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Organizaciones contrarias a los combustibles fósiles critican que el Gobierno mantenga las ayudas a los vehículos de gas

Europa Press.- Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución denuncian la «incoherencia» del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer declaraciones en favor de la descarbonización mientras mantiene las ayudas a los combustibles fósiles en el marco del plan MOVEA.

Para el colectivo, la decisión de mantener las ayudas a los vehículos de gas muestra la «incoherencia de un Gobierno que, mientras hace declaraciones en favor de la descarbonización de la economía, decide mantener el gas en la propuesta inicial del plan MOVEA». Así, piden al Ejecutivo que decida si está comprometido con los combustibles fósiles o bien con la lucha contra el cambio climático y critica la decisión del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte.

En concreto, exponen que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar el plan de ayudas MOVES, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que excluye a los turismos propulsados por gas para fomentar el uso de energías alternativas al petróleo en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha abierto una consulta pública previa a la publicación de un Decreto que prevé incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Por eso, Gas no es Solución pide al Gobierno coherencia en las políticas públicas y los gastos, así como a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil. En 2017 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encargó al IDAE la implantación del plan MOVALT, con un presupuesto de 21 millones de euros, de los cuales 10,6 se destinaron a vehículos propulsados por gas. Por su parte, el entonces Ministerio de Economía y Empresa gestionaba el plan MOVEA, dotado con 14 millones de euros.

En 2018 se preveía la fusión de todas las ayudas para adquirir vehículos de energías alternativas que gestiona el IDAE y que tenía un presupuesto de 66,6 millones de euros (50 para compra de vehículos, y 16,6 para infraestructura). Pero el plan VEA no llegó a publicarse entonces. La plataforma afirma que en 2019 ese dinero sigue presupuestado pero se ha vuelto al esquema de dos planes diferentes, el MOVES, que gestiona el IDAE, del MITECO y el MOVEA, que gestiona el Ministerio de Industria.

Para el colectivo, del que forman parte decenas de organizaciones contrarias al desarrollo del gas en España, los vehículos propulsados por gas no deben gozar de ningún tipo de ayuda pública, dado que estos vehículos constituyen un evidente paso atrás en la descarbonización del transporte. Así, consideran que junto con el petróleo y el carbón, el gas debe desaparecer «cuanto antes» del mix energético y advierte del potencial de calentamiento del gas, que es 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera.

En definitiva, denuncian que el Gobierno ha deshecho con una mano lo que hacía con la otra al lanzar el plan MOVEA, planteado por el Ministerio de Industria, que prevé conceder ayudas a las categorías de turismos, furgonetas y furgones, autobuses y autocares, motocicletas y cuadrociclos propulsados por gas, además de los propulsados por motores eléctricos y pilas de combustible.

Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España y Xarxa per la Sobirania Energètica.

Pancartas contra la contaminación madrileña

Por otro lado, activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar la mala calidad del aire en la capital. Para ello colgaron pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M-30 con la A-1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad. En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando del peligro para la salud pública en periodos de alta contaminación.

La entidad recuerda que la contaminación es un problema que va más allá del ámbito municipal y se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que «han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea». «Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un número excesivo de automóviles, tal y como estamos comprobando en la A-1″, explicó Greenpeace.

Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la «restricción de los vehículos de combustible fósil es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas». Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche. En este sentido, defienden la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen «la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes».

La Justicia de Honduras declara culpables a 7 personas por el asesinato de Berta Cáceres, activista contra una presa hidroeléctrica

Europa Press.- Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables a 7 de los 8 acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena. Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los 7 condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. 4 podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión. Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.

El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019. La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona. Entre los condenados por el crimen se encuentra un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, empleado de la compañía. Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno de Juan Orlando Hernández alienta la inversión.

«La justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes», ha señalado Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres. La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado. Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

El elevado precio de la gasolina empieza a pasar factura al Gobierno de India con manifestaciones y cortes de carretera

EFE.- El elevado precio de la gasolina ha comenzado a pasar factura al Gobierno indio, con muestras de indignación en toda la India con manifestaciones y cortes de carreteras, mientras que el Ejecutivo culpó de los precios a la fuerte caída de la producción internacional de crudo.

«El precio del diesel y la gasolina están más allá de las manos del Gobierno porque los países productores de petróleo han tenido una producción limitada«, afirmó en Nueva Delhi el ministro de Justicia indio, Ravi Shankar Prasad.

