El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

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Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

La Ley 25 de Podemos en tres episodios y un ‘zasca’

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Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.

La reapertura de Garoña: la decisión técnica y la decisión política

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Es necesario percibir con el suficiente distanciamiento la episódica situación de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña para comprender lo que está pasando y como se está embarrando el terreno en torno a esta decisión. Una frialdad prácticamente imposible en el caso de Garoña.

Distanciamiento, en este caso, que supone el hecho de no figurar en ningún bando, ya sea el de forofos o el de los opuestos respecto a una tecnología de generación o respecto a cualquier otra. Y este mismo distanciamiento es necesario para valorar cuáles serían las tecnologías que podrían sustituir el hueco nuclear en el mix de generación. De ahí, los intentos en convertir la reapertura de esta central en una cuestión de política politizada a través de los medios. Los titulares en la prensa española contribuyen en la politización de una cuestión de índole técnico y procedimental tras la solicitud de renovación de operación por parte de sus titulares.

Todo parte del debate falaz en torno a la vida útil de estas instalaciones. Falaz, en primer lugar, porque la vida útil inicial de una instalación puede prolongarse en función de la inversión adicional que se vaya produciendo, así como de las condiciones de seguridad y mantenimiento que la misma tenga (como en tantas otras instalaciones y activos), sin que haya mediado una obsolescencia tecnológica. Cuestión que, por otra parte, ya se ha resuelto en países con comportamientos democráticos y económicos pragmáticos como Estados Unidos.

Por tanto, podemos leer titulares que afirman que se “aceleran” los pasos para la reapertura de Garoña, tras el cumplimiento de las inversiones y requerimientos fijados por la Administración a la misma. Y también se puede leer cómo el aplazamiento (reglamentariamente establecido) de la valoración de su situación en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también se entiende en clave política. Añadamos además el marco general de una situación de stand by en la política española combinado con lo que supone convertir Garoña en tema de combate en las redes.

Los contrarios a su reapertura afirman que debería ser una decisión “política” y que hay que dejar al Gobierno que finalmente surja (de las elecciones o de los pactos) manos libres para hacer y deshacer sin que haya consecuencias económicas. Temen que la resolución del debate de la vida útil mediante una prolongación condicionada a la certificación de la seguridad de la instalación suponga la ruptura del dogma del concepto de vida útil en sus planteamientos. Por tanto, censuran cualquier afirmación que no conlleva la adopción de ese posicionamiento político.

En esta línea, el PSOE se opone a la reapertura de Garoña por tres motivos: defender el cierre de 2013, dispuesto por Zapatero y anunciado con fuerte aparato mediático y apoyo de los sectores más radicales del partido; por recuperar la cabeza de las posiciones antinucleares en las corrientes más izquierdistas de España, aunque suponga encarecer los precios de la electricidad; y seguir la influencia de Jorge Fabra en los actuales jóvenes responsables del partido dedicados a la energía. Esta pretensión del PSOE les une a Podemos, que combina el papel relevante que juegan los ecologistas de Equo en esta formación junto a las pulsiones intervencionistas hacia el sector eléctrico que respiran la mayor parte de sus iniciativas y postulados.

Por su parte, como trasfondo, el PP ha proseguido con la tendencia a la politización del CSN, un órgano que, en teoría, debería estar exclusivamente dedicado a vigilar y garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, no a definir la política en torno a esta tecnología. Se trató de asegurar el control político con el nombramiento como presidente del CSN de Fernando Marti Scharfhausen tras su paso por la secretaría de Estado de Energía. Una decisión que ha derivado en el incendio torpe del organismo, derivando en el escándalo permanente. Y, en el intercambio de cromos del turnismo político, se incorporó como consejera por parte del PSOE a una política antinuclear declarada como Cristina Narbona. El cóctel es explosivo.

