Entradas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) propone al exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como consejero de Indra

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto al exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, como miembro del consejo de Indra en representación del holding público, sustituyendo a Adolfo Menéndez Menéndez. Este nombramiento supondrá la incorporación a la empresa de tecnología y consultoría del que fuera ministro de Industria entre abril de 2008 y diciembre de 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Siguiendo los pasos habituales en estos procesos, el consejo de Indra tendrá que aprobar el nombramiento de Miguel Sebastián tras recibir el visto bueno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras lo cual tendrá que ser ratificado en junta de accionistas. El exministro es actualmente profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Durante su carrera política, además de ser titular de la cartera de Industria durante más de 3 años, fue candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid en 2007 y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con rango de Secretario de Estado, entre 2004 y 2006.

Los demandantes de Castor apelarán al Tribunal Constitucional tras confirmar la Audiencia Nacional el archivo de la causa

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, promotores de la querella #CasoCastor, anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Nacional haya desestimado y confirme el archivo de la demanda penal que acusaba a varios exministros y a los responsables de Escal UGS de varios delitos, entre ellos concierto para delinquir.

La Audiencia Nacional confirmó el archivo de la querella que estos promotores presentaron el 27 de febrero. El fallo desestima el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que desestimó y archivó una querella por la indemnización fijada tras el cese de actividad de Castor porque consideraba que existía «concierto criminal». El colectivo cargaba contra los exministros de Industria Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, accionista de Escal, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

El fallo de la Audiencia considera que los hechos que acaecieron no son constitutivos de infracción penal y concluye que «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización». Para la Sala Tercera «no cabe cuestionar» la corrección de errores a un Real Decreto, porque esto es una decisión administrativa firme y apunta que «no existen indicios» de sobrecoste. Los magistrados excluyen el «concierto criminal» en los hechos de objeto de análisis porque la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

Sin embargo, el colectivo ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y critica que la Audiencia Nacional haya resuelto «en pocas páginas» un tema de «máxima complejidad» y que no valora «ninguno» de los indicios de criminalidad: «ni las puertas giratorias, ni los sobrecostes, ni la forma del concurso, ni siquiera la modificación de los límites marítimos de una comunidad autónoma». Asimismo, lamenta que otorgue validez judicial a informes contables y auditorías de Deloitte, Det Noske Veritas y PwC que avalan las operaciones y costes, «como si en términos de corrupción estos documentos tuviesen el valor de una investigación criminal».

La Audiencia Nacional archiva la demanda por el almacén de gas Castor contra 5 exministros y la empresa concesionaria Escal-UGS

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que desestimó y archivó una demanda que exigía responsabilidad penal por la indemnización fijada por el cese de actividad del almacén de gas Castor porque consideraba que existía «concierto criminal».

La demanda, presentada por Xarxa de L’Observatorio del Deute en la Globalització, reclamaba responsabilidad penal contra los exministros de Industria Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria; de Fomento, Magdalena Álvarez; de Medio ambiente, Elena Espinosa; el secretario de Estado de Energía, Ignasi Nieto; el consejero valenciano Juan Cotino; el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.

El fallo de la Audiencia considera que los hechos que acaecieron no son constitutivos de infracción penal y concluye que «no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización».

Para la Sala Tercera «no cabe cuestionar» la corrección de errores a un Real Decreto, porque esto es una decisión administrativa firme y apunta que «no existen indicios» de sobrecoste.

Los magistrados excluyen el «concierto criminal» en los hechos de objeto de análisis porque la serie de resoluciones administrativas fueron adoptadas por Gobiernos sostenidos por formación política distinta.

La Audiencia concluye que los hechos descritos en el recurso no revisten de «apariencia delictiva» por lo que resulta inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias que proponía la demanda no se propende revisar las auditorías que sustentaron la indemnización que se extendió a Escal (ACS es accionista mayoritario) por el cierre del almacén de gas subterráneo Castor frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

La Sala refleja las auditorías que sustentaron la indemnización, ante las observaciones de la Comisión Nacional de la Energía sobre la forma de contratación de las principales partidas de inversión en el almacenamiento subterráneo de Castor en el primer semestre de 2009, aprobado por su consejo de administración en enero de 2010.

