La Audiencia de Valencia ratifica la absolución de los 16 activistas que entraron en la central de Cofrentes

Europa Press.- La sección tercera de la Audiencia de Valencia ratificó la decisión de un juzgado de lo Penal de absolver de los delitos de lesiones y desórdenes públicos a 16 activistas de Greenpeace y a un fotoperiodista que accedieron el 15 de febrero de 2011 al recinto de la central nuclear de Cofrentes para realizar una protesta contra la energía nuclear.

Los 16 activistas fueron condenados al pago de una multa por daños. En este caso, la sala aumentó la indemnización a la compañía eléctrica Iberdrola, que pasa de 26.779 a 29.012 euros, según consta en la sentencia. Al respecto, el tribunal cree que no es acertada la calificación jurídica sobre el menoscabo en los bienes de la central y desdoblar el resultado de la acción de los activistas, por lo que debe entenderse que el delito de daños, de mayor gravedad y alcance, abarca otros.

Consecuentemente, en la condena por daños incluye la totalidad del menoscabo en los bienes afectados por el comportamiento de los activistas, que deberán abonar a Iberdrola ese importe, correspondiente a 2.232 euros por la sustitución de la valla cortada y por 26.779 euros de la limpieza de la torre de refrigeración, con responsabilidad civil subsidiaria de Greenpeace. Con esta decisión, la sala estima parcialmente los recursos interpuestos por el ministerio fiscal y la empresa, aunque rechaza la petición de la Fiscalía de Valencia, que insistía en que se condenara a los 16 activistas de Greenpeace.

En cuanto al resto de delitos, para la sala, la sentencia recurrida está «motivada» y razonada porque considera que, «tras la valoración de prueba esencialmente personal, no concurren todos los requisitos del delito de desórdenes públicos, sin que dicho razonamiento pueda considerarse arbitrario o irracional». De igual modo, sobre las lesiones, indica que ningún testigo reconoció a ninguno de los acusados como autor, y no aprecia que sea arbitraria o irrazonable la sentencia como para justificar su anulación en el punto de valorar las pruebas.

Para la entidad ecologista Greenpeace, esta sentencia «corrobora de nuevo el carácter pacífico de la protesta, seña de identidad de la organización desde hace más de 40 años». «El intento de criminalizar el activismo pacífico por parte de Iberdrola ha fracasado por segunda vez. No van a evitar que sigamos pidiendo el fin de la insegura energía nuclear. Esperemos que a partir de ahora centren sus esfuerzos en el desarrollo de las energías renovables así como el abandono de las energías fósiles y nuclear», apuntó Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

El 15 de febrero de 2011, los 16 activistas realizaron una acción de protesta pacífica en la valenciana central nuclear de Cofrentes. Pintaron Peligro nuclear sobre una de las torres de refrigeración, y por ello se enfrentaban a posibles penas de dos años y ocho meses de cárcel, así como a una multa e indemnizaciones de casi 360.000 euros para Greenpeace como responsable civil subsidiario.