Entradas

Escal UGS comunica al Gobierno que el MIT y Harvard no realizaron un informe oficial sobre el almacén gasista Castor

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Escal UGS presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica un escrito en el que comunican que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor «no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard».

Según la empresa participada por ACS, dicho escrito «contradice» las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto, calificándolo de «erróneo y descuidado» y sus resultados de «inconscientes, contradictorios e incompatibles». Para Escal, el informe Juanes et al, en alusión a los profesores del MIT y de Harvard que habrían realizado el estudio a título personal y no en representación de sus respectivas escuelas, dice que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, lo que contradice las observaciones instrumentales.

Por ello, Escal UGS considera que las conclusiones de este informe «deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas». «A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa», señala Escal.

En mayo de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacenamiento Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan descartar “ningún problema». El ministro adelantó algunos datos que se desprenden del informe que supuestamente habría sido encargado al MIT y a Harvard, el mismo que ahora Escal UGS desmiente que fuera oficial. Según explicó Nadal, este estudio relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos.

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para devolver 15,25 millones de euros a las eléctricas por sentencias del Supremo

/0 Comentarios/en /por

Europa Pres / EFE. – El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para adecuar el cálculo del tipo de interés reconocido a las compañías que financiaron el déficit de tarifa eléctrica de 2013 tras los fallos del Tribunal Supremo, que conllevan un impacto de 15,25 millones que serán abonados a las grandes eléctricas por este concepto.

Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica, la aprobación de este decreto es necesaria para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que corrigen el método fijado por el Ejecutivo en 2014. Así, este importe será abonado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con cargo al sistema eléctrico.

Este decreto será de aplicación a los titulares de los derechos de cobro correspondientes a la financiación del déficit del año 2013 de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que estableció para el año 2013 la existencia de un déficit de ingresos del sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, que se amortizarían en un plazo de 15 años.

En este sentido, los fallos del Alto Tribunal establecen que las compañías eléctricas tienen derecho a percibir dichos intereses desde el momento en el que realizaron sus aportaciones a lo largo de 2013.

Precedentes

En noviembre de 2016 y marzo de 2017, el Tribunal Supremo dio la razón a Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y a la patronal eléctrica Unesa en los recursos presentados contra la orden IET/2444/2015 por no incorporar los intereses devengados desde el momento del pago efectivo de cada una de las liquidaciones.

Como consecuencia de estas sentencias, la CNMC aprobó una nueva propuesta de metodología de cálculo de los intereses correspondientes a la financiación del déficit 2013.

Así, a finales del pasado mes de enero, el anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya lanzó a información pública su propuesta de Real Decreto para regularizar estos derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico de 2013 que corresponde a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

Las organizaciones ecologistas celebran la «capacidad» de Teresa Ribera como ministra para la transición ecológica y su conocimiento del área

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.– Las organizaciones ambientales han celebrado la elección de la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, como nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente en el Gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez y valoran su perfil internacional, su conocimiento en materia de cambio climático. Sin embargo, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado la creación de una vicepresidencia de Sostenibilidad que coordine todas las políticas ambientales y climáticas de todos los Ministerios.

Así, el presidente de Amigos de Tierra, David Sánchez Carpio, considera que la designación de Teresa Ribera da «motivos para la esperanza» por su trayectoria. De ella reconoce que ha trabajado «mucho» el área de cambio climático y que a la organización le «gusta» que también se vaya a encargar del área de energía. «Esperamos avanzar en una transición energética y climática pero también habrá que ver lo que hace con otras materias de la política medioambiental, donde tendrá que demostrar lo que pone sobre la mesa después de esta legislatura tan precaria», ha valorado.

Desde Ecologistas en Acción, su coordinador estatal, Francisco Castejón, celebra la separación de Medio Ambiente respecto de Agricultura y Pesca, y cree que ahora pesará más el cambio climático. En todo caso, ha insistido en que «lo razonable» sería una Vicepresidencia de Sostenibilidad de la que dependan cambio climático y energía y, por otro lado, un Ministerio de Medio Ambiente «fuerte». Respecto a Teresa Ribera, Castejón opina que es una «buena noticia» para los temas ambientales y «muy competente». «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor», indicó.

