La CNMC estudia el decreto que transfiere funciones propias a Energía y sanciona con 37.500 euros a 6 gasolineras

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estudia el decreto por el que la Secretaria de Estado de Energía asumirá algunas funciones que desempeñaba hasta ahora el regulador. Por otro lado, la CNMC impuso a 6 estaciones de servicio multas por un total de 37.500 euros al considerarlas responsables de diferentes incumplimientos de la obligación de remisión de información sobre precios y ventas anuales en materia de suministro de combustible a vehículos, lo que constituye una infracción grave.

El organismo presidido por José María Marín Quemada, tras recibir varias denuncias de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía y de sujetos particulares, inició los correspondientes procedimientos sancionadores, que ahora resuelve, según indicó la CNMC. En concreto, las sociedades sancionadas son Antonia Domingo Agut (14.800 euros), Grupo Maicas Peiró, S.L. (7.400 euros), Jessica Pellicer Sánchez (5.000 euros), Estación de Servicio Mafe (5.000 euros), Javalambre Ocio, S.L. (3.400 euros) y Gasolinera Zoco Córdoba, S.L. (1.900 euros). Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Traspaso de funciones al Ministerio

Por otro lado, fuentes de este organismo explicaron que la CNMC analiza el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que no le fue consultado. El traspaso de funciones se enmarca en una reestructuración orgánica del Ministerio de Energía. Las funciones transferidas en el ámbito energético son las inspecciones y liquidaciones, la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos (petróleo y sus derivados y líquidos del gas natural), el sistema de certificados de biocombustibles y control de operaciones, todas recogidas en la Ley de la CNMC de 2013. Fuentes del Ministerio han señalado que la nueva distribución de funciones se hará progresivamente y que no se había acordado antes «por falta de medios materiales y humanos».

El decreto atribuye además a la Secretaría de Estado de Energía la elaboración de propuestas sobre regulación y, en su caso, la aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos y la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético. El Gobierno mantiene así como competencia de la Secretaría de Estado la aprobación de las tarifas eléctricas y de los precios de los peajes, pese a que la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción a España y le exige que adapte su legislación nacional a la normativa europea, al considerar que ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional».