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Elecciones 28-A: Medidas para bajar la factura de la luz y cómo afrontar la expansión del autoconsumo de energía eléctrica

Javier Angulo.- El Gobierno del PSOE suspendió en octubre durante 6 meses el impuesto del 7% que pagan todos los generadores de energía eléctrica. Esta carga fiscal ha vuelto en abril y, a pesar de que la ministra Teresa Ribera justificó el estar a las puertas de las elecciones para no prorrogar esta suspensión, nada recoge su programa electoral sobre este impuesto.

Por eso sorprende la ausencia en el programa socialista de medidas con un impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores. La baza a jugar por los socialistas, en una hipotética legislatura completa de Gobierno de Pedro Sánchez, es acometer una profunda reforma del mercado eléctrico. De esta forma, el PSOE compromete una fórmula “que traslade eficazmente” al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa comunitaria esta intervención socialista en el mercado eléctrico mediante su reforma.

Donde el PSOE ha actuado con más decisión es en la regulación del autoconsumo de energía para favorecer su expansión. Lo hizo en octubre eliminando los cargos al autoconsumo, el conocido como impuesto al Sol. Y ha sido en abril, a pocas semanas de las elecciones generales, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de autoconsumo en uno de sus viernes sociales. Mediante este decreto, se habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; se reducen los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y se establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida por parte de la comercializadora eléctrica.

No parece que el PP vaya a recuperar la normativa que gravaba al autoconsumo conectado a la red eléctrica, a tenor de lo expuesto en su programa electoral. Es más, otra medida impulsada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, el impuesto del 7% a la generación eléctrica, es ahora expresamente rechazada. Los populares se comprometen a eliminar específicamente este impuesto y afirman que trabajarán en políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas. Asimismo, el PP recalca que priorizará las opciones energéticas que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible. En este sentido, creen firmemente que serán útiles las interconexiones para crear un mercado interior europeo de la energía.

Quién sí propone un cambio revolucionario es Unidas Podemos, con la creación de una empresa pública de energía. Esta futura empresa, que lideraría también la instalación de más energías renovables, tendría el cometido de transformar el mercado eléctrico e ir hacia un recibo de la electricidad más bajo. Los de Pablo Iglesias consideran que “la estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más”. Por ello, se comprometen a que el término fijo no sea superior al 25% de la factura. Por otro lado, en lo que respecta a la energía consumida, Unidos Podemos promete que los primeros kWh tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche.

Pablo Iglesias contra las eléctricas

También tendría un impacto en la factura de los consumidores vulnerables bajar el tipo de IVA al 10% para todos sus suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). Asimismo, la formación morada anuncia que no se acometerán proyectos sobredimensionados de infraestructuras energéticas y comprometen una vez más una auditoría de costes del sector eléctrico. En este sentido, los de Pablo Iglesias arremeten nuevamente contra las empresas energéticas, a las que tachan de “oligopolio”, y prometen eliminar sus “privilegios”. Para ello cuentan con intervenir el mercado eléctrico para que el precio lo marquen las renovables, que tendrían una retribución estable aparte, y acabar con el sistema marginalista, así como con establecer un cargo a la que consideran sobrerretribución de centrales hidroeléctricas y nucleares.

Vinculado a la reforma del mercado eléctrico y al autoconsumo, desde Unidas Podemos aseguran que incentivarían la compra de electricidad a las instalaciones renovables ciudadanas. De hecho, también prometen una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarían promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Asimismo, se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido.

Quién sí se atreve a fijar un objetivo de reducción en la factura de la luz es Ciudadanos. Los de Albert Rivera se ven capaces de bajar un tercio la factura de la luz eliminando impuestosy la introducción de mayor competencia en el mercado eléctrico. Para ello se proponen dos vías: por un lado, Ciudadanos asegura que limpiará la tarifa eléctrica eliminando los costes “heredados de la nefasta gestión del PP y del PSOE”, con una senda de reducción del déficit tarifario acumulado y de los costes políticos. Por otro lado, los naranjas premiarán la eficiencia en el consumo con precios más reducidos para los que moderen su demanda.

Desde Vox también apuestan por reducir los impuestos y los costes regulados de la factura de la luz. Y se ven con capacidad para ajustar los costes del sistema eléctrico en 1.000 millones de euros. Asimismo, los de Santiago Abascal advierten que la fuerte penetración de energías renovables, con bajos costes variables, provocará un abaratamiento aparente del precio de la energía eléctrica con facturas con un alto coste fijo y bajo coste variable. A juicio de Vox, esta estructura tarifaria llevaría inevitablemente a la pérdida de la eficiencia, sin penalizar a los que derrochan, y, adicionalmente, encarecería la factura a las familias de renta baja.