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que lo adecuado y que han reclamado a Sánchez es, precisamente, una Vicepresidencia que coordinase todas las políticas de sostenibilidad en los diferentes Ministerios porque, en su opinión, deberían ser como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sobre Teresa Ribera, Del Olmo cree que «pocas personas podrían conjugar tal visión» y valora de ella su visión internacional «única en España» y su experiencia como secretaria de Estado.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz ha manifestado que se abre una nueva etapa en la democracia en la que espera que España se sitúe en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, comparte con el resto de organizaciones la necesidad de una Vicepresidencia de Sostenibilidad con un perfil «valiente» y con «peso político» para garantizar el cumplimiento de los ODS de la sostenibilidad en todas las carteras del Gobierno. Del mismo modo, opina que Teresa Ribera tiene «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático» y ha tendido una mano al nuevo Gobierno para que la transición ecológica sea «una realidad”.

Por su parte, Greenpeace también celebra la creación de un Ministerio de Transición Energética y Medio Ambiente con el que aspiran a que se derogue el impuesto al sol y se apoye un objetivo mayor de renovables a nivel europeo. Además, la organización pide al nuevo Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita no subir la temperatura global del planeta más de 1,5 grados centígrados y alcanzar un sistema energético 100% renovable lo antes posible. En cuanto a Teresa Ribera, Greenpeace felicita su nombramiento, la «primera mujer al frente de un Ministerio de Energía» y le pide que asuma «objetivos ambiciosos» y desarrolle las políticas necesarias en España y en Europa para capitanear una transición energética.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, cree que Ribera tiene la «oportunidad de devolver a España el liderazgo en la transición energética, impulsar la participación de la sociedad para sustituir por energías renovables, las energías fósiles y la vieja e insegura energía nuclear«. Aún más, Rodríguez exige la derogación del Impuesto al Sol en el primer Consejo de Ministros y el apoyo a un mayor objetivo de renovables en Bruselas deberían ser los primeros gestos del compromiso del nuevo Ministerio con el medio ambiente.

Teresa Ribera apunta a ministra de Transición Energética y Medio Ambiente con el cambio climático en el punto de mira

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press / EFE.- La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, ha aceptado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para encargarse del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno, según han confirmado fuentes de la dirección socialista.

Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial; se barajan dos alternativas: o bien Transición Ecológica o bien Transición Energética y Medio Ambiente. Teresa Ribera fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático desde 2004 a 2008 y ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático desde 2008 hasta 2011. En la actualidad, Ribera es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente.

Las organizaciones ecologistas valoran a Teresa Ribera como una persona adecuada para este puesto. Así, las principales organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o SEO/BirdLife han acogido con agrado la propuesta para esta cartera. Entre otros, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que Teresa Ribera es «sensible» a los temas ambientales y «muy competente«. «Con ella, aunque no está claro que la correlación de fuerzas en el Congreso permita grandes cambios, al menos la cosa no iría a peor«, ha manifestado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha valorado su experiencia como secretaria de Estado; su visión internacional «única en España» y el hecho de que ha trabajado con Pedro Sánchez en el diseño de la transición energética. «Es respetada por todos los sectores y creo que sería un buen comandante para este barco. Es idónea para dar un giro y cuenta con el suficiente apoyo para hacer cambios necesarios con gran respaldo«, sentencia. Finalmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado su «capacidad de sobra para trabajar en cambio climático».

Más renovables y mayor eficiencia

Por su parte, la Fundación Renovables ha pedido al nuevo Ejecutivo que haga avanzar a España hacia un cambio de modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia deben tener el papel protagonista. La Fundación declara que la situación energética del país es «insostenible«. Según sus datos, ha afirmado que España padece un 83% de dependencia exterior de la demanda final energética, que registra un aumento del 20% de las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2) entre 1990 y 2015 y ha sufrido un parón en la instalación de potencia renovable entre 2013 y 2018.

Fundación Renovables resalta que estos datos muestran cómo España «no sólo ha perdido el liderazgo que mantuvo hasta el 2010», tanto en el desarrollo de las energías renovables como en la creación de un tejido industrial del sector. Por ello, la organización aseguró que sería imprescindible que España se sume a la «senda» de los Estados miembros que están liderando la transición energética en la Unión Europea y apruebe la Ley de Cambio Climático, alcanzando un pacto político que permita al sector renovable «recuperar la legalidad y la seguridad jurídica».

Asimismo, Fundación Renovables ha instado a llevar a cabo una reforma real del sistema eléctrico que permita reducir el coste de la electricidad, eliminando y modificando las distintas partidas que lo forman con racionalidad y transparencia, como por ejemplo haciendo desaparecer el impuesto del 7% para la generación de electricidad con fuentes de energías renovables. Además, ve necesaria la puesta en marcha de una política fiscal activa con herramientas que favorezcan aquellas prácticas que aceleren y faciliten un cambio de modelo energético y penalicen las que lo ralentizan u obstaculizan.

De la misma forma, la Fundación defiende un cambio de modelo energético que ha de ser también social y económico y que conlleva la democratización de la energía, colocando al ciudadano como actor principal. En este sentido, ha declarado que para llegar a la descarbonización consensuada a nivel mundial para 2050, es «imprescindible» plantearse ya metas a 2030 y actuar «de forma prioritaria» sobre la demanda. En cuanto a la oferta, la Fundación Renovables insiste en que la tecnología renovable está lista para asumir el papel que le corresponde en un modelo sostenible y que «nadie tiene dudas sobre su competitividad», tras el «espectacular» descenso de costes que ha experimentado..

El sector renovable espera cambios

En este sentido, el Clúster de la Energía de Extremadura ha expresado la «esperanza» que tiene depositadas el sector de las renovables en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, para que las impulse con un cambio de rumbo, y ha pedido medidas contundentes que lleven a su desarrollo. Según expone su presidente, Vicente Sánchez, el sector tiene puestas sus miras en la promulgación de una ley que ponga en valor las energías renovables, para que éstas sean un motor económico, tal y como acontece en la mayoría de países occidentales.

A tenor de lo que han venido diciendo los partidos políticos en relación con este sector durante los últimos meses, cree que el PSOE no debería tener problemas para encontrar la mayoría suficiente para impulsar las energías renovables y el autoconsumo, ámbito este último que generaría una gran riqueza y puestos de trabajo en la comunidad extremeña. En su opinión, si se tiene en cuenta que el PSOE buscará algunas leyes de impacto durante este tiempo, y a tenor de las dificultades con las que se encontrarán los socialistas en otros ámbitos, las energías renovables debieran ser uno de sus objetivos, a juicio de Sánchez.

Por este motivo, el sector extremeño estará «expectante» e instará a la Junta de Extremadura, que ha mostrado en múltiples ocasiones su apoyo a las renovables, a que ponga este tema sobre la mesa en sus reivindicaciones al nuevo Gobierno. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que al inicio de la legislatura de Mariano Rajoy también se pensaba que se abría una nueva etapa en el ámbito de las renovables y luego se «quedó en nada».

El temor a que se repita la situación, unido a la «inestabilidad» del nuevo Gobierno, hace que el sector extremeño sea «prudente», según Sánchez, aunque «es verdad que el PSOE posee más interés que el PP, que tiene cero en este ámbito». «Pese a las trabas puestas hasta ahora, el sector que más empleo genera en España hoy son las renovables y la eficiencia energética, y por este motivo es fundamental que se impulse», insiste.

La CNMC presenta un nuevo recurso contra el Gobierno por una norma que le arrebata competencias relativas al mercado eléctrico

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva batalla judicial contra una de las normas aprobadas por el Gobierno, al presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se aprobaron las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica.

Los mercados diarios de electricidad europeos están acoplados y funcionan con un sistema común de cálculo de precio y, de acuerdo con un reglamento europeo de 2015, son los reguladores europeos los encargados de diseñar la metodología para realizar esta actividad. La CNMC y ERSE, la autoridad reguladora portuguesa, habían acordado por esta razón la metodología de las subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal para que el sistema estuviera preparado para el próximo 12 de junio, fecha en que está previsto el lanzamiento del mercado intradiario continuo europeo.

Según la CNMC, la normativa fue aprobada el pasado 9 de mayo, y ha decidido recurrirla al entender que vulnera las competencias de la Comisión. El recurso supone un paso más en el frente que se abrió entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, en la pugna entre regulador y Gobierno por las competencias para fijar, entre otros aspectos, la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos. Ya en diciembre, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

En este nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, la CNMC denuncia la apropiación por el Gobierno de unas reglas para fijar el mercado intradiario eléctrico, que sirve para ajustar las ofertas al consumo en cada una de las horas y que supone un volumen de entre un 3% y 5% de la energía. A partir del 12 de junio este mercado intradiario debe acoplarse con los del resto de Europa y operar como la Bolsa, aceptando ofertas de manera continua y a precios diferenciados. No obstante, la CNMC defiende que había negociado con el regulador portugués un sistema transitorio por el que se mantendría durante al menos dos años un modelo de subasta parecido al actual para este mercado intradiario.

Inseguridad jurídica la próxima semana

El acuerdo entre estos dos reguladores fue puesto en conocimiento de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ARCE) y del Ministerio de Energía, que lo recibió el pasado abril, aunque posteriormente cambió la regulación. Por eso, la CNMC ha presentado el recurso contencioso-administrativo y ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima que suspenda la norma de forma inmediata, a fin de evitar la inseguridad jurídica a los participantes del mercado intradiario a partir del 12 de junio. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso indicaron que, ante el cambio de Gobierno producido tras prosperar la moción de censura, hay lugar a una desestimación de este recurso si hubiera por parte del nuevo Ejecutivo algún cambio.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En septiembre de 2016, Bruselas abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno planteó a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno. Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

Energía considera que ha acatado y cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Castor tras pedirlo el Parlamento de Cataluña

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Europa Press.- Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuentes de este departamento han manifestado, tras la presentación por el Parlamento de Cataluña de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el almacén de gas Castor, que, por lo que respecta al Ministerio, se ha cumplido con lo establecido en la sentencia. El Ministerio de Energía, tras anular el Constitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.

La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que realiza Enagás.

Indemnización: 1.350 millones de euros

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC. Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó recientemente que el Ministerio tenía 6 meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.

Solicitud del Parlamento de Cataluña

Por su parte, el texto de los letrados de la Cámara alega que la nulidad ha supuesto «un grave perjuicio para el conjunto de usuarios al haber tenido que soportar una carga económica indebida» mientras estuvo vigente el decreto ley que fijó la compensación. Se expone que «no consta que el Gobierno, en tanto que autor y responsable de la norma, haya adoptado medida alguna para reparar los graves efectos» producidos al patrimonio de todos los usuarios del sistema gasista que soportaron el pago de la compensación. Este incidente de ejecución se presenta tras solicitar al Constitucional «la adopción de las medidas necesarias para reparar los daños y perjuicios causados a los usuarios y consumidores» por la norma declarada inconstitucional.

Firmado por el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, el texto recoge que los poderes de ejecución de que dispone el Tribunal Constitucional en relación con el efectivo cumplimiento de sus sentencias ha sido «una cuestión especialmente controvertida a raíz» de la reforma legal que incrementó los poderes del tribunal. Recuerda que «la gestación y los orígenes de esta reforma legal tienen relación directa con el proceso político seguido en Cataluña en los últimos años», por lo que no se pueden omitir a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia del Castor.

Así, concluye que el propio Tribunal Constitucional ha considerado que sus poderes de ejecución de sus resoluciones con «plenamente coherentes con la Constitución» pese a que estas facultades no están expresamente recogidas en la Carta Magna. Por todo, afirma que el Tribunal Constitucional debe tomar las medidas pertinentes para ejecutar la sentencia para «la protección del conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por el deber de soportar una carga patrimonial impuesta por el legislador, el decreto de compensación, en contra de la Constitución«. La Cámara solicita al Constitucional que requiera al Gobierno, como órgano superior de la Administración del Estado, abstenerse a utilizar la figura del decreto ley para regular los aspectos económicos de la extinción del Castor.

Nadal asegura que un fallo reciente del TJUE eliminaría la mayoría de los arbitrajes contra España por los recortes renovables

/0 Comentarios/en /por

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de que no puede haber arbitrajes dentro de la Unión Europea, «prácticamente eliminaría el conjunto de arbitrajes» que hay contra España por el recorte de la retribución a las renovables. Nadal se refería así a la sentencia del TJUE que dictaminó que una cláusula de arbitraje de un tratado bilateral firmado entre Holanda y Eslovaquia era incompatible con el derecho comunitario.

Álvaro Nadal ha indicado que los arbitrajes que interpusieron fondos de inversión contra España son consecuencia de la reforma que tuvo que hacer el Gobierno del PP en 2013 para paliar lo que, según denominó, «excesos de la legislatura anterior» en las ayudas a las renovables. El ministro destacó que la reforma energética ahorrará en los 25 años siguientes a su aplicación 175.000 millones de euros a los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, mientras que el volumen total reclamado en arbitrajes en los tribunales internacionales contra España asciende a unos 7.000 millones de euros.

«Creo que no está nada mal y ya veremos al final qué se adopta«, ha dicho Nadal, que ha explicado que la inmensa mayoría de los fallos negativos a España son sólo parciales y que hay también algunos favorables, como el que recientemente ha anulado en Suecia un laudo que obligaba a España a pagar 53 millones de euros a Novenergia. Álvaro Nadal ha asegurado que los inversores tienen confianza en España, como prueba de que vinieran «con una capacidad de financiación enorme» a las dos subastas de renovables en las que el año pasado se adjudicaron 8.000 megavatios (MW).

Respecto a las críticas que recibe por la reducción de la retribución a las inversiones, se ha preguntado si su objetivo debe ser retribuir bien las inversiones o que se pague lo menos posible por una energía que ha recordado que en España siempre es cara. Ha señalado que la mejor política contra la pobreza energética es una política que cuide los precios y ha lamentado que todas las propuestas que le llegan desde la oposición en el Senado y en el Congreso de los Diputados incrementan los costes y reducen los ingresos del sistema.

En cuanto al autoconsumo, ha indicado que, según constata el informe del grupo de expertos sobre transición energética, cada megavatio hora que autoconsume un autoconsumidor le genera un coste al sistema de más de 76 euros, al dejar de pagar una parte de los costes generales y, por eso, en estos momentos hay un canon compensatorio. Ha afirmado que el Gobierno lo que quiere es que todos contribuyan de igual manera y no que la falta de aportación de un autoconsumidor, con «miles y miles de metros de tejado para poner placas fotovoltaicas», se «la endose al conjunto de los consumidores grandes, pequeños y medianos, con mayor o menor renta».

“Lo pagan los demás consumidores”

Nadal señaló que hay muchas formas de compensar esa diferencia en la aportación y se pueden hacer modificaciones, para lo cual se habla con las asociaciones fotovoltaicas y de grandes consumidores, «pero no me diga que el autoconsumo es bueno para el conjunto de los consumidores; es bueno para el que autoconsume porque paga menos y los demás pagan más», le recriminó al senador socialista. «El coste se le endosa al conjunto de consumidores, y el Gobierno opina que eso no es correcto», sentenció Nadal.

También ha recordado que el actual canon no se aplica a autoconsumidores de menos de 10 kilovatios (KW), sino a industrias y grandes centros comerciales, y ha advertido de que si se subiera la parte fija del recibo de la luz para cubrir los costes del sistema a fin de no gravar el autoconsumo, «entonces no sería tan rentable como algunos quieren ese autoconsumo, que se basa en no aportar lo que los demás aportan».

