¿Por qué la CNMC quiere ser ’trending topic’?

/0 Comentarios/en , /por

La CNMC ha vuelto con fuerza a la actualidad energética en los últimos días de agosto. Tras la seria, profunda andanada jurídica que ha recibido este verano este panorganismo regulador español de los sectores de actividad, de los mercados, de la competencia, de que los  precios estén bien y de un cierto concepto de justicia social (además del hecho de mostrarse solícito para lo que se le demande hacer, de ahí su utilidad). Eso sí, pronunciando frecuentemente la palabra independencia, aunque sea en vacío retórico. El problema de la CNMC es que ya no puede desprenderse de su pecado original: el exterminio de sus órganos predecesores por el Gobierno recién entrado, merced a un informe de partida elaborado por una consultora, encargado con las conclusiones y consecuencias previstas de antemano.

Eso implica que le resulta imposible quitarse el estigma de seguidismo al Gobierno  y de sus directrices, como en un ejercicio de gimnasia sueca. Cosa que, hablando en serio, tampoco ha ocurrido. ¿Qué graves polémicas han existido entre el Gobierno y esta versión CNMC y su ‘totum revolutum’ ? ¿Cuántas dimisiones ha habido? En lo energético, ¿con qué consecuencias fácticas más allá de una posición indefinida en cuestiones como las subastas CESUR, la rentabilidad razonable, el autoconsumo o la interrumpibilidad? ¿cómo mantiene una dogmática visión referidas a los mercados energéticos (creencias retroprogresivas) deslizadas o como transfondo en sus dictámenes para respaldar las intervenciones del Ejecutivo o su respuesta pronta a lo que se le demanda, sin mucho más que lugares comunes y poca herramienta analítica? En otros sectores, las comprensiones de los mismos (diagnósticos) dejan mucho que desear, lo que deviene en medidas y omisiones. Y, en otras, directamente, las medidas y omisiones son lacerantes, cuando no la cascada de expedientes sancionadores diarios buscando legitimación por hiperactividad.

Por  tanto, en el organismo, con la ofensiva judicial en marcha en el Supremo y su descrédito  en el terreno político y económico,  cunde la impresión, consciente o inconsciente, de que un cambio de Gobierno se traducirá en otra operación de destrucción creativa (y, en este caso, con mucha razón y sin nadie que defienda el engendro). Por eso,  hay intentos, un poco inverosímiles a la vista de los resultados, de disimulo y voluntariosos ademanes de adecentamiento. Esto es, cómo se hace esto en España: hay que “comunicar mejor”. Pero lo que se hace, se sigue haciendo igual y con las mismas consignas, en contra la tozuda realidad de que lo que más comunica son los hechos.

Pero, además, como todas las situaciones en la que hay que poner una vela a Dios y otra al diablo, las cosas no acaban todo lo finas que tenían que ser. Repasemos las noticias de los últimos días. Por un lado, se puede decir que, aparentemente, en el lado del debe de la CNMC hacia el Gobierno, se ha conocido lo que podríamos denominar un matiz para entendidos que, por otra parte, no lo es tal. Así, la CNMC  no está de acuerdo con la desindexación de los precios en la energía prevista en el Real Decreto de desarrollo de la ley. Pero es que, en realidad, el Gobierno tampoco aunque así lo haya escrito en el copia-pega intersectorial al elaborar la ley. Aquí el organismo ha querido vender en los medios una cierta «disensión» con el Ejecutivo. Ha sabido ver el «gap»

En el lado del haber, el Gobierno, a la vista de la evolución del petróleo en estos días, amaga con los precios de los carburantes. Ahí está la CNMC rauda y veloz a proponer  30 medidas y crear un “#hashstag” (una palabra clave en Twitter para agrupar comentarios en torno a un tema e intentar hacerla “trending topic”, una tendencia entre los usuarios de esta red). Incluso, seguramente que esto habrá sido acudiendo al community manager del organismo, encargándole una iniciativa de “competencia friendly”, por lo que se ha propuesto publicar por Twitter y en el blog, un seriado con las 30 recomendaciones coincidiendo con la operación retorno y mandar una nota de prensa para decir que lo hará. Imaginemos a los conductores españoles leyendo eso de que los operadores petrolíferos no puedan participar en el accionariado de CLH, como primeras dos recomendaciones. ¿Qué preguntas podría hacerse alguien medianamente inteligente sobre un asunto de ‘política’, ordenación de los mercados, gobierno y ‘corporate’?  Error de misión, y por tanto, error de público, de target, de medio y de mensaje. E inanidad de la medida a estas alturas de campeonato. Este es el sino de los órganos reguladores ‘independientes’  en los tiempos de Twitter

Y, finalmente, el ministro de Economía Luis de Guindos, a cuenta de lo mismo, de los precios de los combustibles, acaba de decir que el Gobierno se apoyará en la CNMC para garantizar que la bajada del petróleo se traduce en el precio de los combustibles que pagan los consumidores españoles. Hasta utilizó en sus declaraciones, en referencia a la CNMC, ‘cuidadosamente’ la clausula “aunque se trata de un órgano independiente”. Considerando a Marín Quemada un hombre de su confianza, no está nada mal esta finta discursiva. Que quede claro todo.

