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Un estudio asegura que el coste de producción de las energías renovables ya es menor al de las convencionales

EFE. –  El coste de producción de las renovables ya es menor que los que tienen las energías convencionales, según un análisis dado a conocer por la compañía alemana de gestión de activos de energía renovable Kaiserwetter.

Según el análisis, basado en datos de Bloomberg, Frankfurt School y la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés), los combustibles tradicionales presentaron costes de entre 49 y 174 dólares por megavatio hora (MWh) en 2017, mientras que las energías renovables se situaron entre 35 y 54 dólares.

El estudio agrupa 15.000 proyectos y calcula los riesgos inversores en 54 países hasta 2030. También el coste medio internacional de los proyectos hidroeléctricos se situó, sin subsidios, alrededor de los 50 dólares por MWh, los eólicos en 51 dólares/MWh y los solares fotovoltaicos en 54 dólares MWh.

La energía renovable no sólo iguala el coste de los combustibles fósiles, sino que es ya incluso más barata, según el análisis, que señala que las últimas subastas de energía fotovoltaica en Dubai, México, Chile, Abu Dabi o Arabia Saudí, y de energía eólica terrestre en Brasil, Canadá, India o Marruecos en 2017 apuntan a que el coste normalizado de la energía se puede reducir a 30 dólares por MWh a partir de 2018.

En los países avanzados, las nucleares ya han superado o están a punto de rebasar su vida útil de 40 años y tendrán que cerrar o bien actualizarse, según el análisis, que señala que Estados Unidos, por ejemplo, ha garantizado renovaciones hasta los 60 años a casi todos los cien generadores que hay en el país.

Sólo catorce países se plantean construir nuevos reactores actualmente y sólo tres están en construcción desde 2016, aunque esas centrales aún tardarán años en producir energía y sus costes de construcción son elevados, según el estudio.

La Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA) prevé un coste nuclear medio, y en ascenso, de 102 euros el MWh en 2020 en la UE, sin incluir desmontajes de plantas al final de su vida útil ni la gestión de los residuos nucleares.

Frente a los altos costes de la nuclear, la nueva potencia eléctrica renovable presenta el coste de instalación más bajo en su historia y su disminución desde 2010 ronda el 80%, por ejemplo en el sector de la solar fotovoltaica.

El ex primer ministro Koizumi solicita que Japón renuncie a la energía nuclear

EFE. –  El ex primer ministro nipón Junichiro Koizumi (2001-2006), defendió la posibilidad de eliminar por completo el uso de energía nuclear en el país, pocos días antes del séptimo aniversario del desastre nuclear de Fukushima. «Aquellos que defienden la energía nuclear ponen en primer lugar su propio beneficio y no la seguridad de las personas o del medio ambiente», aseguró Koizumi, uno de los mandatarios más carismáticos y populares de Japón.

Según el ex representante nipón,  «es una mentira que Japón necesite energía nuclear, ya que durante los últimos siete años su porcentaje de suministro ha estrado entre el 0 y el 2 por ciento». Así, ha realizado las declaraciones cuatro días antes del séptimo aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima, desencadenada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, que acabó con la vida de unas 20.000 personas.

Tras sucederse el accidente nuclear, la producción de este tipo de energía en Japón decreció considerablemente, llegando a suspenderse completamente en 2013. Desde ese momento, la administración japonesa ha mostrado el apoyo al desarrollo de la industria nuclear. 

Por ello, el ex político japonés considera que el desastre de Fukushima fue un «error humano» debido a la falta de medidas necesarias y concluyó que en la industria nuclear «no se pueden producir errores».

Ese accidente nuclear ha tenido un coste total para el país japones estimado en 20 billones de yenes (152.815 millones de euros).

