La subasta renovable se cierra sin incentivos, al reducirlos en un 100%, y sin adjudicación para las grandes compañías eléctricas

Redacción / Agencias.- La primera subasta de energía renovable celebrada en España, que ha servido para asignar nueva potencia por primera vez desde la moratoria impuesta por el Gobierno en 2012, se cerró sin que ninguna de las tres grandes eléctricas se haya adjudicado megavatios y con tanta presión competitiva que los incentivos han quedado reducidos a cero, según fuentes del sector. Esto significa que las plantas que se construyan a partir de la adjudicación de esta subasta cobrarán la retribución del mercado.

Este mecanismo de subasta fue ideado por el Ministerio de Industria para adjudicar la potencia entre los oferentes que ofrecieran la mayor reducción en el incentivo con el objetivo de conseguir que estas plantas renovables tuvieran el menor coste posible para el sistema eléctrico. Lo cierto es que la subasta ha arrojado un resultado imprevisto de reducción del 100% en el incentivo. Según las fuentes consultadas, por un lado no se descartan fallos en el diseño del mecanismo de la subasta, lo que ha podido llevar finalmente a este resultado.

Otra de las causas posibles de este sorprendente resultado, que supone que estas inversiones carezcan de un sistema retributivo adicional, es que habría concurrido un elevado número de agentes que, en dificultades desde las medidas puestas en marcha por el Gobierno, se hayan conformado con obtener cualquier tipo de flujo de caja que la adjudicación de esta potencia renovable pueda darles en el futuro, lo que ocasiona el hundimiento del resultado de la propia subasta.

Durante la puja, en la que no resultaron adjudicatarias Enel Green Power España, sociedad participada en un 40% por Endesa y en un 60% por Enel, Iberdrola ni Gas Natural Fenosa, se alcanzó un 100% de descuento tanto sobre los incentivos para los 500 megavatios (MW) de eólica como para los correspondientes a 200 MW de biomasa. En consecuencia, en el caso de la eólica no habrá retribución a la inversión para los proyectos adjudicados mientras que en el de la biomasa la retribución a la inversión también será a coste cero aunque tendrá retribución a la operación de 40 euros por megavatio hora (MWh).

Las fuentes del sector destacan la «sorpresa» que ha provocado el cierre de la subasta sin incentivo, ya que solo por acudir era necesario asumir compromisos en términos de costes del aval y plazos para el desarrollo de proyectos. Una de las explicaciones que se ofrece es la existencia de cerca de 10.000 MW asignados en los distintos concurso autonómicos que, tras la moratoria, se encuentran paralizados y a la espera de su desarrollo. Este volumen garantizaba de por sí el éxito de la subasta.

Los promotores de estos proyectos, que ya tienen la ubicación asignada, llevan en algunos casos varios años pagando avales y con las máquinas en stock, por lo que estaban dispuestos a presentar ofertas muy competitivas. Muchos de ellos proceden de los concursos que en su momento convocaron Galicia, Aragón, Cantabria o Extremadura. Las fuentes también atribuyen el resultado de la subasta a que, al haber muchos megavatios atascados, se ha podido dar salida a los mejores emplazamientos. La percepción dentro de la Administración es que el proceso ha sido «positivo» y que la idea de subastar pequeños bloques parece atraer una fuerte competencia. El organismo supervisor, la CNMC, validó la subasta al asegurar que había tenido la «suficiente presión competitiva».

En el sector coincidía el gran interés por esta subasta, tras 4 años de paralización en el desarrollo de nuevos proyectos con derecho a incentivo, con la confianza en que, a la vista de la potencia eólica necesaria para cumplir los objetivos europeos para 2020, en próximos meses se celebrarán nuevas pujas. También hay que subrayar que algunas empresas de referencia en el sector como Acciona ni siquiera han llegado a presentarse a la subasta. Asimismo, otras fuentes del sector energético consideran que exponerse a un precio de mercado, que fluctúa en función de factores como la demanda o la meteorología, supone un enorme riesgo.

La reforma eléctrica de 2013 estableció que las renovables dejaran de cobrar primas o ayudas a la producción para pasar a recibir una retribución razonable durante su vida útil, una rentabilidad establecida en términos porcentuales, revisable cada 6 años, que se aplica sobre la inversión realizada, al menos en términos teóricos. Según esta normativa, la subasta establecía un parámetro de inversión base sobre el que los interesados podían proponer un descuento, de manera que la potencia se asignaría de mayor a menor descuento y finalmente todos cobrarían el precio del último que entró. Durante la subasta, los interesados redujeron totalmente los 1,2 millones y 3,35 millones de euros por MW reconocidos de partida para la eólica y la biomasa, respectivamente.