Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la «supervivencia» del carbón nacional

Europa Press / EFE.- Sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (Carbunión) escenificarán este martes la formación de un frente común con partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras, con el objetivo de luchar por el futuro de una industria que se encuentra, en su opinión, en «estado terminal» y exigir al próximo Gobierno la «supervivencia» de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018.

El responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, afirmó que esta es «la última medida para poder salvar al sector de la minería en España», que se encuentra en una situación de «desahucio». A este respecto, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, criticó que el Gobierno popular desde que ganó las elecciones no ha hecho más que «masacrar» al sector, «reduciendo el empleo, las producciones y las ayudas».

Por su parte, el director general de Carbunión, Pedro Iglesia, aseguró que tratan de «reivindicar el papel del carbón nacional» en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. «El carbón nacional debe mantenerse en el mix energético durante el periodo de transición», dijo Iglesia, subrayando que el carbón nacional es el único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro «en momentos críticos».

A la cumbre de la firma del documento, titulado Acuerdo en defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, está confirmada la asistencia de, además de sindicatos y patronal, representantes de los partidos del PSOE, Foro Asturias, Partido Aragonés y Xunta Aragonesista, así como de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León), y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euroacom). Se mantienen las dudas de la asistencia a la cumbre y de la rúbrica del documento, de Ciudadanos y Podemos, «que están debatiendo la conveniencia o no de asistir», indicó Iglesia, así como del PP, que fueron también invitados.

En concreto, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón 2013-2018. Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Respecto a la presencia del carbón en el hueco térmico, Iglesia apuntó que “en los momentos actuales no llega a ser ni del 3,5%».

Asimismo, en el documento se reclama la tramitación «urgente» de la propuesta de orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Por otra parte, los sindicatos criticaron el plan para el carbón español aprobado por la Comisión Europea para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón de aquí a 2018. «Este plan no es el marco de actuación acordado, es el plan del PP, que contempla un cierre rápido y desordenado, el abandono de las comarcas mineras», aseguró Villares. El representante de CCOO acusó al Gobierno central de ser «mentiroso, incompetente y traidor» y aseguró que el próximo Ejecutivo deberá cumplir este marco de actuación, ya que si no es así, será también un «Gobierno mentiroso e incompetente».

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