La central nuclear de Cofrentes cifra en 12 los sucesos notificados al CSN y permanecerá parada esta semana por mantenimiento

Europa Press.- El director de la central nuclear de Cofrentes, Tomás Lozano, explicó que la instalación comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 10 sucesos notificables en 2017 y 2 en enero de 2018 que «no han afectado a personas, a la instalación, ni al medio ambiente» e indicó que la planta permanecerá parada esta semana para el mantenimiento de algunos accionadores de las barras de control.

Así lo indicó Lozano en una comparecencia en las Cortes de la Comunidad Valenciana para explicar los incidentes ocurridos durante los últimos 10 meses en la central nuclear, en donde ha restado importancia al número de sucesos registrados en la planta porque ha puntualizado que entran dentro de la «normalidad». «Notificar no significa que exista anomalía ni que haya algún incidente», explicó antes de reivindicar que Cofrentes es «absolutamente segura».

En este sentido, detalló que de los 10 sucesos de 2017, 9 se calificaron con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos (INES) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras que uno de ellos fue nivel 1 (anomalía), el más bajo de la escala en importancia y se produjo por defectos en una válvula del sistema de agua de alimentación, lo que provocó la parada de la planta.

Lozano explicó que esta única anomalía de nivel 1 obligó a parar la producción para inspeccionar las líneas y las válvulas del lazo A del sistema de agua de alimentación al observar un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y el lazo B, que aportan agua a la vasija para producir el vapor necesario para mover la turbina. Señaló que fue entonces cuando se inició un proceso de inspecciones «exhaustivas» hasta que se determinó que la anomalía se debía al desprendimiento de fragmentos de dicha válvula en el sistema de agua de alimentación, que finalmente fueron recuperados.

Respecto a la situación actual de la central, indicó que se encuentra realizando una parada de una semana de duración para completar trabajos de mantenimiento preventivo en algunos de los accionadores hidráulicos de las barras de control, dado que han observado que en dos de ellos las juntas «no ofrecen un perfecto sellado y hay un leve goteo en la parte inferior». Ante esta situación, Lozano ha avanzado que se ha adoptado la decisión de cambiar no solo estas piezas, sino todas las juntas de la pasada recarga por si hubiera «un problema de fabricación«.

En este sentido, ha remarcado que la prioridad absoluta en la central es la seguridad por lo que pararán cuantas veces sea necesario para llevar a cabo labores de mantenimiento. «La prioridad de Cofrentes es la seguridad y si hay que parar y dejar de ingresar se hace. La seguridad prima frente a la producción y los ingresos», aseveró. El máximo responsable de la instalación también ha insistido en que todos los indicadores que miden la seguridad en la planta apuntan a que Cofrentes está «al mejor nivel de seguridad». Por tanto, ha reivindicado que la central es «absolutamente segura».

Por otro lado y respecto al proyecto para el licenciamiento y construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) en el emplazamiento de la central, el director de la planta ha indicado que todo avanza según lo previsto y ha insistido en que es una instalación «totalmente segura», «extendida en la mayoría de países» y que será necesaria en cualquier escenario futuro.

Lozano ha destacado que Cofrentes es una de las instalaciones energéticas más importantes de España y de la Comunidad Valenciana, que en 2017 generó 7.340 millones de kWh, cerca de un 3% de la demanda eléctrica a nivel nacional. Ha señalado que desde 2009 la instalación valenciana ha mantenido factores de funcionamiento medios superiores al 90%, lo que la sitúa dentro de las centrales con mejor fiabilidad a nivel internacional.

La AMAC denuncia en el Congreso que el cierre de la central nuclear de Garoña se decidió sin alternativas económicas

Europa Press.- La presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos), Raquel González, llevó al Congreso de los Diputados las preocupaciones de la comarca afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña, un territorio que, según señaló, está preocupado por «la despoblación» que puede suponer el que no se prevea una alternativa económica para el entorno de la planta.

