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La Alianza por el Autoconsumo pide una normativa que permita un autoconsumo compartido y sin barreras en España

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Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo ha pedido la eliminación de las barreras que supongan un freno al desarrollo del autoconsumo en España y ha incidido en la necesidad de cambios en la propuesta de normativa del Gobierno que propicien que su modalidad compartida y de proximidad se diseñe de forma realmente efectiva.

En sus alegaciones a la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio, la alianza, formada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, considera que la propuesta del Gobierno «es un paso adelante», aunque identifica una serie de mejoras «necesarias» para que el autoconsumo tenga «un marco normativo óptimo». Así, las alegaciones insisten en eliminar los obstáculos y barreras burocráticas que se han detectado en el borrador de Real Decreto sometido a exposición pública, subrayando que resulta «fundamental» simplificar la tramitación con la compañía distribuidora de electricidad en las instalaciones con excedentes.

En concreto, identifica dos condiciones que se consideran excesivamente restrictivas. Por un lado, limitar a un máximo de 500 metros la distancia entre las instalaciones de producción a los puntos de consumo asociados; y por otro, restringir el autoconsumo a instalaciones en la red de baja tensión, dejando fuera a los edificios conectados a la red de media tensión. Estas dos restricciones, además de «arbitrarias y de difícil comprobación práctica», impiden o restringen de hecho el autoconsumo colectivo en polígonos empresariales e industriales y el autoconsumo en edificios públicos cercanos.

Asimismo, la Alianza reclama una definición de la compensación simplificada que garantice «sin lugar a dudas» que los particulares y pequeños negocios puedan compensar sus excedentes de energía en su factura eléctrica, sin que se considere una actividad económica sujeta a obligaciones fiscales. Respecto a los criterios de reparto del autoconsumo compartido, la Alianza pide que se modifique el texto para permitir una verdadera compartición de energía y no solo de instalaciones, como se propone. Además, destaca que en el Real Decreto no queda «suficientemente claro» cómo será el proceso de tramitación de las instalaciones.

La fotovoltaica instaló 262 MW nuevos en España en 2018, un 94% más que en 2017

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Europa Press.- La nueva potencia de energía fotovoltaica instalada en España en 2018 alcanzó los 261,7 megavatios (MW), lo que representa un incremento del 94% con respecto a los 135 MW instalados en 2017, según indicó la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). De estos 261,7 MW, un 90%, 235,7 MW, correspondieron al autoconsumo energético, siendo un 25% de éstos relativos a autoconsumo conectado a red para uso agrícola y 26 MW a plantas solares fotovoltaicas sobre suelo.

No obstante, la patronal destacó que, a pesar de este crecimiento, la cifra de nueva potencia instalada en España representa apenas el 3% de la nueva potencia instalada en Europa, que ha alcanzado los 8,5 gigavatios (GW). UNEF valora «positivamente» el efecto del real decreto ley 15/2018, que establece un sistema de libre mercado para autoconsumo eliminando las barreras económicas y administrativas a la energía autoconsumida. Asimismo, considera que el borrador del real decreto ley de autoconsumo, presentado y en periodo de alegaciones, representa un «avance positivo» para el desarrollo del autoconsumo energético ya que aporta «claridad y transparencia y demuestra una clara voluntad del Gobierno por impulsar el autoconsumo».

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

La Eurocámara aprueba que el 32% del consumo energético proceda de fuentes renovables y la eficiencia energética alcance el 32,5%

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Europa Press.– El Parlamento Europeo ha aprobado los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, del 32% y del 32,5% para 2030 respectivamente, y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada 10 años. Los eurodiputados confirmaron así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas 3 nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete Energía Limpia para todos los europeos, propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.

Las 3 deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros). Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% en 2030, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo. El eurodiputado del PSOE, José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva «pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París». «Podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático», subrayó el socialista.

Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.

Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de «cambio indirecto en el uso de la tierra» no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año. Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para diciembre de 2019 y cada 10 años desde entonces.

La UNEF y diferentes organizaciones ecologistas celebran la derogación del impuesto al sol tras lastrar el desarrollo del autoconsumo energético

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Europa Press. – La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» la convalidación del real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores por parte de los grupos parlamentarios, y ha celebrado que sea «la primera legislación española» que reconoce el papel activo del consumidor en el cambio de modelo energético, «una pieza fundamental del Paquete de Invierno de la Comisión Europea».

Según explica el sector fotovoltaico, durante la tramitación paralela de proyecto de ley con procedimiento de urgencia, la UNEF pretende que los grupos parlamentarios «mantengan su coherencia con lo manifestado en mayo del 2018 y se respete el texto relativo al bloque de medidas para fomentar el autoconsumo energético».

En el mismo sentido, aplaude la eliminación de los cargos a la energía autoconsumida que no pase por la red, «conocido popularmente como ‘impuesto al sol’.

Asimismo, UNEF también considera de «gran valor» la normalización y simplificación de los trámites administrativos para las instalaciones de autoconsumo, «cuya complejidad y dilatación hasta la fecha frenaban el desarrollo de estas instalaciones en España».

Por otro lado, la patronal opina que la adopción de esta medida supone un reconocimiento «a toda una apuesta colectiva del sector fotovoltaico y a una demanda social por impulsar el autoconsumo eléctrico en España en un entorno de libre mercado y sin barreras artificiales».

Las ONG también los celebran

Las ONG ambientales Amigos de la Tierra y Greenpeace también han celebrado la convalidación del Real Decreto que ha puesto fin al impuesto al sol en el Congreso de los Diputados, que supone una «vuelta a la sensatez» y el fin de una situación que ha lastrado «el boom» del autoconusmo en España, de modo que consideran que este es «un gran día» para la sociedad y piden el fin de las subvenciones a las «grandes empresas contaminantes».

Así, tras la votación parlamentaria, Amigos de la Tierra ha anunciado que pedirá al Gobierno que trasponga a principios de 2019 la nueva Directiva Europea de Renovables para terminar de apuntalar la revolución renovable en España.

El grupo ecologista espera ahora que empiecen a multiplicarse las iniciativas renovables de energía comunitaria. Para el responsable de clima y energía de la ONG, Héctor de Prado, este es «un gran día» para la sociedad porque la decisión tomada en el Congreso e los Diputados, a su juicio, permitirá avanzar «más rápido hacia una sistema energético descentralizado y renovable» y asume como tarea «abrir dicho sistema a la participación ciudadana».

Por otro lado, Greenpeace ha solicitado también al Congreso de los Diputados que ponga fin a las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y acabe con los abusos del mercado.

Por todo esto, la responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha destacado que es «una gran victoria» terminar con las barreras al autoconsumo porque cuando las personas luchan contra el cambio climático «deberían ser premiadas, no penalizadas».

Del mismo modo, hace hincapié en que se deberá reconocer «de forma justa» el valor de la electricidad que generen los autoconsumidores para acelerar la reducción de las emisiones de CO2 y reducir la factura de la luz para todos los hogares.

Finalmente, pide al Congreso que introduzca una reforma fiscal ambiental y que acabe con las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y con los abusos del mercado.  Según Pizzinato, «Abaratar artificialmente el carbón, el gas, el petróleo y el uranio mediante subvenciones mantiene la dependencia desproporcionada a un sistema energético obsoleto, contaminante, peligroso y caro para la ciudadanía». 

Unanimidad en el Congreso para pedir al Gobierno recursos para que el IDAE articule una estrategia «ambiciosa» de eficiencia energética

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Europa Press.- La Comisión de Transición Ecológica del Congreso apoyó por unanimidad una proposición no de ley del PSOE por la que reclaman al Gobierno recursos para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) con el objetivo de aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, que se sitúe entre las prioridades de la política energética del país.

El texto, que ha contado con aportaciones de Ciudadanos y ERC, cuenta con una decena de puntos que buscan «el impulso de la eficiencia y el ahorro energético», según explicó el portavoz socialista en este debate, Marc Lamuà. Entre las medidas que se reclaman, destacan la petición al Ejecutivo para aprobar un plan estratégico que incluya actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética. Además, se propone impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda y revisar las normas de edificación y rehabilitación, así como desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.

