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El Tribunal Constitucional levanta la suspensión a una normativa de Región de Murcia que exime al autoconsumo energético de cargos

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EFE.- El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión solicitada por el Estado, al presentar un recurso de inconstitucionalidad, sobre el artículo 20bis  de la Ley Regional de Energías Renovables, lo que habilita a la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Región de Murcia a definir reglamentariamente las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir las instalaciones para ser consideradas «aisladas del sistema eléctrico» o de «intercambio de energía«.

Según el Gobierno regional, el mencionado artículo se refería a que en la Región de Murcia se consideran instalaciones aisladas, y por tanto exentas del pago de cargos al sistema eléctrico nacional, aquellas instalaciones eléctricas que a pesar de no estar aisladas físicamente utilicen medios técnicos que produzcan un efecto equivalente. Asimismo, este artículo habilita a que las pequeñas instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como es la energía solar, previstas para el consumo instantáneo o diferido en las modalidades de autoconsumo, puedan considerarse como instalaciones de intercambio de energía, de forma que la cesión de energía no llevará aparejada contraprestación económica alguna al sistema nacional.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, señaló que se trata de «una buena noticia para la Región porque abre nuevas y buenas perspectivas de negocio para el sector de las energías renovables en la Región». De hecho, añade el Gobierno murciano, «la propia abogacía del Estado reconoce que el levantamiento de la suspensión podría suponer el desplazamiento a la Región de una inversión anual por valor de 82 millones». El objetivo de Murcia, según apuntó, es que «uno de nuestros principales recursos naturales, el sol, pueda ser aprovechado por particulares y empresas para disminuir la factura energética y ser más competitivos».

Satisfacción en el sector murciano

La Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur), integrante de FREMM, se ha felicitado por la decisión del Constitucional de eliminar lo que denominan Impuesto al Sol, una demanda que los empresarios de energías alternativas venían demandando, por lo que muestran su satisfacción porque se les haya dado la razón. «Es una gran noticia por la que hemos luchado de forma insistente desde la asociación, aunque tengo un recuerdo para los empresarios que se han quedado en el camino, a lo largo de esta travesía», según comenta el presidente de Aremur, José Marín.

Por su parte, todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional de Murcia alabaron el levantamiento de la suspensión, si bien PSOE y Podemos pidieron la derogación del decreto del Ejecutivo español que grava el autoconsumo. En este sentido, el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, calificó de «gran satisfacción» el dictamen del Constitucional porque es favorable a los intereses de la Región de Murcia. Por su parte, su homólogo socialista, Rafael González Tovar, considera que el levantamiento de la suspensión ya es un avance, pero matizó que el «paso definitivo» será la derogación del «real decreto de Mariano Rajoy».

Desde la bancada de Podemos, el portavoz, Óscar Urralburu, mostró su alegría por el «pequeño avance» dictaminado por el Tribunal Constitucional sobre una legislación autonómica que calificó de «muy poco ambiciosa«, aunque valoró que el «no pagar el impuesto al sol ya es un avance importante». Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, calificó de «magnífica noticia» que se levante la suspensión del recurso del Gobierno central, pero criticó que PSOE, Podemos y PP rechazaran que la Asamblea Regional presentara alegaciones contra la iniciativa del Ejecutivo español ante el Constitucional.

La AIE refleja que España es un “caso único” con una tasa específica para los autoconsumidores de electricidad

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Europa Press.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura tras analizar la regulación sobre autoconsumo de electricidad en 20 países que la «tasa» que se aplica en España para cubrir los costes de las redes es «el único ejemplo» de cargo específico en el mundo para los autoconsumidores.

Eso sí, la AIE detecta un «debate» en países como Francia y Australia acerca de la contribución al sistema de los autoconsumidores, algo que puede conducir, según indica, a un cambio en la estructura de las tarifas y a elevar la parte que se paga por el término fijo. Estas consideraciones de la AIE aparecen recogidas en un informe del programa específico de la agencia para la fotovoltaica, conocido como IEA Photovoltaic Power Systems Programme.

El informe cita expresamente España como uno de los países más restrictivos para el autoconsumo de electricidad, especialmente en lo referido a la imposición de cargos para financiar las redes eléctricas y en el uso de los excedentes de producción. «Está generalmente aceptado que los costes variables de las redes en la parte de la factura que se ahorra gracias al autoconsumo no debe pagarse», si bien «España aplica una tasa adicional para recuperar una parte de estos costes», indica.