González ha explicado que la inquietud del Valle de Tobalina «no es por los próximos 10 o 15 años», tiempo previsto para el desmantelamiento de la central, sino «lo que viene después», cuando los habitantes de la comarca comiencen a acusar la falta de empleo. «La llegada de Garoña marcó el municipio de una manera determinante. Se generaron expectativas de empleo y eso nos ha permitido contar con población», ha explicado la alcaldesa, quien ha indicado que la comarca cuenta con 34 núcleos de población que suman unos mil habitantes.

A su juicio, los representantes de estas personas, que son las que «sufren las ventajas y los inconvenientes» de la instalación de la central «no deben ser ajenos» a los planes del Gobierno porque, según apuntó, son los que conocen las necesidades del entorno. Así, denunció que el cierre de Garoña «ha sido una decisión que se toma desde un entorno ajeno» como es «un despacho en Madrid», mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

Para González, esta «distancia» con la que se ha tomado la decisión, es, entre otras cuestiones, el motivo por el que el Ejecutivo ni se haya planteado otras alternativas económicas para la zona. «Y deberían buscarse desde ya, desde este momento», ha apuntado la regidora, que cree que pasados los años de desmantelamiento ya será tarde. Su intención, según ha indicado, en conseguir el compromiso del Gobierno de que en los próximos Presupuestos se refleje en una partida las medidas que se van a aplicar.

Foro Nuclear alerta de que prescindir de la energía nuclear a corto plazo pondría en riesgo el suministro de electricidad

Europa Press.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear en España, Ignacio Araluce, advierte de que prescindir de la energía nuclear a corto plazo puede poner en riesgo la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico español, por lo que ha defendido el papel de esta energía durante la transición energética y ha llamado a los políticos a propiciar la viabilidad económico-financiera de las centrales nucleares mientras dure ese periodo de transición.

Araluce, quien ha participado en la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha explicado que la producción eléctrica total de España es de unos 260 TWh, de los que 60 TWh son producidos por el parque nuclear. El resto se reparte entre renovables, energía hidráulica y las fuentes emisoras de CO2, como el carbón, el gas y el fuel.

Con estas cifras, Araluce señala que cumplir con los tratados medioambientales significa «duplicar la actual capacidad de generación renovable del sistema, unos 30.000 MW», que es algo «factible pero difícil de lograr». Pero, además, si se quiere prescindir de las nucleares en este proceso, la capacidad renovable a instalar debería elevarse a los 60.000 MW, un sistema que necesitaría de una instalación de enorme capacidad de almacenamiento a gran escala. «Ambas actuaciones requerirían de una inversión muy significativa, de un desarrollo tecnológico rapidísimo, y de un desarrollo de redes y de potencia de respaldo difíciles de asumir totalmente en ese horizonte temporal», ha advertido Araluce.

Por ello, el experto subraya que España «no puede ser ajena a la continuidad de la operación del parque nuclear» y ha llamado a poner en perspectiva la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Integral de Energía y Clima, ambos en proceso de elaboración, destacando el papel de la energía nuclear como «mejor manera de transitar de forma eficiente, ordenada, fiable y competitiva hacia un modelo descarbonizado y fundamentalmente renovable, por la complementaridad de ambas tecnologías«.

En cuanto a una de las principales críticas que los opositores a esta energía hacen de su uso, su seguridad, Araluce ha asegurado que todas las instalaciones funcionan «de forma segura» y que las centrales «están permanentemente supervisadas por el organismo regulador» lo que, a su juicio, constituye «la mayor garantía del cumplimiento de la normativa nacional e internacional establecida«.

Ensa ensaya a tamaño real el ensamblaje de la futura cámara de vacío del Proyecto ITER de fusión nuclear

Europa Press.- La empresa estatal Equipos Nucleares (ENSA), ha ensayadoen Cantabria,a tamaño real, el ensamblaje de la cámara de vacío, conocida como vacuum vessel, que será parte nuclear del Proyecto internacional ITER, una ambiciosa iniciativa en la que se busca probar la generación de energía de fusión nuclear a nivel comercial.