Asimismo, también pide fomentar cambios sustanciales en nuestra movilidad, apostando como una de las claves del ahorro energético en la movilidad sostenible, en la que el transporte público y el vehículo eléctrico juegan un papel fundamental. Del mismo modo, apuesta por reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas y apostar decididamente por las energías renovables para reducir el consumo energético.

Apuesta por la economía verde

Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que pide al Gobierno a impulsar un plan para promover una transición hacia un estilo de vida sostenible, que tenga impacto sobre la educación, la economía y el sistema social. La propuesta, promovida por el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobada después de haber pactado dos modificaciones de la propuesta para incluir las enmiendas de ERC y de Cs. Así, la primera señala que el plan deberá elaborarse de acuerdo con las comunidades autónomas a las que se dotará de fondos proporcionales y suficientes para aplicar estas políticas en sus territorios de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Por otro lado, la iniciativa insta también al Gobierno a presentar cuanto antes un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y la transición energética, que remita a la Unión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a aprobar la Estrategia Española de Economía Circular y que incorpore medidas dirigidas a fomentar una administración sostenible.

El portavoz socialista en la Comisión para la Transición Ecológica, Ricardo García Mira, cree que una respuesta institucional al reto de la sostenibilidad ha estado muy fragmentada hasta el momento y, a pesar de que se han promovido campañas de concienciación, hay «algunos aspectos aún controvertidos». Por ejemplo, señala que «no está claro» hasta qué punto los ciudadanos afrontan los retos ambientales con cambios de estilo de vida, algo que «exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos» si se quiere observar algún impacto en la vida cotidiana. «Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad», ha defendido.

Una movilidad con menos emisiones

Esta estrategia incluirá la renovación del parque móvil público por vehículos de emisiones nulas o reducidas; aumentar la compra pública inteligente y sostenible; la adaptación de edificios públicos al estándar de consumo energético casi nulo, la reducción de los residuos generados y aumento del reciclado, la reutilización de agua y reducción del consumo neto de agua. El plan para impulsar un nuevo estilo de vida sostenible debe incorporar un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, sobre todo de los grupos de interés medioambientales y de la economía, para poder poner en contexto el significado e impacto de distintos modelos económicos que se basen en la economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.

El plan deberá consultar también a las iniciativas que ya en la actualidad contribuyen a reducir el impacto ambiental en áreas de relevancia, como la movilidad o el consumo. Al mismo tiempo, este plan irá acompañado de un programa de apoyo e incentivos económicos de estas iniciativas empresariales de economía verde, sobre todo las más innovadoras y que tengan un mayor impacto social. También habrá de facilitar el conocimiento y la implantación de alternativas de estilos de vida sostenibles según las recomendaciones del Acuerdo de París contra el cambio climático.

También prevé una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del actual comportamiento sobre el cambio climático y que refuerce la idea de la necesidad de cambiar de vida para responder al reto de la sostenibilidad. Igualmente, incluirá incentivos a la utilización de transporte público y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las ciudades.

La amortización de un sistema de placas fotovoltaicas para autoconsumo se reducirá a 10 años con las medidas del Gobierno

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Europa Press.– El periodo de amortización de la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas se reducirá a unos 8-10 años, frente a los actuales 15-18 años, con la eliminación por el Gobierno de las trabas al autoconsumo y el reconocimiento de esta figura como derecho de los consumidores, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

800 euros menos a amortizar

La organización destaca que estas medidas, incluidas en el decreto con medidas urgentes para combatir el precio de la electricidad aprobado por el Ejecutivo, suponen «un gran avance» para que aquellos consumidores que lo desean puedan optar por esta modalidad de abastecimiento de energía que «tiene grandes ventajas para los consumidores y el medio ambiente». Según OCU, hasta ahora «los excesivos costes de legalización, cuyo precio medio alcanzaba los 800 euros, «alargaban de forma injusta» la amortización de estos sistemas entre 15 y 18 años.