En resumen, contra la dureza argumental y factual de los comportamientos del mismo organismo vistos con detenimiento, lo explícito de la relación con el Ejecutivo, de los cuestionamientos jurídicos a punto de reventar y de los reproches a nivel europeo sobre el formato del organismo, esto es lo que tenemos: su twitter, su blog y unas ganas inconmensurables de buscar reputación digital siendo “trending topic”.

La hora de Jesús Mota

/0 Comentarios/en , /por

El pasado domingo se publicaba una columna de Jesús Mota en el diario El País, en la que ponía el acento (ése es el nombre de la sección del diario dónde se ubican estos comentarios de opinión) en que la elevación de las cuotas de acceso de la factura eléctrica perjudica a los consumidores más eficientes o, mejor dicho, que dicha fórmula, contiene un incentivo que penaliza el ahorro energético.

Las columnas sobre el sector electricidad de Jesús Mota siempre contienen una indisimulada destilación de intencionalidad contra los sectores respecto de los que escribe, derivados de la orientación de los propios comentarios que el autor adiciona a sus formulaciones. Históricamente, esto se puede advertir en la trayectoria de este periodista respecto de sus posiciones en relación al sector empresarial de la entonces siderurgia española hasta que pasó a manos del magnate hindú del acero Lakshmi Mittal. Un tratamiento opinático éste, hacia los sectores y empresas del país, que era muy frecuente en los años 80 en ciertos sectores políticos izquierdistas, que eran particularmente beligerantes hacia las empresas de esos sectores, hasta que cambiaban de propiedad.

En el caso de los artículos de Mota referidos al sector eléctrico y, en éste en particular, el autor viene a atribuir la situación de la estructura tarifaria actual a lo que son sus temas ideológicos recurrentes: achacando su efecto a la recurrente causa de presiones del sector empresarial eléctrico, enunciado de forma ambigua. Sólo así se puede entender, el uso más o menos confuso combinado de la denominación “empresas eléctricas” o “sector eléctrico” cuando se alude a los costes regulados, cuyo cobro sí que efectúan las empresas distribuidoras del sector eléctrico, pero cuyos destinatarios o agentes retribuidos por las distintas actividades incluidas, son otros, que no se entienden comprendidos en las invectivas en virtud de su participación en el coste del suministro (primas, transporte, etc…) o cuya función es otra (el equilibrio tarifario interterritorial).

Con el fin de ser constructivos, en realidad, existirían tres teóricas formas de abordar el problema de los costes regulados en España a día de hoy. La primera es, de forma historicista, determinar cómo se ha llegado a esta situación, describir cuáles son los componentes que lo engrosan y, en todo caso, analizar la bondad o el ajuste de cada uno de los elementos a sus mecanismos retributivos.

La segunda, tiene que ver con las alternativas para la resolución del problema y sus impactos, es decir, el abordaje de los mecanismos regulatorios y financieros, para resolver su impacto en la tarifa para los consumidores domésticos y empresariales. Y, la tercera, sería el hecho de hacer hincapié en los efectos perversos que tiene sobre el consumidor esta fórmula, al penalizar los posibles esfuerzos de ahorro, dado que supone un término fijo en la factura, creciente en el tiempo, con independencia de su consumo (cuyo efecto no aumenta cuanto menos se consume, contrariamente al titular de Mota, pero que si es cierto que tiene un efecto desincentivador). En todo caso, cabe preguntarse de cuáles son las alternativas existentes en este esquema tarifario, si no intervienen los Presupuestos Generales del Estado en el mismo.

Dado que el artículo de Jesús Mota se limita a su labor de opinión periodística, no se aborda la resolución del problema abultado de los costes regulados, de cómo se han ido formando (sobreinversión, burbujas renovables, etc…), tampoco de las posibles vías de resolución del mismo (separación de la tarifa de aquellos elementos impropios al suministro: primas, coste de los sistemas extrapeninsulares, etc…) como se viene reclamando desde el propio sector eléctrico. La única explicación de la intención del artículo, en este momento, sería la de apoyar al Gobierno en lo que ha sido su política de contención o reducción discrecional de los costes regulados mediante intervenciones directas (cuya resolución o conflicto jurídico puede que vuelva), abolición de las subastas o implantación de los impuestos a la generación. Y, más, coincidiendo con las recientes advertencias del propio Ministro de Industria, como vigilante de la evolución de precios en el mercado mayorista toda vez que, la pretensión de utilización electoral de la tarifa eléctrica, podría verse aguada. Lo que es cierto, es que este es el problema mollar de la tarifa, aunque la lógica evolución del mercado mayorista en momentos de mayor demanda y de peor meteorología lo puedan distorsionar.