En conclusión, se deben separar las decisiones técnicas de las políticas. En primer lugar, el cumplimiento de los criterios de seguridad de una instalación nuclear para seguir operando mientras así se cumplan debería ser una cuestión estrictamente técnica en el seno de un CSN no politizado. Posteriormente, se trataría de valorar esta decisión en términos de política energética, a su vez, inserta en la política económica y medioambiental: mantener un mix de generación equilibrado, que responda a los principios de seguridad, medioambiente, cumplimiento de nuestros objetivos en materia de emisiones de gases contaminantes y sostenibilidad económica en la tarifa, teniendo en cuenta, además, lo que supone despreciar potencia operativa, inversiones realizadas y el impacto marginal en los precios de generación.

Pero eso, es ya mucho pedir.

Una subasta extravagante

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La reciente subasta de potencia eólica y biomasa ha tenido un resultado sorprendente. Sorprendente por el hecho que ningún operador eólico actual haya resultado adjudicatario de la potencia resultante. Sorprendente por el descuento del 100% del incentivo ofertado. Y sorprendente porque, de facto, la oferta ganadora del grueso de la potencia eólica va mucho más allá (la renuncia del incentivo se conseguía con un 52% de reducción del incentivo) al reconocer un coste de su inversión (capex) cero, lo que implica, que el beneficio teórico es infinito.

El resultado tiene varias lecturas: la primera, dado que un proyecto sujeto a este modelo retributivo no es financiable por el sistema bancario, conllevaría que el operador adjudicatario procedería a su financiación completa con fondos propios. Esto es, como se dice en el argot de los submarinistas, a pulmón. Tanto es así que, en fuentes sectoriales se especula con dos posibilidades: una, de que la oferta se haya formulado así por un error de cálculo; o dos, con que finalmente no llegase a ejecutarse, lo que supondría que en 2020 los adjudicatarios perdiesen los avales constituidos, a razón de 20.000 euros por MW. Una vez explicadas las consecuencias financieras y corporativas de esta subasta quedan, en segundo lugar, sus derivadas.

De forma inmediata, el hecho de que, eventualmente, no se ejecuten finalmente esos proyectos sería una solución políticamente inocua para los responsables actuales dado que Nadal y Soria habrán pasado seguramente a mejor vida institucional y, entonces, échales un galgo. En paralelo, se detraen consecuencias respecto a la visión y respeto hacia lo empresarial del Ejecutivo. De forma más extensa, una segunda reflexión tiene que ver con la insignificante cantidad de potencia ofertada tras 4 años en blanco y las previsiones de necesitarse 6.400 MW eólicos. En este sentido, la estrategia seguida por el Ejecutivo apunta a que ha sido la de crear una falsa “escasez” para conseguir este resultado a la desesperada cuya demanda ha quintuplicado la oferta realizada.

Lo que se pone en cuestión es que pueda ser replicable este modelo de subasta para los 5.900 MW restantes con este resultado cuando el Ejecutivo, tras reconocer la necesidad de este volumen de nueva potencia eólica, proceda a convocar y organizar la preceptiva subasta. La reclamación del sector renovable ha sido que se proceda a convocar esa macrosubasta ya.

Por otra parte, la comunicación política asociada al resultado de la propia subasta también ha resultado ser especialmente llamativa. Por un lado, se ha marcado el acento, de forma ciertamente ufana, en el hecho de que ninguno de los operadores existentes en el mercado fuese adjudicatario de esta potencia, tratándose de un outsider. Hecho que ha dejado especialmente mal cuerpo y que evidencia los propios resabios podemitas de la comunicación institucional oficial hacia lo empresarial.

Además, Industria ha tratado de aprovechar el resultado extemporáneo para hacer comparativas con los costes de las primas resultantes de la época Zapatero. Para ello, ha utilizado como término de comparación, con enorme descaro estadístico, los costes de la tecnología fotovoltaica de 2009, cuyas realidades comparadas son muy diferentes. Algunas comparaciones son odiosas, pero unas especialmente más que otras. Todo ello como insinuación al proceso de desenlace de los arbitrajes internacionales actualmente en fase de resolución. Para Industria, ha sido una pieza en una “campaña extremadamente pueril” con ese alcance.

Por tanto, esta subasta, anunciada para que se produjera en el período preelectoral y posteriormente aplazada, deja dudas de que sus conclusiones y resultados sean proyectables al futuro. Una lectura inercial y tosca de los mismos puede llevar a equívocos. Al propio Gobierno en funciones.

Recorte renovable constitucional: sentencia balsámica de consumo interno

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La sentencia del Tribunal Constitucional, favorable por atribuir la condición de constitucional a la reforma Nadal-Soria en los sistemas retributivos de las tecnologías renovables de régimen especial (de partida, especialmente delirantes para ciertas tecnologías), puede resultar engañosa. No tanto desde el punto de vista de su ajuste a la legalidad constitucional como por las consecuencias económicas relativas a esta cuestión que se siguen devengando hacia el futuro para el Reino de España.

En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional, por su propio mandato y cometido, circunscribe su acción al ajuste de la normativa al texto constitucional español y, por consiguiente, a la justificación de esta medida, aceptando en su auto las tesis del Gobierno formuladas a través de la Abogacía del Estado en el proceso judicial que está celebrándose en el Tribunal Supremo. Es más, los votos particulares emitidos por 3 magistrados sobre la sentencia del Tribunal Constitucional critican que la argumentación jurídica haya sido escueta, lamentando que no se haya aprovechado el momento para sentar doctrina acerca sobre el concepto de retroactividad y de confianza legítima.

Podemos recordar que, en el pasado, cuando había cuestiones en las que se suscitaba la necesidad de cuestionar el concepto de retroactividad, existían discusiones doctrinales profundas como la distinción entre retroactividad propia o impropia. A la vista del texto de la sentencia, esta vez el contenido de la misma ha sido más expedito. Esencialmente, se construye sobre la interpretación del concepto de retroactividad y seguridad jurídica en el marco de la idea de interés general y su integración dentro del estatalismo latino que emerge de estas lecturas de nuestra Constitución. Además, el Tribunal Constitucional también justifica la utilización por el Gobierno de la regulación vía decreto ley, una herramienta legal dirigida a cuestiones de urgencia.

Por su parte, el Ministerio de Industria (en funciones) defiende su ejecutoria pasada y ha tratado de “estirar” el alcance del valor del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, afirmando que la sentencia desmonta los argumentos contrarios a la reforma. Algo que es más balsámico que exacto puesto que, en el ámbito nacional, todavía queda la resolución de numerosos procesos abiertos a cuenta de las renovables, tanto en el Constitucional como en el Supremo. Ya es conocida, por otra parte, la táctica de achique de espacios que activa el actual equipo del Ministerio de Industria hacia el resto de instancias y poderes del Estado. Pero la realidad es que estamos ante una sentencia de «consumo puramente interno»

En todo caso, la actuación de Industria es de una comunicación política audaz puesto que no sabemos si va a servir de mucho en las instancias internacionales, un ámbito capital, dónde se dirimirá el futuro de estas normas. Por tanto, habrá que esperar a las instancias internacionales: la sentencia remite como instancia de recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todavía no han empezado a dirimirse los conflictos y arbitrajes internacionales dónde, además, la relevancia de los actores que hay personados contra España es un elemento muy inquietante (E.On, RWE, Nextera, entre otras)y dónde los precedentes no auguran buenos resultados en el corto y medio plazo para los intereses del Ejecutivo actual.

Con estas consideraciones, dado que el déficit tarifario ha sido siempre resultado de una mala regulación y de una mala gestión pública de los sistemas de incentivos, una interpretación de la retroactividad sometida a la volatilidad política de los gobiernos en España tiene un efecto económico a largo plazo para los inversores. Negativo, desde luego.

