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UGT exige a Naturgy planes de acompañamiento que eviten la pérdida del empleo por el cierre de las centrales térmicas

Europa Press.– UGT-FICA ha exigido a Naturgy que presente planes de acompañamiento dirigidos a evitar la pérdida de cerca de 250 empleos directos y 700 indirectos y del tejido industrial de las zonas afectadas, en caso de que finalmente se ejecute el cierre de las centrales térmicas.

En concreto, se refiere a las centrales térmicas que Naturgy tiene en Narcea (Asturias), Meirama (Galicia) y La Robla (Castilla y León). El secretario general de la sección de Industria, de UGT, Pedro Hojas, reiteró la posición de la federación en la defensa del mantenimiento de la actividad de las plantas térmicas y de los puestos de trabajo, así como «del futuro de pueblos enteros y comarcas», que, sin estas centrales, considera «están abocadas al empobrecimiento y a la despoblación».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Plan Energético Nacional, con la participación de todos los agentes directamente implicados como administraciones públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos, en el que se defina un mix energético para los próximos años que pueda contribuir a conseguir una transición energética «justa, equilibrada y socialmente responsable, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea«.

El anuncio del cierre de las 3 centrales es posterior a la finalización del proceso de adecuación de la central térmica de La Robla a los requisitos sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) exigidos por la Unión Europea para poder seguir funcionando y de la adecuación en un 90% de la central de Narcea. A pesar de estas inversiones, UGT cuestiona a Naturgy por mantener el cierre de las 3 centrales térmicas «sin haber presentado hasta la fecha ninguna alternativa industrial que palíe los efectos negativos de estos cierres«.

Ferroatlántica pacta un ERTE de 2 años para toda su plantilla en España y culpa a la subasta de interrumpibilidad

Europa Press.- Ferroatlántica ha acordado aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de 2 años de duración y de carácter rotatorio para toda la plantilla de 550 trabajadores que suma entre sus 3 fábricas y en las oficinas con que cuenta en España. La compañía, que forma parte de Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado al 55% por el Grupo Villar Mir, atribuye este ajuste al precio de la energía y al resultado de la subasta de interrumpibilidad.

La compañía acordó el ERE con UGT, CC.OO y USO, mientras que el otro sindicato con representación, CIG, se descolgó del acuerdo. El ajuste afectará a todos los trabajadores que la firma tiene repartidos en sus 2 fábricas de La Coruña, la planta que tiene en Cantabria y las oficinas centrales de Madrid. En virtud del acuerdo, el ERE temporal se extenderá durante 2 años, hasta febrero de 2021, y se aplicará con carácter rotatorio a toda la plantilla, con un promedio máximo de afectación del 35% en cada fábrica y de un 40% de la jornada de cada trabajador.

Ferroatlántica pacta este ERTE justo cuando el Gobierno central está diseñando medidas para las empresas que registran un alto consumo de electricidad para acometer su producción, con la voluntad de aprobar estas medidas, que conformarán un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, a través del procedimiento de urgencia. De su lado, el sindicato CIG atribuyó su decisión de descolgarse de la firma al considerar que se trata de un mal pacto, «sin garantías de empleo y de producción industrial, que deja a las fábricas de Ferroatlántica en el mismo escenario en el que estaban, con los hornos parados y una enorme incertidumbre».

UGT pide al Gobierno medidas eficaces para paliar la pobreza energética y tener un precio de la energía más asequible

Europa Press.– UGT ha exigido al Gobierno que «mejore las medidas para paliar la pobreza energética» e introduzca mecanismos para fijar un precio de la energía «asequible», como la rebaja del IVA; así como actuaciones en materia de eficiencia energética de las viviendas. El sindicato señala que se aborda otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos y el mercado eléctrico futuro apunta a nuevas subidas en el recibo.

El sindicato muestra especial preocupación para la primavera, «cuando hayan transcurrido los 6 meses de suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica». Asimismo, UGT reclama que se modifique el bono social eléctrico ya que considera que «no está diseñado adecuadamente para llegar a todos los hogares que lo necesitan». De esta manera, advierte que es necesario introducir «una mayor transparencia» en la información para darlo a conocer y mejorar los requisitos de acceso para que llegue a todos los hogares y «combatir así las desigualdades ocasionadas por la pobreza energética, permitiendo que se puedan acoger al bono social eléctrico más familias, y que estas cuenten con mayores descuentos».

PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.

CCOO y UGT seguirán reclamando ante la Justicia el incremento de los salarios de 5.000 prejubilados mineros

Europa Press.- CCOO de Industria y UGT FICA presentarán un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que se reconozca el derecho de las personas prejubiladas de la minería a percibir el incremento de sus salarios actualizados al IPC de 2011 y 2012, así como la regularización de los años posteriores. El conflicto afecta a unos 5.000 prejubilados de la minería de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla La-Mancha, según indicó CCOO.