La AIE identifica España como el único país donde se paga esta «tasa», si bien puntualiza que algunos estados de Australia o Estados Unidos obligan a realizar contribuciones parecidas, y que otros países modificaron sus estructuras de tarifas y elevado la parte fija para abordar la financiación de las redes. Este asunto, señala, es motivo de discusión en Francia, mientras que en Bélgica se implantará un cargo para costear las redes, aunque la instalación de los contadores inteligentes permitirá que solo acabe aplicándose a la parte que se inyecta al sistema y no a la electricidad autoconsumida de forma instantánea.

En Italia, la contribución a la red se realiza a partir de los 20 kilovatios (kW) de potencia contratada, mientras que en países como Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, México, Suiza, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel y Japón el autoconsumidor no hace pagos adicionales por este asunto. Por ello, al abordar los incentivos a los autoconsumidores por inyectar en la red el exceso de electricidad producida, la AIE dice que existen «varias tendencias» y cita a España como el país que no ofrece ninguna compensación por esta actividad. “Se considera que la electricidad fotovoltaica no tiene valor en el mercado y se espera que los prosumidores autoconsuman toda su producción», señala.

En otros países, el exceso de producción adquiere un valor ligado al precio mayorista de electricidad o incluso, como en Reino Unido, alcanza un valor superior a esta referencia. Finalmente cabe reseñar que el Programa sobre Sistemas de Energía Fotovoltaica de la AIE cuenta con la participación de organizaciones como el Instituto Europeo del Cobre. El director de la oficina española de este instituto, Diego García Carvajal, señala que, «realmente, el autoconsumo es una medida excelente para fomentar la eficiencia energética  más que una forma alternativa de generar electricidad fuera de la red convencional«. En este sentido, asegura que «una manera de fomentar esa eficiencia es concentrar el consumo en las horas centrales del día».

Los catalanes de Democracia y Libertad exigen transponer inmediatamente la directiva de eficiencia energética de los edificios para evitar sanciones

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Europa Press.- Democracia y Libertad quiere que el Congreso exija al Gobierno que transponga de manera inmediata la directiva comunitaria relativa a la Eficiencia energética de los edificios para evitar que la Comisión Europea sancione a España. En una PNL, los independentistas catalanes critican que haya adaptado de forma incorrecta la normativa comunitaria a la legislación nacional en aspectos como qué se consideran edificios de bajo consumo, qué exenciones se pueden aplicar a los requisitos o el cobro de peajes al autoconsumo.

Esto ha llevado al Ejecutivo comunitario a abrir un procedimiento formal de infracción contra España. Además, en febrero envió una carta a Madrid transmitiéndole un dictamen para que transponga la directiva en dos meses so pena de ser sancionada en caso de no hacerlo. De hecho, España ya fue condenada en enero de 2014 por el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir la directiva de Eficiencia Energética. Por todo ello, los independentistas exigen a la Cámara Baja que emplace al Gobierno a impulsar la «inmediata y correcta» transposición de la directiva así como a eliminar los peajes impuestos al autoconsumo.

La Unión de Consumidores de Cantabria reclama que el Gobierno autonómico se posicione contra los cargos al autoconsumo

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EFE.- La Unión de Consumidores (UCC) reclama que el Gobierno de Cantabria se posicione contra el «impuesto al sol» y que se sume a la prórroga que 8 comunidades autónomas españolas han solicitado al Ministerio de Industria para ampliar el plazo de registro de los paneles solares, que venció el 11 de abril.

Según señala la UCC, numerosas instalaciones de autoconsumo no están inscritas en el registro oficial que preveía el decreto de octubre de 2015, por lo que quedarán en situación irregular con el riesgo de ser sancionados “con multas de elevada cuantía”. El impuesto ha sido objeto de recursos ante diversos organismos por varios colectivos afectados por la nueva regulación, que también ha levantado críticas de organizaciones ecologistas y de consumidores así como de partidos políticos.

La UCC considera que cobrar un peaje por el autoconsumo de energía fotovoltaica es una «injusticia» y una «medida perniciosa» para el desarrollo energético del país y de las energías renovables, además del “perjuicio” que supone a los ciudadanos. A su juicio, la inseguridad jurídica que ha provocado a los afectados aconseja, cuanto menos, que se amplíe el plazo de inscripción de los paneles solares en el registro oficial. Por ello, la asociación reclama que el Gobierno de Cantabria se sume a otras comunidades que ya han solicitado dicha prórroga.