Para ello, en la fábrica de ENSA en Maliaño (Camargo) han fabricado una maqueta que se utiliza solamente «para entrenar» ya que esta empresa española tiene la misión de ensamblar las distintas partes de esta cámara de vacío que fabrican en otras empresas, procedentes de los 35 países que participan en este proyecto internacional que busca demostrar que la energía de fusión nuclear es posible. Una vez terminada la fase de desarrollo y prueba, en los próximos 4 años ENSA ensamblará en Francia las distintas partes de esta cámara de vacío o contenedor en cuyo interior se realizarán las reacciones de fusión, según ha explicado el responsable de desarrollo de negocio de ENSA, Rubén Moreno.

Moreno ha explicado que la empresa ha firmado un contrato para desarrollar «toda la ingeniería necesaria» para la instalación de los 9 sectores que formarán el vacum vessel en Caradache (Francia). Asimismo, ha precisado que ENSA se encargará de desarrollar los procedimientos de soldadura, las mediciones, los ensayos no destructivos de soldadura (visuales, Ultrasonidos, Radiografías, Helio), el mecanizado pero también de todos los utillajes y robots necesarios para acometer estos trabajos. Precisamente, destacó que la futura cámara de vacío, dentro de la cual se tratará de probar la fusión nuclear, tendrá unas dimensiones de 19,4 metros de diámetro exterior y 11,4 metros de altura que, en total sumarán 5.200 toneladas de peso una vez ensamblado.

Parte del complejo de ENSA en la localidad cántabra está ocupado por el laboratorio de Investigación y Desarrollo, en el que se estudian, diseñan y prueban distintos robots o tipos de soldadura entre los diferentes materiales antes de su fabricación definitiva. «Aquí se analiza todo, hasta el líquido para limpiar las soldaduras o cualquier material que se prueba», ha comentado.

Con estos robots patentados por ENSA, el experto explicó que se pretende minimizar tiempos y evitar los fallos humanos no solo en el proyecto del ITER sino en los otras áreas de negocio de la empresa, tales como la fabricación de los contenedores para los residuos nucleares y el combustible gastado de las centrales nucleares, vasijas de reactor o los generadores de vapor de los propios reactores, que salen desde Cantabria a países como Estados Unidos, Francia, Corea, China, Japón, Finlandia o India, entre otros.

Presupuestados 14.000 millones de euros

Para ensayar el proyecto del ITER en Maliaño se ha fabricado una maqueta con las piezas a tamaño real que simula la cámara de vacío para conocer la viabilidad y la eficacia de las herramientas. Para Moreno, esta maqueta es «una pieza única» que demuestra el nivel de «entrenamiento y meticulosidad» de la empresa con el fin de evitar problemas futuros. «Es una pieza que hacemos solo para entrenar. Gastamos mucho dinero para que las cosas salgan bien a la primera en el ITER», añadió Moreno, que explicó que todo se hace a escala real para entrenar el posicionamiento y practicar el ensamblaje. «Se ensaya todo para evitar deformaciones inesperadas y lograr cero defectos«, sentenció.

En total, el proyecto del ITER tiene una duración superior a los 7 años y un coste de 14.000 millones de euros para un experimento científico a gran escala que busca producir energía de forma comercial con fusión nuclear, lo que le convierte en una de las empresas más caras de la investigación. La Unión Europea asume en torno al 40% del coste total mientras que del resto se encargarán Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India y Corea del Sur, con un 10% cada uno.

En total, según el presidente de ENSA, Eduardo González-Mesones, la empresa cuenta con una cartera de negocio para los próximos 3 años estimada en 222 millones de euros y su cifra de negocio alcanzó 73 millones de euros en 2016. El 90% de los equipos que fabrica ENSA tiene como destino el exterior así como el 50% de la prestación de servicios en plantas nucleares.

