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Villar Mir Energía se suma a los recursos contra el decreto de autoconsumo ante el Supremo

Europa Press / EFE.- La sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por Villar Mir Energía en contra del real decreto 900/2015 en el que se regulan las condiciones para el autoconsumo de electricidad. Esta admisión a trámite se suma a las recientemente anunciadas por el Supremo acerca de una denuncia de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr, en contra de la misma norma.

APPA, junto a la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones sociales, presentaron recientemente diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución Española» y que se establece un impuesto al Sol. La normativa de autoconsumo establece el pago de una serie de cargos para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la directiva europea de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la directiva europea del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas».

Bertrand Piccard, piloto del avión Solar Impulse, dice que fijar un peaje al autoconsumo es la «peor decisión posible»

EFE.- El suizo Bertrand Piccard, conocido por batir el récord mundial de distancia para un avión propulsado por energía solar, criticó el peaje al autoconsumo energético aprobado por el Gobierno de España, que considera «la peor decisión posible» en materia de energías renovables. «El impuesto debería ser al consumir, no al producir» energía, afirmó Piccard, al tiempo que consideró que, al tasar la producción de energías renovables, se «disuade a la población» de usar estas fuentes energéticas.

Piccard, cuyo proyecto Solar Impulse aspira a dar la vuelta al mundo en avión movido solo por energía solar, criticó el inmovilismo de los Estados europeos ante las energías renovables, mientras que China «va más rápido que nadie» en la comercialización masiva de energías verdes. «La política energética de las instituciones europeas es ambiciosa y tiene un objetivo claro, pero su implementación en los Estados miembros no encaja«, manifestó Piccard.

En opinión del aventurero, «la expansión de las energías renovables generarían miles de puestos de trabajo y cuantiosos beneficios mientras se respeta el medioambiente», e incluso reportarían más ganancias que las que se obtienen actualmente con la comercialización de combustibles fósiles. «Se crece más con energía renovable que con combustibles fósiles», afirmó Piccard, que añadió que el aperturismo hacia las energías renovables «no solo es ecológico, sino lógico» ya que se estimula el crecimiento económico mientras preserva el medio ambiente.

Sin embargo, Piccard detectó un «inmovilismo y miedo al cambio» por parte de las autoridades, lo que a su juicio impide la creación de un marco legal para las energías renovables que garantice seguridad a los inversores potenciales, que demandan «estar en igualdad de condiciones» con el resto de industrias energéticas. El aventurero opinó que estas reticencias se deben en parte a que los gobiernos ven a la política medioambiental como «una amenaza», en tanto que abrirse a las renovables sería dar la razón a los partidos ecologistas. Piccard propuso como solución a este conflicto de intereses políticos la integración de expertos en ecología en partidos de derechas e izquierdas.

El piloto advirtió a las autoridades europeas de que si no se abren al uso de energías renovables se perderá una oportunidad en el mercado energético interno y «la oportunidad definitiva» en el externo con la tecnología. Respecto a la COP21, valoró positivamente muchas de las soluciones acordadas porque ahora «son rentables» en términos económicos, y no se mostró preocupado porque no se mencionara la aviación, ya que supone «el 3% de la contaminación total».

Por otra parte, Piccard desveló que entre sus futuros proyectos está el desarrollo de placas solares en grandes altitudes que podrían contribuir a la creación de satélites que funcionen exclusivamente mediante energía solar. «Nuestro mundo vive con tecnologías energéticas viejas, pues hay formas de energía más eficientes que las usadas actualmente», puntualizó Piccard, que vaticinó que si se adoptan, «se crearán empleos, se generarán beneficios y se protegerá el medioambiente».

Podemos /Equo pide en el Congreso que el Gobierno no reabra Garoña y que se derogue el decreto de autoconsumo

Europa Press / EFE.- El grupo parlamentario de Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno en funciones a no reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos). El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, recuerda que su partido defendió en campaña el cierre definitivo de esta central nuclear y añadió que con esta iniciativa pretenden poner de manifiesto la «barbaridad» que está a punto de cometer «un gobierno en funciones».

