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Ribera no ve fácil que las empresas titulares de centrales nucleares pidan prorrogar su vida útil más allá de 2035

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Europa Press.- La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionó que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.

«En general, cuando una empresa de estas características introduce en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos, y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando», explicó la titular de Transición Energética. En su opinión, «las empresas están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad». Según Ribera, «hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión ex novo, resultan más competitivas en el mercado que no renovar».

En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre «ordenado» que supone ampliar el calendario inicial. «El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, 10 años en los que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en los que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al CSN».

Vandellós II cerraría en 2035

Vandellós II, central nuclear situada en Tarragona donde son socios Endesa e Iberdrola con una participación del 72% de la energética dirigida por José Bogas y del 28% para la presidida por Ignacio Galán, cerrará en 2035. El protocolo firmado entre Enresa y las compañías eléctricas titulares de centrales incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo.

Este calendario establecido en el protocolo serviría para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. No obstante, Endesa no quiere que el calendario de fechas de cierre para los distintos reactores sea algo definitivo, sino que considera que debe ser «flexible» y «orientativo». Las discrepancias entre las compañías eléctricas respecto a las nucleares surgieron en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargarlas más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo.

No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

1 euro en la factura

Por otro lado, Ribera ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica desde abril puede suponer un alza de entre «2 o 3 puntos porcentuales», lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de «entre 0,5 y 1 euro por familia«. En este sentido, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda «absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables».

La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra. «La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo. Prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. No tengo claro que no nos acusaran de electoralistas y haya grupos políticos que voten en contra de esa convalidación», reprochó.

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética recoge la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío. «Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno«, afirmó. En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con «un consenso importante».

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP firman el protocolo con Enresa para el cierre de las centrales nucleares

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Europa Press.- Las compañías energéticas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP y la sociedad Enresa han firmado un protocolo de acuerdo para el cierre de las centrales nucleares entre 2025 y 2035. En concreto, el protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo).

Las discrepancias entre las tres grandes eléctricas respecto a las nucleares surgió en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargar su vida útil más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo. No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió en febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

Cierre ordenado de las centrales

De esta manera, entre 2025 y 2030 se producirían los cierres de las dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 tan sólo abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años. No obstante, Endesa quiere que el protocolo no recoja un calendario de fechas «definitivas» de cierre para los distintos reactores, sino que sea «flexible» y «orientativo».

Asimismo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que la energética estaba «alineada» con el PNIEC aunque señaló que «nadie sabe lo que va pasar en los próximos años» e indicó que era necesario adoptar decisiones según vaya siendo una realidad en el futuro, ya que se debe ajustar bien la entrada de la nueva potencia de renovables con la salida de fuentes como el carbón y la nuclear. Endesa amortiza sus activos nucleares a los 50 años de vida útil, con un impacto en amortizaciones en sus resultados si se recorta este periodo. El calendario establecido en el protocolo debe servir para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales.

Teresa Ribera cree que el conflicto con la banca por la indemnización del almacén de gas Castor «acabará judicializado»

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado sus sospechas de que el conflicto con el Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el almacenamiento subterráneo de gas Castor «acabará judicializado», dada la complejidad jurídica del caso. Así se pronunció la ministra sobre la demanda de las 3 entidades financieras contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el cierre del almacén submarino de gas Castor.

«Dada la complejidad jurídica de estos momentos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las sentencias del Tribunal Supremo, con la dificultad para poder abordar la recuperación de todo aquello, pues sospecho que acabará judicializado», señaló. En el recurso, presentado el 4 de enero ante el alto tribunal, los bancos solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado más los daños causados por dicha inversión, que realizaron al hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ribera ha explicado que en la primera fase el Gobierno se centra en el taponamiento definitivo del almacén: «En los años por venir, no vamos a necesitar mayor capacidad de almacenamiento y no se necesita ese emplazamiento«. «La primera decisión es decir públicamente que aquello pasa a la historia; y la segunda, evidentemente, es garantizar con la máxima seguridad un proceso de progresivo desmantelamiento», añadió.

Sobre el apagón nuclear, que el Ministerio abordó con las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, Ribera ha señalado que el desmantelamiento de las centrales debe ser solvente y sólido, con un calendario ordenado sin idas y vueltas que generen «incertidumbres». «Fue una reunión interesante, no será la última ni con ellos ni con otros actores. El mensaje fue claro y conciliador», ha sostenido, y ha añadido que el Gobierno no es quien debe decir cuándo se cierran las plantas, ya que esto es una decisión que debe tomar cada central, según la ministra.