En todo caso, es importante advertir de esta visión del problema tarifario en España y de lo que supone la existencia de esta percepción distorsionada como condicionante en el enfoque de opinión y de contenidos del primer diario español respecto al sector eléctrico, incluyendo cómo el devenir ideológico hace extraños compañeros de cama. Es la hora de Jesús Mota.

Filibusterismo y conflicto político por el ATC

/0 Comentarios/en , /por

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para abordar la cuestión del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es que España cuenta con un sistema de generación de electricidad diversificado en sus tecnologías, que permite, descontando excesos de la burbuja renovable, contar con un mix de generación eficiente. Esto incluye evidentemente el parque de generación nuclear, cuya función de energía base, sin emisiones contaminantes, participa en ese mix de manera decisiva.

La necesidad de que España cuente con un almacén de residuos nucleares es evidente. La operación del parque actual, del que nadie pide aumentar su número de reactores, lo requiere a la vista de la factura que podría suponer aumentar el grado de expatriación de este proceso. Por eso, es una desgracia enorme que una cuestión de estas características, la construcción del ATC se haya incrustado en la tragedia de la política politizada convirtiéndose en un campo de batalla, es decir, en otro de los conflictos en el ámbito de la energía que evidencian el forcejo institucional del país, hasta convertirse en una pelea de sumo teñida de polémica, por alineación de administraciones y partidos.

Llegamos así a uno de los elementos comunes de este Gobierno en energía: un diagnóstico correcto, pero una instrumentación y articulación pésima, basada en el enfrentamiento y la soberbia, carente de negociación y conducente al conflicto institucional, en el que todos cometen errores y excesos en sus respectivos afanes. Hagamos un repaso reciente de la escalada: las maquinarias se activan tras cuatro años de letargo. No pasa inadvertida la «agilidad” sobrevenida de repente en el CSN, la ocultación de un informe calificado de irrelevante (siendo irrelevante ¿por qué se oculta?), su contradicción sin explicación (qué no significa que sea inexplicable) con los informes geológicos y la existencia de informes pendientes aún, a pesar de lo cual el CSN se pronuncia.

A cuenta de ello se produce, con motivo de este dictamen, un enfrentamiento posicional entre dos consejeros del organismo, Fernando Castelló (favorable al ATC) y Cristina Narbona (desfavorable), agente doble y antinuclear confesa. A ello se suma la discrepancia de voto entre Narbona y la consejera Rosario Velasco, ambas propuestas por el PSOE. Conviene estar atentos a la proyección de Narbona y a su instinto y experiencia política, algo que puede acabar trayéndole de cabeza al presidente del CSN, Martí Scharfhausen, el ex secretario de Estado de Energía que nunca lo fue, que puede verse salpicado por la gestión de este asunto y la penalización de la propia credibilidad de este organismo regulador encargado de velar por la seguridad nuclear.

En la misma línea, de movimiento acelerado, el propio ayuntamiento de Villar de Cañas aprueba un plan urbanístico a uña de caballo para poner alfombra roja a la instalación, que está siendo observado con lupa por la Junta de Castilla La Mancha, que amplía la protección medioambiental de una laguna cercana a petición de una plataforma anti instalación, lo que ocasiona la chispa del conflicto jurídico y del choque de trenes que previsiblemente acabará en los tribunales como un conflicto de competencias con el Estado.

A declaración medioambiental demagógica de la Junta de Castilla-la Mancha, respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, con anuncio de declaración de interés general. Por su parte, desde Industria se acude a la exageración y al maximalismo declarativo: José Manuel Soria considera que de no construirse el ATC, subiría un 30% la tarifa. En el campo de batalla, está también, cómo era lógico, todo el movimiento antinuclear muy bien engrasado.

Los detractores de esta tecnología saben que obstaculizar un proyecto así puede servir para encarecer severamente la operación nuclear en España y beneficiar a otras. Cobrarse esta pieza sería capital y redundaría en beneficios asociados. El Gobierno español se encuentra entre la necesidad de ser friendly ante las elecciones, la menesterosidad del descuido al habérsele echado el tiempo encima, más lo aguerrido de la forma de operar en cuestiones energéticas, jugando siempre a órdago, y no las tiene todas consigo.

Por eso, sin esconderlo, una de las argumentaciones es la formulación política de oposición a la energía nuclear, como reconocía el consejero autonómico de Medio Ambiente en una entrevista en Onda Cero a cuenta del filibusterismo jurídico que el gobierno regional empieza a ejercer contra el ATC de Villar de Cañas. Además de advertir de que los nuevos requerimientos del CSN incurrirían en un sobrecoste imprevisto al proyecto, destacaba su opción política por “otras fuentes de energía de carácter renovable”.

Por eso, también es cierto que la coartada medioambiental de la oportunista ampliación promovida por la Junta contra el proyecto, no resistía las preguntas de Carlos Alsina al consejero y sus grullas, lo que desenmascara a la vez un perfil muy político/politizado de la oposición al ATC que va a ejercer el nuevo gobierno regional de forma indisimulada. Narbona gana la partida en el PSOE.

