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La potencia eólica en España aumentó en 392 MW en 2018 y ya supone el 19% de la electricidad consumida

Europa Press.- La potencia eólica aumentó el año pasado en España en 392 megavatios (MW), lo que sitúa el total de la potencia instalada en el país en 23.484 MW, suponiendo ya el 19% de la electricidad consumida, según indicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta nueva potencia instalada, 190 MW (48,5%) corresponden a parques en las Islas Canarias; 90 MW a Aragón, 68 MW a Galicia, 30 MW a Andalucía, 10,37 MW a Castilla-La Mancha y 2,35 MW a Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados que generan 48.902 gigavatios por hora (GWh), capaces de aportar el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias al efecto reductor de la energía eólica en el mercado español, el consumidor se vio favorecido por un menor coste, sobre todo para los consumidores industriales. Por ejemplo, con un consumo de 1.500 MWh con la tarifa AT1 el ahorro en 2018 fue de 3.540 euros.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Según la AEE, Castilla y León «es un caso extraordinario», ya que se trata de una comunidad que exporta mucha más electricidad de la que consume. En el ranking de potencia instalada le siguen Castilla-La Mancha y Galicia. Por otra parte, a la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. De hecho, esta última acaba de inaugurar en febrero su primer parque eólico con 40 MW de potencia.

El objetivo del sector es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las subastas realizadas en 2016 y 2017, algo que supondría «una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendría un efecto positivo para España, como el mantenimiento de la industria, la creación de empleo, la reducción de emisiones o el desarrollo social y económico de las zonas con nuevos parques». Actualmente, España es el segundo país europeo en potencia eólica instalada y el quinto a nivel mundial. Además, a través de estas subastas se deberían de conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica. En cuanto a los compromisos adquiridos, la AEE señala que, pese a las elecciones, estos objetivos no cambiarán.

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

CCOO y UGT seguirán reclamando ante la Justicia el incremento de los salarios de 5.000 prejubilados mineros

Europa Press.- CCOO de Industria y UGT FICA presentarán un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se reconozca el derecho de las personas prejubiladas de la minería a percibir el incremento de sus salarios actualizados al IPC de 2011 y 2012, así como la regularización de los años posteriores. El conflicto afecta a unos 5.000 prejubilados de la minería de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla La-Mancha, según indicó CCOO.

CCOO cree que se trata de «un incumplimiento más» del Plan del Carbón 2006-2012, ya que en 2011 el Gobierno del PSOE modificó unilateralmente el decreto 808/2006 «sin ningún trámite de audiencia y sin consultar a las partes que lo firmaron». De esta manera, los sindicatos recurrirán el fallo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso presentado por los sindicatos para el reconocimiento del derecho a percibir esos incrementos de las prejubilaciones. Esta batalla judicial viene de lejos, ya que en 2012 la Audiencia Nacional dio la razón a los prejubilados mineros, aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que anuló ese fallo.

Abogados ambientales resaltan que el carbón solo supone el 2,9% de la producción minera y el 0,007% del PIB nacional

Europa Press.- La industria carbonífera en España ha pasado de extraer más de 30 millones de toneladas de carbón en 1993 a menos de 3 millones en 2017, con un valor de producción de 83 millones de euros, algo que solo supone un 2,9% del sector minero en su conjunto y únicamente un 0,007% del PIB nacional.

Así se desprende del análisis realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que también refleja la disminución «drástica» del número de trabajadores en esta industria, que ha pasado de 30.000 en 1994 a poco más de 2.000 en octubre. El número de explotaciones también ha descendido de forma paralela. Si a principios de los años 90 contaba con 146 explotaciones de carbón, a finales de 2017 solo 12 quedaban abiertas, 8 de ellas situadas en Asturias, 2 en Castilla y León, y otras 2 en Aragón.

En medio de este panorama, la industria ha rebasado la fecha límite marcada por la Unión Europea para el fin de las ayudas a las minas de carbón en el marco del plan de cierre de las explotaciones, un proceso empezado hace casi 3 décadas. Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, el sector del carbón está «en claro declive y tiene un papel residual dentro de la economía española», por lo que ve «inevitable» su fin, no solo en España, sino en todo el continente, ya que la norma europea prevé el cierre de todas las minas no competitivas.

Por ello, la prioridad ahora, según explica Barreira, es lograr que la transición de las cuencas mineras sea «ordenado y progresivo» y se apoye en un marco legal «adecuado» que garantice una transición «justa» para todos los trabajadores y comunidades afectadas». Entre las dificultades encontradas para alcanzar esta transición se encuentran «el monocultivo industrial, la ausencia de sectores alternativos, la despoblación y envejecimiento, la identidad minera de la población y un personal con baja formación».