Preguntada por una hipotética subida de la tasa a las eléctricas si falta dinero para desmantelar las nucleares, Ribera ha sostenido que Enresa es quien se debe pronunciar al respecto, sobre «cómo hacer un planteamiento de seguridad de gestión de residuos radioactivos que repase todos los elementos de esa seguridad, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para actuar con seguridad». La ministra señaló que el objetivo es que España reduzca las emisiones en un 20% en 2030 con respecto a 1990, porque es el único escenario que permitiría llegar a las cero emisiones en 2050. «Son 37 puntos en poco más de una década», resaltó.

El Gobierno estima que la luz sería «en torno a un 10%» más cara sin las medidas que ha adoptado

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería «en torno a un 10%» más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad «más barato de Europa«, a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente «está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2». Así, consideró que a veces «alarmamos innecesariamente» con el precio de la electricidad ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria «para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España«.

De esta manera, valoró la política «de contención» en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente «hay que ser conscientes de que es un problema» y se trabaja para que «sea lo más bajo posible». A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el mix energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser «necesariamente paulatina«, ya que «no es un proceso que se pueda corregir inmediatamente». Así, afirmó que las medidas de «más calado» deben ser a través de la legislación, la Ley de Cambio Climático, por lo que «van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto».

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica adoptada en octubre, Domínguez señaló que los impuestos «son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos«. Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico «es algo que está en debate y estudio en este momento».

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018, el secretario de Estado de Energía aseguró que está «prácticamente terminado». «Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso», justificó.

Con respecto a la nuclear, indicó que lo «fundamental» a la hora de tomar una decisión es la seguridad, «tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos». Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber «algún almacén temporal, que puede que sea centralizado».

Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

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Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera han perdido población tras su cierre en 2006

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Europa Press.- Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), han perdido población desde el cierre de la planta en 2006, según un estudio sobre el efecto local de la planta encargado por el Movimiento Alternativa a Zorita a la Universidad de Alcalá, que concluye que el cese de la actividad «no ha sido un chollo» para la comarca.

Así lo ha manifestado el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila, en alusión al estudio encargado a la universidad por este movimiento, formado por 13 municipios que conforman la Mancomunidad Tajo-Guadiela, sobre la evolución económica y poblacional de esta comarca en comparación con pueblos no nucleares semejantes. La central de Zorita, cerrada desde el 2006, afronta actualmente su fase final de desmantelamiento y, según muchos de los alcaldes de esta comarca con los que coincide Vila, desde entonces el descenso poblacional y económico es un hecho constatable que hace más necesario que nunca dar apoyo a la zona con el fin de que «no muera del todo».

Según Vila, dicho estudio deja claro que los pueblos que no han tenido nunca una nuclear están ahora mejor que aquellos que la tuvieron y ya no la tienen. Para Vila, esto demuestra la teoría que siempre ha tenido AMAC de que «tener una planta nuclear te da unas ventajas cuando la tienes, pero te deja desierto cuando la cierras».

En este sentido, el gerente de AMAC explicó que, a raíz de la implantación de la primera nuclear de España en la comarca de Zorita, muchos de los residentes abandonaron sus actividades tradicionales para irse a trabajar a la planta pero, tras su cierre, ya no retomaron los trabajos que hacían anteriormente, «acabándose la actividad económica clásica» de esta comarca. Por todo ello, para AMAC, este estudio refleja que «es más necesaria que nunca» la participación y colaboración de las administraciones para combatir la pérdida poblacional y económica de esta comarca de la Alcarria, que precisa de una «atención especial».

Desde estos pueblos tienen aún más claro que el «el golpe más fuerte» aún está por llegar, y que se producirá en 2019 o 2020, con la llegada del desmantelamiento total de la planta por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Por ello, el Movimiento Alternativa a Zorita y AMAC confían en que para entonces exista un proyecto nuevo para una comarca en la que, si no se actúa, «morirá», premonición que comparten la mayor parte de los alcaldes de esta zona, tremendamente preocupados por la creciente despoblación que sufren sus pueblos.

Nucleares operando a largo plazo

Por otra parte, las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II han recibido una misión internacional para afrontar sus operaciones a largo plazo, según indicó la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II (Anav). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promovió la fase preliminar de la Misión Salto que evalúa el estado de las acciones emprendidas en las centrales de Anav para operar las centrales más allá de la vida establecida en el diseño inicial de estas instalaciones y da recomendaciones de mejora de acuerdo a los más altos estándares internacionales de la industria nuclear.