A todo ello, Villar de Cañas, en medio de este conflicto entre Administraciones, teme que el proyecto se escape, con el empleo y desarrollo asociado al ATC, mientras recibe de su consejero autonómico, recién estrenado, promesas a cambio de la instalación del estilo de las mismas banalidades insustanciales e inconcreciones que prometió Zapatero para promover en su momento el cierre de Garoña una mañana de julio, con un argumentario menos improvisado, alejado de esquematismos y más elaborado desde la comunicación política.

La guerra ha comenzado.

«Tour de force» en el decreto del autoconsumo

/0 Comentarios/en , /por

La inminencia en la promulgación, traslado al Consejo de Ministros o aplazamiento del decreto del autoconsumo está llevando a que los movimientos y estrategias de lobby asociados al mismo se estén intensificando y cobren vigor en este cambio. En días pasados conocíamos como se estaban recabando apoyos en el ámbito europeo, con el agravante de que las cuitas energéticas españolas ya han alcanzado un grado de hartazgo notable en las instituciones comunitarias.

Del mismo modo, teníamos noticia de las indicaciones de la CNMC al respecto y de la propia Defensora del Pueblo, con pocas simpatías entre la institución y el actual Ministerio de Industria. También podíamos leer en la prensa artículos que lo promueven y lo defienden, teniendo en cuenta que su alcance es limitado a personas con capacidad de inversión del entorno de los 8.000 euros y titulares de viviendas unifamiliares con capacidad para colocar instalaciones de ese tipo. Los titulares de la industria buscan, lógicamente, un balón de oxígeno, desligados aparentemente del problema de las primas a determinadas tecnologías renovables.

En este contexto conocíamos como 18 partidos políticos y organizaciones se planteaban la promesa de derogación de este real decreto en caso de aprobarse. Un acuerdo que involucra a casi todo el arco político actual, incluyendo los nuevos partidos emergentes, en una reconfiguración segura del mapa político español tras las generales. Al Gobierno se le plantea un tour de force y, en energía, estos tres últimos años, se han incurrido y propugnado varios, por la propia gestión de las medidas adoptadas. Este decreto podría ser como el modelo retributivo de la fotovoltaica de los socialistas, predestinado a una demolición anunciada.

Se trata de artillería gruesa y, obviamente, es también una prolongación de una forma de hacer política energética característica de la legislatura tras el nombramiento de Alberto Nadal. El Gobierno sabe que, con el problema del déficit tarifario resuelto contablemente pero metido debajo de las alfombras, la regulación sobre el autoconsumo puede ser el principio de otro agujero fenomenal en la tarifa, de cara a la instrumentación para los autoconsumidores futuros de la posibilidad de eludir los costes regulados de nuestro actual modelo de suministro.

Por tanto, esta regulación es la consecuencia de ese enfoque y de no abordar en serio la detracción de los costes impropios de la tarifa, incluyendo la propensión a las inversiones en transporte que también están en el punto de mira. Si eso se hubiera producido, la regulación del autoconsumo tendría más posibilidades de haber sido neutral, con la aplicación de los costes debidos, y valer para el futuro. Del mismo modo, todos los argumentos buenistas y de ciencia ficción sobre el papel del autoconsumo en la transición energética hasta el momento caen en saco roto, en esa retórica parecida a la que llevó a la burbuja renovable, adanista con el conjunto del sistema de suministro eléctrico español y sus problemas.

Puestos así, se admiten apuestas. ¿Se publicará el reglamento de autoconsumo o se aplazará?

Ha faltado piel

/0 Comentarios/en , /por

Desde el mismo momento en que el Gobierno pergeñó la revisión del IRPF desde julio, el anuncio de la bajada en un 4% de los peajes por los costes regulados del sistema eléctrico era una apuesta segura. Desde hace meses, se especulaba en los mentideros de la energía con la posibilidad de que el Gobierno buscase una bajada de la parte regulada de la tarifa eléctrica. Cuánto más cerca de los procesos electorales, mejor; y así ha sido. Incluso se planteaba la expresión «no serán capaces». Como cualquier construcción demagógica, cualquier oposición a la medida puede ser tachada de “antisocial” y la apropiación de la misma estaba más que descontada.

El pequeño remanente de superávit eléctrico emergente producto de las cuestionadas medidas legales de los últimos dos años, con toda su provisionalidad y novedad, eran puestas en el escaparate y almoneda de la nueva política de un Ejecutivo necesitado de “gestos”. Ni siquiera las autoridades han tomado la mínima precaución prudente de esperar al final de año con unos resultados definitivos de la liquidación completa del ejercicio, puesto que quemaba en las manos empezar a proveer de buenas noticias y la política de dar abrazos.