Según comenta el ingeniero medioambiental del IIDMA, Massimiliano Patierno, la implementación de actividades económicas alternativas no deslocalizables, así como la planificación, la cooperación entre actores, la participación de la sociedad civil y el fomento de una formación profesional específica son algunos de los elementos «fundamentales» para que esta transición se realice con buenos resultados. La reconversión económica de las regiones mineras, tomando como ejemplo algunos casos de éxito registrados en otros países como Francia o Inglaterra, pasa por los sectores verdes y la economía circular, el ocio, la cultura y el I+D+i, de forma que se canalice el turismo mediante la creación de áreas recreativas o reconvirtiendo el patrimonio minero.

Asturias, Aragón y Castilla y León exigen a Ribera que sea «cómplice» para que las térmicas no cierren en 2020

Europa Press.- Mientras el Gobierno asegura que será firme para que las eléctricas presenten planes de «transición justa» donde cierren centrales térmicas, los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades para evitar que las térmicas no cierren en 2020, como están solicitando, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras.

Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la Unión Europea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón.

Lambán ha sido contundente al denunciar el cierre de la térmica de Andorra por parte de Endesa, a la que ha acusado de no demostrar la responsabilidad social «que cabe exigirle a una empresa moderna del ámbito de la Europa occidental». «La ministra creo que entiende ese planteamiento y será cómplice con nosotros en esa exigencia de responsabilidades», ha afirmado.

Más allá de las renovables

El presidente del Gobierno de Aragón ha sido exigente con la citada empresa, a la que le reclama no sólo que haga las inversiones necesarias para prolongar la vida de la central, de acuerdo con los parámetros que impone Bruselas, sino también que se comprometa con la creación de alternativas económicas. Proponer energías renovables, a su juicio, no es la solución. «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», ha apuntado. Según Javier Lambán, la ministra les ha mostrado «buena predisposición a hacer lo que esté en su mano» para evitar una «interrupción abrupta del carbón» sin dar paso a actividades nuevas. «Cerrar en 2020 es incompatible con la transición justa», ha insistido.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Gobierno de Castilla y León. Juan Vicente Herrera ha asegurado que es posible que algunos proyectos mineros puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para continuar la actividad. Así, ha indicado que es el caso de Hijos de Baldomero García, que trabaja precisamente con el Ministerio en cómo devolver esas ayudas. «Pero hacen falta grupos térmicos que compren ese carbón. Obliguemos a las empresas a que tenga visión de Estado», ha reivindicado Herrera.

Por último, el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, ha reclamado igualmente colaboración para prolongar la vida de las térmicas y dar tiempo a que las economías alternativas sean fuertes. Ha explicado además otra vertiente del problema, el alza de precios de la electricidad que puede producirse por el cierre en año y medio de las térmicas, lo que en el caso de la industria asturiana es «preocupante». Javier Fernández ha subrayado que este sector necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar a medio y largo plazo la producción.

Firme ante las compañías eléctricas

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, subrayó el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras la reunión con las comunidades autónomas para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, «tienen vocación» de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben «hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación». «Con las compañías, lo que hacemos es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando«, añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está «mucho más interesado en el futuro» que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer «en la no modificación de algo que debemos modificar«. «Nos obliga la Unión Europea», añadió. «No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020», aseguró el secretario de Estado.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por «un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad», centrándose en el futuro y en la transformación y «no en una desaparición del sector». En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad en 2019 deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá 2018. Para ello, Domínguez indicó que se están «explorando mecanismos» para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan «ser capaces de continuar con su actividad».

El PP insta en el Senado al Gobierno socialista a que mantenga el carbón como componente del mix energético nacional

Europa Press.- El PP ha defendido una moción en el Senado, aprobada en la Comisión de Transición Ecológica, en la que insta al Gobierno a seguir impulsando las energías renovables, pero manteniendo el carbón como componente del mix energético nacional, planteando una transición efectiva del sector minero y no un cierre inmediato.

En la moción, defendida por el senador del PP por Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, se insta al Ejecutivo a abordar la transición energética desde tres ámbitos: el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro. Asimismo, Rubio Mielgo reprochó al PSOE que vote en contra «a pesar de haber aceptado 3 de las 4 enmiendas que ha presentado este partido». «El PSOE ha demostrado una vez más su incongruencia y su falta de criterio a la hora de defender los intereses de los castellanoleoneses y del medio rural de nuestra comunidad», indicó.