Asimismo, Nadal ha asegurado que España debe vincular unos objetivos de renovables más elevados para el horizonte a 2030, tal y como ha planteado el Parlamento Europeo, a un compromiso «más ambicioso» de Europa con las interconexiones energéticas. A este respecto, recordó que el Consejo Europeo aprobó un objetivo del 27% para los Estados miembros, mientras que el Parlamento Europeo ha apostado posteriormente por elevarlo hasta el 35% en 2030. Por ello, Nadal aseguró que España mantiene una posición de «flexibilidad», aunque «vinculándola a que el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que tener presión para aumentar las interconexiones», subrayó.

Por otra parte, el ministro recalcó que España debe formar parte de los países europeos que cumplen con los objetivos medioambientales, pero priorizando unos precios de la energía lo más baratos posibles. «Tenemos que fijarnos mucho en cómo evolucionan los precios», apuntó. Además, consideró que España no puede imponerse «el mismo grado de ambición que países más ricos, con menos paro, mayor industria y mejor acceso a energía barata«, como los del norte de Europa.

Por su parte, el senador por el grupo socialista Ángel Manuel Mato Escalona consideró que España debe avanzar «con paso firme» en la transición energética por la responsabilidad y compromisos con la comunidad internacional y por los graves impactos de la contaminación del aire sobre la salud de los seres humanos». Así, Mato advirtió al ministro que «no hay tiempo que perder», ya que la acción por el clima debe realizarse de «manera global» y acusó al Gobierno de generar «incertidumbre» en la política energética, con «continuos parches que no han acertado ni en el diagnóstico ni en las soluciones». «Todos los problemas siguen estando encima de la mesa», afirmó.

La oposición critica la falta de partidas en los Presupuestos para impulsar la transición energética y preparar el cierre nuclear

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- PSOE, Unidos Podemos y ERC han criticado en el Congreso al Gobierno y a los partidos que han mostrado su apoyo al proyecto de ley de los Presupuestos (PGE) de 2018, por la falta de partidas destinadas al futuro cierre de las centrales nucleares, la electrificación del transporte y el impulso a la transición energética.

Estas formaciones han señalado que las cuentas presentadas por el Ejecutivo en materia de Energía demuestran una «falta de compromiso» e «inacción» para que el país cuente con un proyecto «real» de transición energética. Además, han criticado que el PP y sus «socios» hayan rechazado las enmiendas presentadas sobre esta materia. «Los presupuestos, los vetos y la negativa a aprobar enmiendas demuestra que el Gobierno no tiene un proyecto claro en esta materia y hay una completa ausencia de proyectos para abordar la transición energética», ha apuntado la portavoz del PSOE de Energía, Pilar Lucio.

Para la diputada, la «ingente cantidad de dinero que mueve el sector energético» debería destinarse a «otros fines» como cambiar a un modelo más sostenible, mejorar en la competitividad de las empresas o luchar contra la desigualdad. A su juicio, estos puntos son claves para «adaptar la economía española al futuro». En este sentido, ha criticado que no existan presupuestos para «electrificar el transporte» cuando el petróleo y el gas están subiendo sus precios. «También en esto estamos a la cola de Europa», ha advertido la socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo «se adelante» a las necesidades de los usuarios.

El discurso de la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Yolanda Díaz, ha sido similar y ha reprochado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no se hayan hecho unas partidas «serias», invirtiendo en renovables «para crear empleo y modernizar el país». Así, Díaz también se ha referido a la necesidad de electrificar el transporte y ha cuestionado a Nadal acerca de sus intenciones de cambiar este punto. «Todos sabemos que el transporte es el mayor generador de CO2», ha apuntado. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no se haya previsto en los PGE la Ley de Cambio Climático y se ha dirigido a los «socios» del Ejecutivo, Ciudadanos, para señalar que son «corresponsables» de estas políticas.

Además, la diputada ha echado en cara al responsable de Energía que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas que el grupo confederal ha registrado en relación a la Igualdad en el sector energético. Por su parte, el representante de ERC en este debate, Joan Capdevilla, ha recriminado al ministro que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuente para 2018 con una partida de 47 millones de euros que considera «insuficiente» ante el «presente panorama de cierre de centrales nucleares en los próximos años«. A su juicio, «causa pavor» el hecho de que aún no esté claro «quién pagará» los desmantelamientos de estas plantas.

La subasta de interrumpibilidad ofrece a la industria electrointensiva 2.600 MW de potencia interrumpible para los próximos 7 meses

/0 Comentarios/en /por

Europa Press / EFE.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año ha dado comienzo con la subasta de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad.

Mediante la celebración de la subasta convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y administrada por Red Eléctrica en el recinto ferial Ifema de Madrid, se repartirá esta potencia en un total de 320 bloques del producto de 5 MW (1.600 MW) y 25 bloques del producto de 40 MW (1.000 MW). La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona y que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, el mecanismo de asignación será similar al de ediciones anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW y año para los productos de 5 MW y de 200.000 euros/MW y año para los de 40 MW, según Red Eléctrica. Así, durante próximos días, cerca de 130 empresas de la gran industria con consumo eléctrico intensivo competirán por la adjudicación del servicio de interrumpibilidad. Los resultados de esta subasta se darán a conocer una vez que sean validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la web del operador del sistema de Red Eléctrica eSios.

La potencia interrumpible del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018 se asignó mediante un procedimiento de subastas competitivas similar al actual en diciembre del año pasado. En un informe, la CNMC criticó que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no aprovechara para realizar una revisión del mecanismo de interrumpibilidad, de cara a esta nueva subasta, para adaptarlo a la normativa europea, que estaba previsto que entrara en vigor antes de acabar el año. Asimismo, advirtió del elevado coste que implica el mecanismo y consideró que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad».

A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio, la CNMC consideró que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente», por lo que recomendó considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW. Un cambio que ha introducido el Ministerio para intentar incrementar “la competencia” en la subasta, algo que demanda la CNMC.

Sin embargo, algunas siderúrgicas como las compañías Sidenor, Grupo Gallardo Balboa y Siderúrgica Sevillana, que han anunciado recursos contra la orden de convocatoria de la subasta, consideran que el cambio no tendrá ese efecto, pues se mantiene la misma exigencia de disponibilidad de desconectarse para los bloques de 40 MW que había para los de 90 MW, al menos el 91% de las horas de cada mes. Hay que recordar que el Ministerio de Energía aprobó una orden para poder usarla también para contener el precio de la electricidad. Según indicó a comienzos de marzo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en los dos primeros meses de 2018 la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones para ese fin.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha expresado su preocupación ante la nueva subasta al asegurar que existe «muchísima incertidumbre» para la industria electrointensiva, puesto que se espera una mayor competencia. En el caso concreto de Avilés, existe la incertidumbre de que la planta pueda optar a los bloques de interrumpibilidad. «Lo que tenemos mucho miedo es que haya más empresas y que entren de una forma agresiva y los precios queden muy bajos», ha señalado.

Esta es la segunda subasta de potencia interrumpible que se hace para este año después de la celebrada en diciembre, a la que concurrieron 128 pujadores y en la que 117 se adjudicaron 384 lotes, 376 de 5 MW y 8 de 90 MW (estos últimos fueron todos para grupos empresariales), con lo que se asignaron 2.600 MW para los cinco primeros meses del año.

En la pasada subasta, el precio de salida para el producto de 5 MW fue el mismo que ahora y para el de 90 MW de 270.000 euros/MW y año, aunque finalmente se adjudicaron con descuentos, de forma que el precio medio de asignación para el de 5 MW fue de 108.245 euros/MW y de 235.167 euros/MW para el de 90 MW. Además de la sustitución de los bloques de potencia de 90 MW por otros de 40 MW, la orden del Ministerio de Energía introdujo la exigencia a las empresas participantes de no tener deudas con el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar.

Castilla y León buscará convencer a los socialistas de Asturias y Aragón para que apoyen la propuesta sobre las térmicas

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha avanzado que buscarán una alianza con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón para evitar que antes de que se cierren las térmicas se vendan, para no incidir en el empleo en las comarcas mineras. Del Olmo presidió, en la sede de la Diputación de León, una reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

La consejera señaló que, en defensa de la minería, la Junta va a apoyar la proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. «Me parece fundamental, cuando hay anuncios de que las eléctricas quieren cerrar alguna térmica en la comunidad, estar con el Gobierno y, sobre todo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que antes de cerrarlas se vendan a quien pueda estar interesado, para el mantenimiento del empleo», añadió Del Olmo.