Precisamente, las propias declaraciones de Soria afirmando que los 800 millones al cierre de 2015 de superávit irían destinados a la evicción de la deuda antigua confirmaban lo inevitable, es decir, que no iba a ser así. Se trata en una política en la que lo que se expresa es diferente a lo que se hace, con todas sus asimetrías y desniveles lo que, en definitiva, ha abocado a la pérdida de la confianza en las instituciones económicas del país.

Los periódicos titulan así: “El Gobierno baja la tarifa, e incluso, el 2,2% de los costes regulados lo hacen extensivo a toda la factura” También es nuestra cultura económica. Por tanto, con esa afirmación que lo atribuye al Ejecutivo, lo que no ha cambiado es que la tarifa eléctrica sea algo político, lo que quiere decir que no está sujeta a lo que determinan los mercados y los parámetros que deben ser sufragados, según la norma vigente en cada momento: es decir, que hay un componente discrecional. Y así ha sido y es. Todo permanece.

Los eventuales superávits que debían ir dirigidos a pagar los déficits tarifarios pasados han buscado una amortización electoral inminente, la misma mañana que empezaba la Conferencia política del Partido Popular y Soria aparecía ante el teleprompter. Los defensores de esa cultura política, incluso. la dan por asumida, normalizada, usual, corriente en una democracia como la española: para eso hemos ganado unas elecciones, para utilizar el BOE con esta finalidad. La única solución hubiera sido que se hubiera producido la liberalización plena de los precios de la electricidad, pero, siendo así, ¿qué sería de nosotros, consumidores, sin el protectorado político y los períodos preelectorales y su respiros? ¿A qué estaríamos expuestos?

Lectura uno: el Gobierno endosa al siguiente Gobierno el problema futuro del déficit tarifario y su resurrección. Si nos encontramos con un escenario de fracaso en los tribunales, arbitrajes y conflictos y, además, se pulen los superávits incipientes en electoralismo, nos encontraremos en la casilla uno del déficit tarifario más pronto que tarde: nos volveremos a encontrar hablando de la “herencia”, como los populares con la retribución a la fotovoltaica. La estrategia de división por subsectores y tecnologías ha funcionado para la distracción, pero el problema ha quedado “latente” como se puede ver.  Y, el futuro político, ya anuncia presagios.

Lectura dos: lo que denomina Jordi Sevilla como el populismo de derechas en el que enmarca estas medidas y las que vendrán. La nueva política y la nueva comunicación del partido del Gobierno es, en realidad, la misma de siempre, lo que viene a basarse en las recetas más esquemáticas de la política politizada: anuncio de bajar impuestos y la electricidad como último reducto de la Junta Superior de Precios en vísperas de las elecciones.

Lectura tres: ¿Qué pasará cuando se compruebe la dimensión de estas noticias? ¿Cuándo se maticen las bajadas por la situación meteorológica o por la facturación horaria de la electricidad o porque es un euro mensual?

La respuesta es que ha faltado piel.

Mejor llamen a un abogado del Estado

/0 Comentarios/en , , , /por

El pasado domingo el diario El País, publicaba un artículo de su equipo de investigación en el que se recogía cómo un número importante de Abogados del Estado estaban asesorando contra la Administración española en los arbitrajes que se están llevando a cabo por iniciativa de las grandes empresas y fondos de inversión internacionales por el recorte renovable. Se conoce esta información, además, después de los primeros pronunciamientos negativos para el Gobierno en los conflictos internacionales abiertos al considerarse estos tribunales de arbitraje «competentes» para juzgar la cuestión.

Inciso número uno. Los Abogados del Estado son un cuerpo muy importante y profesionalizado de la Administración española. La oposición que da acceso al cuerpo es muy compleja. Son grandes profesionales del Derecho, muy demandados y cotizados,  y su valor aumenta como consecuencia del deterioro en el que se mueve la actuación de los reguladores españoles. Existe un consenso casi generalizado: es un cuerpo de élite, muy profesional, muy bien formado y, técnicamente son los mayores expertos en Derecho Público. Son imbatibles en ese campo.

Por otra parte, en este Gobierno desempeñan un papel muy relevante, dónde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría es quizás su epígono principal como miembro de este cuerpo. Hay comentaristas políticos que señalan la existencia de la Brigada Aranzadi por el despliegue de este correoso cuerpo de la Administración. En realidad, una de sus misiones es traducir las invectivas del cuerpo político, los ministros y secretarios de Estado, en normas, con todo lo complejo que a veces eso supone por el propio defecto de diseño.

Así, el artículo del pasado domingo podrá tener varias lecturas en este contexto. Podrá servir para que Soria se justifique de la cascada de fracasos en los arbitrajes que se avecina: «si nuestros Abogados del Estado, ésos que conocen bien nuestras cosquillas, trabajan contra nosotros, nos las están encontrando». O bien, también puede ser un mecanismo que le prepara el cuerpo al ministro para que vaya aceptando una realidad que se precipita y que quizá le llegue a Soria, antes de finalizar la legislatura. Algo completamente predecible. Preparen las sales.

