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El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

El Gobierno estima que la luz sería «en torno a un 10%» más cara sin las medidas que ha adoptado

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería «en torno a un 10%» más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad «más barato de Europa«, a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente «está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2». Así, consideró que a veces «alarmamos innecesariamente» con el precio de la electricidad ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria «para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España«.

De esta manera, valoró la política «de contención» en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente «hay que ser conscientes de que es un problema» y se trabaja para que «sea lo más bajo posible». A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el mix energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser «necesariamente paulatina«, ya que «no es un proceso que se pueda corregir inmediatamente». Así, afirmó que las medidas de «más calado» deben ser a través de la legislación, la Ley de Cambio Climático, por lo que «van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto».

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica adoptada en octubre, Domínguez señaló que los impuestos «son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos«. Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico «es algo que está en debate y estudio en este momento».

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018, el secretario de Estado de Energía aseguró que está «prácticamente terminado». «Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso», justificó.

Con respecto a la nuclear, indicó que lo «fundamental» a la hora de tomar una decisión es la seguridad, «tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos». Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber «algún almacén temporal, que puede que sea centralizado».

El Gobierno remitirá a Bruselas su Plan Nacional de Energía y Clima en las próximas semanas mientras Cañete lo reclama

Europa Press.- Mientras el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que espera recibir del Gobierno español su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima inmediatamente, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha asegurado que España remitirá el borrador de su Plan Nacional Integrado a Bruselas en las próximas semanas, «no más».

En este sentido, Domínguez destacó que los próximos 10 años son «muy importantes» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y alcanzar la descarbonización en 2050. Así, señaló que para alcanzar una cuota renovable en la generación eléctrica del orden del 70%-75%, en el plan vendrá definida la necesidad de desplegar del orden de 50.000 o 60.000 megavatios (MW) de renovables a 2030. «Tenemos un gran reto por delante que requiere una inversión global de 200.000 millones de euros de aquí a 2030”, apuntó.

Domínguez subrayó que no se debe hacer «la táctica del avestruz y negar la realidad» del cambio climático ya que la descarbonización de las economías es «un fenómeno que se va a quedar». De esta manera, consideró que el reto de alcanzar ese objetivo en 2050 puede parecer que está «muy lejos«, con más de 30 años por delante, aunque indicó que no lo está tanto teniendo en cuenta «la realidad de la cantidad de tarea que tenemos que hacer para estar en una economía descarbonizada casi al 100%. «El cambio climático es algo que ya no niega nadie», señaló.

Cañete apremia al Gobierno español

Por su parte, Arias Cañete recordó que Bruselas ha recibido un total de 21 planes de los países miembros, mientras que restan 7 Estados, entre ellos España, por entregarlo, cuando el compromiso era haberlo hecho antes del pasado 31 de diciembre. Así, el comisario europeo apremió a España a presentar el documento ya que la Comisión Europea, una vez recibido, necesita tiempo para hacer «un análisis exhaustivo» del mismo y ver si cumple con la gobernanza comunitaria para, antes de finales de junio, remitir a cada país sus recomendaciones, sobre las que se deberá trabajar para, antes de finales de 2019, presentar los planes definitivos.

Arias Cañete consideró que su diálogo con el Gobierno español es «muy fluido», como demuestra el hecho de que finalmente se ha conseguido resolver el conflicto que existía para la devolución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de sus competencias en energía a través del real decreto-ley aprobado recientemente. «Ahora está en fase de análisis a ver si es absolutamente compatible con la normativa europea o hay que introducir alguna modificación«, dijo. Respecto al Brexit, indicó que el Reino Unido dejará de compartir con la Unión Europea estos objetivos en materia de cambio climático, aunque subrayó que los británicos siempre han sido «de los países más ambiciosos» en esta materia.

Asimismo, Arias Cañete defendió que las energías renovables y la nuclear deben ser «las piedras angulares» para conseguir el objetivo de una economía descarbonizada. Así, señaló que la electrificación jugará un papel «fundamental», con un peso de más del 80% de la renovable, pero con el 20% restante más o menos de la nuclear. Además, subrayó que la lucha contra el calentamiento global es «uno de los mayores desafíos de la humanidad», por lo que las acciones en defensa del clima «tienen que ser inmediatas». Para hacer frente a esta lucha contra el cambio climático, el comisario advirtió de que hay que poner en marcha transiciones energéticas «radicales e irreversibles».