La segunda derivada de esta sentencia es que, si la interpretación constitucional nacional de los conceptos como seguridad jurídica, retroactividad y confianza legítima, sometidos al interés general (a su vez, entendido esto último de forma sui generis por cada Gobierno de turno con sus propias prácticas), no resultasen acordes con los consensos e instancias internacionales económicas en esta materia, insertos en el mundo globalizado en que se realizan negocios e inversiones, ¿Qué sería de nosotros como país en el conjunto de las economías occidentales? ¿Es posible operar en el mundo económico con una inquietante discrepancia a la hora de entender la actividad y los negocios? ¿Entenderemos algo de lo que pase a partir de entonces?

Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

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La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El precio de la electricidad entra en campaña

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Sostenemos en Energía Diario que el tratamiento, en general, de los precios de la energía en España es puramente político. No que sea puramente política desde el punto de vista de disponer de una política energética de Estado, sino del proceso de política politizada española, con todos sus aditamentos, presiones sociales y tertulianos. Desde que el franquismo, en su debilidad, controló los precios del petróleo en la crisis de 1973, coincidiendo con el final de la dictadura y el temor de sus protagonistas, la historia tiene reversiones y actualizaciones en este campo.

Llegamos ahora al período previo a las elecciones del 20 de diciembre y nos encontramos con las promesas de José Manuel Soria de bajada del precio de la electricidad para 2016 y, a la vez,  con la aparición consunta, en modo contrarréplica desde la CNMC, de las estadísticas de evolución de las tarifas de los últimos 10 años y de la última legislatura popular. Se presenta esta dicotomía como una lucha de sumo para imponer el «marco» de comunicación sobre los precios de la electricidad.

Aprovechando  el clima de presión social en torno al precio de la electricidad (intentando ponerlo a su favor) y el desconocimiento general, se instrumenta una bajada de tarifas a partir de los recortes a las renovables, se fijan nuevos peajes y se bajan pagos por capacidad a las centrales térmicas y nucleares. A esto se une la fijación de los denominados “peajes vascos”, que experimentan bajadas para las industrias ubicadas en País Vasco y Navarra, disolviéndose entre el resto de consumidores. Por su parte, el remanente del ejercicio de los ingresos del sistema eléctrico en 2015 no se aprovecha para reducir la deuda acumulada, que no desaparecida, del déficit tarifario.

Por su parte, los nuevos partidos entrantes, en lo que se refiere a la electricidad, ni huelen dónde están realmente los problemas regulatorios de los precios eléctricos ni el grave problema de la fiscalidad energética y su efecto sobre los precios del kilovatio, por lo que el debate burdamente se queda en si es cara o si es barata la electricidad en España y en bramar al respecto. Las propuestas programáticas son toscas y remedos idelologizados, anticosas o procosas, de las que ya todos sabemos.

Y José Manuel Soria, al que los medios más conspicuos lo dan como sustituto de Luis de Guindos como Ministro de Economía en un futuro Gobierno, con el BOE en una mano y la ingeniería contable de las tarifas y los peajes en la otra, vuelve a la carga y actúa en línea con lo que es el resto de su “programa electoral”: seguir por la misma senda cuatro años más en el convencimiento de que el uso político de la energía es el camino.

Es temerario suponer que la opinión pública va a considerar estas medidas mejor que la percepción creada durante todo este tiempo. Es cierto, a veces, la mente juega  malas pasadas.

Vivimos en el franquismo cool.

Los informes de los precios de la energía y Regreso al Futuro

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Con dos días de diferencia se han presentado dos informes referidos a la evolución de los precios de la electricidad para el consumidor en España. Uno a cargo de David Robinson, senior research fellow en The Oxford Institute for Energy Studies, en el que detalla la evolución de los precios de la electricidad en comparación con los países de la Unión Europea, resultando que los precios eléctricos españoles al consumidor han tenido una evolución alcista en los últimos seis años, muy superior a los países de nuestro entorno.

Además, Robinson estudia los componentes de dicho crecimiento; ante una evolución favorable y semejante en nuestro mercado de generación en términos de precios, colige que esta evolución alcista superior en España es fruto de las decisiones regulatorias que han incrementado lo que él denomina la cuña regulatoria: primas, impuestos y otros conceptos ajenos al suministro que encarecen el recibo. Además señala la cantidad de subsidios cruzados que soportan los consumidores domésticos españolesa la hora de pagar el suministro eléctrico.