La organización estima que un sistema con un solo panel fotovoltaico puede suponer un ahorro de entre 80 y 110 euros al año en la factura eléctrica de los hogares. Así, considera que las medidas aprobadas, la simplificación de los tramites y, en especial, el derecho al autoconsumo compartido, supondrán «un gran impulso» a esta forma de producción de energía, «equiparado a los consumidores españoles con los europeos, garantizando a los consumidores el acceso a una alternativa energética más barata y respetuosa con el medioambiente».

PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos aceptan tramitar en el Congreso la ley de autoconsumo de la Asamblea regional de Murcia

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Europa Press.- El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han respaldado en el Congreso la tramitación de la ley impulsada por la Asamblea de Murcia para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las diferentes modalidades del suministro de energía eléctrica, como el autoconsumo y la producción de energía renovable.

Esta iniciativa, impulsada por Podemos, fue aprobada hace 3 años en la cámara legislativa murciana, pues salió adelante en 2015 con los votos de PSOE y Ciudadanos, además de los de la formación morada, mientras que el PP optó por abstenerse. Tras ser aprobada, el Gobierno frenó su tramitación vetando su debate parlamentario al alegar que supondría una aminoración de los ingresos públicos. Sin embargo, el PP ha cambiado de parecer. «Ahora se pueden hacer propuestas gracias a la gestión del PP. Estamos a favor de promover las inversiones en la generación eléctrica a través de renovables y seguir desarrollando el autoconsumo sin que a nuestras familias, mayores y pensionistas les suban la luz», argumentó su diputada María Ascensión Carreño.

Antes de ello, los diputados regionales murcianos, Alfonso Martínez Baños (PSOE), Óscar Urralburu (Podemos) y Miguel Sánchez López (Cs) han defendido ante la Cámara Baja la admisión a trámite de una iniciativa «pensada y hecha para que el consumidor sea el protagonista» en el sistema eléctrico. Martínez Baños ha pedido impulsar la energía renovable, teniendo en cuenta la dependencia energética con el exterior y la necesidad de aumentar la productividad en la economía, mientras que Urralburu ha incidido en la necesidad de combatir el cambio climático. Por su parte, Sánchez López recordó que los objetivos marcados por la Comisión Europea establecen en el 32% la producción de energía renovable en 2030 y que incluso podría revisarse al alza en 2023.

«Es absurdo que Europa lleve ventaja al país del Sol», ha argumentado, por su parte, la diputada socialista María González Veracruz, recordando que si en España existen mil instalaciones fotovoltaicas, en Alemania, con menor potencial, hay en torno a un millón. Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha celebrado que la ley pueda poner «los cimientos para un sistema eléctrico más limpio«, pese a que ahora los diputados que apoyen la norma «van a tener más difícil» una puerta giratoria en una compañía eléctrica. «La batalla comienza», ha avanzado, anticipando que las grandes eléctricas se opondrán a la iniciativa y la voluntad de su grupo y el de Compromís en pedir la tramitación de la ley por la vía de urgencia.

Ciudadanos ha incidido durante el debate en las posibilidades laborales que implica el desarrollo de la energía renovable, teniendo en cuenta que muchos jóvenes especializados acaban en el extranjero por faltas de oportunidades en este sector, como ha apuntado su diputado Miguel Ángel Garaulet. También han avanzado su apoyo Esquerra Republicana y PDeCAT, si bien ambas formaciones han alertado de que, tal y como está formulada, podría restar competencias a comunidades que quisieran apostar por un desarrollo alternativo de esta regulación o incluso ser más ambiciosos. Una razón que, unida a que el Gobierno acaba de aprobar la derogación del impuesto al Sol, han llevado al PNV a optar por la abstención, según ha justificado su portavoz energética, Idoia Sagastizabal.

COAG y ANPIER aplauden la derogación del impuesto al sol y el fomento de la inversión en energías renovables

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Europa Press.- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) han aplaudido la derogación del denominado impuesto al sol y el fomento de la inversión en energías renovables. Ambas organizaciones consideran que este cambio de rumbo será muy beneficioso para la ciudadanía y, en especial, para las zonas rurales, ya que la energía solar fotovoltaica presenta numerosas oportunidades al ser una fuente de generación con costes de inversión cada vez más bajos.