Dentro de los objetivos a 2020, destacó que Europa «va bien» en reducción de emisiones, «demostrando al resto del mundo que es compatible con el crecimiento económico», mientras que el objetivo renovable del 20% parece que se va a cumplir «a nivel global europeo», aunque habrá algunos países que individualmente no lo alcanzarán. Donde consideró que será necesario realizar más esfuerzos de cara a ese 2020 será en eficiencia energética, y señaló que la media española y de la Unión Europea no alcanzarán los objetivos.

Además, destacó el marco impuesto por la Unión Europea, con «una gobernanza potente» que con su aplicación llevaría a alcanzar unos objetivos más ambiciosos de reducción de los gases de efecto invernadero a 2030 al 40% establecido. «Con su aplicación, en 2030 no estaríamos en el 40%, sino en el 45%, y nos llevaría per se a una reducción de las emisiones del 60%», avanzó.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

El Gobierno niega que “vaya a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de las empresas, mientras impulsa la Ciuden

Europa Press.- El Gobierno de España quiere convertir la Fundación de la Ciudad de la Energía (Ciuden) en el elemento «impulsor» y «dinamizador» de todo el proceso de transición ecológica y energética en la comarca de El Bierzo (León). Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no va a cerrar» ninguna central térmica, sino que dependerá de en qué medida las empresas que gestionan estas centrales garantizan la seguridad del suministro, según la normativa europea.

Así lo ha afirmado la ministra en el Senado, tras una pregunta del senador del PP, Miguel Ángel Ramis, quien ha acusado al Ejecutivo de hacer «postureo ecológico», de igual forma que se ha hecho con la «batalla» a los automóviles diésel. Sin embargo, Ribera contraatacó al senador popular con el mismo calificativo de «postureo ecológico», aludiendo a que el antiguo Gobierno firmó todas las obligaciones ecológicas que impuso la Comisión Europea y que, sin embargo, cuando el nuevo Ejecutivo llegó a la Moncloa «no se encontró con nada hecho«.

Según ha explicado la ministra, los plazos para lograr los objetivos ambientales por parte de las centrales térmicas estaban fijados desde el año 2010 y no se tuvieron en consideración, por lo que ha considerado que la firma de las obligaciones «se debía corresponder con ese postureo ecológico». Así, Ribera ha afirmado que «no piensa cerrar nada», ya que solo dependerá de si las empresas que gestionan estas plantas descartan invertir para reducir las emisiones de estas centrales y sus cierres son compatibles con la seguridad del suministro. De lo contrario, tal y como ordena la Comisión Europea, tendrían que cerrarse antes del año 2020.

En su pregunta, Ramis ha indicado que el principal objetivo es «garantizar el suministro a todos los ciudadanos del país». «Lo que importa no es qué centrales se vayan a cerrar sino cómo se va a sustituir el aporte energético de estas centrales». «Parece que pretenden teñirse de verde y hacer postureo político, como la batalla a los automóviles diesel para apoyar el vehículo eléctrico; pero esto también tiene que tener fuentes eléctricas, ¿todas deben de ser ecológicas?. No es posible», ha sentenciado el senador, al mismo tiempo que ha tildado de «revanchistas, vacuas e inútiles» las medidas del Gobierno.

Transición energética en El Bierzo

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, presentó en Ponferrada el nuevo proyecto que el Gobierno quiere llevar a cabo con la Ciuden, cuya reactivación pretenden que permita hacer una transición «justa y equilibrada» y «tener futuro a las personas de esta comarca que participan en él». Una de las primeras medidas tomadas fue el nombramiento como director general de la Ciuden al profesor de Botánica de la Universidad de León, Arsenio Terrón, «una persona que conoce bien el territorio», según el secretario de Estado.

Domínguez Abascal también ha anunciado la creación de un comité de asesoramiento estratégico en el que haya representantes de instituciones políticas, sociales y académicas que «tienen que trabajar en la evaluación de planes de acción de futuro y como dinamizadores de propuestas”. El secretario de Estado ha reiterado que el primer objetivo «es convertir a la Ciuden en un elemento fundamental para promover el desarrollo económico y social de las comarcas mineras como generador de empleo», donde el I+D, para lo que fue creado en su día, seguirá su desarrollo, pero en un segundo plano.

Por otro lado, Domínguez Abascal apuntó que el segundo de los objetivos será el de «fortalecer» el tejido empresarial dentro de las comarcas mineras y apoyar iniciativas que vayan encaminadas a ese desarrollo económico y social. Para ello, la Ciuden contará además con el apoyo de Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idea) para llevar a cabo actividades formativas y de restauración ambiental.

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.