Respecto al presentado por la asociación de consumidores Facua, su informe realiza una comparación longitudinal temporal en 30 años entre el precio final pagado  por el consumidor y la evolución del  salario medio en estos 30 años, resultando que la evolución del precio de la electricidad ha experimentado un incremento mucho mayor que el correspondiente a los salarios, como también lo ha hecho el IPC en general. El informe se centra en los distintos suministros energéticos para realizar también esta misma comparativa referida al precio del butano, carburantes y gas natural realizando una comparación intergeneracional del tipo Regreso al Futuro.    

Respecto a la electricidad, esta correlación salarios-precios sigue la estela de la política de Rodrigo Rato de asociar la evolución del IPC al kilowatio, como bien recordará José Folgado de cuando fue secretario general de Energía. Además, la elección de la comparativa sugiere la idea de asociar la administración de precios políticos para distintos bienes y servicios, con independencia de los comportamientos de los mercados o con el propio mecanismo de formación de precios de cada sector. ¿Cuál es la razón para que la formación de los precios de la energía siga el comportamiento del IPC o de los salarios, o de cualquier otro tipo de indicador, teniendo en cuenta sus propias dinámicas, impuestos, componentes y mercados que lo determinan?

Evidentemente, las conclusiones de los dos informes no son contradictorias, sino que incluso pueden ser complementarias, y una guía para abordar esta cuestión de forma no demagógica para las elecciones que se avecinan. Además, a las propias asociaciones de consumidores les puede aportar una orientación hacia otras vías de reclamación en los costes de la electricidad que afectan al bolsillo de los usuarios para enfocarse a ellos, como son los componentes de la cuña y los subsidios cruzados que soportan.

De cara al devenir político inminente en el que la energía será un elemento encima de la mesa, es positivo comprender que la evolución de los precios de la electricidad en nuestro país ha sido creciente fruto de absorber decisiones políticas en el coste del suministro, lo que nos debería hacer evitar los discursos antisistema, antimercardo, antiempresariales o intervencionista, sino más bien todo lo contrario.

En ese marco es en el que se ha desarrollado tradicionalmente este debate en España. Eso sí que sería regresar al futuro.

Autoconsumo, año cero

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Escribía Jordi Dolader, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía en referencia al entonces proyecto de Reglamento de Autoconsumo, que éste era el único proyecto que nuestro país se podía permitir con lo acumulado de nuestra historia presente. Implícitamente, Dolader, hacía referencia a las decisiones regulatorias que habían conducido a la burbuja renovable, al encarecimiento de nuestro sistema de suministro y al incremento de los costes de acceso en la factura eléctrica.

En esta afirmación se encuentra la clave para comprender el problema del Decreto recién aprobado (y que había hasta apuestas de su promulgación) con todas sus dimensiones. Se trata de abordar la cuestión del autoconsumo como un elemento que se introduce dentro de la órbita de un sistema, el eléctrico  y, por tanto, con su correspondiente repercusión (técnica, organizativa y económica) a la hora de de articular el suministro de electricidad en nuestro país.

En sentido contrario, entender la cuestión del autoconsumo eléctrico como una cuestión referida meramente al impulso y promoción (o reimpulso, de unas industrias o de unas tecnologías) sería reducirlo en su alcance y dejarlo en el mero aspecto tan manoseado de los intereses (y, por otra parte, un enfoque tan frecuentado, incluso por los propios organismos reguladores). Y, la otra forma de reduccionismo es abordarlo puramente en términos de comunicación política, en clave de discurso buenista o ecologista (anzuelo que muerden los propios artífices de la comunicación política del Gobierno).