En su proposición no de ley, Podemos señala que el Consejo de Seguridad Nuclear está dando pasos para avanzar en la reapertura de la central y para establecer compensaciones económicas a Nuclenor, la empresa propietaria, de cara a un futuro cierre. Esta fuerza política considera «inadmisible» que en la actual situación política se desarrollen medidas que «comprometen presupuestariamente a un futuro gobierno si decide cerrar la central nuclear». «Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha», sostiene el portavoz de Equo en su iniciativa, que consideró «inaceptable» que el Gobierno en funciones «tratase de activar el proceso» de reapertura de la planta atómica, teniendo en cuenta que la mayoría del nuevo arco parlamentario lo rechaza.

En este sentido, Uralde recuerda el acuerdo parlamentario sellado en diciembre de 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria. En la iniciativa, se recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que le ha llegado el momento de ser desmantelada.

Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica de Garoña «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y además es gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima, «tristemente famosa» por protagonizar un «grave accidente» nuclear.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el gobierno del Partido Popular y la empresa propietaria (Nuclenor) están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo popular está utilizando el caso de la central nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

Por ello, la proposición no de ley planteada insta al Gobierno en el Congreso al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras». En la iniciativa, también plantea que el desmantelamiento de la instalación atómica contará con un calendario público de cierre definitivo durante el período, necesariamente de varios años, en el que se recoja también el consiguiente plan de reactivación económica de la zona.

Derogar la normativa de autoconsumo

Por otro lado, Podemos / Equo presentó otra proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno derogue «todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación». Uralde pretende con esta iniciativa fomentar el autoconsumo por motivos ecológicos, económicos y sociales con la aprobación de una normativa que reconozca el derecho a retribución por la energía vertida en la red y elimine cualquier tipo de peaje por el consumo instantáneo de energía autogenerada.

En la iniciativa, el dirigente ecologista subraya las «indudables ventajas» del autoconsumo energético, entre las que cita la reducción de costes en infraestructuras y mantenimiento, la reducción de la contaminación, el incremento del uso de renovables, el ahorro en la factura y la consecuente lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de un nuevo sector económico y la creación de puestos de trabajo. Por eso, Uralde critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aprobado tanto el decreto de Autoconsumo, que impone peajes a esta modalidad de uso de energía, como la Ley del Sector Eléctrico, que exige a todo este tipo de instalaciones contribuir a los costes y servicios del sistema en igualdad de condiciones con el resto.

El PSOE propone en el Congreso derogar el decreto de autoconsumo de energía

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso 10 nuevas iniciativas parlamentarias, entre las que figura una proposición no de ley para derogar el decreto de autoconsumo. En este sentido, los socialistas defienden un modelo energético «de largo alcance, que asegure el acceso a la energía a precios asequibles, convierta al sector en factor de competitividad, reduzca la dependencia, impulse el autoabastecimiento, fortalezca la seguridad del suministro y luche eficazmente contra el cambio climático».

«Necesitamos un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil», insisten, criticando que tanto el decreto ley de 2012 que paralizó indefinidamente las primas a las renovables como el decreto de autoconsumo aprobado el pasado mes de octubre han supuesto un «duro golpe» y una «restricción» a estas fuentes de energía.

Por eso, piden al Gobierno que elimine las «trabas administrativas, técnicas y económicas» al autoconsumo eléctrico, incluido el llamado impuesto al sol y promueva un marco regulatorio «estable y propicio» para la generación de pequeña escala, impulsando en este sentido el desarrollo del balance neto como sistema de compensación de créditos de energía en un periodo de tiempo tasado. Además, los socialistas presentaron otra proposición no de ley sobre la gradual disminución en la producción de energía eléctrica por centrales nucleares, que aboga por fijar el cierre de las centrales nucleares a los 40 años, como máximo, desde su apertura.

Valoriza (Sacyr) recurre ante el Supremo la normativa de autoconsumo energético

EFE / Europa Press.- Sacyr, a través de su filial Valoriza Servicios Medioambientales, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto de autoconsumo. Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso se interpuso ante la sala tercera del Supremo y fue admitido a trámite el 14 de enero. La normativa de autoconsumo energético establece el pago de una serie de cargos para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

El Tribunal Supremo ya ha admitido otro recurso presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra esta normativa, duramente criticada desde el sector renovable que acusó al Gobierno de poner «un impuesto al Sol» y de querer acabar con esta opción. APPA, junto a la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como Greenpeace y CCOO, presentaron diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución».