Además, le piden que defienda activamente la “democratización de la producción eléctrica y favorezca el desarrollo de un modelo energético distinto, de aprovechamiento de las renovables frente los a combustibles fósiles”, que facilite la producción por los particulares y su vertido a la red. La UCC exige que no se “penalice y castigue” al ciudadano que hizo inversiones por las que ahora se le penaliza.

El Congreso pide por primera vez facilitar el autoconsumo y ampliar hasta diciembre el plazo para registrar las instalaciones

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Europa Press.- La Comisión de Industria del Congreso exigió al Ejecutivo que elimine las “trabas” administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo, incluido el llamado impuesto al sol, y que promueva un marco regulatorio estable para la generación a pequeña escala. Aunque el texto original había sido presentado por el PSOE, finalmente se ha votado una iniciativa consensuada también con Podemos, Ciudadanos, ERC y Democracia y Libertad al que sólo se opuso el PP.

Según la propuesta finalmente aprobada, el Gobierno deberá impulsar esta fórmula de generación y consumo de energía, apostando por el balance neto como sistema de compensación de créditos en un periodo de tiempo tasado. Además, se solicita que el autoconsumo se incorpore al Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 del IDAE, priorizando las viviendas de familias vulnerables, y que se auditen los costes reales integrados en la tarifa eléctrica para facilitar su «progresiva adecuación al nuevo modelo energético».

En la iniciativa también se reclama al Gobierno que prorrogue hasta el 31 de diciembre los plazos para adecuarse a la normativa de autoconsumo, dado que el periodo transitorio finalizó hace unos días sin que muchas instalaciones se hayan adecuado todavía, lo que podría conllevar multas. En esta misma línea, se aprobó una propuesta de Ciudadanos para eximir a las instalaciones desaladoras de Canarias, que funcionan en régimen de autoconsumo a partir de renovables, del pago de peajes hasta 2020.

El plazo para inscribir instalaciones de autoconsumo termina con sólo 20 proyectos domésticos entre las críticas de Ciudadanos y Podemos

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Europa Press / EFE.– Mientras que Podemos carga de nuevo contra el “impuesto al sol», según la portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, las desaladoras que funcionan en el archipiélago en régimen de autoconsumo «lamentablemente» son desde este lunes “ilegales o alegales”. El plazo de 6 meses concedido por el Ministerio de Industria a los autoconsumidores de electricidad para inscribir sus proyectos termina con sólo 20 instalaciones domésticas dadas de alta, según datos del registro.

De la veintena de instalaciones domésticas registradas, cuatro se encuentran en Lugo, tres en Málaga, tres en Lleida, dos en Madrid y dos en Asturias. Tanto Alicante como Jaén, Murcia, Navarra y Castellón registran una instalación. Estos proyectos corresponden a los del tipo 1 con potencia inferior a 10 kilovatios (kW), propios de un autoconsumidor doméstico con placas solares. Esta tipología permite verter a la red el sobrante de la energía generada, pero sin retribución económica. Dentro del tipo 1 con potencias superiores a 10 kW, se dieron de alta 20 autoconsumidores, mientras que el tipo 2 cuenta con 115 inscritos. En esta segunda modalidad, pensada para perfiles empresariales, se puede vender la energía sobrante.

En los últimos días, varias comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y asociaciones empresariales del sector han reclamado a Industria que ampliase el plazo para inscribirse en el registro para evitar. Como parte de estas peticiones, llegaron a remitir una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, fuentes de Industria no quisieron comentar esta cuestión, al tiempo que desde la Unión de Empresas Fotovoltaicas (UNEF) se asegura que han sido varias las ocasiones en las que se insistió ante el Ministerio para lograr una ampliación en el plazo de registro.

Las organizaciones denuncian en la carta dirigida a Rajoy la «indefensión» en que quedará gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica. Asimismo, consideran que Industria, que «fraguó» en octubre un real decreto «contra el autoconsumo», está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, ya que aún no ha desarrollado las exigencias técnicas. Asimismo, las entidades piden al presidente en funciones que resuelva «el caos» creado por el ministro José Manuel Soria y acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean «ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la falta de previsión del Ministerio de Industria».

El real decreto sobre autoconsumo obliga a los autoconsumidores conectados a contribuir en la parte fija de su contrato, que es la del término de potencia, con los costes regulados del sistema eléctrico, entre ellos el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables o los pagos por capacidad. En cuanto a la parte variable, que es la correspondiente a la energía autoproducida, también se obliga a contribuir a los costes del sistema eléctrico. Esta medida es la que genera polémica y ha sido tildada por el sector como impuesto al sol.