El senador también recalcó que es necesario que el Gobierno defienda los pagos por capacidad para las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red. Para ello, consideró que el Gobierno debe alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.

De esta manera, afirmó que el carbón representa un 30% de la producción de electricidad total de la Unión Europea, por lo que debería seguir ocupando un puesto esencial en las fuentes de energía utilizadas. Pero esto, apuntó, debe ser compatible con el propósito de la Unión Europea de disminuir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95%.

Además, el senador del PP recordó que en Castilla y León existen 8 grupos térmicos repartidos en las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión y ha destacado que, en Europa, países como Alemania y Polonia están apostando por la construcción de nuevas centrales de carbón en la que los avances tecnológicos aportan sistemas de captura y almacenamiento de CO2, sistemas que pueden adaptarse en las centrales existentes de forma progresiva. «El interés general de España implica que el carbón tiene que formar parte del mix energético nacional, asegurando al menos hasta 2030 el funcionamiento de los grupos térmicos existentes», recalcó.

En el texto, el PP también pide al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación de modo que puedan impedirse cierres como el de la central de Velilla, propiedad de Iberdrola, que en noviembre de 2017 solicitó al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el permiso para su clausura. Asimismo, la moción solicita que se establezca, por razones estratégicas, un procedimiento de devolución de las ayudas cobradas desde 2011, que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019.

Endesa solicita el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla e invertirá 1.000 millones en energía solar fotovoltaica

Europa Press.- Endesa ha presentado la solicitud de cierre de las centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel). La compañía eléctrica alega que en el actual contexto regulatorio y de mercado es «imposible» abordar las inversiones necesarias para que cumplan los límites de emisiones. Dichos límites, establecidos por la Unión Europea, entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

Endesa subraya que la decisión de cerrar estas plantas está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050. Según la misma fuente, antes de presentar la solicitud de cierre informó al Ministerio, a las autoridades de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.

Además, ha presentado de manera voluntaria planes de futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, ha destacado la empresa, que ha subrayado que estos planes están abiertos a incluir nuevas iniciativas viables. En virtud de los planes presentados, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales: 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.

Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, les dará prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante entre 4 y 6 años y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.

Además, Endesa prevé desarrollar hasta 1.000 megavatios (MW) de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra con una inversión de 800 millones. En cuanto a Compostilla, la eléctrica tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada (León) que representarían una inversión de unos 240 millones de euros. Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio en junio de 2020, al que están acogidas, las dos centrales térmicas estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro según el funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.

Según el consejero delegado de Endesa, José Bogas, los planes «no compensan la actividad económica que puede tener ahora Endesa en la región» pero sí pretenden «paliar» los efectos del cierre. Así, ha comentado que se valorarán proyectos de energías renovables y crear un centro de excelencia, siempre «algo que sea sostenible y genere empleabilidad». Ha insistido en que se deben buscar medidas sostenibles que «tenemos que ir estudiando». Ha puntualizado que Endesa no se dedica a la producción de paneles solares, pero sí se ha planteado la posibilidad de «tratar de que vengan aquí» empresas de fabricación de componentes.

Insuficiente para el Gobierno aragonés

Por su parte, la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado que el borrador del plan es «insuficiente» por su falta de «concreción», expresando que en Aragón «no vamos a ser los que digamos ahora que las inversiones en renovables nos parecen algo negativo, pero no nos parece suficiente«. A su juicio, la prioridad es el alargamiento de la vida de la central térmica más allá de 2020, considerando que la normativa contempla «una posibilidad», que es mantener una actividad de 1.500 horas anuales aun sin inversiones, a lo que se sumaría la eliminación del denominado céntimo verde.

Gastón ha avanzado que la autorización del cierre no será «rápida» si el Ministerio no considera suficiente el plan y que en esta decisión contará con el Gobierno de Aragón y los sindicatos, exigiendo «medidas concretas» como poner en marcha una planta de biomasa y otros proyectos que con «la garantía de promotores del territorio» van a llevarse a cabo.

La consejera ha aludido a la creación de un centro «referente» en España de formación e investigación sobre energías renovables, que sería el primero en el país, y que incluiría FP dual, constituyendo un hub de las renovables, lo que daría «posibilidades» al territorio. La colaboración de Endesa en este centro sería «de partida» y «continua», ha agregado. Para Gastón son importantes los empleos pero también «nos preocupa el futuro de la zona», especialmente para la gente joven que quiera quedarse a vivir, en lo que «queremos que Endesa colabore».