A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que incurre en el incumplimiento de la directiva europea de fomento del uso de energías renovables. Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la directiva europea del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores».

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra el decreto de autoconsumo

Redacción / Agencias.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra el real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso, interpuesto ante la sala tercera del Supremo, fue admitido el pasado 7 de enero. APPA presentó el pasado mes de diciembre un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de autoconsumo aprobado por el Gobierno al considerar que «vulnera la Constitución Española».

La normativa de autoconsumo energético elaborada por Industria establece el pago de una serie de cargos para los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico. La normativa ha sido duramente criticada desde el sector renovable que califica estos cargos como un «impuesto al sol» y acusa al Gobierno de querer acabar con esta modalidad.

Junto a APPA, también presentaron recursos contra esta normativa ante el Supremo la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y el sindicato CC.OO. Las asociaciones consideran que la normativa discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles y vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la directiva europea de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. A su juicio, vulnera también la directiva del mercado interior de la electricidad imponiendo unos «peajes discriminatorios».

El Gobierno estableció dos modalidades de autoconsumo, una primera para aquellos usuarios que tengan una instalación de no más de 100 kilovatios (kw), solo para autoconsumir, de forma que pueden verter a la red el sobrante, pero no pueden venderlo. La otra modalidad se dirigía a los consumidores con instalaciones de más de 100 kw, que pueden tanto verter a la red la energía sobrante como venderla, para lo que tienen que inscribirse en el registro de productores de electricidad.

El Gobierno rechaza los requerimientos de los ejecutivos autonómicos de Cataluña y Valencia en contra del decreto de autoconsumo energético

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros rechazó sendos requerimientos presentados por Cataluña y por la Comunidad Valenciana en los que se denuncian distintos preceptos del decreto 900/2015 sobre autoconsumo de electricidad, aprobado por el Gobierno en octubre, en el que se establece el pago de ciertos cargos a los autoconsumidores que permanezcan conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico, como las redes o los pagos por capacidad.

En el caso de Cataluña, el Gobierno autonómico había formulado un requerimiento de incompetencia al amparo de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional con el objeto de que se deroguen once artículos del decreto, los 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 y 22, así como las disposiciones adicionales primera, segunda y novena, y la disposición final sexta. El requerimiento solicitaba una nueva redacción de estos artículos para establecer una regulación respetuosa con las competencias de la Generalitat de Cataluña en la actividad de autoconsumo energético.

El Gobierno ha rechazado este requerimiento «al no estimar fundadas sus pretensiones», ya que considera que el autoconsumo «no reduce los costes de mantenimiento de las redes de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro», por lo que los usuarios deben abonar los correspondientes cargos. También ha citado diversos argumentos. El primero es que la Ley del Sector Eléctrico y el decreto regulan una actividad que es competencia del Estado, que es el encargado de fijar las obligaciones de contribución a los costes del sistema eléctrico de forma equitativa para todos los consumidores.

Otro argumento se refiere a la inscripción en un registro administrativo de las instalaciones de autoconsumo, que considera necesario para el correcto cálculo de la contribución al sistema. Esta inscripción, señala el Gobierno, tiene el objetivo de publicidad y conocimiento del número y características de las instalaciones autoconsumidoras, y está desprovista de cualquier otro efecto jurídico. De hecho, el Gobierno señala que la inscripción «no autoriza la instalación ni da lugar al inicio de la actividad de autoconsumo, por lo que no puede pretenderse fundar la competencia de la comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias autorizatorias sobre instalaciones».

Requerimiento de la Comunidad Valenciana

Por su parte, la Generalitat valenciana planteó su intención de recurrir el real decreto al considerar que impone «una barrera económica injustificada» y «desincentiva» la puesta en marcha del autoconsumo, para lo que envió un requerimiento al Ministerio de Industria, presentado en este caso por la vía contencioso-administrativa y dirigido contra los artículos 14.3, 19.2, 20 segundo párrafo, 21, 22, 23 y 24. El Gobierno centra su rechazo al requerimiento de Valencia en tres puntos.