En la capital india los precios de la gasolina y el diesel se incrementaron en 23 y 22 céntimos de rupia por litro, respectivamente, fijando el precio en 80,73 (1,12 dólares) rupias por litro para la gasolina, y 72,83 (1,01 dólares) para el diesel.

Además en estados como el norteño Bihar, uno de los que experimentó las mayores protestas, han visto cómo los precios rozaban la barrera de las 90 rupias (1,25 dólares) por litro de gasolina, un 14% más respecto al año anterior.

El exmandatario indio Manmohan Singh, miembro del opositor partido del Congreso y padre del boom económico en la India a principios de la década de 1990, responsabilizó al Ejecutivo de la subida de los precios de combustibles y urgió durante una protesta en la capital a la necesidad de «cambiar» el gobierno.

El valor de los combustibles en la India, un país federal muy descentralizado, está determinado no solo por el comportamiento de los mercados internacionales y los productores, sino también por el valor de la rupia, que continúa cayendo frente al dólar estadounidense y que amaneció en las 72,44 rupias por dólar.

Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

Los sindicatos piden que la manifestación para exigir la continuidad de Vestas sea el comienzo de una reindustrialización de León

EFE.- Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han animado a la participación en la manifestación convocada este jueves en León para exigir la continuidad de la planta de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo, y confían en que esta movilización sea el arranque de la reindustrialización de la provincia.

Bajo el lema Por la reindustrialización y el empleo de León. Vestas, la marcha partirá a las 20.00 horas desde la sede de los sindicatos, en Gran Vía de Marcos, para desembocar en la plaza de San Marcelo tras recorrer las principales calles leonesas. El responsable de industria de UGT en la provincia de León, Francisco Romero, ha expresado su decepción por el resultado de la reunión celebrada entre la empresa y el Gobierno, y ha recalcado que el objetivo es mantener la planta en León y no negociar traslados o recolocaciones de los trabajadores.

«Exigimos a los administraciones que fuercen a la empresa a cambiar su decisión y mantenga la planta leonesa», ha señalado el dirigente sindical, que ha recordado que la compañía recibió 13 millones en subvenciones. Además, advierte de que el Gobierno de España no debe caer en el «engaño de la multinacional» de que ahora apuesta por las factorías de Ciudad Real y Lugo, cuando «hasta hace poco decían que la de Villadangos era la mejor planta de España y al cumplirse el plazo fijado por las subvenciones recibidas la cierran».

Mayor beneficio durante este año

Por su parte, el responsable de la CGT, Javier Suárez, ha denunciado que el modelo que representan empresas como Vestas es «pan para hoy y hambre para mañana» y subraya que se va de León dejando «un reguero de cadáveres». El presidente del comité de empresa, Juan Francisco García, ha insistido en que no hay causas objetivas que justifiquen el cierre ya que, sólo en el primer cuatrimestre, Vestas ganó con la planta en Villadangos un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el responsable de industria de CCOO en la provincia de León, Ángel Santos, ha apostado por mantener la lucha como la única forma lograr mantener el tejido industrial.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del Comité. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

El PSOE, en la manifestación

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, participará en la manifestación convocada en León para la defensa de los trabajadores de Vestas. En este sentido, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha formulado un llamamiento a todos los leoneses para que participen en la protesta contra la pérdida de empleo. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, también ha confirmado su presencia en la protesta que se celebrará bajo el lema No al cierre de la industria, no a la despoblación de León.

El PSOE de León destaca cómo desde que los trabajadores de Vestas dieron la primera voz de alarma, a principios de verano, se posicionó en todo momento a favor de sus «justas» reivindicaciones.Cendón reitera ahora que es «lamentable que intereses puramente empresariales» lleven a esta situación a una fábrica «modélica desde el punto de vista de la eficiencia y la competitividad» y lamenta que la empresa no haya dado el margen necesario en las conversaciones abiertas con el Gobierno.

«Cuando conocimos la gravedad de la situación dimos los pasos necesarios para evitar el cierre. El Gobierno ha trasladado a Vestas la apuesta decidida por las energías renovables y el volumen de negocio que eso puede suponer para la empresa, pero no ha servido de nada porque la decisión ya estaba tomada en Dinamarca», señala Cendón.Pese a todo, mantiene un hilo de esperanza ante la posibilidad de encontrar un comprador para el mantenimiento de la planta tras la línea de negociación abierta entre el Ejecutivo y la compañía danesa.