González-Mesones ha destacado que las distintas áreas de negocio de esta empresa están «al más alto nivel tecnológico«, contando con «algunos de los equipos y máquinas más grandes de España», como un torno de 12 metros de altura por 5 de diámetro o las grúas de carga en muelle de mayor capacidad del país, con capacidad para cargar 1.800 toneladas. Así, ha defendido que desee Cantabria salen desde vasijas de reactor, generadores de vapor, tuberías de circuito primario de refrigeración, presionadores, intercambiadores de calor, contenedores para almacenaje y transporte de combustible a mercados como el chino, francés, estadounidense, taiwanés, argentino, eslovaco, belga, finlandés o sudafricano.

En este contexto, González-Mesones apuesta por lograr que todos los contenedores para el combustible gastado del parque nuclear español salgan de la fábrica de Maliaño. De hecho, subrayó que ENSA se prepara para optar a las distintas fases del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para la que hasta ahora ha fabricado 5 contenedores. Finalmente, reivindicó que ENSA es «una empresa pequeña pero que es referente mundial» y por tanto está en condiciones de competir.

La filial de energía atómica de la alemana E.ON recortará sus empleos a la mitad por el apagón nuclear

EFE.- PreussenElektra, la filial de energía atómica de E.ON, va a reducir a la mitad el número de sus empleados mediante un recorte de al menos 1.000 empleos hasta 2026, por el apagón de las centrales nucleares. La reducción de empleos se producirá en la central de la compañía en Hannover y en las centrales en Baviera, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein. E.ON sacó en septiembre del 2016 a bolsa su filial de generación convencional Uniper y dejó la energía atómica en PreussenElektra.

Castilla y León, defensora de la continuidad de Garoña, se plantea ahora crear un impuesto a Nuclenor si hay desmantelamiento

Europa Press.- La Junta de Castilla y León podría imponer un impuesto que gravase a las empresas energéticas Endesa e Iberdrola en compensación por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, (Burgos), tal y como aseguró la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras mantener una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La consejera ha defendido la energía nuclear y el carbón, una defensa que ha afirmado que comparte con el Gobierno ya que «abarata» el recibo de la luz de los españoles. «Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber una participación en el mix energético nacional; tiene que entrar el carbón y por supuesto la nuclear, ya que en ambos casos son las energías más baratas«, aseguró.

«De no existir el carbón o la energía nuclear, el recibo de la luz se dispararía más del 30%», indicó Del Olmo, reiterando la defensa del Gobierno castellano y leonés al sector minero. Por ello, la Junta se plantea impulsar una figura impositiva que, «de una u otra manera», grave el desmantelamiento de Garoña ya que «supone la pérdida de un millar de empleos». El impuesto iría dirigido a las empresas titulares de la central, Endesa e Iberdrola: «si les sale mucho más barato cerrar que continuar con la producción, con este impuesto a lo mejor se lo piensan», subrayó.

Por su parte, la Dirección de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, no tiene «conocimiento oficial» del impuesto que le plantea imponer la Junta de Castilla y León en «compensación» por el posible desmantelamiento del reactor y la pérdida de empleo que conllevaría. Fuentes de la empresa han confirmado que no tiene «conocimiento oficial de esta iniciativa» pero que, en todo caso, «Nuclenor no hará valoraciones sobre las declaraciones» de Del Olmo.

Críticas a planes de Enel

Tanto el Ministerio como la presidencia de Castilla y León han mostrado su «preocupación» por el anuncio de Enel respecto al futuro de las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), del que Del Olmo ha confesado que el ministro no tiene «constancia oficial«. La pasada semana Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020 durante la junta general de accionistas celebrada en Roma.

«No tiene ningún sentido, hay que englobar la producción de las centrales térmicas y las centrales nucleares en la política energética nacional, y no puede depender del anuncio de una empresa», ha señalado. «La política energética nacional depende del Gobierno y de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados», sentenció Del Olmo. Así, en la reunión se ha planteado la necesidad de lograr un pacto por la energía entre todas las fuerzas parlamentarias, donde tanto carbón como las energías nucleares tengan cabida.

La cuestión nuclear en la España de hoy

Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

La oposición se une frente al PP en el Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.