Por ello, desde Vox proponen definir tarifas e impuestos que graven el consumo para no elevar la parte fija de la tarifa. Asimismo, la formación conservadora muestra su preocupación con el autoconsumo y se muestra partidario de imponer cargas a los que optan por esta modalidad para que financien las redes, pero de una forma diferente a la del PP. Vox quiere que los consumidores afronten una tarifa de acceso a la red por tramos de consumo, que establezca descuentos para los primeros KWh consumidos, mientras que los autoconsumidores no tendrían derecho a este descuento.

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

El PDeCAT pide a Ribera que prorrogue con otro decreto la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica

Europa Press.- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reclamado al Gobierno que prorrogue con un nuevo decreto ley la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, ya que esta exención se aprobó para 6 meses y este plazo termina en abril. Así, Campuzano ha señalado que, de lo contrario, será una «mala noticia para familias y empresas», ya que las compañías repercuten este coste, un 7% de la electricidad generada, en el recibo que paga el consumidor.

El Gobierno estima que la luz sería «en torno a un 10%» más cara sin las medidas que ha adoptado

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha estimado que el precio de la electricidad en España sería «en torno a un 10%» más caro si el Gobierno no hubiera adoptado la batería de medidas que aprobó para contener su espiral alcista, entre ellas la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Domínguez señaló que España cuenta actualmente con el precio mayorista de la electricidad «más barato de Europa«, a pesar de que hay que ser conscientes de que el precio general de la luz en todo el Viejo Continente «está subiendo fundamentalmente por los precios de las emisiones de CO2». Así, consideró que a veces «alarmamos innecesariamente» con el precio de la electricidad ya que actualmente hay que irse a un país como Bulgaria «para encontrar un país que tenga la electricidad más barata que España«.

De esta manera, valoró la política «de contención» en los precios de la electricidad realizada por el Gobierno desde su llegada, aunque subrayó que evidentemente «hay que ser conscientes de que es un problema» y se trabaja para que «sea lo más bajo posible». A este respecto, Domínguez indicó que las expectativas son de una reducción en los precios de la electricidad a medida que crezca la presencia de las renovables en el mix energético.

No obstante, subrayó que en el recibo de la luz hay muchos componentes, además del mercado mayorista cuyo peso no llega ni al 50% de la factura, por lo que la evolución para que se produzca ese abaratamiento debe ser «necesariamente paulatina«, ya que «no es un proceso que se pueda corregir inmediatamente». Así, afirmó que las medidas de «más calado» deben ser a través de la legislación, la Ley de Cambio Climático, por lo que «van a tomar un cierto tiempo en surtir efecto».

Respecto a una prórroga de la suspensión temporal de 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica adoptada en octubre, Domínguez señaló que los impuestos «son una cuestión del Ministerio de Hacienda, y hay que debatirlo con ellos«. Aún así, subrayó que los impuestos del sistema eléctrico «es algo que está en debate y estudio en este momento».

En lo que respecta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno debería haber presentado a Bruselas antes de finales de 2018, el secretario de Estado de Energía aseguró que está «prácticamente terminado». «Había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no había nada. El Gobierno ha trabajado desde el primer momento con lo que implica toda esta transición a 2030 a 2050, y hemos tenido que retrasarlo porque empezamos con mucho retraso», justificó.

Con respecto a la nuclear, indicó que lo «fundamental» a la hora de tomar una decisión es la seguridad, «tanto física del ciudadano, como del suministro y del tratamiento de los residuos». Así, advirtió de que es necesario contar con un plan de tratamiento de residuos, en el que está trabajando Enresa, y subrayó que deberá haber «algún almacén temporal, que puede que sea centralizado».

El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

La factura de la luz se mantuvo el pasado noviembre en el mismo nivel de 2017

Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,93 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 0,33% respecto a los 71,69 euros de noviembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 0,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,93 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,68 euros obedecen al consumo, 2,89 euros al impuesto eléctrico y 12,48 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre bajó un 1,03% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en noviembre respecto a los 2,42 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico baja por segundo mes consecutivo después de cortar la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 2,32% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en noviembre contribuyó a que el recibo de los once primeros meses del año se sitúe en 773,07 euros, 17,5 euros más frente a los 755,57 euros en el 2017. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 442,11 euros por el consumo, de 31,08 euros por el impuesto de electricidad y 134,17 euros por el IVA.