Abascal asegura que la CNMC ultima el expediente que abrió a Naturgy y Endesa por posible alteración del mercado eléctrico

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está «culminando» la instrucción del expediente sancionador que abrió a Naturgy y Endesa por indicios de alteración de precios en las ofertas del pool entre octubre de 2016 y enero de 2017, un periodo en el que los precios de la electricidad escalaron hasta tocar máximos históricos en enero, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

En comparecencia en la Comisión del Senado, Domínguez señaló que, cuando la CNMC incoa el expediente a las dos compañías energéticas, «indica claramente que ha observado indicios de alteración de precios en las ofertas del mercado de generación» en ese periodo. El secretario de Estado de Energía afirmó que si se mira la lista de ciclos combinados que no estuvieron disponibles en el periodo investigado por la CNMC, «es muy llamativo el número de centrales que no están disponibles por pequeños problemas técnicos sobrevenidos aparentemente».

En 2017, la CNMC abrió este expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación tras observar esos indicios de alteración de precios en ese periodo. A la vista de los precios registrados en el pool, se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real.

Sobre apunta la información reservada realizada, la Dirección de Energía de la CNMC observó indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro). Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos.

De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante varios días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria. Dicha conducta podría haberse producido por Gas Natural Fenosa Generación en 5 centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa en la central de ciclo combinado de Besós.

Cierre nuclear en 2028: el Gobierno no prevé alargar el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años

Europa Press.- El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, de manera que se obligará al cierre del parque nuclear antes del horizonte de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Domínguez indicó que en la decisión de cierre del parque nuclear «va a primar que fueron diseñadas para 40 años» por lo que, aunque se podría prorrogar su vida útil, no es algo que contemple el actual Gobierno. «Lo que sí contemplamos es un cierre escalonado», añadió. «Tienen un diseño de 40 años, pero eso hay que hacerlo compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tenemos en España…hay que hacerlo de la mano del CSN, de acuerdo con las compañías», ha explicado.

Dentro del parque nuclear español, uno de los reactores de Almaraz cumple los 40 años de vida útil en 2021, y este proceso de cierre escalonado se alargaría así hasta 2028 para los 7 reactores existentes en España, cuando alcanza los 40 años la central de Trillo (Guadalajara). «Nos va a llevar probablemente más allá de 2020, pero no llegaremos a 2040. Antes de 2030 habremos cerrado«, afirmó el secretario de Estado de Energía, quien subrayó que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que «sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España», así como una fase de desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Domínguez destacó que el cierre nuclear es «una decisión social» aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», añadió. No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron posteriormente que «no hay ninguna decisión tomada aún» respecto al calendario de cierre para las centrales nucleares y señalaron que está decisión «se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» en el que se trabaja.

Sobre al carbón, también confirmó que 9 de las 14 centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, tras no haber hecho las inversiones requeridas por la normativa europea en desnitrificación y desulfurización para poder continuar con su actividad. En concreto, las 5 centrales que el Gobierno prevé que alarguen su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera (Asturias) y propiedad de EDP España. «En 2030 no habrá ninguna central de carbón, pero mi vaticinio es que van a cerrar bastante antes de una manera natural, y no porque las cerremos», subrayó.

En su participación en el XX Encuentro Sector Gasista organizado por Expansión, Domínguez también advirtió que el sector gasista se deberá reinventar si quiere ir más allá de la primera fase de la transición energética. «El sector gasista está para echar una mano inicial, pero no se puede quedar ahí», afirmó. Así, consideró que el gas va jugar un papel importante en los primeros años de esta transición como respaldo a las renovables tras la desaparición del carbón, pero subrayó que «si quiere luego seguir acompañando tiene que ser diferente, basado en gas renovable, en hidrógeno». «Un sector gasista cero emisiones y diferente al que tenemos hoy», añadió al respecto.

De esta manera, señaló que el gas deberá jugar «un papel importante» en sectores como el transporte pesado de mercancías o en el transporte marítimo. «Están ante un reto muy interesante y tenemos en este sentido que evolucionar desde un sistema y un sector basado en los grandes volúmenes de gestión de algo que sabíamos hacer, hacía un sector que maneje menos volumen, algo diferente, con mucha más ciencia y gestión de lo que ha venido haciendo hasta ahora», señaló.

Energía estima que se invertirán 70.000 millones de euros en fotovoltaica hasta 2030 para conseguir un 35% de energías renovables

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha afirmado que el sector fotovoltaico movilizará unas inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones de euros en la senda para alcanzar el objetivo del 35% de renovables en la energía final en 2030. En su intervención en el V Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Domínguez estimó que estas cifras suponen «un gran reto, pero también una gran oportunidad desarrollo» para España.