Cendón también abogó por mantener el consenso logrado en este conflicto para apoyar a los trabajadores «porque es un momento para la unidad de las instituciones, con el objetivo de que todos echen una mano a una empresa importante para León».»No podemos entrar en luchas partidistas porque no se puede permitir que se vaya otra empresa de León», concluyó.

La policía desaloja en Francia a un grupo de activistas contrarios a la construcción del futuro almacén nuclear de Bure

EFE.- La policía francesa evacuó por la fuerza a un grupo de activistas contrarios al proyecto de construcción de un cementerio nuclear en Bure (noreste del país), que prevé albergar 80.000 metros cúbicos de residuos de alta actividad. Medio millar de agentes se desplegaron para evacuar a apenas una quincena de militantes que se habían instalado en el lugar del futuro cementerio nuclear, según anunció el ministro del Interior, Gérard Collomb.

Collomb indicó que una persona que había lanzado un cóctel molotov contra las fuerzas del orden había sido detenida. El despliegue policial tuvo lugar en cumplimiento del dictamen del Tribunal de Gran Instancia de Bar le Duc del pasado abril, pero ha sido interpretado en Francia más como un movimiento político que judicial. El Ejecutivo quería evitar que Bure se convirtiera en un nuevo Notre Dame de Landes, localidad del oeste del país donde la oposición ecologista consiguió tumbar el proyecto de construir allí un nuevo aeropuerto internacional para Nantes y su región. Centenares de ecologistas, activistas, asociaciones, agricultores y vecinos protestaban desde hace décadas contra ese plan y el enclave estaba ocupado desde 2009.

En Bure, los militantes se habían instalado en el bosque donde se debían hacer las primeras perforaciones antes del inicio de las obras, cuya autorización se decidirá en 2019 y cuyo coste, según el colectivo Bure Stop, podría elevarse hasta los 35.000 millones de euros. El grupo había instalado barricadas, cabañas y puestos de vigilancia en los árboles. «Este proyecto es científicamente la mejor solución», aseguró el secretario de Estado encargado de las relaciones con el Parlamento, Christophe Castaner, mientras que Bure Stop denunció que el Ejecutivo prefiera «la opacidad y la fuerza al diálogo».

Greenpeace pide en Filipinas a la petrolera angloholandesa Shell rendir cuentas por las catástrofes naturales inducidas por el cambio climático

EFE.- Miembros de Greenpeace accedieron a una refinería de Shell en Filipinas con el objetivo de exigir a ésta y a otras compañías que cooperen con una investigación para estudiar su responsabilidad en desastres inducidos por el cambio climático. Decenas de ecologistas entraron en lanchas desde su buque Rainbow Warrior, que se encuentra en el archipiélago desde la semana pasada, a la planta de Shell de Batangas, donde desplegaron una gran pancarta amarilla con el lema Personas y planeta, no beneficios.

«Shell y otras compañías de combustibles fósiles continúan llenándose los bolsillos a expensas de las personas y el medio ambiente», afirmó Desiree Llanos Dee, activista en el sudeste asiático de Greenpeace.Como resultado «la gente está sufriendo más tifones destructivos, hay menos peces por el calentamiento del mar y menos producción de alimentos por la sequía o las lluvias más intensas», concluyó.Greenpeace entregó una carta a Shell para que asista a las próximas audiencias de la Comisión de Derechos Humanos filipina, que abrió una investigación para estudiar la responsabilidad de empresas de combustibles fósiles sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos.

En la investigación, impulsada por la división local de Greenpeace y más de una docena de demandantes particulares, se pedirá a 47 compañías, entre ellas Repsol, Shell, BP o Chevron, que expliquen su papel en el fenómeno del cambio climático. De cara a la primera audiencia en marzo, Greenpeace aseguró que ha tratado de «involucrar a los grandes contaminadores», pero éstos «continúan ignorando la difícil situación de las personas y sus familias, eligiendo los beneficios por encima de la gente y el planeta». «Es por ello que tomamos el muelle de la refinería de Shell en Batangas», explicó la ONG.

Filipinas es el cuarto país del mundo que más catástrofes naturales ha sufrido en los últimos 20 años, según un estudio publicado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU. Desde 1995 a 2015 el archipiélago se ha visto azotado por 274 desastres naturales que han afectado a unos 130 millones de personas, un 90% de ellos relacionados con el clima, según el informe. En noviembre de 2013 el tifón Haiyan, uno de los más poderosos de Filipinas, causó 6.300 muertos, más de 1.000 desaparecidos y 14 millones de damnificados.

