Neutralidad en la regulación del autoconsumo (I)

La actualidad del sector energético en estos últimos estertores de la legislatura pasa por la regulación del autoconsumo que tiene el Ejecutivo planteada y de la partida de ajedrez mediática que hay a su alrededor, con tres ejes fundamentales. El primero es la depresión en términos productivos que se ha producido en el sector fotovoltaico español, fruto de las reformas operadas para la reducción del déficit de tarifa eléctrica.

La segunda tiene que ver con la elaboración argumental de un denominado “impuesto al sol” por los peajes que el Ejecutivo fija para dicho modelo de autosuministro. La tercera se está construyendo en torno a algo más libertario, un movimiento de separación del sistema, que acentúa las tendencias antiempresariales del país y cuyo punto álgido nihilista se ha cristalizado en la oposición a las pretensiones inspectoras y sancionadoras del Ejecutivo que pudieran incurrir en fraude.

El Ejecutivo parece un tanto escarmentado de la forma en que se forjó la dinámica de la burbuja fotovoltaica: ruptura de los diques de la planificación renovable en la fotovoltaica por pasividad y dejación interesada de las comunidades autónomas, descuido en la retribución, sospecha de grandes negocios en la cadena que iba desde la autorización a la puesta en funcionamiento, incluyendo procesos y flujos de financiación enormemente turbios, repotenciaciones encubiertas.

Igualmente se podrá atribuir la reclamación futura a los damnificados por una burbuja del autoconsumo en un país que va de burbuja en burbuja. En este contexto su propuesta ha sido poner pies en pared  y fijar unos peajes disuasorios, más que neutrales, viéndose impelido por una inminencia regulatoria energética en renovables de final de legislatura, fatal en los últimos gobiernos españoles (recuerdos ya tenemos).

Por otra parte, alrededor del autoconsumo energético se están planteando un ejercicio también fantasioso desde el punto de vista político. Un punto de partida es ver su posible alcance, para una sociedad, como la española, cada vez más urbana. Como punto de partida en el autoconsumo, desde el punto de vista del consumidor final, hay que partir de unas dimensiones mínimas. La primera, es que se traten de instalaciones de consumidores cuyas instalaciones tengan una potencia mínima de 5,5 kV, cuya inversión inicial se sitúa entre los 8.000 y los 10.000 euros, que requieren un mínimo de 40 metros de superficie para contar con ella.

Una inversión de tal calibre ya reduce el porcentaje de posibles consumidores que podrían acogerse a esta fórmula. Así este modelo de suministro se dirige a un colectivo con un perfil concreto: clase media-alta, rentistas, titular de viviendas individuales y con capacidad de invertir un equivalente a 10 años de consumo para buscar esa ansiada «separación» del suministro eléctrico general. Un perfil muy diferente de otros países dónde se estimula el autoconsumo por sus problemas de suministro y de capacidad. La pregunta, por tanto, es si es necesario el “estimulo” al autoconsumo en España en este estado de cosas. Es decir, una respuesta entre estímulo al autoconsumo frente a neutralidad.