CCOO cree que se trata de «un incumplimiento más» del Plan del Carbón 2006-2012, ya que en 2011 el Gobierno del PSOE modificó unilateralmente el decreto 808/2006 «sin ningún trámite de audiencia y sin consultar a las partes que lo firmaron». De esta manera, los sindicatos recurrirán el fallo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso presentado por los sindicatos para el reconocimiento del derecho a percibir esos incrementos de las prejubilaciones. Esta batalla judicial viene de lejos, ya que en 2012 la Audiencia Nacional dio la razón a los prejubilados mineros, aunque el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que anuló ese fallo.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

UGT pide a Endesa que acometa las inversiones necesarias para la continuidad de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla

Europa Press.- La sección sindical de UGT remitió una carta urgente al consejo de administración de Endesa en la que le insta a que realice las inversiones que sean necesarias con el objetivo de cumplir con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea para que las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) «puedan continuar produciendo más allá del año 2020».

El sindicato señala que, en caso de no realizar estas inversiones, «se confirmaría la estrategia de descapitalización y desmantelamiento que está llevando a cabo la compañía». A este respecto, la sección sindical de UGT exige que, visto que el consejo de administración ha aprobado «ya el cierre efectivo de las centrales para el próximo 30 de junio de 2020», se prorrogue «con la mayor urgencia posible» el acuerdo marco de garantías, con el consiguiente acuerdo voluntario de salidas, que está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.

No hay aún comunicación oficial

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión. Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

9 centrales térmicas cerrarán pronto

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones «muy importantes» en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida. Estas han sido las declaraciones de la ministra después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que 9 de las 14 centrales térmicas echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización para continuar con su actividad.

Asimismo, Domínguez prevé que las 5 restantes no alarguen su actividad más allá de 2030. «Lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas. En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que cerrarán bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó Domínguez.

No ha pedido el cierre

Por otro lado, Endesa ha comunicado a las centrales sindicales que no ha procedido a presentar al Gobierno la solicitud oficial de cierre para sus centrales térmicas. No obstante, la empresa también ha transmitido a los representantes de los trabajadores que el consejo de administración de Endesa ha aprobado su nuevo plan estratégico y que en él no se recogen, al igual que en las anteriores hojas de ruta de la compañía, las inversiones necesarias para adaptar estas dos centrales de carbón a las medidas requeridas por la directiva de emisiones de la Unión Europea.

En su actual plan inversor presentado en 2017, Endesa preveía unas inversiones totales de 5.000 millones de euros en el periodo 2017-2020, de las cuales unos 300 millones de euros se destinarían a adaptar el carbón a las mejores prácticas ambientales. Este plan inversor para el carbón que preveía la energética se centra en las centrales térmicas de Litoral (Almería) y As Pontes (A Coruña). Las otras centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias), ambas propiedad de EDP España.

El Gobierno, Carbunión y los sindicatos del carbón rubrican el acuerdo para garantizar una transición justa para el sector minero

Europa Press.- El Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón. Ribera destacó que con este acuerdo se resuelve «la primera tarea urgente» que se encontró encima de la mesa cuando llegó al Gobierno.

«Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás«, añadió la ministra, que subrayó además que el compromiso del Gobierno «es a largo plazo» y que esta firma es «solo el comienzo del diálogo».

Mientras, Valerio consideró que el acuerdo es «una demostración de que el diálogo social funciona», aunque siempre sea «muy difícil conseguir el 100% para todos«. «De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos esforzamos por dar respuestas a la altura que necesita nuestra sociedad», reivindicó.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en 5 años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de finalizar 2018. De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

El acuerdo contó finalmente con la rúbrica también de la patronal Carbunión, a pesar de no compartir al 100% su contenido. «Hemos firmado pese a que no se recogen nuestros planteamientos de futuro y también porque tenemos el compromiso firme del secretario de Estado de Energía para seguir buscando la continuidad de las empresas que siguen explotando el carbón, pero como empresarios no aceptamos el final del sector», señaló el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia. En la misma línea se mostró el secretario general de la Federación de Industria de USO, Pedro Ayllón, que destacó que se firmó «el mejor acuerdo posible, pero no el acuerdo que hubiera querido firmar».

Mientras, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, valoró que este acuerdo supone «superar una época de incumplimientos de gobiernos anteriores y de abandono de los trabajadores» y garantizar una transición energética que «debe ser justa». Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, destacó que el pacto representa «un comienzo, no el final de nada».

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.