Sobre el artículo 14.3, en el que la Generalitat aprecia un trato discriminatorio al no permitirse que las instalaciones acogidas a la modalidad de autoconsumo tipo 1 puedan percibir contraprestación económica por el vertido de energía a la red, el Gobierno rechaza este extremo al existir un único sujeto, el sujeto consumidor, que, de acuerdo a lo que establece la Ley del Sector Eléctrico es el sujeto que consume energía. «Si esa instalación, o una de idénticas características, quisiera vender energía, se podría inscribir dentro de la modalidad tipo 2, que contempla dos sujetos, el productor y el consumidor y, por tanto, recibir la mencionada contraprestación por el vertido de energía a la red», indica.

En relación con los artículos 19.2, 20, 21, 22, 23 relativos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, el Ejecutivo explica que la finalidad de la creación del registro está directamente relacionada con el régimen económico del sistema eléctrico, competencia que corresponde al Estado, «como avala numerosa jurisprudencia». «La creación de este registro no es un hecho aislado y atípico en el sector eléctrico, ya que existen otros registros estatales en el ámbito de actividades en las que las comunidades ostentan competencias ejecutivas como, por ejemplo, el registro de régimen retributivo específico o el registro administrativo de empresas de distribución de energía eléctrica«, señala.

En tercer lugar, el Gobierno defiende el artículo 24 del decreto, que establece que el Estado, en su caso en colaboración con los órganos competentes de las comunidades autónomas, podrá llevar a cabo planes de inspección de la aplicación de las condiciones económicas de los suministros acogidos a las modalidades de autoconsumo. Finalmente, en relación con la afirmación de que no existe una identidad de costes entre los consumidores no sujetos a ninguna modalidad de autoconsumo y los autoconsumidores, el Gobierno recuerda que la propia Ley del Sector Eléctrico ya establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema, en la misma cuantía que el resto de los consumidores.

20 claves energéticas del PP para el 20-D: Continuismo desde la reforma

El partido en el Gobierno presume de su gestión durante esta legislatura con la reforma en materia energética: se atribuye haber acabado con el déficit de tarifa del sector eléctrico, soslayando el impacto causado sobre consumidores, empresas y seguridad jurídica, así como subraya su impulso de la competencia en los carburantes. Siguiendo el mantra del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, de que «la energía más barata es la que no se consume«, la eficiencia energética parece cobrar protagonismo en su programa electoral junto a las renovables, una vez superada la moratoria que decretaron nada más llegar al Gobierno.

Así afronta el programa del PP para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: El PP propone programas específicos para los sectores industriales, de alumbrado exterior municipal, de agua y desalación ya que «estas áreas permiten fuertes ahorros energéticos que redundan en ahorros para los sectores productivos y para las administraciones públicas».

ATC: Se compromete a culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

Autoconsumo: No hay ninguna referencia al autoconsumo en el programa electoral del PP, pero se puede encuadrar en el decreto de autoconsumo energético aprobado en octubre por el Gobierno, que hace pagar con peajes los costes fijos al autoconsumidor que permanece enganchado al sistema eléctrico.

Bono social: No concreta más pero el PP anuncia que reforzará la protección del bono social garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. También habla de poner en marcha fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión.

Carburantes: Tras las medidas aprobadas en la legislatura, el PP quiere «profundizar en la vigilancia de los precios» en el mercado de carburantes y habla de fomentar la competencia favoreciendo la implantación de gasolineras independientes.

Centrales nucleares: Sin concretar si se extenderá que las centrales nucleares puedan funcionar más allá de los 40 años, como por ejemplo Garoña, que solicitó licencia hasta 2031, el PP promete «mantener las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad».

Cogeneración: Se anuncia un plan renove para aumentar su eficiencia.

Consumidor: El programa apunta a «situar al consumidor como protagonista del mercado energético». Para ello culminará el despliegue de contadores inteligentes para 2018 a la par que impulsa medidas para facilitar que el consumidor disponga de la información de sus consumos en tiempo real para que pueda gestionar mejor su energía. El PP también pretende «aumentar la capacidad de elección y decisión del consumidor, mejorando la comparación y comprensión de las diferentes ofertas del mercado».

Deuda eléctrica: Relacionado con el consumidor, el PP se compromete a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. Además, «garantiza» que no se volverán a generar déficits en el sector energético y se compromete a que los potenciales superávits que se generen en el sistema se destinarán a reducir la factura del consumidor, siendo esto contradictorio con el planteamiento de congelar la parte regulada del recibo.