De hecho, en su momento, los miembros de este cuerpo en excedencia ya estaban asesorando a empresas y fondos cuando se aprobaron las normativas que proporcionaba jugosas e increíbles retribuciones a estas tecnologías. Agentes que se mostraban incrédulos ante las costumbres de nuevo rico de nuestro país y la forma en que se articuló la promoción de ciertas tecnologías renovables, en especial, la solar fotovoltaica.

Quizá es uno de los pecados de soberbia y de lectura errónea de la realidad de las medidas instrumentadas contra el déficit tarifario. No es lo mismo enfrentarse regulatoriamente con estos operadores que a un grupo de terratenientes de cualquier comunidad autónoma de nuestro país, al margen del debido respeto que también merece la seguridad jurídica de todos los operadores.

Detrás de la contratación de los servicios de estos profesionales, están entidades financieras y empresariales, que se rodean de los mejores en defensa de sus intereses. Ahí no vale la retórica del enfrentamiento beligerante, el modelo Alexis Tsipras, retórica como la que empleó el ministro al abolir las subastas CESUR. Es una obligación para el regulador conocer un mercado y sus agentes, así como el funcionamiento de los mecanismos jurídicos, empresariales, financieros y de mercado.

Una solución más razonable, pero más compleja, hubiera sido haber trasladado a los Presupuestos estas retribuciones desorbitada y, posteriormente, negociado su reducción y aplazamiento en una moratoria renovable. Negociar, gestionar. Pero, en su lugar, el resultado ha sido un enfoque tosco, que va a traer consecuencias que pueden ir desde la resurrección del déficit tarifario por la resolución de los arbitrajes al, como mal añadido, deterioro de la seguridad jurídica de nuestro país para la inversión, los mercados y las empresas, sin que eso no signifique el reconocimiento al desmadre interesado de la retribución y concesión que se produjo y la burbuja fotovoltaica de España.

Ahora no es tiempo de excusas, de justificaciones, de coartadas o de culpabilización hacia el cuerpo de Abogados del Estado, que ha sido comparado con el canterano Morata por su participación en chafarle la semifinal de Champions al Madrid. Lo cierto es que no ha debido sentar nada bien en Industria. Pero, como el spin off de la serie Breaking Bad, Better call Saul con su abogado protagonista, el mensaje está claro con la Administración española: si tienen un problema con la regulación, mejor llamen a un Abogado del Estado.

Neutralidad en la regulación del autoconsumo (II)

/1 Comentario/en , , /por

Desde la política, y ha sido una constante repetida en el último proceso electoral, los grupos políticos vienen alimentando una visión fantasiosa del autoconsumo como opción dentro del suministro eléctrico para dar un cauce de salida a los consumidores de una tarifa cuya parte fija es creciente por sus propios costes de acceso. No solamente los partidos políticos emergentes, proclives al populismo mágico, han incurrido en este problema. Partidos que han tenido responsabilidades de gobierno están haciendo bandera de esta reivindicación, uniéndose de forma poco meditada a los damnificados de la anterior burbuja.

La regulación del autoconsumo tendrá, por tanto, que oscilar entre lo posible, lo necesario, lo equilibrado y orillar las tentaciones para que sea disuasoria o, lo contrario, para que estimule una burbuja artificial, la sobreinversión y sobrecapacidad de generación, en este caso distribuida. En este escenario, estamos en la fase de que la confusión entre fomento, discriminación positiva o discriminación negativa respecto al resto de consumidores, y falta neutralidad en la regulación. Al margen queda el debate sobre lo cuantioso de los peajes de acceso.

La regulación propuesta del autoconsumo, actualmente de salida en la CNMC, busca disuadir por los peajes que se fijan; se estima que el retorno de la inversión de alrededor de 30 años. La CNMC, por su lado, remarca de forma futurista el papel de la fotovoltaica en el cumplimiento de los objetivos medioambientales españoles de cara a la planificación energética. Pero eso hay que aterrizarlo de acuerdo con el parque instalado, la capacidad, la demanda y la relación competitiva entre tecnologías limpias, con atención a la no discriminación con respecto al resto de consumidores que no pueden utilizar esta tecnología.

Finalmente, siguiendo con la diferencia entre fantasía y realidad, la no asunción de los costes de los servicios de red y de los servicios de acceso también es una posición ilusoria, utópica y discriminatoria con el resto de usuarios, lo que tampoco podría ser una opción, ni siquiera que deviniera en una burbuja incentivadora que causase tensiones financieras al sistema de suministro eléctrico. Y, la otra frontera, el límite de esta fantasía debe ser la no necesidad de subvención actual (o futura por reclamación), de fomento, incentivo o discriminación positivaa este modelo. Del mismo modo, la disuasión no parece sostenible como modelo regulatorio.

Calcular el coste de estos servicios de red en términos no discriminatorios con otros usuarios, es decir, en condiciones de neutralidad incluyendo la fiscalidad a la generación, no debe ser tan complicado sin hacer un ejercicio deliberado y oportunista de amnesia sobre los costes de acceso del sistema actual. Y, probablemente, la solución a este fantástico y fantasioso nudo gordiano.