La central nuclear José Cabrera de Zorita cumple 50 años entrando en la recta final de su proceso de desmantelamiento

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Europa Press.- La central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), ha cumplido 50 años cuando afronta un momento crucial de su fase final de desmantelamiento, en el que se han superado el 85% de unos trabajos que está previsto que concluyan para el 2020. Con una producción anual de 1.000 millones de kilovatios hora por año, fue la primera planta nuclear construida en España. Después de 38 años de funcionamiento, el 30 de abril de 2006, cerró sus puertas definitivamente.

Según confirmaron desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la demolición convencional de uno de los edificios más emblemáticos de la planta, la cúpula de color anaranjado que identifica a esta planta desde lejos, empezará a mediados de 2019. En el año 2010 la planta fue transferida de la empresa propietaria Gas Natural Fenosa, actualmente denominada Naturgy, a la empresa pública ENRESA, que desde entonces se hace cargo del desmantelamiento, el primero completo que se produce en España de forma programada y con corte de piezas radiológicas bajo agua.

La construcción de esta instalación comenzó en julio de 1965, duró 3 años y costó 2.000 millones de pesetas; fue inaugurada por el dictador Francisco Franco el 12 de diciembre de 1968. En este proceso de desmantelamiento se van a gestionar un total de 104.000 toneladas de materiales. Los residuos radiactivos de baja y media actividad están siendo enviados a El Cabril, en Córdoba, mientras que el combustible gastado de la planta permanece en el Almacén Individualizado Temporal (ATI) que hay en la propia planta.

Razones burocráticas pero también del propio proceso de descontaminación han influido en que el desmantelamiento, inicialmente previsto para 2016, haya sufrido varias demoras. También el presupuesto inicial de estos trabajos ascendía a 135 millones de euros, una cifra que se ha elevado ahora a 160 millones de euros según el propio director del Desmantelamiento de Zorita, Manuel Ondaro. Cuando estén concluidos todos los trabajos, ENRESA devolverá de nuevo el emplazamiento a Naturgy para futuros usos.

OIEA recomienda a España actualizar el plan de residuos y asegurar que el retraso del ATC no disminuya la seguridad

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Europa Press.- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha recomendado al Gobierno de España que asegure que el retraso en la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) no afecte de forma negativa a la seguridad de los residuos nucleares y combustible gastado y considera también que el Gobierno debería dar «pasos inmediatos» para actualizar el plan general de residuos radiactivos.

Son las conclusiones de una doble misión internacional que ha examinado el marco regulatorio español para la seguridad nuclear y radiológica, del que se encarga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como la gestión de los residuos y el combustible gastado, que gestiona Enresa, representantes de la OIEA han subrayado que España tiene un «fuerte compromiso» con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El director de la misión de la OIEA, Victor McCree, ha explicado que el organismo ha trasladado al Gobierno, al CSN y a ENRESA un total de 17 recomendaciones y 22 sugerencias, al tiempo que ha detectado 2 buenas prácticas de estas entidades que podrían replicarse en otros países. McCree ha destacado que entre las principales recomendaciones al Gobierno, la OIEA considera que debe asegurarse de que el retraso en el establecimiento del ATC no genera un impacto negativo en la seguridad de la gestión de los residuos de alta actividad y el combustible gastado.

De momento, ha dicho que el equipo no ha identificado «ningún riesgo» asociado precisamente a la falta de un ATC pero ha reflexionado que la instalación se previó vinculada a las actividades de desmantelamiento y clausura de las centrales y valora que en su diseño se incluya la investigación en materia de gestión de residuos y mejora de la instalación. En concreto, ha indicado que se recomienda a España que actualice las previsiones de residuos nucleares para asegurar que los recursos económicos consignados sean suficientes, aunque ha aclarado que no detectó carencias a este respecto.

Además, la misión de revisión, en la que han participado 24 expertos internacionales, urge a España a dar «pasos inmediatos» para realizar la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. A este respecto, el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, defiende que el OIEA valora como «integral y robusto» el sistema de gestión de los residuos radiactivos aunque pueda mejorarse.

Además, ha recordado que según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a principios de 2019 tendrá listo un borrador del plan y que ENRESA ya ha iniciado los trabajos previos para actualizar el plan general de residuos radioactivos, cuya aprobación podría demorarse hasta 24 meses, de acuerdo con los plazos que marca la legislación de evaluación ambiental, hasta 2021. Por otro lado, McCree ha añadido que la misión ha recomendado también que el Gobierno, el CSN y ENRESA comiencen a desarrollar las regulaciones, los requerimientos técnicos y a implantar un plan para lograr una instalación geológica profunda para almacenar de forma definitiva los residuos y el combustible.

Asimismo, la misión recomienda reforzar la coordinación entre los diferentes operadores de centrales nucleares en materia de organización de respuesta y con el regulador durante una emergencia radiológica y nuclear. En ese sentido, McCree comentó que no ha podido concretar cómo se comunicarían la autoridades con la sociedad durante la respuesta a una emergencia, o si se requeriría institucionalmente una coordinación con los explotadores. Si bien, ha recordado que, según las normas de la OIEA, la coordinación con los medios de información debería realizarla el responsable de la seguridad nuclear, en este caso el CSN.

Una estructura regulatoria “muy fuerte”

Otra de las conclusiones estima que el CSN debería reforzar también sus procedimientos para mejorar la revisión sistemática de la regulación nuclear, es decir las guías y directrices, de modo que se adapten «mejor» a los estándares de seguridad de la OIEA. Para el director de la misión, las conclusiones y recomendaciones efectuadas, si se implantan, podrían «reforzar aún más» la estructura reguladora en España que «ya es muy fuerte».

«Al invitar a la OIEA a dirigir esta misión única, el Gobierno español ha demostrado un fuerte compromiso con los principios básicos para la excelencia en la seguridad nuclear y radiológica dirigida a una mejora continua», elogió McCree, ex director ejecutivo de operaciones de la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Estas conclusiones serán compartidas con el resto de países miembro de la OIEA así como las dos buenas prácticas que la misión ha reconocido a España, una del CSN y otra de ENRESA y que serán promocionadas a nivel internacional.

En concreto, del CSN ha destacado una innovadora herramienta de gestión de datos para asegurar el transporte de los materiales radiactivos, mientras que de ENRESA ha valorado el «diseño vanguardista» del ATC como parte de una estrategia de gestión del combustible gastado. En este contexto, el presidente del CSN, Fernando Martí, ha informado de que es la primera vez que un país acoge dos misiones de la OIEA y ha calificado la acción de «éxito» porque «lo importante» es que se emitan recomendaciones y sugerencias para detectar áreas de mejora.

«Es una oportunidad para que España mejore en todos los aspectos posibles y estamos satisfechos por las recomendaciones y sugerencias», apreció Martí que cree que cuantas más sugerencias emita la OIEA mejor, porque siempre hay un margen de mejora que realizar «paso a paso», sobre todo después de Fukushima que supuso «un antes y un después» que ha enseñado que «no hay que dormirse en los laureles» con la seguridad.

El presidente del CSN se ha referido a la recomendación de la OIEA respecto al almacén geológico profundo y ha dicho que «hay que empezar en serio a buscar ubicación» para poder realizar todo el proceso de aquí a los próximos 20 o 30 años, con transparencia y comunicación a la sociedad. No obstante, ha afirmado que «muchas» de las cuestiones recomendadas o sugeridas por la OIEA ya estaban en el plan de acción y se incorporarán en los próximos años, antes de que se vuelvan a evaluar. En ese contexto, reclamó «más independencia» para el CSN, tanto a nivel financiero como de las decisiones de su ámbito de aplicación.

Por su parte, el presidente de ENRESA ha defendido el sistema de residuos español y ha insistido en transmitir a la sociedad que las instituciones trabajan y permiten a los ciudadanos estar tranquilos sobre estas cuestiones y valora los consejos dados por la OIEA que han sido realizados desde miembros de la misión de países con «las mismas preocupaciones». Por último, el director de la división de seguridad nuclear de instalaciones nucleares del OIEA, Greg Rzentkowski, ha valorado que el marco regulador en protección radiológica y seguridad nuclear está «perfectamente alineado» con las directrices de la OIEA y considera que en materia de transparencia la misión no ha observado «nada» que haga cuestionar al CSN.

La Sociedad Nuclear Española (SNE) asegura que el ATC de Villar de Cañas es necesario de cara al desmantelamiento nuclear

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Europa Press.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, defiende la «imprescindible» necesidad de construir el almacén temporal centralizado (ATC) para albergar los residuos nucleares y el combustible gastado del parque nuclear español «en la localidad conquense de Villar de Cañas«, sobre todo ante un escenario de futuros desmantelamientos.

En este sentido, Gago asegura que el sector sigue apostando por el ATC y, pese a que la «situación política es complicada», recuerda que el proceso para elegir al municipio conquense fue un concurso «público, de consenso y lanzado por el PSOE». Así, insiste en que el ATC es un sistema «lógico» de gestión para un país como España, que lo necesita. «En esto hay un bucle: no queremos ATC en tanto se mantienen las centrales, pero cuando las centrales se paran tampoco queremos un ATC para gestionar los residuos», lamenta Gago que ve en esta situación una «gran paradoja».