Ciudadanos se preocupa por desaladoras

Melisa Rodríguez denunció que los propietarios de las desaladoras en régimen de autoconsumo tienen que fiarse de la buena voluntad del gobierno español para no ser sancionados, y afirmó que, como el real decreto 900/2015 no está derogado, esas plantas sean ilegales. La diputada añadió que Ciudadanos ha presentado iniciativas para solucionar el problema y ha pedido la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria, para que explique la situación el miércoles en Comisión del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Melisa Rodríguez no sabe si el ministro querrá «honrar» con su presencia a la Comisión de Industria y aseguró que, aunque desde el PP se diga que todo está solucionado, no es así.

Podemos critica los cargos impuestos

Por su parte, el diputado regional de Podemos en Murcia, Antonio Urbina, recordó la oposición de Podemos «al impuesto al sol», y auguró que cuando se apruebe la Ley de generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo ese real decreto quedará derogado. El proyecto de Ley está ahora admitido en la Mesa del Congreso de los Diputados, avanzando en su tramitación «para que por primera vez desde una comunidad autónoma se pueda regular una política de ámbito estatal», comenta. «Solicitamos que agilice la tramitación de la Ley aprobada en la Asamblea Regional de Murcia. Gracias a ello, en 2016 se abrirá una nueva etapa con el relanzamiento de las energías renovables en nuestro país», añadió.

Organizaciones ecologistas y renovables piden a Rajoy que no ilegalice las instalaciones de autoconsumo a partir del lunes

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Servimedia / Europa Press.- 11 organizaciones ecologistas, de consumidores y del sector de las renovables enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresar su preocupación por «la situación de indefensión» a la que el Ejecutivo somete a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica, que podrían ser sancionados a partir del próximo lunes, fecha límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor de la norma se registren, por lo que piden prorrogar el plazo.

Las entidades son Amigos de la Tierra, Anpier, Asgeco, Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático, Ecologistas en Acción, Fundación Global Nature, Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/BirdLife y WWF España. Denuncian que miles de instalaciones de autoconsumo eléctrico en España podrían entrar el próximo lunes, 11 de abril, en un limbo legal muy cercano a la ilegalización, ya que es la fecha límite para que las instalaciones se adapten a su articulado, bajo amenaza de ser declaradas ilegales y de exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de pagar los cargos al autoconsumo.

Las organizaciones consideran que el Gobierno penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios en los últimos años, algo que «contribuye a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético del país». Además, denuncian que el Ministerio de Industria, que fraguó el decreto contra el autoconsumo, «está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que estableció, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas.

Asimismo, las entidades piden a Rajoy que resuelva «el caos creado por el ministro José Manuel Soria» y obligue a que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas por «la falta de previsión» del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otro lado, recalcan que, «en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana». «Por este motivo, resulta incomprensible que Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas«, añaden.

Las organizaciones destacan que el decreto de autoconsumo eléctrico «contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética». «La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas», concluyen.

PSOE y Ciudadanos se comprometen con UNEF a acabar con los cargos al autoconsumo si llegan al Gobierno

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EFE / Europa Press.- Los equipos económicos de PSOE y de Ciudadanos se reunieron con la dirección de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) para analizar las medidas energéticas del pacto de investidura de ambos partidos y expresar el compromiso común de poner fin al llamado impuesto al sol, reformando el real decreto sobre autoconsumo energético y aprobando en su lugar un «marco regulatorio estable» que regule el balance neto. Así lo manifestaron representantes de las tres partes tras reunirse en la sede de UNEF en Madrid.

Un encuentro que se enmarca en la iniciativa de PSOE y de Ciudadanos de trasladar a los diferentes sectores económicos y sociales los puntos del acuerdo que hace unas semanas firmaron los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Uno de los epígrafes que estructura el acuerdo de socialistas y Ciudadanos hace alusión a la «transición energética y lucha contra el cambio climático».