Neutralidad en la regulación del autoconsumo (I)

/0 Comentarios/en , /por

La actualidad del sector energético en estos últimos estertores de la legislatura pasa por la regulación del autoconsumo que tiene el Ejecutivo planteada y de la partida de ajedrez mediática que hay a su alrededor, con tres ejes fundamentales. El primero es la depresión en términos productivos que se ha producido en el sector fotovoltaico español, fruto de las reformas operadas para la reducción del déficit de tarifa eléctrica.

La segunda tiene que ver con la elaboración argumental de un denominado “impuesto al sol” por los peajes que el Ejecutivo fija para dicho modelo de autosuministro. La tercera se está construyendo en torno a algo más libertario, un movimiento de separación del sistema, que acentúa las tendencias antiempresariales del país y cuyo punto álgido nihilista se ha cristalizado en la oposición a las pretensiones inspectoras y sancionadoras del Ejecutivo que pudieran incurrir en fraude.

El Ejecutivo parece un tanto escarmentado de la forma en que se forjó la dinámica de la burbuja fotovoltaica: ruptura de los diques de la planificación renovable en la fotovoltaica por pasividad y dejación interesada de las comunidades autónomas, descuido en la retribución, sospecha de grandes negocios en la cadena que iba desde la autorización a la puesta en funcionamiento, incluyendo procesos y flujos de financiación enormemente turbios, repotenciaciones encubiertas.

Igualmente se podrá atribuir la reclamación futura a los damnificados por una burbuja del autoconsumo en un país que va de burbuja en burbuja. En este contexto su propuesta ha sido poner pies en pared  y fijar unos peajes disuasorios, más que neutrales, viéndose impelido por una inminencia regulatoria energética en renovables de final de legislatura, fatal en los últimos gobiernos españoles (recuerdos ya tenemos).

Por otra parte, alrededor del autoconsumo energético se están planteando un ejercicio también fantasioso desde el punto de vista político. Un punto de partida es ver su posible alcance, para una sociedad, como la española, cada vez más urbana. Como punto de partida en el autoconsumo, desde el punto de vista del consumidor final, hay que partir de unas dimensiones mínimas. La primera, es que se traten de instalaciones de consumidores cuyas instalaciones tengan una potencia mínima de 5,5 kV, cuya inversión inicial se sitúa entre los 8.000 y los 10.000 euros, que requieren un mínimo de 40 metros de superficie para contar con ella.

Una inversión de tal calibre ya reduce el porcentaje de posibles consumidores que podrían acogerse a esta fórmula. Así este modelo de suministro se dirige a un colectivo con un perfil concreto: clase media-alta, rentistas, titular de viviendas individuales y con capacidad de invertir un equivalente a 10 años de consumo para buscar esa ansiada «separación» del suministro eléctrico general. Un perfil muy diferente de otros países dónde se estimula el autoconsumo por sus problemas de suministro y de capacidad. La pregunta, por tanto, es si es necesario el “estimulo” al autoconsumo en España en este estado de cosas. Es decir, una respuesta entre estímulo al autoconsumo frente a neutralidad.

Déficit tarifario, superávit y pobreza energética: la versión Seco

/0 Comentarios/en , /por

Recientemente podíamos leer en Cinco Días, un artículo de  Andrés Seco, actual director de Operación de Red Eléctrica de España, aunque estaba firmado con una calificación académica genérica en calidad de Ingeniero de ICAI. Evidentemente, la pretensión del autor de desligar el contenido de su artículo de su actual responsabilidad en el operador de transporte y sistema español (TSO) resulta más o menos pueril, como también lo sería separarse del propio PP, del Gobierno o de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Se trataría de una manera forzada de expresar una opinión a “título particular”, sino fuera por la actualidad informativa del tema al que se refería.

Inciso número uno: el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) y el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (ICADE), son dos una instituciones centenarias en el ámbito educativo universitario de la Ingeniería y de la empresa, directamente vinculadas a la Compañía de Jesús y hoy integradas dentro de la Universidad Pontificia de Comillas. En la actualidad, probablemente en la Universidad Pontificia de Comillas, es donde existe uno de los verdaderos think tank españoles en el sector energético.

Su nivel de influencia es bastante transversal, aunque la tosquedad con la que se han instrumentado las últimas medidas normativas han pasado de toda lógica regulatoria y nadie pueda atribuirse un posible ejercicio de influencia. En este sentido, sus encuentros semanales gozan de todo predicamento y, como grupo de pensamiento, éste se caracteriza por la profundidad de sus debates en el ámbito regulatorio y económico.

Inciso número dos, el artículo se publica con posterioridad al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica de España y  tras la aprobación por parte del Ejecutivo de la Planificación Energética en el que se incorpora una previsión de inversión en transporte de más de 4.000 millones de euros a favor del TSO español. Completando el contexto, el ministro de Industria apareció informando de la previsión de superávit tarifario en 100 millones de euros en 2014 y se prevén 900 millones de euros para este año, superávit que, según Soria, se aplicaría a la reducción de la deuda pasada. Es así como lo recoge la Ley y como impone la lógica de responsabilidad frente al endeudamiento pasado.