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido de que «no vamos a permitir que se autorice el cierre mientras no se pongan encima de la mesa los puestos de trabajo que se van a destruir». De esta forma Ciércoles ha aludido al «duro golpe» que recibe la localidad de Andorra. Ha exigido que el plan sea más concreto y «flexible». «Es normal» que los sindicatos se sigan movilizando, ha aseverado la alcaldesa, quien ha apostado por ser «más reivindicativos» para no ser «cómplices», recordando que la Térmica ha creado riqueza en la zona y «tenemos que mantener Andorra y su comarca» donde «se merece».

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, ha aludido a los proyectos que están «dando sus frutos» y ha afirmado que «todo suma». A Endesa «le pedimos más», que empuje los proyectos del territorio para ir todos «juntos de la mano» porque «el problema es mucho más grave que el simple cierre de la Térmica». Noé ha recordado que «hemos estado siempre trabajando» y que necesitamos «unidad» política, empresarial y sindical.

Desde UGT, Alejo Gálvez, ha dicho que «no vamos a aceptar lo que nos han venido a vender de energías renovables» y, de hecho, «no estamos nada de acuerdo», a lo que el dirigente local de CCOO, Antonio Planas, ha añadido que «seguimos sin conformarnos con 4 placas solares» y que «no nos vale que nos digan que se van a crear puestos para las contratas durante tres años porque será una patada para adelante«. «Nos planteamos todo, no descartamos nada», tampoco convocar movilizaciones, advirtió.

El Gobierno autoriza a Red Eléctrica de España la construcción de nuevas instalaciones eléctricas en Castilla y León y Euskadi

Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha otorgado a Red Eléctrica de España (REE) autorización para la construcción de dos proyectos en Castilla y León y Euskadi que han sido declarados de utilidad pública y que están incluidos en la Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.

El primero de los proyectos comprende el parque de 400 kV de la subestación a 400/220 kV, denominada Herreros, y la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Herreros de la línea Entronque Segovia-Entronque Galapagar, en Otero de Herreros, en la provincia de Segovia.Estas instalaciones forman parte del eje de suministro a Madrid, el eje SUMA, que une la zona de Tordesillas con el centro de Madrid en 400 kV. Su objetivo es garantizar el suministro de la demanda de Madrid, incrementar la capacidad de instalación y evacuación de generación eólica de Castilla y León y facilitar la alimentación de los trenes de alta velocidad.

El segundo proyecto declarado de utilidad pública y que realizará Red Eléctrica es la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada Güeñes-Itxaso, en el País Vasco.El Ministerio para la Transición Ecológica indicó que esta actuación tiene un carácter estratégico ya que sus principales objetivos son la consecución del Eje Norte de 400 kV entre Galicia y el País Vasco, y también permite reforzar la posibilidad de intercambio de energía con Navarra a través del eje Cantábrico-Mediterráneo de 400kV, facilitando la complementariedad de recursos entre zonas.

Por otro lado, a medio-largo plazo, para aumentar los flujos de exportación y asociado a una futura interconexión por el oeste de la frontera, es necesario el refuerzo de la red de 400 kV del País Vasco.Este eje es fundamental para poder tener un adecuado aprovechamiento del nuevo enlace de interconexión por la Bahía de Vizcaya ya que, sin estas líneas de refuerzo de alimentación y evacuación del enlace, la capacidad de intercambio con Francia podría verse limitada por restricciones internas en el País Vasco ante situaciones de contingencia.

El gabinete de Transición Ecológica señaló que la finalidad de esta actuación es mejorar y reforzar la seguridad de la red mallada de transporte y permitir la incorporación de la energía producida por las instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables, logrando con ello un incremento de los niveles de garantía de seguridad, fiabilidad y calidad del sistema eléctrico tanto a nivel regional como autonómico y nacional.

SEO/BirdLife pide al Defensor del Pueblo que actúe ante la mortalidad de la avifauna por los tendidos eléctricos

Europa Press.- SEO/BirdLife ha reclamado al Defensor del Pueblo que impulse la actuación de las administraciones públicas ante la mortalidad sobre la fauna que provocan los tendidos eléctricos, por electrocución y por colisión. Por ello le recuerda que 10 años después de las obligaciones de las comunidades autónomas para implantar medidas de protección para frenar la mortalidad de las aves, 8 de las 17 autonomías no las han cumplido.

