La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que los consumidores domésticos que instalen sistemas de autoconsumo tardarán alrededor de 31 años en recuperar su inversión, debido a las cargas que introduce el borrador de normativa de esta actividad elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Según el director general de UNEF, José Donoso, la normativa de autoconsumo propuesta «es una apuesta por el pasado que quiere cerrar cualquier puerta a este modelo de generación distribuida» mediante el establecimiento de barreras económicas y administrativas.
Para Donoso, estos «ataques no están justificados desde el punto de vista económico» ya que, desde su punto de vista, la instalación de 200 megavatios (MW) de autoconsumo supondría un ingreso para el sistema eléctrico de sólo 15 millones de euros mediante el «impuesto al Sol». Actualmente hay unos 22 MW. El borrador de la normativa, que actualmente se encuentra en periodo de consulta pública en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), fija una serie de cargos a los autoconsumidores conectados a la red, que el Ministerio justifica en la necesidad de que contribuyan a sufragar el coste de las infraestructuras.
Los cargos establecidos al autoconsumo energético se dividen en una parte fija o de potencia y otra variable, en función del consumo procedente de los equipos propios. La parte variable a su vez distingue entre el coste de acceso a redes, del que se exime al autoconsumidor, pero mantiene otros costes. Donoso se mostró de acuerdo con el pago del cargo por potencia y de la parte variable correspondiente al consumo de la red, pero no de que haya cargos de la parte variable en la electricidad que se autoconsume.
Donoso señaló que el texto no sólo mantiene el impuesto al sol del primer borrador, sino que «lo agrava», ya que el peaje de respaldo previsto para la energía autoproducida y autoconsumida pasa a denominarse en este nuevo texto cargos por autoconsumo, el peaje de acceso a las redes, con un descuento por los ahorros en transporte, más otros costes. «El impuesto al sol es más pequeño con respecto al anterior en términos absolutos, pero el término variable tiene unos recargos bastantes importantes«, afirmó Donoso, señalando que se trata «del mismo perro con distinto collar«.
Según UNEF, los consumidores domésticos necesitarán 31 años para amortizar la inversión, frente a los 13 años que precisarían en un entorno regulatorio favorable al autoconsumo, el que reclama la asociación, que incluyera el balance neto, que supone ceder a la red el excedente de energía generada a cambio de tomar de ella un equivalente cuando se necesite. En el caso de las pymes, el plazo para rentabilizar los equipos se situaría en unos 7,5 años, frente a los 4,4 años para el entorno favorable.
Según UNEF, la legislación vigente ya supone alargar los tiempos para amortizar el autoconsumo, hasta 16 años y 5 años en el caso de un hogar y una pyme, pero los borradores de la nueva normativa no han hecho más que ampliar estos periodos «hasta hacer prácticamente inviable su desarrollo«. Adicionalmente, añadió, la propuesta de normativa prohíbe el uso de baterías e incluso fija un cargo por si este veto se levantara. También impide compatibilizar el autoconsumo con el bono social de los consumidores vulnerables.
Incluso las condiciones más favorables establecidas para el autoconsumo en los sistemas extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla), con una exención de cargos hasta 2020 ya que la generación de electricidad por la vía convencional es más cara que el autoconsumo, según Donoso se limitan a ser un «cambio cosmético» y un período «insuficiente» para amortizar las instalaciones. De esta manera, el director general de UNEF augura que «el Gobierno está incentivando que cuando lleguen al mercado las baterías buenas la gente se desconecte del sistema», lo que supondrá una mayor pérdida de ingresos para el sistema eléctrico.
La normativa, según Donoso, establece tres tipos de autoconsumidores: para hogares (denominado suministro con autoconsumo, que no puede vender la electricidad excedente ni acudir a empresas de servicios energéticos), para servicios y pymes (que puede vender, pero sólo si es una empresa) y de línea directa (para inmuebles con autoconsumo conectados a otros sin autoconsumo, que no pueden vender energía). Según indicó, la nueva normativa convertirá a España, «el país del sol», en el país con la regulación «más dañina» con el desarrollo del autoconsumo.
Donoso avanzó que la asociación está «preparando todas las alegaciones» a la normativa y que, en caso de que se apruebe en los actuales términos, algo que no sucedería antes de noviembre según sus cálculos, la recurrirían en los tribunales nacionales y europeos. Asimismo indicó que varios grupos políticos, desde PSOE a Podemos o Izquierda Unida, UPyD y Ciudadanos se han comprometido a derogar la normativa si llegan al poder. UNEF añade que el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico tendría una incidencia mínima en los ingresos del sistema, ya que cada 100 megavatios (MW) de autoconsumo supondrían una merma de 0,01% en los ingresos del sistema eléctrico, 2,2 millones de euros.