De hecho, asegura que hay «infinidad» de puntos en la geografía española para instalar el ATC y recuerda que en aquel concurso se establecieron unos criterios que debían cumplir los terrenos para construir esta instalación a la que «cualquier municipio interesado en albergarlo» pudo presentarse. En todo caso, advierte que para acoger una instalación como esta debe haber  «aceptación social» porque «no se puede imponer».

De todas formas, ha explicado que el ATC es necesario porque no dará la solución definitiva a los residuos atómicos, que deberán descansar definitivamente en un almacén geológico profundo y ve «muy poco probable» que el emplazamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pueda terminar convertido en un ATC. Esta posibilidad fue planteada en las Cortes de Castilla y León por el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, que advirtió de que se abría una «puerta peligrosa» a que Garoña se pueda convertir en el ATC nacional

En definitiva, Gago, también presidente de ANAV (titular de Ascó y Vandellós) insiste en que un problema de índole «político» y no técnico, porque España lleva «50 años gestionando combustible radiactivo y operando de manera segura las centrales» y en su defecto, a medida que se vayan llenando los almacenes temporales individualizados (ATIS), se hará «todavía más necesario el ATC» para liberar los actuales emplazamientos.

Precisamente, expone que el ATC permite desacoplar «perfectamente» la gestión del combustible de las piscinas del almacenamiento de la operación y la gestión final mientras permite desmantelar las centrales. «El ATC es la vía lógica y natural para hacer ese desacople y decidir una vez que todo el combustible se gestiona en un mismo emplazamiento y de una misma manera, prepararlo para la siguiente etapa que es el AGP», concluye.

Futuro nuclear a ¿corto plazo?

Por otro lado, Gago ha reclamado el papel «imprescindible» de la energía nuclear en el corto plazo, por lo que debería seguir contando en el mix durante los próximos años ya que ve inviable en el corto plazo prescindir de la primera fuente de generación de electricidad en los últimos 7 años. Respecto al contexto actual, Gago ha apuntado que, a pesar de las «incertidumbres», en el corto plazo sin energía nuclear no puede resolverse la ecuación que implica garantizar el suministro, con costes competitivos, con estabilidad de la red y asegurar la demanda incluso en situaciones extremas y, al mismo tiempo cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

«No se suple de la noche a la mañana y hacerlo solo con renovables lo vemos inviable en el corto plazo», ha analizado Gago, que cifra ese corto plazo en 2025 o 2028 y recalca que la nuclear debería seguir formando parte del mix en los próximos años. Con todo, ha reclamado un debate «serio, riguroso y sosegado» sobre este proceso. A su juicio, la sociedad debe tomar una decisión de una manera «ordenada y no sobre la base de lo ideológico», sino con hechos, realidades y consecuencias sobre los distintos escenarios de la transición.

En su defensa de la energía nuclear, Gago reitera que el parque nuclear español cuenta con todos los avales para seguir operando más allá de los 40 años de su vida útil, en la línea con la mayoría de las plantas europeas y de «todas» las de Estados Unidos, que tiene permiso para seguir produciendo electricidad hasta los 60 años. «Se puede justificar y se justifica que las centrales españolas están perfectamente preparadas para operar durante mucho más tiempo», sentenció.

Por último, se ha referido a las dificultades económicas derivadas de los impuestos introducidos el 28 de diciembre de 2012, cuando se gravó con un 7% a «todo» tipo de generación eléctrica pero además, se añadió un nuevo impuesto para gravar la generación de residuos nucleares. Este último, exclusivo para la energía nuclear, aún sigue vigente. En este contexto, celebra la eliminación del impuesto del 7% general para todas las energías porque es «efectiva» para rebajar el precio del pool.

Por el contrario, se queja del impuesto que grava la generación de residuos ya que las centrales deben ser técnica y tecnológicamente viables y, al mismo tiempo, son necesarias porque contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Pese a ello, advierte de que este proceso debe hacerse con «una rentabilidad razonable» para los propietarios de las plantas. Finalmente, ha puntualizado que las centrales ya tienen internalizado el coste de la gestión de los residuos, así como el coste del desmantelamiento, mediante las tasas que se pagan a ENRESA, si bien, advierte de que la responsabilidad de definir si esta previsión de fondos es «suficiente» corresponde a ENRESA y el Ministerio para la Transición Ecológica.