El Libro Rojo de las Aves de España señala que morir electrocutada es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, algunas de ellas declaradas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila-azor, la perdicera o el milano real. Por ello, SEO/BirdLife apela a la Institución para que intermedie en la limitación del impacto de tendidos eléctricos e impulse que las administraciones públicas y los propietarios de tendidos cumplan el Real Decreto 1432/2008, que obliga a declarar zonas de protección y a publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas para que se puedan poner en marcha medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.

En la actualidad, a la ONG le consta la publicación de los listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, pero las restantes aún tienen pendiente la publicación de este listado. Además, destaca que el Principado de Asturias es la única comunidad que sigue sin definir las zonas de protección a las que obliga la norma.

El responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, ha recordado que las administraciones públicas tienen varias medidas que les permiten reclamar a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para corregir aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España. «Se detecta una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos», ha comentado.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, los tendidos eléctricos provocan la muerte de, al menos, 33.000 rapaces al año, una cifra que podría ser mucho mayor, pues el Ministerio ha analizado los datos de 11 de las 17 comunidades autónomas. Asimismo, el coste económico que esto supone, de acuerdo con el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental, asciende a 141 millones de euros.

En este contexto, el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López, destacó que en los últimos 15 años se calcula que han muerto electrocutadas al menos 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales. Así, considera que la situación es «insostenible» porque pone «en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas».

En la misiva explican al Defensor del Pueblo que la ONG estima que cada mes se producen 8,2 colisiones por kilómetro en tendidos eléctricos en España, lo que es lo mismo que ocho aves muertas por kilómetro de tendido al mes. «Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 kilómetros podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión», ha apuntado De la Bodega.

En Castilla-La Mancha o en Valencia se han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa autonómica y se han impuesto multas de más de 100.000 euros (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos.

Transición Ecológica busca «acelerar» las alternativas a la minería mientras Castilla y León pide al Gobierno que defienda al carbón

Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha rogado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defienda el carbón tanto en España como ante la Unión Europea. Por su parte, Ribera mantiene que el compromiso del Gobierno es «buscar como acelerar» las actividades alternativas a la minería en las comarcas que vivían de este sector, una labor que ha criticado que se encontró «descuidada» cuando asumió el Ministerio.

La ministra socialista reitera la necesidad de buscar alternativas para las personas y las comarcas que viven de la minería. Asimismo ha explicado que, cuando llegó al Ministerio hace poco más de 100 días, se encontró una situación un «tanto complicada», que ha asegurado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero trabajó para fijar el horizonte en 2018 para anticipar y construir alternativas, pero ha reprochado que después, con el Gobierno del PP, ha habido un «descuido importante«. En todo caso, ha insistido en que el Gobierno trabaja con sindicatos y alcaldes de las zonas mineras para «buscar como acelerar» la generación de oportunidades a la minería del carbón.

«La prioridad del Gobierno, con un compromiso muy grande del presidente, pero también con un entendimiento absoluto por parte del Ministerio que dirijo y del Ministerio de Trabajo, es buscar y construir esas alternativas en las comarcas, que como digo históricamente han vivido muy conectadas a la actividad minera«, ha reflexionado la titular de Transición Ecológica. Pero ha matizado que considera «responsabilidad» de las instituciones anticipar el proceso para que esas alternativas se materialicen, de modo que ha reiterado el «compromiso absoluto» del Gobierno y que así trabaja para buscar esas alternativas «de modo inminente».

El Gobierno y el carbón

Mientras tanto, desde Castilla y León, Del Olmo se ha mostrado en total desacuerdo con la intención de la ministra de finalizar «ya» con el carbón y ha avanzado que el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordó que se remita al Ministerio el documento con el posicionamiento «claro» de la comunidad de que se continúe con la actividad del carbón por ser una «reserva estratégica». Así, la consejera ha explicado que en casos como el actual con un incremento del recibo de la luz, el repunte actual deriva, como ha señalado, de la falta de generación eólica. «El carbón baja la factura», subrayó.

Tras esta explicación ha reseñado que no hay duda de que Castilla y León es una comunidad «verde», ya que produce el 25% del total de la energía eólica y el 20% a través de renovables. «No creo que la culpa del cambio climático lo tengan cuatro minas de carbón o las térmicas en zonas mineras», ha aseverado. «Por razones sociales y de competitividad le ruego a la ministra que defienda el carbón aquí y en la Unión Europea», concluyó.