Eficiencia energética: A través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y de otros mecanismos, compromete invertir 1.800 millones de euros en los próximos 4 años y realizar acciones que permitirán cumplir con los objetivos de ahorro energético a 2020, lo que supondrá un ahorro equivalente al consumo de los hogares españoles durante todo un año. La rehabilitación de viviendas será una de las claves. También impulsarán programas específicos de eficiencia energética para los servicios públicos y edificios de la Administración.

Fiscalidad: No concreta cifras, pero se compromete a reducir los impuestos sobre la generación eléctrica, lo que afecta al impuesto del 7% que introdujo el Gobierno al comenzar la legislatura.

Fracking: La palabra fracking no aparece recogida en el programa pero el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, han argumentado que, con las medidas puestas en marcha durante esta legislatura, no podrá ponerse en marcha ningún proyecto de este tipo sin la correspondiente declaración de impacto ambiental. También se han mostrado partidarios de explorar todos los recursos energéticos que pueda haber en España dada la dependencia energética del exterior.

Impulso a las renovables: El PP se compromete a introducir «progresivamente» nuevas instalaciones renovables mediante subastas competitivas. Incluso concreta un impulso a la incorporación de energías renovables en la climatización de edificios mediante el aumento del uso de la biomasa y de la energía solar térmica, así como con la incorporación progresiva de la geotermia.

Mercados energéticos: El programa del PP habla de «mejorar la eficiencia y el grado de competencia en los mercados de electricidad y gas, eliminando rigideces y restricciones y avanzando hacia una mayor integración de España en el mercado energético europeo».

Minería del carbón: Pretende un marco adecuado para que la minería energética competitiva «sea un sector de futuro», cumpliendo con la normativa comunitaria, que impedirá dar ayudas públicas al sector a partir de 2018. En este sentido, «garantiza» un marco de protección social de los trabajadores del sector y la financiación de las partidas a la reactivación de las comarcas mineras y su restauración medioambiental.

Mix energético: El PP dice que potenciará la penetración de las energías renovables en el mix energético, especialmente en los archipiélagos, «donde su coste es menor que las tecnologías convencionales».

Movilidad: El compromiso es mejorar la sostenibilidad en el transporte mediante una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y de energías alternativas. Tal y como ha fijado en Consejo de Ministros, también se irán incrementando gradualmente el uso de los biocarburantes para cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea.

Respaldo térmico: No hay mención alguna al futuro de las centrales térmicas de carbón ni de ciclo combinado de gas. Por un lado las centrales de carbón tienen que acometer una serie de inversiones para modernizarse si quieren continuar funcionando, mientras que los ciclos combinados de gas aspiran a que el aumento de la demanda sirva para aumentar su funcionamiento, por lo que el Ministerio de Industria descartó en octubre que vaya a haber hibernaciones.

Seguridad jurídica: En una legislatura marcada por la judicialización del sector, con innumerables causas ante el Supremo e incluso una escalada sin precedentes de los arbitrajes internacionales, el programa del PP no hace referencia a la seguridad jurídica en el ámbito energético. En noviembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, advirtió nuevamente a los inversores en renovables que las garantías regulatorias son «limitadas».

Unión Europea: En continuidad a la labor desarrollada durante esta legislatura, un Gobierno del PP impulsará las interconexiones eléctricas con el resto del continente europeo, de forma que se cumpla el objetivo europeo del 10% de interconexión para 2020. Igualmente hará con las interconexiones gasistas a fin de reforzar el mercado interior europeo de gas.

20 claves energéticas de Ciudadanos para el 20-D: En busca del pacto de Estado

Albert Rivera llega a sus primeras elecciones generales con un proyecto que aspira a desbancar el bipartidismo en la próxima cita con las urnas. En materia energética, Ciudadanos presenta algunas propuestas novedosas así como la voluntad de sentarse a negociar, desde el primer día de la próxima legislatura, un pacto de Estado en Energía al que acudirán sin prejuicios ideológicos hacia las diversas fuentes de energía sino, más bien, con una calculadora en la mano que permita calibrar las distintas opciones.

Así afronta el programa de Ciudadanos para las elecciones las 20 claves de Energía Diario:

Ahorro energético: Ciudadanos propone fomentar estrategias para cambiar hábitos de uso hacia la contención y la sobriedad en el consumo de energía «para alcanzar un sistema energético sostenible». En este sentido, anuncian planes específicos de concienciación y sensibilización social sobre el ahorro y el uso racional de la energía eléctrica. Para ello apuestan por una gestión «óptima» de la demanda.

ATC: En el programa electoral no hay mención a los residuos nucleares, pero la directriz del partido es ceñir las decisiones a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear.

Autoconsumo: Ciudadanos apuesta por no poner «trabas» al desarrollo del autoconsumo energético y la generación distribuida, incentivando asimismo el autoabastecimiento abriendo el mercado nacional a tecnologías de almacenamiento de energía. También abogan por regular un balance neto en el que la energía excedentaria sí que pague un cargo de red.

Bono social: El actual bono social es, a juicio de Ciudadanos, «solo una medida paliativa con importantes defectos de diseño», como su aplicación a todo tipo de familias numerosas «con independencia de su renta». Por ello, pretenden que sea necesario un informe favorable de servicios sociales para acceder al bono social en función de la renta. Además, proponen que el bono social se cargue a los Presupuestos Generales del Estado.

Carburantes: Proponen «incrementar la competencia entre operadores». Para ello pretenden obligar a los operadores existentes a vender a operadores extranjeros parte de su red, «con elevadas multas por prácticas anticompetitivas», para introducir después una fiscalidad más progresiva sobre los hidrocarburos, en aras de desincentivar su consumo como consecuencia de la lucha contra el cambio climático.

Centrales nucleares: No hay referencias en el programa al papel que pueden jugar las nucleares en una transición hacia un modelo renovable. El responsable del programa en materia energética, Ignacio Aguado, apunta que se escuchará al Consejo de Seguridad Nuclear.

Cogeneración: El programa indica que se mantendrá el «impulso» a la implantación de la cogeneración en la industria para obtener energía eléctrica y térmica simultáneamente.

Consumidor: Ciudadanos se compromete a favorecer «sistemas inteligentes de medida, monitorización y control de consumos energéticos que permitan una gestión óptima de la demanda energética», como una de las vías fundamentales para reducir el consumo. También destaca su propuesta de solidaridad entre consumidores, ante lo que denominan como una situación «de emergencia social», al proponer que una parte de los excedentes del autoconsumo se destinen gratuitamente al suministro de las familias acogidas al bono social.

Deuda eléctrica: El programa se compromete a modificar el sistema de formación de precios «para disminuir los altos costes eléctricos para pymes y familias y acabar con el déficit tarifario».

Eficiencia energética: Como solución para erradicar la pobreza energética, se propone subvencionar a los consumidores vulnerables una instalación solar fotovoltaica de unos 2.000 euros, para avanzar hacia el autoabastecimiento y conseguir unas viviendas que tengan un consumo de energía casi nulo. También se impulsará la eficiencia energética en la envolvente de los edificios, cerramientos o calderas, al modo de las empresas de servicios energéticos. En caso de salir de la situación vulnerable, los consumidores tendrían que hacer frente a una parte de la financiación pública.

Fiscalidad: Sin ningún punto más en lo relacionado al ámbito energético que lo reseñado en el apartado de los carburantes.

Fracking: Ciudadanos descarta la técnica del fracking por diversos motivos: «riesgos medioambientales, escasez de yacimientos en España y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales».

Impulso a las renovables: El compromiso es transformar el modelo energético actual en un modelo basado en las energías renovables en el horizonte 2050. Se habla de impulsar fundamentalmente las tecnologías eólica terrestre, incluida la minieóloica, eólica marina y solar fotovoltaica para generar electricidad, así como la energía geotérmica donde hay recurso suficiente. Precisamente fomentarán la energía solar y la geotermia para usos térmicos industriales y del sector primario y para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria en los edificios y servicios. También prometen reducir los trámites administrativos para instalaciones de plantas renovables.