La factura de la luz se encarece un 4,2% en octubre

Redacción / Agencias.– Un consumidor doméstico medio pagó 75,1 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 72,07 euros de octubre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 3,03 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,1 euros abonados en los 31 días de octubre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 43,67 euros obedecen al consumo, 3,02 euros al impuesto eléctrico y 13,03 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

En el caso del precio medio del mercado eléctrico español, el conocido como pool, el nivel de octubre es un 14% más caro que los 56,77 euros por MWh de media que marcó hace un año. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para todas.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Por ello, la factura de la luz de octubre bajó un 3,59% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,42 euros en octubre respecto a los 2,51 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo eléctrico corta la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 2,54% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 701,11 euros, 17,35 euros más frente a los 683,76 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 400,43 euros por el consumo, de 28,18 euros por el impuesto de electricidad y 121,68 euros por el IVA.

El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios«, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son «más paliativas que estructurales» de cara al invierno y que «lo fundamental» pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social «reforzado» y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de «respuesta solidaria» con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de «una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses».

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». «Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta», añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión «práctica» de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, «en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción».

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que «ser eficaz con quien más lo necesita», por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. «Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro», concluyó Ribera.

Las medidas para combatir la subida de la luz tendrán un impacto en el sistema eléctrico de 910 millones

Europa Press.- Las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno para combatir la subida del precio de la electricidad tendrán un impacto total de 910 millones de euros sobre el sistema eléctrico. Entre estas medidas figuran la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el PP,así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde o la supresión del conocido como impuesto al sol.

Según consta en la memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto-ley, este impacto de las medidas será de 300 millones de euros en este ejercicio y de 610 millones de euros en 2019. De esta cifra, el mayor importe corresponderá a la suspensión del impuesto a la producción del 7% durante 6 meses, que ascenderá a un total de 534 millones de euros, de los cuales 265 millones corresponden a este año y 269 millones al próximo ejercicio. Por su parte, la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos tendrá una afección sobre los costes del sistema eléctrico de unos 125 millones de euros, con un total de 25 millones en 2018 y de 100 millones en 2019.

Además, medidas como la reducción de la potencia contratada por los consumidores encaminadas a rebajar la factura de la luz se estima que tendrán un impacto de unos 144,6 millones de euros (unos 4,6 millones de euros en 2018 y 140 millones de euros en 2019). También impactarán en los ingresos del sistema eléctrico el cambio a discriminación horaria, con unos 98 millones de euros (6 millones de euros este año y 92 millones de euros en 2019) y el autoconsumo, con una estimación de unos 9,75 millones de euros, todos en el próximo ejercicio.

Para contrarrestar este impacto, el Gobierno cuenta con la compensación por mayores ingresos de las subastas de emisiones de CO2, adicionales a los 450 millones de euros que se destinan ya al sistema eléctrico. En concreto, estima que estos ingresos ascenderán a 850 millones de euros en 2018 y a 538 millones de euros en 2019, lo que permitirá hacer frente a ese impacto de 300 millones de euros este año y de 610 millones de euros el próximo ejercicio.

Por otra parte, el Gobierno considera que la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica tendrá un impacto económico en la factura de electricidad por el coste de energía de unos 200 millones de euros, añadiendo además la menor factura por IVA del consumidor. En lo que se refiere a la eliminación del impuesto especial de hidrocarburos a la generación eléctrica, que supone minorar el efecto multiplicador del precio del mercado de producción en las horas que los ciclos combinados marquen el precio marginal en el mercado o sirvan de referencia a tecnologías que lo sustituyan, tendrá un impacto durante 2019 de unos 53 millones de euros.

Así, según una estimación con datos de 2017 de la introducción de estas medidas, siendo de aplicación la suspensión del impuesto del 7% durante 3 meses del año y la eliminación el impuesto especial de hidrocarburos durante todo el año, la reducción de la factura de un consumidor medio por peaje de acceso habría sido del 2,16% para un consumidor doméstico (2.0 A) y del 2,97% para una pyme (3.0). Para un consumidor industrial (6.1) esta reducción en la factura llegaría hasta el 3,73%, mientras que para un gran consumidor industrial (6.4) alcanzaría el 5%.