Asimismo, señala que la convergencia entre Escal-UGS y ACS no implica un sobrecoste en perjuicio de la Administración, sino más bien lo contrario, en un momento en que no había previsión sobre concurrencia de una causa de extinción de la concesión.

Los demandantes acusaban de prevaricación a los demandados, por mantener varias reuniones con las administraciones implicadas de cara a la concesión.

Asimismo, acusaban a los demandados de elaborar un «plan delictivo» en el que se concertaron resoluciones entre las cuales figura que se excluyera al proyecto de someterse a evaluación de impacto ambiental.

A su juicio de la querella, la inversión de ESCAL-UGS habría estado «plagada de irregularidades», por lo que observa que habría «indicios de enriquecimiento ilícito» y que los beneficios de ACS «se escaparon a todo control» por la falta de concurrencia, algo que para los querellantes «solo se puede comprender desde la lógica del acuerdo delictivo».

La actividad del almacén de gas Castor fue suspendida en el verano de 2013 ante la actividad sísmica que se inició durante las pruebas para inyectar gas en el mismo. Los eventos sísmicos provocaron la suspensión temporal y la subsiguiente renuncia a la concesión por parte de Escal, que solicitó la compensación establecida. Desde entonces, el almacén subterráneo está en situación de hibernación y así seguirá hasta nuevo orden.

Aquella compensación se fijó en un total de 1.350,72 millones de euros que se garantizan mediante el pago durante los próximos 30 años a través de la factura de gas de los ciudadanos con un interés fijo del 4,267%.

Por otro lado, la instancia desestima la querella por delito de malversación o alternativamente de fraude a la Administración y de prevaricación porque «no toda revisión judicial de la actuación administrativa implica un delito de prevaricación» y añade que «no es lo mismo una ilegalidad administrativa que una actuación buscada de propósito para acordar una actuación injusta».

Los demandantes han anunciado a través de la red social Twitter que no se dan por vencidos a pesar de que la Audiencia Nacional mantenga el archivo de su querella, contra la cual no cabe recurso alguno. Advierten de que el archivo de lo penal de la querella de este grupo ciudadano «no va a suponer el cierre de la iniciativa judicial».

El grupo formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña anuncia que ya está preparando «los próximos pasos».

La Audiencia Nacional archiva la querella contra 5 exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela desestimó y archivó la querella interpuesta contra 4 exministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del de Mariano Rajoy, además de empresarios como Florentino Pérez, en relación con el proyecto Castor, al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal. Los promotores del caso Castor anunciaron que recurrirán la decisión.

La querella del Observatorio de la Deuda en la Globalización se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritario de la sociedad mercantil Escal UGS (quien tenía la concesión del almacén gasista); el presidente de la compañía Escal, Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.

Tras estudiar los hechos, la juez concluye que la construcción del almacén de gas es fruto no de una idea «aislada ni peregrina», sino acorde a la política de explotación y suministro de gas, que se había planteado previamente, en 2002, antes de que los querellados accedieran a sus cargos. Si bien, admite que esta política con los años se comprobó «deficitaria«. La juez añade que las resoluciones que se fueron dictando en las distintas fases del proyecto y cuyas firmas por parte de los querellados determinan su responsabilidad, según el querellante «no aparece» y «tampoco se expone en la querella que se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido».

Además, el auto de la juez considera que no parece que la actuación de los querellados se guiase por «un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley». De hecho, añade que «por el contrario, su actuación fue razonada y documentada». En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha desestimado la querella planteada por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración pública. Además, el informe de la Fiscalía, fechado en 18 de junio, solicita que se desestime la querella y se archiven las actuaciones.

De hecho, el auto admite que la actuación podría ser discutida jurídicamente, «tal y como sucedió» pero añade que esta discrepancia se ha resuelto a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. Asimismo, añade Lamela que tras examinar las distintas resoluciones recaídas no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria e incluso en algunos casos la actuación fue amparada desde la Administración, mientras en otros, la estimación se debió a motivos «formales, no de fondo«. En otros, por su parte, el auto de la juez estima que se pone de manifiesto la «complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial».

«Pero en ningún caso se puso de manifiesto que la Resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria», aclara. De este modo, Lamela señala que no puede estimar que se cometiera delito de prevaricación porque según la jurisprudencia, ese delito se comete cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución «injusta, no en el sentido meramente ilegal o contraria a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico», y que el agente del hecho obre «con clara conciencia» de la arbitrariedad, algo que «no acontece en el supuesto examinado».

Lamela concluye que esto le lleva «igualmente» a considerar que no se puede estimar los delitos de malversación y fraude a la Administración, puesto que no se desprende del relato de hechos en la querella y en los documentos que la acompañan que los querellados hayan quebrantado los deberes del ejercido de su cargo, «quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino«. A ese respecto, agrega que estas circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional.

Recurrirán el archivo del caso

Por su parte, los promotores de la querella recurrirán el auto que desestima la querella y pide su archivo. El grupo promotor de la demanda, Caso Castor, está formado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Eso sí, el colectivo evitó pronunciarse sobre el contenido del auto hasta que su equipo jurídico lo estudie detalladamente.

3 asociaciones civiles se querellan contra cuatro exministros de Zapatero, uno de Rajoy y Florentino Pérez por el almacén Castor

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press / EFE.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del popular de Mariano Rajoy por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén Castor.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria con más de un 60% de la mercantil Escal UGS, quien tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; yal exsecretario general de Energía del PSOE, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Según los responsables de las asociaciones demandantes, esta querella se presenta porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas y porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay «anomalías» con políticos implicados “que podrían constituir un delito”. «Se tiene que investigar», sentencian.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros, a través de la tarifa del gas, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet. El decreto de 2014 que materializó la indemnización fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. «La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa», subraya Levi.

El juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene «competencia en el caso ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial», asegura Levi. Según se desprende de la querella, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la «repercusión directa de los gastos de mantenimiento de Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final debe ser considerado caudal público«.

A su juicio, Enagás, que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que las comercializadoras acaban imputando al consumidor, «deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias a través del peaje para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados».

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron «en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación». «Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», indicaron.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es «subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública». Así, la querella observa «un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración». «La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización, siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético«, concluye la querella.

Esta demanda, registrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); y la asociación de afectados de Castor (Aplaca). Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información «sensible» sobre el caso. Por el momento, dos personas contactaron ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información «interesante e inédita» que ayude a la querella.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar. Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones. En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.

Greenpeace arremete contra todos los responsables políticos y empresariales ligados al sector energético en su lista de “villanos del clima”

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha alertado de más casos de sequía y déficit de lluvia, principalmente en el noroeste peninsular, si no hay «ambición» política para frenar el cambio climático, en la presentación de un informe sobre «los villanos del clima» en España. Para denunciar la contaminación, subrayan que «ninguna» central térmica española cumple los límites de emisión que se exigirán a partir de 2021.

Tatiana Nuño y Sara Pizzinato, expertas en cambio climático y transición energética, han reclamado políticas que «favorezcan el desarrollo sostenible» y han lamentado las que en esta materia se están promoviendo en España. Para poner «cara» a los responsables, la organización ecologista ha elaborado Villanos del clima. ¿Quién está detrás del calentamiento global en España?, donde se identifican a algunas de las principales personas responsables del cambio climático en España, ya sea por las decisiones que toman desde sus cargos públicos o por sus actividades empresariales, y donde sitúan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como uno de los «villanos».