Por su parte, la reclamación de las instalaciones de autoconsumo de no contribuir en términos semejantes al de los otros consumidores al sistema, en aras del desarrollo de este mecanismo de suministro o de la mejora del medioambiente, es pueril y adanista, sobre todo teniendo en cuenta nuestros antecedentes, el coste del suministro actual y la cuestión del déficit tarifario con sus formas de absorción. Algo que, consecuentemente, crea enormes diferencias y discriminaciones, entre los consumidores que no pueden suministrarse de esta forma, afectando a capas importantes de la población y trasladando las cargas pasadas a otros consumidores, sobre todo urbanos.

Consumidores vs. autoconsumidores

Incluso, de facto, hoy es un problema de autoconsumidores contra consumidores. Si nos atenemos a la realidad demográfica, el autoconsumo es una opción para quienes poseen una instalación individual en una vivienda de unas ciertas características y capacidad de inversión para su adquisición e instalación. El autoconsumo no es opción viable para los consumidores urbanos (el 80 % de la población). Por tanto, estos últimos financiarían en el sistema los costes que los autoconsumidores que dejarían de sufragar de su desconexión al sistema en el modelo más extremo de desconexión.  Además, si nos atenemos a las posiciones y conocimiento de los consumidores a este respecto, nos damos cuenta que su concienciación es baja respecto de de las cargas indebidamente soportadas por los consumidores domésticos.

De igual forma, este mecanismo sí que se podría ver facilitado de haberse producido la separación de los costes impropios incluidos en el suministro y su atención desde los Presupuestos Generales del Estado, permitiendo un cálculo ajustado de los costes que los consumidores y, por tanto, los autoconsumidores tendrían que atender. Es decir, si se hubiera planteado de forma global en términos de “sistema” viendo su papel y aportación real.  Al igual, que la cuestión del balance neto, en términos de que necesidades de mayor oferta de generación requiere el sistema y a qué plazos.

Más allá de todo lo anterior, el Gobierno con esta regulación finaliza la legislatura en energía a excepción de la previsible revisión de precios energéticos pendientes con el horizonte de las próximas elecciones. Eso no quiere decir que la cuestión, tal y como se haya regulado, vaya a ser estable y que el Decreto recién aprobado (aunque todavía no publicado) tenga visos de permanencia. Actualmente, además de existir muchas fuerzas contrarias, esta es una cuestión muy golosa para la práctica de la demagogia, con exceso de cercanía a las elecciones. Por otra parte, de forma tímida, es una medida que alimenta la tendencia de desmembramiento del sistema, tal y como hoy lo conocemos, y afectará  a sus empresas (que empiezan a contemplarlo en sus estrategias), a sus operadores de transporte y sistema, a sus reguladores,  su organización económico-financiera y a su gobernanza.

La interrumpibilidad,  otra vez

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Esta semana comienzan se ponen en marcha las subastas de interrumpibilidad que, gestionadas por Red Eléctrica de España (REE) y supervisadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, atribuyen los lotes de este servicio mediante puja a las ofertas más competitivas de las empresas demandantes de la misma

Partamos de la definición del servicio de interrumpibilidad. Se trata de un servicio mediante el cual las empresas (grandes consumidores de energía) ofrecer la desconexión durante un período (es decir, la interrupción de su suministro) a cambio de un descuento/bonificación en el coste de su consumo.  Es decir, es un mecanismo mediante el que se articula cómo el operador de sistema eléctrico (REE) ordena el cese de la actividad productiva de una instalación por circunstancias de la red, a cambio de un descuento en el precio de la energía que reciben.

Dicho servicio, a raíz de la llamada “reforma eléctrica” se reformuló mediante el sistema de subasta. La primera subasta de interrumpibilidad fue muy controvertida puso al Ministerio en el ojo del huracán. De hecho, a partir de un diseño inicial de tiralíneas, el cambio que se produjo en las  tarifas en los consumidores industriales y, de forma combinada, las primeras subastas de interrumpibilidad, conllevó que se tuvieran que repetir las subastas para que salieran medianamente aceptables, dado que sus anteriores beneficiarios no accedían a ellas, complicando la viabilidad de sus actividades industriales. Se calibraron mal los efectos en determinadas industrias, el acceso de las mismas al mecanismo y por ello, acabaron repitiéndose hasta que su resultado fue el “deseado”. Son cosas, ese tipo de actuación, a prueba y error, que en nuestro país empiezan a verse con normalidad.