Asimismo, ha subrayado que en los próximos días se pondrá en contacto con los consejeros de Asturias y Aragón para promover entre las tres comunidades que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Además, del Olmo ha recordado que España se ha adherido al programa de Regiones Europeas Carboníferas en Transición y que el Gobierno ha designado a Asturias, Aragón y Castilla y León para que presenten proyectos con el objetivo de conseguir fondos para sus comarcas mineras.

Diversificación de la actividad económica

«En ese sentido estamos trabajando también con Asturias y Aragón para incentivar la I+D+i en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar con proyectos para la Ciudad de la Energía, que dispone de un buen equipo de investigación», ha explicado. Del Olmo ha precisado que dentro de esa plataforma de la Unión Europea hay otros proyectos de diversificación de la actividad económica de las comarca mineras, y ha indicado que en ese ámbito también se trabaja con Asturias y Aragón.

La consejera recordó que las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, lo que calificó de «buena noticias» porque «va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas compañías». También advirtió de la importancia que para la minería tiene que se aprueben los presupuesto generales del Estado porque contemplan recursos para los convenios MINER. Además, destacó que hay dos proyectos de diversificación «muy avanzados» en las comarcas mineras, uno de ellos el de Forestalia, con una creación de 50 empleos directos y 400 indirectos. «El otro proyecto va a dar empleo a más de cien personas. Por discreción no puedo decir su nombre pero esta bastante avanzado», indicó.

Asturias lo debatirá el viernes

Por su parte, el pleno de la Junta General del Principado de Asturias debatirá el viernes una iniciativa del PP que respalda el contenido del proyecto de ley tramitado por esta formación en el Congreso para modificar la normativa que regula el sector eléctrico y evitar el cierre de centrales térmicas como la de Lada. La iniciativa, que aún debe ser debatida en comisión en la Cámara baja, plantea condicionar el cierre de una instalación, como el que ha solicitado Iberdrola para la central asturiana y para la de Velilla (Palencia), a los posibles efectos que tendría sobre el incremento del precio de la electricidad.

Así, el PP defiende en el Congreso, con el respaldo del Gobierno central, que los cierres de instalaciones de producción eléctrica con una potencia superior a 50 megavatios requieran de tres dictámenes previos aunque no vinculantes de la CNMC, la Oficina del Cambio Climático y del IDAE. Tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos han mostrado su rechazo en el Congreso a esta propuesta aunque el Gobierno asturiano que preside Javier Fernández sí ha defendido que el Ejecutivo central disponga de mecanismos para evitar que las compañías eléctricas puedan decidir de forma unilateral cierre de plantas de producción de energía.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del parlamento asturiano, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, se mostró confiada en obtener «el apoyo unánime» de la Junta a esta iniciativa para promover, ha apuntado, un sistema eléctrico «ordenado» a partir de criterios de defensa del interés general. «Los criterios de las empresas no pueden suponer una alteración del sistema eléctrico en su conjunto», ha apuntado Fernández tras incidir en la importancia de que la Junta se pronuncie políticamente sobre esta cuestión pese a que el Principado no cuente con competencias en el ámbito de la regulación del sector energético.

El diputado de Foro, Pedro Leal, que anunció la presentación por parte de su grupo de una iniciativa similar, ha incidido en la necesidad de que los distintos partidos tengan la misma postura «en Madrid, en Bruselas o en Asturias» y ha apuntado que esta votación constatará «el peso de cada uno en sus respectivas organizaciones». «En todo país serio la decisión de cerrar una central térmica dedicada a la producción de electricidad no puede adoptarse de espaldas al Gobierno y en contra del interés general», apuntó, para rechazar una medida «que encarecerá el precio de la luz y abrirá la puerta al aumento de las horas de funcionamiento de las centrales nucleares, que desempeñarán el papel de las térmicas».