El secretario de Estado reiteró la hoja de ruta para alcanzar ese objetivo del 35% de renovables para España, por encima del 32% de media europea y que se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se remitirá a Bruselas antes de finales de año, que estima una senda a 2030 para instalar entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW) renovables. Así, subrayó que de esa potencia a instalar en los próximos años, «la mitad o más será energía solar». «Teniendo en cuenta que en este momento hay más eólica que solar, tiene todo el sentido», afirmó.

Domínguez destacó que el actual Gobierno «se ha puesto las pilas» en renovables y que está «totalmente en línea» con los objetivos marcados por Bruselas para combatir el cambio climático. «No sé qué hubiera pasado si no cambia el Gobierno en España», insinuó el exdirectivo de Abengoa. El secretario de Estado de Energía consideró que España se encuentra ante una oportunidad «única» ya que, en todas las transformaciones tecnológicas, «siempre llegó tarde, pero está es la primera vez que «va a participar en primera fila».

Por su parte, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, valoró el «ambicioso» objetivo del 32% en renovables fijado por la Unión Europea para 2030, ya que supone cuadruplicar el porcentaje de renovables en 2004 y casi duplicar los niveles actuales del 17%. No obstante, Cañete se mostró convencido de que, en la cláusula prevista de revisión para 2023, la innovación permitirá dar lugar a revisar «mucho más al alza» esos objetivos a 2030.

De esta manera, destacó que estos esfuerzos en renovables, junto a las acciones en eficiencia energética, permitirán una reducción de las emisiones por encima del 40%, lo que da muestras de que se trata de un «objetivo ambicioso y positivo en la lucha contra el cambio climático». Además, consideró que el efecto provocado a 2050 sería de una reducción de emisiones del 60%. Por otra parte, Cañete valoró los pasos dados en Europa en regular por primera vez el autoconsumo y aplaudió los pasos en España «en esa buena dirección».

Ribera y el sindicato UGT califican de «importantísimo» el acuerdo alcanzado para el sector de la minería del carbón

Europa Press.- UGT Fica considera que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para el futuro de la minería del carbón y las comarcas mineras es «razonable y positivo» para lograr una transición justa para el sector para el periodo 2019-2027. Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «importantísimo» el acuerdo alcanzado.

Ribera indicó que, a pesar de que desde hace años se conocía que el final de 2018 era una fecha clave para el sector, «no se había trabajado» en organizar el proceso. «A 3 meses vista del cierre no había un marco claro sobre cómo acompañar a los mineros y ofrecer en las comarcas alternativas viables con esa actividad», apuntó. Para Ribera, «engañarse sobre el marco era mirar para otro lado», ya que el principal perjudicado siempre «es el más vulnerable, el trabajador, que descubre que le han engañado», subrayó.

La ministra destacó que el acuerdo con los sindicatos permite la jubilación «en las mejores condiciones posibles» y, en lo que respecta a la formación profesional, «se cualifica para otras actividades energéticas e industriales, fuera de la minería». Además, indicó que se creará un «contrato de transición justa para que en aquellas comarcas en las que hay una especial concentración de esta actividad se vayan generando actividades industriales que permitan dar viabilidad económica y la gente no tenga que salir».

UGT, satisfecha con el acuerdo

Por su parte, el sindicato valora que en el preacuerdo se haya conseguido que «no haya salidas traumáticas en el sector» y que se reconozca «una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación«. El Gobierno, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, y los sindicatos UGT Fica y CCOO de Industria alcanzaron un principio de acuerdo que da futuro al carbón más allá de 2018.

El principio de acuerdo abarca un ámbito temporal para el periodo 2019-2027, si bien a cada línea de ayudas, y en función de sus características, le corresponde un marco diferente de vigencia. Así, las medidas excepcionales para las empresas van hasta el año 2025 y las medidas en materia de reactivación se extienden hasta el año 2027, siendo hasta 2023 las medidas para la restauración.

Además, el plan social acordado va dirigido a trabajadores de una edad equivalente avanzada de 48 años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. También pueden acceder los trabajadores con 20 años trabajados en algunas empresas mineras, con diferentes reducciones, según el ámbito temporal.

Empleo en actividades de restauración

Mientras, los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen después de 2018. Además, para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) articulará con las comunidades autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas.

En lo que respecta a la línea de medidas dirigidas a la reactivación económica y desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social, conllevan ayudas económicas destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un plan de acción urgente para las mismas.

En un afán de recuperar la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) los sindicatos han pactado con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC) su recuperación convencidos de aprovechar su doble vertiente, la tecnológica y la de potenciación de la actividad económica, destinada a jugar un papel determinante cómo agente de desarrollo territorial. Para ello se pondrá a la Ciuden al servicio del proceso de transición energética justa.