Mercados energéticos: El programa de Ciudadanos asegura que «impedirá» que las empresas de generación, distribución y comercialización, «provenientes de los antiguos monopolios», continúen formando parte de un mismo grupo empresarial. «Con más liberalización y competencia se da verdadero cumplimiento a la directiva europea que pretendía un aumento de la eficiencia, reducción de precios, mejora de la calidad del servicio y aumento de la competencia», aseveran. Asimismo, plantean acabar con el sistema marginalista de formación de precios para acercarlo más a los costes de producción de cada tecnología del mix energético.

Minería del carbón: Seguirán las directrices marcadas por la Unión Europea, que impedirá las ayudas a partir del año 2018-

Mix energético: El objetivo de Ciudadanos es una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia así como en un modelo de producción descentralizado. Así aspiran a «crear un mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga un ahorro de costes para empresas y consumidores».

Movilidad: Promete el fomento de la electrificación del transporte así como del uso de otras fuentes de energía como el gas natural, el hidrógeno y los biocombustibles derivados de materias no alimentarias. En este sentido, indican que impulsarán el coche eléctrico facilitando la recarga al menos coste posible para todos los usuarios y haciendo que los distribuidores, como gestores de infraestructuras, «jueguen un papel fundamental».

Respaldo térmico: Sin novedades en este punto, todo indica que las plantas nucleares y, sobre todo, las centrales  térmicas y los ciclos combinados de gas, seguirán acompañando a las renovables en la generación de electricidad.

Seguridad jurídica: Resulta capital en el programa de Ciudadanos ya que consideran la incertidumbre jurídica como «el peor enemigo» para las inversiones, por lo que ven «imprescindible» la protección de los inversores mediante el cumplimiento de los contratos acordados con la Administración. «No es positivo para España establecer cambios normativos con efectos retroactivos que dinamitan nuestra credibilidad como país y merman el potencial inversor», indican.

Unión Europea: Se compromete aumentar la interconexión eléctrica de España con los países de la Unión Europea e impulsar la conexión de transporte de gas natural de España con Francia «como infraestructura para incorporarnos a la Europeam Gas Single Market.

Caixabank financiará equipos de Iberdrola para el autoconsumo en el sector agrario

Redacción / Agencias.- Iberdrola y CaixaBank, a través de su línea de negocio especializada en el sector agrario AgroBank, sellaron un acuerdo para facilitar la financiación de la instalación de autoconsumo de energía solar desarrollada por la eléctrica a los clientes con explotaciones agropecuarias. Iberdrola señala que el acuerdo permitirá el desarrollo de su solución integral de generación solar fotovoltaica para autoconsumo, Smart Solar Iberdrola, entre uno de los principales segmentos a los que va destinado.

Para ello, CaixaBank facilitará la financiación de la inversión que supone la instalación de la tecnología solar fotovoltaica a los clientes con explotaciones agropecuarias. Esta solución permite a los consumidores generar y consumir su propia electricidad mediante la instalación de este tipo de tecnología, anunció Iberdrola. Por tanto, se podrá beneficiar de estas condiciones el colectivo agrario, formado por agricultores, regantes y ganaderos, que es uno de los principales destinatarios de este nuevo producto energético.

El convenio podrá ser mejorado

Los clientes recibirán asesoramiento especializado en cualquiera de las oficinas de AgroBank. Además, Iberdrola y CaixaBank trabajarán conjuntamente para analizar la marcha del convenio y aplicar las mejoras que se definan con el fin de ofrecer el mejor servicio y atención a los clientes de Iberdrola interesados en este producto. CaixaBank, a través de AgroBank, ha registrado, en los últimos 12 meses, más de 53.000 nuevas altas de clientes agrarios, con lo que alcanzó los 333.000 clientes en toda España.

Mediante este nuevo producto comercial, Iberdrola pone a disposición de sus clientes un paquete integrado que incluye el diseño, montaje y puesta en marcha de una instalación solar totalmente a medida, además de la financiación, asesoría, mantenimiento integral, gestión y supervisión de la planta a través de herramientas web y novedosas aplicaciones. Asimismo, la compañía eléctrica ofrece toda la energía de respaldo que pueda necesitarse. Gracias a esta solución llave en mano planteada por Iberdrola, clientes domésticos con viviendas unifamiliares, pymes, regantes o incluso grandes empresas podrán generar y consumir su propia energía eléctrica, optimizando el consumo y mejorando la eficiencia energética de su instalación.