental contar con una norma predecible que regule este tipo de actividad y por ello recuerda al Gobierno la necesidad de establecer una metodología de cargos al autoconsumo «clara» y que sea «coherente» con la metodología de los peajes de acceso, la parte del recibo de la luz que retribuye costes regulados del sistema eléctrico como el transporte o la distribución.

Por lo tanto, pide definir cómo calcular los cargos que les correspondería pagar a todos los usuarios en general y a los autoconsumidores en particular. En especial, en tanto una parte de dichos cargos sea proporcional a la energía eléctrica consumida, ya sea ésta recibida de la red de transporte o distribución, o bien autoproducida instantáneamente. De forma transitoria, y hasta que se apruebe dicha metodología, según el decreto se establecería el llamado «cargo transitorio por energía autoconsumida», que incluye diversos componentes correspondientes a los costes del sistema, los pagos por capacidad y los servicios de ajuste, y, en su caso, un cargo fijo en función de la potencia contratada.

En todo caso, la CNMC propone como una alternativa posible considerar una metodología de asignación de costes basada en la aplicación de cargos calculados fundamentalmente a partir de términos fijos, que permita recuperar los costes del sistema sin recurrir a cargos de términos variables aplicables a la energía autoconsumida. La Ley del Sector Eléctrico establece la obligación que tienen los usuarios que recurren al autoconsumo energético de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, siempre que la instalación no esté completamente aislada.

Además de los peajes de acceso que financian las redes de transporte y distribución, cuya metodología de cálculo establece la CNMC, existen otros costes del sistema eléctrico pagados mediante varios cargos. Con estos se financian, entre otros, el extracoste de producir electricidad en los sistemas no peninsulares; la retribución específica a las energías renovables, cogeneración y residuos, o las anualidades del déficit del sistema eléctrico. «Todos estos conceptos se incluyen en el recibo de los consumidores», recuerda el organismo regulador.

Asimismo, Competencia cuestiona el establecimiento de límites a la potencia contratada por los consumidores acogidos a la llamada modalidad de suministro con autoconsumo, o a la potencia instalada de la instalación de producción asociadas, «siempre y cuando ésta sea menor o igual a la potencia contratada». A su juicio, el proyecto mantiene una «indefinición» sobre las instalaciones de producción de potencia superior a 100 kilovatios (kW) que no sean cogeneración. En este sentido, advierte de que las instalaciones de más de 100 kW que no sean cogeneraciones «quedarían fuera de la futura normativa», así como también los consumidores de potencia contratada superior a 100 kW.

Las organizaciones renovables critican al Gobierno tras el apoyo de la Comisión Europea al autoconsumo

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Redacción / Agencias.- La patronal fotovoltaica UNEF y la Fundación Renovables cargaron contra la propuesta de regulación para el autoconsumo elaborada por el Gobierno español ante el apoyo mostrado por la Comisión Europea a esta actividad al subrayar que «los consumidores necesitan ser libres para generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro» dentro de un paquete de propuestas en materia energética con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética.

La Fundación Renovables asegura que el real decreto del Ejecutivo va «en dirección contraria» a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de autoconsumo, por lo que exigió que «retire su propuesta y la redacte de nuevo tomando nota de las recomendaciones«. El presidente de la Fundación, Domingo Jiménez, señaló que «la propuesta del Gobierno sobre autoconsumo es un ataque frontal a los intereses de los ciudadanos españoles» que va contra «la inevitable democratización energética«. De esta forma, Jiménez celebró que Bruselas recoja «las mejores prácticas internacionales sobre autoconsumo creando así una clara indicación sobre la necesidad de derribar las barreras para que la ciudadanía pueda jugar en paridad de condiciones con las grandes empresas en el sector energético».

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación que representa al 85% de la capacidad fotovoltaica instalada y a la mayoría de entidades relacionadas con el sector, considera que las directrices distribuidas por la Comisión Europea son un «respaldo» a sus reivindicaciones en contra del proyecto de real decreto de autoconsumo energético que planea aprobar el Gobierno, que a su juicio queda así «invalidado«.

Para UNEF, este documento «demuestra que el Gobierno de España no está construyendo un sistema eléctrico adecuado a nuestro futuro y debe retirar el proyecto de real decreto actualmente en tramitación», añadió. Este borrador prevé el establecimiento de una serie de cargas económicas para los autoconsumidores conectados a la red con el objetivo de que estos contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. Para el presidente de UNEF, Jorge Barredo, la normativa española contradice las directrices de la Comisión tanto por las cargas como por los complejos procesos administrativos establecidos y por las dificultades impuestas al uso de almacenamiento.

En el documento Mejores prácticas para el autoconsumo con energías renovables, la Comisión Europea destaca que «el autoconsumo energético puede producir un gran número de beneficios», y reconoce que el fomento del autoconsumo energético puede reducir los costes del sistema, «especialmente en aquellos países soleados, en los que ayuda a reducir los picos de demanda producidos por el uso de los aires acondicionados«. La Comisión Europea reconoce asimismo que el autoconsumo puede significar «una importante contribución a financiar la transición energética» hacia un modelo más sostenible y a «reducir la factura eléctrica de los consumidores».

Bruselas considera que la energía renovable es «esencial y contribuye a todos los objetivos de la Unión Energética: seguridad de suministro, transición hacia un sistema sostenible de energía reduciendo gases de efecto invernadero, desarrollo industrial para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo y reducción de los costes de la energía para la economía de la Unión Europea». Además, según la patronal fotovoltaica, la Comisión se ha posicionado «en contra» de algunas de las medidas más polémicas introducidas en el proyecto de real decreto de autoconsumo que se encuentra en tramitación en España.

Concretamente, según UNEF, Bruselas denuncia que los procesos administrativos complejos para la autorización de proyectos representan «una importante barrera para la competitividad de los pequeños y medianos proyectos»y aboga por la eliminación de cualquier necesidad de legalización para las pequeñas instalaciones, más allá de un «sistema de notificaciones sencillo». Asimismo, la Comisión Europea destaca la idoneidad del uso de sistemas de almacenamiento que «pueden permitir a los consumidores almacenar y utilizar la energía generada por sus propios sistemas renovables de una manera más eficiente».

«Los mayores beneficios para la red se alcanzan cuando el almacenamiento distribuido se gestiona para reducir la potencia pico de las instalaciones de energía renovable descentralizadas», puntualizó la Comisión. El documento aboga además por la eliminación de «cargos discriminatorios para los autoconsumidores» y por la necesidad de garantizar la no retroactividad de los cambios administrativos, «asegurando la estabilidad de las inversiones en autoconsumo ya realizadas.

UNEF recuerda que el borrador del Gobierno, sin embargo, prevé la eliminación de los procesos simplificados de regularización de instalaciones existentes, y obligaría a todos los proyectos a legalizarse de nuevo bajo la «compleja y costosa normativa» que, además, prohíbe el uso de sistemas de almacenamiento. Además, el borrador propuesto por el Gobierno, prevé unas «cargas«, conocidas popularmente como «impuesto al sol«, para todos los que opten por este sistema de ahorro y eficiencia energética.