Greenpeace pide ”No más carbón” en Asturias y vincula la existencia de fenómenos como el huracán Irma a su quema

Europa Press.- Greenpeace señaló que el «cambio climático es el responsable de la fuerza e intensidad» del huracán Irma y que «se seguirán viendo fenómenos naturales de este tipo si se siguen quemando combustibles fósiles, especialmente carbón», por lo que han vuelto a exigir al Gobierno un calendario de cierre de las centrales que usan este recurso, como ya han hecho otros países de la Unión Europea.

En este sentido, el responsable de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, ha explicado que los huracanes consiguen su «energía destructiva» del calor del océano y que, precisamente, en esa zona del Atlántico y el Caribe, el agua alcanza «hasta los 30ºC en algunas zonas. «Los huracanes son fenómenos naturales, pero la virulencia va a ser cada vez más severa», ha continuado García, al tiempo que ha señalado que «el cambio climático cuesta vidas» y que «no se debería seguir tolerando el negacionismo climático» y la «irresponsabilidad» de dirigentes políticos como Donald Trump, que ha sacado a Estados Unidos del acuerdo vinculante de París.

Según la organización, estas tormentas están extendiendo su rango espacial (Irma es el más oriental registrado) y temporal (cada vez en un intervalo mayor del año). «Hay bastantes probabilidades de que el calentamiento antropogénico en el próximo siglo conduzca a un aumento en la ocurrencia de ciclones tropicales muy intensos en algunas cuencas», han aseverado. Junto con Harvey o Irma, Greenpeace considera que se verán «más fenómenos de estas características» si se sigue quemando carbón, petróleo y gas, que «producen cantidades ingentes» de dióxido de carbono (CO2) que, por efecto invernadero, calienta el planeta y de esa manera suministra energía para la acumulación de tormentas tropicales «cada vez más poderosas».

“No más carbón” en Asturias

Por otro lado, 30 activistas de Greenpeace han dejado el mensaje No más carbón con letras gigantes en el almacén de carbón de El Musel (Gijón).Para ello, colocaron entre las montañas de carbón letras gigantes de 120 metros cuadrados que ocupaban una superficie total de más de 1,3 km2, al tiempo que los activistas llevaban pancartas con el lema Carbón es cambio climático.Según Greenpeace, el objetivo de esta acción es exigir al Gobierno que establezca un calendario para que las centrales térmicas de carbón cierren antes de 2025.

Desde Greenpeace explican que a pesar de que las energías renovables son cada vez más baratas y están listas para competir con las energías «sucias y peligrosas», la política energética de los últimos años ha bloqueado y dificultado cualquier nueva instalación de renovables y el país todavía cuenta con un total de 16 térmicas de carbón, de las cuales 9 se encuentran entre el Principado de Asturias y Castilla y León. «En 2015 estas 16 centrales fueron responsables de más de 50 millones de toneladas de CO2 (equivalente a las de 4,5 millones de coches), unas emisiones extremadamente altas para producir tan solo el 19,7% de la electricidad nacional«, argumentan.

Dependencia de Asturias del carbón

En cuanto al puerto del Musel, junto a la central térmica de carbón de Aboño, han dicho que recibe millones de toneladas de carbón de importación que entran por mar. Se almacenan y se trasladan a las térmicas de carbón que EDP, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa tienen por la región astur-leonesa. «En especial el Principado de Asturias arrastra una dependencia de la generación con carbón muy superior al resto del país: el 63% de la electricidad se produce quemando este combustible» han explicado.

Greenpeace señala a la térmica de Aboño de la eléctrica EDP como la instalación que más cambio climático produce en España y se encuentra entre las 30 térmicas más contaminantes de Europa. La organización exige tanto a EDP, como a todas las propietarias de térmicas de carbón, que presenten un plan de cierre de sus centrales contaminantes y que aseguren una «transición justa» para las personas que trabajan de ellas.

Greenpeace sostiene que la quema del carbón, junto con el petróleo y el gas, es el mayor emisor de CO2 y su relación es directa con el incremento del calentamiento global además de «afectar gravemente» a la salud. Para Greenpeace, este es un año clave para salvar el clima, la ley de cambio climático y transición energética y las normativas energéticas que se están trabajando a nivel europeo, tienen que marcar firmemente el camino para un sistema energético «100% renovable en manos de la ciudadanía».