En el pacto figuran propuestas como la promoción de un Pacto de Estado de la Energía, la aprobación de una Ley de Cambio Climático, el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil o la supresión del llamado impuesto al sol, en referencia a los cargos establecidos por el Gobierno para los autoconsumidores conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

Un impuesto que el presidente de UNEF, Jorge Barredo, calificó de «lesivo» para el sector de la energía fotovoltaica, pues, entre otras razones, hace inviable la instalación de plantas de estas características en España porque “hace imposible que sea rentable”. En representación de los negociadores del PSOE, el exministro Jordi Sevilla recalcó el compromiso por acabar con carácter inmediato con dicha tasa, en el caso de que haya un Gobierno socialista tras recabar los apoyos parlamentarios suficientes. El portavoz del equipo de Ciudadanos, Francisco de la Torre, se manifestó en los mismos términos y señaló que el fotovoltaico es precisamente «uno de los sectores más perjudicados» por la política energética del actual Gobierno en funciones.

Ambos representantes se comprometieron a potenciar el desarrollo de la industria fotovoltaica en España con ayudas a la financiación de empresas. En definitiva, Sevilla y De la Torre han destacado su «compromiso» para permitir el autoconsumo en España y la importancia de cambiar el modelo energético actual «hacia un modelo más sostenible y más barato», según comunicó la propia UNEF. Los cargos impositivos «dificultan algo que nosotros creemos que hay que estimular y favorecer como es precisamente el autoconsumo, no solo de las viviendas unifamiliares, centros comerciales u otras entidades de consumo colectivo», añadió Sevilla.

Además, tanto Sevilla como De la Torre han subrayado la voluntad de sus partidos por intentar unir al pacto a otras fuerzas políticas, ya que, según ha afirmado el exministro de Administraciones Públicas, las propuestas del acuerdo conjunto suscitan el visto bueno de una mayoría parlamentaria y reflejan el deseo de la sociedad por instaurar «un Gobierno de cambio». El equipo negociador socialista lo han integrado, además de Sevilla, Pilar Lucio y Manuel de la Rocha, en tanto que en representación de Ciudadanos han asistido los diputados Sergio del Campo, José Luis Martínez y el propio Francisco de la Torre.

La OCU estima en 10 años el tiempo mínimo para que algunas formas de autoconsumo sean rentables

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Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que el autoconsumo empieza a ser rentable, «incluso a pesar de los costes de legalización y las diversas trabas administrativas que hoy existen», con la posibilidad de amortizar un kit fotovoltaico en unos 10 años. Según un estudio realizado por la asociación sobre kits fotovoltaicos, la tecnología está ya «madura, tratándose de sistemas muy fiables y que se adaptan muy bien a las condiciones climatológicas».

La OCU señala que esta alternativa es viable sobre todo en viviendas independientes, adosadas o cualquier otro tipo de vivienda que dispongan del espacio necesario para instalar estos kits. Así, la organización estima que para cubrir el consumo anual de una familia media (3.500 kWh) harían falta 8 paneles fotovoltaicos, con un coste total de unos 7.000 euros, incluyendo la instalación y los 800 euros de legalización. En concreto, el tiempo de amortización de este kit sería de poco más de 10 años Si los costes de legalización fueran inferiores «resultaría aún más interesante», señala.

Para OCU, el impacto en la amortización de los costes de legalización tiene especial repercusión en kits de menor tamaño que cubren sólo parte de la energía diaria necesaria, y donde el plazo para conseguir la amortización puede elevarse desde los 13 a incluso los 30 años, ya que el coste de instalación suele ser mayor que el propio coste del equipo, «algo que no parece que tenga mucho sentido«.

Compra colectiva de kits fotovoltaicos

Por otro lado, la OCU lanzó en www.renovamos.org una compra colectiva de kits fotovoltaicos para producir electricidad con el objetivo de facilitar e incentivar el acceso a tecnologías más eficientes. Estos kits permiten ahorrar generando su propia energía o incluso, con el equipamiento necesario (baterías de acumulación), pueden desconectarse de la red eléctrica. Para contar con garantía de suministro, la OCU recomienda que si se quiere optar por «desenchufarse» de la red es conveniente disponer de un sistema de apoyo como un grupo electrógeno de gasóleo o un pequeño aerogenerador.

Villar Mir Energía se suma a los recursos contra el decreto de autoconsumo ante el Supremo

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Europa Press / EFE.- La sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por Villar Mir Energía en contra del real decreto 900/2015 en el que se regulan las condiciones para el autoconsumo de electricidad. Esta admisión a trámite se suma a las recientemente anunciadas por el Supremo acerca de una denuncia de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr, en contra de la misma norma.

APPA, junto a la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones sociales, presentaron recientemente diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución Española» y que se establece un impuesto al Sol. La normativa de autoconsumo establece el pago de una serie de cargos para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la directiva europea de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la directiva europea del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas».