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Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

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Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

CCOO asegura que las emisiones cayeron en 2018 un 4,3% gracias a la menor generación eléctrica con carbón y gas

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Europa Press.- Las emisiones de gases de efecto invernadero en España cayeron un 4,3% en 2018 respecto al año anterior, según indicó Comisiones Obreras (CCOO), que señala que este descenso tras el aumento de 2017 sitúa a las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12,91% por encima de las de 1990 y un 26,14% respecto a las emisiones de 2005.

La organización sindical reclama al Gobierno que realice una planificación del sistema energético con mayor penetración de energías renovables (eléctricas y térmicas) para 2030 que avance en la descarbonización de todos los sectores. De acuerdo con el trabajo de CCOO Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2018, la disminución de las emisiones de gases invernadero en 2018 respecto a 2017 se debe en gran parte a la disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica en un 17,8% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 21,5%, al tiempo que aumentó la producción hidroeléctrica en un 21,5%; la producción hidráulica en un 84,8% y la eólica en un 2,9%.

El sindicato recuerda que las emisiones del año base 1990 eran de 288,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes; las del año 2005 ascendieron a 441 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en 2018 fueron de 325,7 millones de toneladas de CO2 equivalente, según los datos preliminares de 2019. En 2017 fueron 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. El factor determinante, según el sindicato, fue la mayor producción hidráulica, igual que en anteriores años, pues cuando los años son lluviosos en España disminuyen las emisiones frente a los años secos, en los que se quema más carbón y gas natural, de modo que aumentan las emisiones.

Un 3% más de petróleo

Así, señala que en 2018 el consumo de petróleo creció un 3% respecto del año anterior y el gas natural se mantuvo constante. Mientras, en el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior. Para CCOO este es un «momento crucial» en el que confluyen los compromisos internacionales que marcan el camino para avanzar en la descarbonización de la economía, informes científicos incuestionables que avisan de que hay poco tiempo para hacerlo, tecnologías disponibles que permiten el cambio de fuentes energéticas y la electrificación de la demanda y, finalmente, una sustancial bajada de costes en muchas de esas tecnologías que permiten hacer los cambios con esfuerzos financieros razonables.

En concreto, subraya que ve a España situada en «una posición favorable» porque dispone de recursos renovables, tecnologías propias y capacidad industrial para afrontar los retos y convertirlos en empleo. Si bien, recuerda que hasta la fecha, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde 1990 y sigue necesitando un importante esfuerzo para llegar a los objetivos de reducción de emisiones para 2030.

El estudio señala que la energía (electricidad, transporte por carretera, aviación y residencial) es el sector con mayor responsabilidad en el conjunto de las emisiones y el «auténtico nudo gordiano», ya que en 2018 representaron el 75,1% del total sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera, mientras el resto corresponde a las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.

CCOO insta al Gobierno a aprobar «de forma inmediata» el Estatuto de la Industria Electrointensiva para acabar con la incertidumbre

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Europa Press.- CCOO de Industria ha instado al Gobierno a aprobar «de forma inmediata» el Estatuto de la Industria Electrointensiva, con el fin de «acabar con una incertidumbre que ya dura demasiados años». El sindicato presentó sus aportaciones durante su consulta pública al decreto por el que se pretende regular el denominado Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.

CCOO espera que la normativa se convierta «en una herramienta real y con contenido que permita mejorar la competitividad de los sectores intensivos en consumo eléctrico». Entre sus peticiones, el sindicato pide una dotación de partidas presupuestarias para compensar los derechos de emisión de gases invernadero «de similar cuantía a las que tienen Francia y Alemania», así como la definición de un marco estable, y «adecuadamente retribuido», para el servicio de interrumpibilidad, con periodicidad al menos anual y preferiblemente bianual.

Además, el sindicato reclama establecer una regulación que permita y favorezca el establecimiento de contratos bilaterales entre suministradores y consumidores, como ocurre en el resto de Europa, y la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del 95% del impuesto eléctrico. También considera «necesario definir con claridad qué es una empresa electrointensiva, para que las soluciones se apliquen donde realmente se necesitan». Además, subraya que los beneficiarios del Estatuto para la Industria Electrointensiva deberán comprometerse a mantener el empleo y la producción para evitar deslocalizaciones.

Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno en Madrid que apruebe el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética

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Europa Press.- ONG sociales y ambientales se concentraron en Madrid para reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes el Real Decreto del Autoconsumo que habilitará mecanismos para luchar contra la pobreza energética con energías renovables. Así, un conjunto de organizaciones se movilizó contra la pobreza energética, que aseguran que afecta al 10% de las familias españolas, que no pueden calentar sus viviendas en invierno.

Para las ONG, la lucha contra la pobreza energética es una «necesidad social y ambiental que no se puede bloquear ni ignorar«. En este contexto, Greenpeace pide que se apruebe cuanto antes el Decreto de Autoconsumo e insta a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas estructurales para poner a las personas y el planeta en el centro del sistema energético.

En concreto, Greenpeace considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las «muchas caras de la pobreza» y supone una disfunción de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. El citado Real Decreto habilitará mecanismos para que las administraciones públicas puedan luchar contra la pobreza energética con renovables.

Greenpeace considera «imprescindible» cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente. En la movilización participaron Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, la Coordinadora de Vivienda Madrid, Ecologistas en Acción, InspirAction, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Greenpeace.

El Gobierno garantiza que el borrador del estatuto de la industria electrointensiva estará listo en la primera quincena de marzo

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Europa Press.- La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha trasladado al comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés que el Gobierno central presentará el borrador del estatuto de la industria electrointensiva en la primera quincena de marzo.

Losa trasladó la «firmeza absoluta» del Ministerio de Industria para el mantenimiento de Alcoa. También explicó que el Gobierno ha garantizado que continúa adelante el proceso de elaboración del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. «Todas las medidas que dependan exclusivamente del Ministerio serán aprobadas por decreto lo antes posible para que ninguna circunstancia política pueda alterar el proceso», avanzó. «Un porcentaje muy grande de las materias que recoge el Estatuto se aprueban por decreto, y el Gobierno tiene la firme decisión de terminar su mandato avanzando el mayor número posible para que sea útil y no se revierta ese mantenimiento de la industria aluminera», añadió Losa.

Adelante aún con las elecciones

Precisamente los miembros del comité de la planta avilesina quisieron aprovechar la reunión para despejar dudas acerca de las consecuencias del adelanto electoral. Salieron satisfechos y agradecieron a Losa que se hubiese puesto en contacto con el Gobierno sobre la marcha. «Nos ha dejado claro que el borrador estará encima de la mesa a mediados de marzo y que la ejecución del mismo se realizará», ha afirmado el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz (CC.OO.).

CCOO y UGT seguirán reclamando ante la Justicia el incremento de los salarios de 5.000 prejubilados mineros

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Europa Press.- CCOO de Industria y UGT FICA presentarán un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se reconozca el derecho de las personas prejubiladas de la minería a percibir el incremento de sus salarios actualizados al IPC de 2011 y 2012, así como la regularización de los años posteriores. El conflicto afecta a unos 5.000 prejubilados de la minería de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla La-Mancha, según indicó CCOO.

CCOO cree que se trata de «un incumplimiento más» del Plan del Carbón 2006-2012, ya que en 2011 el Gobierno del PSOE modificó unilateralmente el decreto 808/2006 «sin ningún trámite de audiencia y sin consultar a las partes que lo firmaron». De esta manera, los sindicatos recurrirán el fallo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso presentado por los sindicatos para el reconocimiento del derecho a percibir esos incrementos de las prejubilaciones. Esta batalla judicial viene de lejos, ya que en 2012 la Audiencia Nacional dio la razón a los prejubilados mineros, aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que anuló ese fallo.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

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Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

El Ministerio y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón hasta 2027

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica, CCOO de Industria y UGT FICA alcanzaron un preacuerdo para lograr una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027. Eso sí, a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta 2027.

Además, se ha acordado un Plan social dirigido a trabajadores de edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, pudiendo también acceder al mismo los que, con 20 años trabajados en empresas mineras de anexo, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal: (20 años el 10%, 21 el 8%, 22 el 6%, 23 el 4% y 24 el 2%).

Aquellos trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31 de diciembre de 2018 y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las mineras.

Para estos trabajadores excedentes se articularán con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas, en la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018- 2023, dentro del Plan de Acción Urgente en Transición Justa, y se establecerá como uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública la recolocación de estos trabajadores.

La línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como el desarrollo de un Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras. Dicho Plan contemplará actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo.

En materia formativa y a fin de facilitar la búsqueda de nuevos empleos en los distintos ámbitos industriales y energéticos se acuerda la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas. En sus servicios de empleo correspondiente se les asignará un orientador que trabajará con los trabajadores excedentes del sector.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.

Finalmente, el acuerdo incluye que Hunosa por sus especiales características y su particular relevancia en el sector y en la Cuenca Central Asturiana, estará sujeta a su propio Plan de Empresa, con características propias en materia de Plan Social y compromisos específicos en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras de la Cuenca Central Asturiana y su transición a un nuevo modelo económico.

Desde UGT han destacado su «defensa inequívoca» del carbón autóctono «como parte de nuestro mix energético» y han insistido en ello hasta «pactar con el IRMC que mas allá de 2018 y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería competitiva».