Tatiana Nuño ha lamentado que, para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no cuente «con ninguna organización ecologista». Mientras, reivindica que tanto comunidades autónomas como gobiernos locales tienen «herramientas» para luchar contra el cambio climático. Al respecto, critica que en «el país del sol» el 85% de la energía que se produce en España «proceda de combustibles sólidos y de energía nuclear». «Con otros 5 países producimos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero», expuso.

Para Greenpeace, la lista de «villanos» la encabeza el presidente Rajoy por «apoyar la energía nuclear y no poner en marcha un calendario de cierre» de las plantas térmicas de carbón. Le sigue el titular de Energía, Álvaro Nadal, «el ministro que odiaba a las renovables»,según la ONG, que está en la lista por haber afirmado que «España no dejará de quemar carbón» y por «pretender continuar con las ayudas al sector»; continúa la lista su antecesor, José Manuel Soria, «el malo universal», por «crear el impuesto al sol» y «apoyar las prospecciones petrolíferas».

Al «club de villanos de Greenpeace» también se suma el responsable de Industria del PSOE entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, «el ministro de los recortes a las renovables», por aprobar medidas que supusieron un recorte en la eólica y la termosolar de 1.100 millones de euros, y de hasta 2.000 en la fotovoltaica. Rodrigo Rato, «el amigo de las eléctricas», según la organización, que recuerda que durante su mandato como vicepresidente del Gobierno liberalizó el sector de la energía con la Ley del Sector Eléctrico creando los Costes de Transición a la Competencia, que provocó el denominado tarifazo eléctrico.

La lista la completan el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por «su amor por el petróleo»; el presidente de Endesa, Borja Prado, «el señor de la energía sucia»; el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, «el amigo de las emisiones»; el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, «el experto en greenwashing«, porque su «actividad principal todavía se basa en la quema de combustibles fósiles». Para terminar la lista, el director general de la AOP, Álvaro Mazarrasa, «el guardián de los petroleros», y el empresario del carbón Victorino Alonso, «el temor de la mina».

Greenpeace también hace un repaso de personalidades por el ámbito de algunas comunidades autónomas, todos hombres a excepción de una mujer, mientras que las razones a las que alude la ONG son, en su mayoría, por el apoyo al carbón. Asimismo, Greenpeace ha situado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entre los “villanos del clima” por decir que defiende para las islas la meta de un sistema 100% renovable antes de 2050 mientras apuesta por la introducción del gas en el archipiélago, retrasando así la transición energética canaria».

Nadal recuerda que el Tribunal Supremo impidió eludir la indemnización de Castor mientras Unidos Podemos pide una comisión de investigación

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor con el objetivo de «esclarecer las responsabilidades políticas» de este caso. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recordó a la Generalitat de Cataluña que fue el Ejecutivo del PP quien pidió al Tribunal Supremo (TS) la lesividad del contrato del almacén de gas Castor.

En respuesta a una carta del consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, el ministro de Energía recordó que una vez el Supremo dijo que no se podía considerar lesivo el contrato, el Gobierno elaboró un decreto ley que redujo en más de la mitad el «daño anual» de la instalación al sistema. Nadal ha asegurado que la situación del almacén es «estable» y que la extracción del gas se tiene que hacer con todas las garantías y con los estudios adecuados sin que ello perjudique a las poblaciones cercanas.

Piden una comisión de investigación

Por su parte, el diputado de En Comú, y portavoz de energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que su comisión de investigación implicaría tanto a Gobiernos del PP como del PSOE, ya que se inició con el entonces ministro popular Josep Piqué, pero el proceso de adjudicación continuó con los socialistas Joan Clos, José Montilla y Miguel Sebastián. Todos ellos, según ha apuntado Vendrell serán llamados a comparecer en esta comisión y también el exministro José Manuel Soria, debido a su implicación en el proceso de indemnización de la empresa adjudicataria, así como el actual titular del departamento de Energía Álvaro Nadal.

Asimismo, proponen llamar a expertos, científicos y organizaciones ecologistas que avisaron de los peligros medioambientales y del riesgo sísmico de la zona, así como a la sociedad civil, ayuntamientos y asociaciones vecinales que se opusieron desde el primer momento a la construcción del almacén de gas. «Ahora estamos pagando los consumidores de gas por este capitalismo parasitario que permite que la empresa gane cuando se autoriza el proyecto y, cuando éste falla, también gane», ha denunciado el diputado catalán, quien ha recordado que esta situación también pasa en otros sectores.

Del mismo modo, ha recordado que la intención de Unidos Podemos es desmantelar la planta de Castor y sellar el pozo, con las medidas de seguridad necesarias, y recuperar la indemnización de 1.700 millones de euros que ha recibido la empresa adjudicataria. En este sentido, la formación morada ya obtuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y la abstención del PP a una proposición no de ley para que el Gobierno trate de recuperar la indemnización concedida a Escal UGS. Por este motivo, la diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester, se ha mostrado convencida de que se van a recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta comisión de investigación parlamentaria.

El principio de la era Nadal

/0 Comentarios/en , , /por

La entrada de Álvaro Nadal en el Gobierno, como titular del nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sido una de las principales novedades de este Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su irrupción en el gabinete está siendo acompañada con un conjunto de crónicas acerca de su currículum, de su personalidad y sobre la peripecia que derivó en su inclusión en la formación final del Consejo de Ministros.

En términos políticos, el rotativo El Mundo lo califica de halcón, ilustrándolo con la frase aquí se viene llorado, dirigida supuestamente a las empresas del Ibex 35,  lo que trata de proporcionarle un cierto carácter legendario-artúrico además de congraciarle con los resabios podemitas hacia lo empresarial. Asimismo, varios medios revelan su aspiración de ser ministro desde su más tierna infancia, vocación que comparte con su hermano, Alberto, cuya íntima unión es destacada por quienes se han relacionado con ambos gemelos.

Algunos medios han anticipado la salida de su hermano Alberto como secretario de Estado de Energía (con alusiones textuales como ex Secretario de Estado de Energía, probablemente haciéndose eco de su posible salida hacia Washington o de su interés por el área de Presupuestos del Ministerio de Hacienda). Lo cierto es que, al menos durante esta semana en funciones, los dos comparten departamento en el Gobierno. Todavía no es ex. Estamos en la época de la postverdad, la todología en los medios y las intoxicaciones interesadas del relato político español.

Por otra parte, de su currículum, el digital Ara.cat reniega de los cursos de doctorado de Harvard que se recogen en varias de sus hojas de vida laboral, caracterizada por el logro de ser el número 1 de la oposición a técnico comercial y economista del Estado. Respecto a su peripecia más reciente, se ha difundido que su acceso al Gobierno se produjo apenas 24 horas antes de su anuncio, con el consiguiente split del ya extinto Ministerio de Industria, salomónicamente dividido entre el nuevo departamento de Nadal y el que dirige Luis de Guindos.

En todo caso, Nadal ha repetido el camino seguido por uno de sus predecesores en la Oficina Económica del Presidente, Miguel Sebastián. Conviene recordar que el socialista fue en su momento economista estrella del anterior presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que sus sucesores en la Oficina Económica nunca alcanzaron el mismo protagonismo público que el que alcanzó el propio Sebastián, acusado de un afán maquinador en lo empresarial. Una escuela, la de la ejecución de políticas que, por otra parte, requiere unas habilidades muy diferentes al trabajo de gabinete como bien le recordó Luis de Guindos en su discurso.

Nadal ha abrazado el concepto de transición energética en los primeros días desde su nombramiento, así como el de agenda digital. Son conceptos hasta ahora únicamente instalados en el impreciso ámbito de la comunicación política y que necesitan su propia concreción en la realidad de la economía. Eso sí, menos contemplativa será la realidad que le aguarda al flamante ministro.

Los frentes son múltiples: la previsible evolución de los precios de la electricidad para consumidores domésticos (con un recibo a comparar en próximos meses respecto a un inicio de 2016 de precios extraordinariamente bajos), lo voluminoso de los costes de acceso y sus partidas integradas, que conforman que la tarifa sea resistente a la baja, la inminente resolución de los conflictos internacionales derivados de los cambios retributivos para las tecnologías renovables que impulsó su hermano, o el desastre del bono social, con el debate sobre la pobreza energética reabierto y el cuestionamiento de la idoneidad del mecanismo vigente, por su uso preferente en segundas viviendas más que por beneficiar a los consumidores de rentas bajas.

En el caso de Nadal, será preciso comprobar con el tiempo si su ejecutoria buscará la eficacia silenciosa, la definición de la verdaderamente necesaria política energética equilibrada en economía, seguridad de suministro y medioambiente orientada a futuro, garantizando una gobernanza sectorial privada, de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y de mercado, o estará presidido por la tan tentadora promiscuidad pública focalizada al protagonismo mediático. Incluso, queda por conocer su posición, actuación e independencia respecto a la CNMC y el CSN, esperemos a fuer de liberal. Veremos.

Nuevo Gobierno: riesgos del nombramiento para la energía

/3 Comentarios/en , /por

Será este jueves cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente su nuevo gabinete. Desde la sesión de investidura se viene especulando, cada vez con mayor fruición, acerca de la composición del mismo. En este artículo nos ocuparemos por un lado de los criterios que se han seguido para designar en tiempos pasados, pero recientes, al responsable de energía; en segundo lugar, de los nombres a los que ha tenido acceso Energía Diario y que contarían como candidatos a la cartera ministerial.

La titularidad de Industria, Energía y Turismo, quedó sumida en la orfandad tras la salida del ministro offshore José Manuel Soria. Orfandad que fue cubierta de aquella manera desde abril por la égida del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con todas sus inhibiciones y silencios al respecto, y bajo la tutela del hasta ahora secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Hay que tener en cuenta que la trayectoria seguida por los últimos gobiernos en la cobertura de esta cartera no ha sido especialmente halagüeña, sobre todo al estar inserta en el ámbito más difuso de Industria. Al perfil de José Manuel Soria, excesivamente proclive al protagonismo, hay que sumar a sus antecesores socialistas, Joan Clos y José Montilla, que también contaban con un marcado carácter y trayectoria política anterior relevante, frente a un perfil técnico o económico que les avalase.

La excepción como perfil híbrido económico-técnico fue Miguel Sebastián quien, realmente, comenzó a comprender el sector energético al final de su mandato, tras provenir de la Oficina Económica del presidente Zapatero. De los anteriores gobiernos populares hay que recordar cómo José María Aznar atribuyó conscientemente la siempre patata caliente de la energía al vicepresidente Rato y al entonces secretario general José Folgado (actual presidente de Red Eléctrica de España), quien seguramente recuerda todavía las increpaciones que recibía por los apagones.

Por tanto, el principal problema que plantea la designación de un ministro de Industria es que se ha venidoaplicando un mecanismo de cobertura de índole política y de preferencia personal. Argumentos como dar una contraprestación por servicios prestados en el partido, ser catalán, ser vasco, barón territorial, alcalde prominente, amigo del presidente, etc…, son elementos que cotizan en el pool de ministrables. En todo caso, la coyuntura actual obligaría a hilar más fino y a ser conscientes de la importancia del nombramiento y de la relevancia de esta decisión.

Los nombres que suenan en esta ocasión: aunque todo el mundo apuntaría a que el claro favorito es Alberto Nadal, responsable del cuadre contable del déficit de tarifa, el escenario es enormemente abierto dada la propia personalidad de Rajoy y sus propias cábalas. Resulta difícil que pudiera ser ministro si su hermano Álvaro, procedente de la Oficina Económica, pasase a ocupar una cartera. El mayor paroxismo sería tener a un hermano de ministro y al otro de secretario de Estado.

Por otra parte, se descarta la alternativa que más reciente se ha colado en las quinielas con el nombre de Josep Piqué, quien ya fuera Ministro de Industria, cuyas suspicacias y prevenciones en el seno del Ejecutivo son públicas. También recibe suspicacias y apuestas, por igual, Dolores de Cospedal. Incluso en ciertos ambientes se incluye el nombre de Guillermo Mariscal, portavoz de Energía en el Congreso y situado en la órbita de José Manuel Soria.

Asimismo, el nombre que suscita más coincidencias es la estrella ascendente de Javier Maroto, vasco y cuya relación con el mundo industrial podría ser decisiva. En este caso hay que recordar su manifiesta oposición a la actividad en la central nuclear de Garoña cuando ejercía de alcalde de Vitoria, lo cual sumaría puntos de cara a atraerse al PNV. Otro candidato, hombre del partido, es Fernando Martínez-Maíllo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Industria en la legislatura fallida.

Esperemos que la energía, cuya legislatura será intensa y cargada de cuestiones de fondo, no se gestione por un canje. Posiblemente la peor solución será utilizar la cartera de Industria para colocar a los ministrables desubicados una vez completado el sudoku, lo que incidiría en la tradición de la clase política española de que la energía es una asignatura maría.

El árbitro propuesto por Isolux asegura en un voto discrepante que el recorte a la fotovoltaica vulneró las expectativas legítimas

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El árbitro propuesto por las filiales internacionales de Isolux en el proceso ante el Tribunal Arbitral de Estocolmo acerca del recorte aplicado por el Gobierno en 2010 a los productores fotovoltaicos considera que la medida vulneró las «expectativas legítimas» de los inversores. En una «opinión disidente», Guido Santiago Tawil, considera que la quiebra de las expectativas de los inversores rompe con el principio de tratamiento «justo y equitativo» recogido en el Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994.

Este árbitro es uno de los tres que constituyen el tribunal que falló en contra de las pretensiones de las sociedades Charanne y Construction Investment, ambas filiales holandesa y luxemburguesa de Isolux, y dio la razón al Estado español en su defensa de los recortes a la fotovoltaica. En el tribunal también se sentaron el árbitro propuesto por el Estado, Claus von Wobeser, y Alexis Mourre, en calidad de presidente.

En su voto discrepante, Guido Santiago Tawil coincide en que el recorte de 2010 no puede ser considerado una «expropiación indirecta», si bien subraya que esta posición se refiere únicamente a las medidas adoptadas en la etapa de Miguel Sebastián como ministro y no afecta a la norma aprobada por el ministro José Manuel Soria. «Mi discrepancia con la mayoría radica en que, en mi opinión, la generación de expectativas legítimas en un inversor no se encuentra limitada únicamente a la existencia de un compromiso específico, sino que puede también derivar o fundarse en el ordenamiento jurídico vigente al momento de realizarse la inversión», indica.

En este aspecto, señala que el esquema retributivo elegido en España en 2007, mediante un feed in tariff, se muestra como «determinante» para que los demandantes «decidieran realizar la inversión en plantas fotovoltaicas». Por este motivo, los inversores «pudieron representarse objetivamente que el régimen tarifario establecido en cada uno de ellos sería mantenido y no alterado», indica Tawil, que subraya que el Gobierno socialista de Zapatero generó un «régimen de promoción o fomento» de una política económica destinada a crear «incentivos diferenciales» para «direccionar el capital privado en un sentido determinado, objetivo que de otro modo probablemente no se conseguiría».

Una vez que los inversores realizaron la inversión, «no aparece como jurídicamente aceptable reconocer en el Estado receptor la prerrogativa de modificar o eliminar» el marco regulatorio «sin consecuencia jurídica alguna», afirma. «En síntesis, cuando un inversor cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente para ser acreedor a un beneficio específico y determinado, su desconocimiento posterior por parte del Estado receptor de la inversión viola una expectativa legítima», concluye el árbitro discrepante.