Entre las aplicaciones de la fotovoltaica en el sector agrario destacan su empleo para iluminación, cercas eléctricas, motores, ventiladores, bombeo de agua, regadío o recarga de baterías. Estas instalaciones permiten una disminución de los costes energéticos de las explotaciones y un mayor control y seguimiento de los consumos propios, al tiempo que se producen menos pérdidas de red y reducen la dependencia energética de fuentes contaminantes, ayudando a conseguir los objetivos de reducción de emisiones.

A pesar de estos beneficios, la implantación de energías renovables en las zonas rurales es, según COAG y ANPIER, aún lenta como consecuencia de las trabas administrativas y legales vigentes. «En la mayoría de los casos se realizan instalaciones aisladas de la red, pero el desconocimiento general de la legislación a aplicar y la percepción de la sociedad de que el autoconsumo es ilegal, son un lastre para la inversión en fotovoltaica», han señalado ambas.

Las medidas para combatir la subida de la luz tendrán un impacto en el sistema eléctrico de 910 millones

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Europa Press.- Las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno para combatir la subida del precio de la electricidad tendrán un impacto total de 910 millones de euros sobre el sistema eléctrico. Entre estas medidas figuran la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el PP,así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde o la supresión del conocido como impuesto al sol.

Según consta en la memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto-ley, este impacto de las medidas será de 300 millones de euros en este ejercicio y de 610 millones de euros en 2019. De esta cifra, el mayor importe corresponderá a la suspensión del impuesto a la producción del 7% durante 6 meses, que ascenderá a un total de 534 millones de euros, de los cuales 265 millones corresponden a este año y 269 millones al próximo ejercicio. Por su parte, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos tendrá una afección sobre los costes del sistema eléctrico de unos 125 millones de euros, con un total de 25 millones en 2018 y de 100 millones en 2019.

Además, medidas como la reducción de la potencia contratada por los consumidores encaminadas a rebajar la factura de la luz se estima que tendrán un impacto de unos 144,6 millones de euros (unos 4,6 millones de euros en 2018 y 140 millones de euros en 2019). También impactarán en los ingresos del sistema eléctrico el cambio a discriminación horaria, con unos 98 millones de euros (6 millones de euros este año y 92 millones de euros en 2019) y el autoconsumo, con una estimación de unos 9,75 millones de euros, todos en el próximo ejercicio.

Para contrarrestar este impacto, el Gobierno cuenta con la compensación por mayores ingresos de las subastas de emisiones de CO2, adicionales a los 450 millones de euros que se destinan ya al sistema eléctrico. En concreto, estima que estos ingresos ascenderán a 850 millones de euros en 2018 y a 538 millones de euros en 2019, lo que permitirá hacer frente a ese impacto de 300 millones de euros este año y de 610 millones de euros el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Gobierno considera que la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica tendrá un impacto económico en la factura de electricidad por el coste de energía de unos 200 millones de euros, añadiendo además la menor factura por IVA del consumidor. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos a la generación eléctrica, que supone minorar el efecto multiplicador del precio del mercado de producción en las horas que los ciclos combinados marquen el precio marginal en el mercado o sirvan de referencia a tecnologías que lo sustituyan, tendrá un impacto durante 2019 de unos 53 millones de euros.

Así, según una estimación con datos de 2017 de la introducción de estas medidas, siendo de aplicación la suspensión del impuesto del 7% durante 3 meses del año y la eliminación el impuesto especial de hidrocarburos durante todo el año, la reducción de la factura de un consumidor medio por peaje de acceso habría sido del 2,16% para un consumidor doméstico (2.0 A) y del 2,97% para una pyme (3.0). Para un consumidor industrial (6.1) esta reducción en la factura llegaría hasta el 3,73%, mientras que para un gran consumidor industrial (6.4) alcanzaría el 5%.