Por su parte, Andrés Seco, hasta ahora director de Operación de REE, proponía en su artículo, de indisimulada vis política, vigoroso, incluso de vocación tuitera en tiempos de Podemos, la aplicación de este superávit a efectos de reducir la pobreza energética, a efectos de “regalar” la energía a los consumidores vulnerables. Hacía un cálculo de trazo grueso calculando esta equivalencia.

Pocos matices en la propuesta como, por ejemplo, una compensación hasta un límite de renta disponible que se establece para un consumidor vulnerable según las propias definiciones internacionales y europeas. Evidentemente, no era una propuesta que podría haber devenido de una discusión del expertise y el debate usual en el think tank de Comillas. Y, tampoco evidentemente, se corresponde con las propias declaraciones inmediatamente pretéritas del ministro José Manuel Soria.

La propuesta merece la atención no tanto por su virtualidad sino por lo que supone de contribución más o menos generosa al Gobierno en su menesterosidad de ideas amables para acercarse al electorado en tiempos de reinvención catódica en comunicación. Si no es así, es que el propio Ejecutivo tiene el enemigo en casa y algo así no puede pasar inadvertido. O que, definitivamente, este artículo pudiera ser un signo de que a Andrés Seco no le ha sentado nada bien el nombramiento de Lasala.

De la confusión en el debate sobre el autoconsumo: ¿fomento, discriminación positiva o discriminación negativa?

/0 Comentarios/en , , , /por

El torrente informativo que ha provocado la propuesta de regulación del autoconsumo nos debe hacer recapacitar sobre tres posiciones diferenciadas pero que se están poniendo de manifiesto de forma confusa pero intencionada en este debate.

En primer lugar, en algunos medios de comunicación se lee la reclamación de que el Estado “fomente”, es decir que subvencione o beneficie las instalaciones en régimen de autoconsumo. Determinados sectores renovables reclaman esta opción, haciendo una grosera comparación con las políticas incentivadoras existentes en ciertos estados de Estados Unidos donde, por otra parte, existen graves problemas en las redes y, por tanto, su fomento está justificado. Algo que en España no es así, dada la capacidad existente en nuestras redes de transporte y distribución, el desarrollo renovable alcanzado y la potencia instalada de generación de nuestro país. Una posición de “fomento”, subvencionadora del autoconsumo, sería un despilfarro actualmente inasumible.

Una versión light de este fomento del autoconsumo sería la exoneración a las instalaciones en régimen de autoconsumo de los costes de acceso (por otra parte, engrosados por partidas que deberían afrontarse en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la política de renovables pasada) y del impuesto a la generación que deben pagar todos los usuarios cuando utilizan energía generada en el régimen especial. En este caso, estaríamos hablando de discriminación positiva, entiéndase a favor del autoconsumo, frente al resto de consumidores. Tanto esta fórmula como la anterior provocaría un abandono del sistema general de suministro actual, al incluir incentivos para hacerlo, de forma que los consumidores restantes se tuvieran que hacer cargo del sistema, haciéndolo insostenible a medio plazo.

En tercer lugar, y de forma maniquea en el otro extremo, se sitúa la discriminación negativa, consistente en aplicar un conjunto de costes a la actividad que la hicieran prácticamente inviable. Es decir, un modelo disuasorio, que fuera más allá de la lógica económica, jurídica y moral aplicable. De hecho, quienes promueven las instalaciones en autoconsumo, son conscientes de la necesidad de utilización de los servicios de la red, por lo que, es necesario que participen y sufraguen los mismos. Lo que sí está claro es que el sector eléctrico es un sector en red y la solución debe proporcionarse en la red y asumiendo los costes de la red.

El autoconsumo puede ser en el futuro para el PP lo que la fotovoltaica, con su retribución, su regulación y su desmadre, ha sido al PSOE. Proponer una legislación disuasoria y extremista puede ser un bumerán para los populares. Por tanto, la pregunta es si el modelo propuesto, más cercano a la tercera vía que apuntamos, tiene visos de que se virtualice en una norma legal futura, así como si esta regulación propuesta va a gozar de estabilidad con posterioridad al cierre de este legislatura.

A la vista de la situación de nuestro modelo de suministro, la solución razonable pasa, evidentemente, por no subvencionar el modelo de autoconsumo, ni incentivarlo por la vía de discriminaciones positivas hacia el mismo, con el fin de no aumentar la sobrecapacidad conjunta del sistema, ni generar nuevas tensiones. No hay razón para ello. Al mismo tiempo, lo lógico es que se calculen los costes que deben afrontar estas instalaciones en paridad de condiciones con cualquier otro consumidor, evitando una discriminación positiva o negativa con el resto de consumidores.

Se hace necesaria una solución en red y con visión global.