Por tanto, los destinatarios natos de este proceso son las empresas, cuyos procesos productivos precisan un porcentaje importante en energía, siendo posiblemente su ‘input’ más relevante. Siderúrgicas, aluminio, metalurgia, papeleras, etc… son, en puridad, las principales destinatarias de este proceso, cuyo montante se incluye, eso sí, en los costes de acceso. Por otra parte, por su propia construcción es un subsidio de unos consumidores (domésticos) a otros consumidores (industriales).

Vayamos de la virtualidad a la realidad. Es un servicio que, diseñado así y con un exceso de capacidad de generación eléctrica notable, no ha sido necesario de su utilización hasta el momento. Es decir, el operador de sistema, REE, no ha hecho uso de él y lleva sin hacer uso de él en sus definiciones semejantes previas (pagos por capacidad, servicios de gestión de la demanda, etc…), nunca.

Quizá por eso, en las notas de prensa del propio Gobierno existe un empeño importante en emplear la palabra “utilidad” en referencia al mismo.  A la vez, se da la paradoja que los demandantes de este servicio consideran que los paquetes ofertados son escasos o insuficientes. Lo que viene a reafirmar las tesis de que se trata un “descuento en  factura” orientado eufemísticamente a fomentar una política industrial. Cuestión que, por otra parte, nos pone en la mirada de la Unión Europea y la sospecha de que este mecanismo pueda entrar en las sospechas de ser declarado una ayuda de Estado, algo que aterra a las autoridades españolas que Administración, tras administración no resuelve el problema.

De hecho, el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha llegado a sugerir la posibilidad de ofrecer más interrumpibilidad en función de la «demanda». La pregunta es, ¿de la demanda de qué?, ¿de necesidad de tiempo de interrumpibilidad? Si no la hay. Pero la concepción de la tarifa como caja de compensación que subyace aunque se hayan sofisticado mucho los mecanismos que lo regulan y así, esa expresión de la ‘demanda’ en realidad hace referencia a la demanda energética derivada de una mayor producción industrial.

Y, además, en esta semana, hemos comprobado como los movimientos de los agentes económicos se han hecho incesantes e insistentes alrededor de la subastas. La gestión de comunicación de lobby está funcionando a tope y de libro. La campaña de lobby se ha orquestado correctamente, de forma que la semana pasada salía un ranking de competitividad industrial en el que España descendía por debajo de Italia por el coste de la energía para las empresas.

Además, en esta ocasión, la exclusión de ciertas plantas en su posibilidad de concurrencia en las presentes subastas de interrumpibilidad, sobre todo las papeleras, ha teñido este mes de agosto de polémica para este sector, como denuncia ASPAPEL.  Por otra, los propios trabajadores y Comités de Empresa, están siendo movilizados ante las subastas, cuando no ha mediado reunión previa de alto voltaje entre los representantes de los trabajadores y los gestores de sus empresas alertando de la evolución del a compañía en días previos a la subasta y significando que incluso un buen descuento en la factura eléctrica puede no ser suficiente para la viabilidad de su actividad por circunstancias de demanda. En el caso de Alcoa, además, se han tensado discrepancias entre s dos plantas (Avilés y San Ciprián) por las pujas efectuadas por su gerencia para cada una de ellas y su efecto sobre la actividad de las mismas.

Pero, en realidad, esta no es la forma de solucionar el problema de los costes de la energía en la industria y para los consumidores. La solución sigue siendo la separación de los componentes incluidos en la tarifa que no forman parte del suministro y desposeer a la tarifa de ese carácter de caja de compensación y de subsidio cruzado. Si no, siempre estaremos en esta ceremonia del interruptus.