Supervisan 2 derrames de crudo en la Amazonía de Perú en el yacimiento más grande y más polémico del país

EFE.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha iniciado la supervisión de 2 derrames de crudo en el yacimiento Capahuari Sur del lote 192, el de mayor producción del país, operado por la empresa canadiense Pacific Stratus Energy. Los derrames ocurrieron cerca de la comunidad nativa Los Jardines, en la provincia de Datem del Marañón, región amazónica de Loreto.

La supervisión permitirá determinar «la eventual responsabilidad de Pacific Stratus Energy en los hechos, así como la implementación del Plan de Contingencia que involucran las acciones de contención y limpieza de la zona afectada». Por su parte, la firma canadiense inició la implementación del Plan de Contingencia y explicó que afectó 32 metros cuadrados de suelo ubicado en área industrial.

El lote 192, situado en la frontera de Perú con Ecuador, representa el 17% del total de producción de petróleo del país, con una extracción diaria de unos 11.000 barriles de crudo de alrededor de 16 pozos. En 2015, Pacific tomó la operación del lote por dos años, después de que concluyera el contrato con la argentina Pluspetrol en medio de protestas y movilizaciones por la contaminación generada en los ríos. Las comunidades indígenas anunciaron en agosto que intentarán paralizar las actividades en el yacimiento si el Gobierno no acepta someter a consulta previa entre su población el nuevo contrato de explotación de los pozos para los próximos 30 años.

Gas Natural Fenosa reivindica que su almacén de carbón del puerto coruñés es referente mundial ante la protesta de Greenpeace

EFE / Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha defendido su instalación coruñesa conocida como La Medusa, donde almacena el carbón que llega al puerto de A Coruña con destino a su central térmica de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, un almacén ante el que Greenpeace desplegó una pancarta para expresar su rechazo al uso de este material como fuente de energía, y reivindicó que es una «referencia en el mundo en la manipulación de carbón y desde el punto de vista medioambiental».

Fuentes de la empresa explicaron que, “desde que el carbón es descargado en las tolvas ecológicas hasta que es cargado en tren, todo el trasiego se realiza a cubierto sin ningún tipo de emisiones”. “El transporte en tren del carbón evita además el tránsito en carretera de 300 camiones al día, con la correspondiente ausencia de emisiones de CO2”, añaden como respaldo a su actividad.

Asimismo, reivindican que las centrales de carbón son un «claro ejemplo de la transformación tecnológica para adaptarse a estándares ambientales cada vez más rigurosos”. Según manifiestan, la central de Meirama “ya realizó importantes mejoras tecnológicas para adaptarse a los nuevos requisitos de la legislación ambiental, cada vez más exigente”. Al respecto, remarcan que la reforma acometida en 2008 para permitir la combustión de carbón con menor contenido de azufre y mayor cantidad de volátiles, junto con la instalación de quemadores de baja generación de óxidos de nitrógeno, «han supuesto una notable reducción del impacto medioambiental».

Greenpeace desarrolla en el puerto de Coruña una acción de protesta por la que bloqueó el almacén de carbón para reivindicar el abandono de las energías «sucias», que considera responsables del cambio climático. En concreto, un grupo de activistas se han desplazado en zódiacs a la instalación de almacenaje de carbón para impedir la entrada de la carga de un tren de carbón. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, apuntó poco después acerca de esta iniciativa que «está bien seguir alertando de que se siguen produciendo ocasionalmente molestias para los vecinos» por estas descargas. Por el momento, la Autoridad Portuaria no tiene previsto frenar el desarrollo de la protesta.

Según ha explicado el portavoz del colectivo, el objetivo, conforme ha señalado, es «llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de terminar con la quema de carbón y sustituirlo por energías limpias«. La organización ha precisado que hay dos activistas colgados delante de la vía de uno de los puntos de descarga de carbón en los trenes que lo transportan a la central térmica de Meirama. Mientras, otros escaladores han colgado una pancarta de 100 metros cuadrados en la cúpula del almacén de Gas Natural Fenosa, conocido como La Medusa, con el mensaje Almacén de Cambio Climático. Además, en otras pancartas puede leerse el mensaje Carbón es cambio climático.

Sobre la acción, la organización asegura que espera que el Gobierno «desarrolle cuanto antes una ley de cambio climático y transición energética que establezca un plan de cierre para 2025 de todas las térmicas de carbón». También reclama a Gas Natural Fenosa que establezca la fecha de cierre de sus térmicas de carbón y que «enfoque sus inversiones para acelerar la transición energética hacia un modelo basado únicamente en renovables».