Energía en Común

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El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo está teniendo consecuencias a múltiples niveles, también desde el punto de vista del sector energético. No está siendo inocuo, puesto que está dibujando un mapa político muy complejo, dónde el abordaje pasado de los cuestiones energéticas no beneficia el enfoque futuro; es más, lo condiciona. En todo caso, la política seguida en estos cuatro años no ha sido ajena a que se produzca este resultado funesto.

Durante la campaña repasamos las propuestas en materia de energía de las principales formaciones políticas aunque no era el ámbito de gobierno adecuado el que estaba en juego en las urnas. Está claro que la resolución de la cuestión energética es algo no resuelto desde el franquismo, con su disimulo respecto al shock energético del 73: se aborda desde presupuestos intervencionistas, ocultando parte de la realidad de los decisiones políticas tomadas, sobreinversiones, sobrerretribuciones, combinado con una letal intención de “protección” al consumidor y de buenismo para todos los colectivos. Sus resultados son inverosímiles, disfuncionales desde una concepción del sistema energético y, a la vez, causantes de deterioro a las empresas, los mercados y del sector.

Así,  las propuestas incluidas en los programas estaban más centradas en aspiraciones maximalistas: hacia el cambio de modelo energético, en las que se tuvo que desmentir la nacionalización de las empresas; otras con la secesión del sistema eléctrico en ciudades como Barcelona; y otras con fórmulas de inclusión de nuevos impuestos sobre las empresas energéticas, prosiguiendo con el modelo de hostigamiento, entendiendo la energía como un suministro objeto de gravamen.

El resultado ha devenido en un efecto que se aprecia en la Bolsa, ante la consumación del ascenso de las candidaturas impulsadas por Podemos: Barcelona en Comú, con Ada Colau, con algunas dudas actualmente respecto a su designación como alcaldesa de la ciudad, o con el señalamiento de Manuela Carmena como posible alcaldesa en Madrid.

En el partido del Gobierno también se han producido estragos relacionados con la energía a cuenta de las elecciones con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, atribuyendo al ministro de Industria, José Manuel Soria, parte del fracaso electoral por su política respecto al sector minero español. Una cuestión, por otra parte, cada vez más imposible de abordar sin politización. A eso se une la justificación de los malos resultados de los populares en Canarias como un efecto de los sondeos petrolíferos. Además, el conflicto en determinadas comunidades autónomas por los recortes operados en las tecnologías de régimen especial también estuvo presente durante la campaña.

El hecho es que los nuevos consistorios y comunidades autónomas se constituyen con varios transfondos relacionados con la energía, desde la pobreza energética, la evolución de la política y precios energéticos en el marco de las reformas pasadas y sus efectos latentes, el futuro de la minería nacional, los sistemas metropolitanos independientes sugeridos, el fracking y el resto de iniciativas políticas más o menos recientes. Permanezcan atentos a las pantallas.

La Comisión Europea en el avispero español

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Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, visitaba este miércoles España. Danesa, de perfil y comportamiento nórdico, directo, es uno de los pesos pesados de la Comisión Junker y tiene un halo de dura y rigurosa. Enarbola el caso Google, con un fuerte aparato mediático a su alrededor. No es una comisaria al uso y está siendo una de las caras más conocidas del nuevo Ejecutivo europeo. Ostenta, además, una de las comisarías de primera categoría en la actual Comisión Europea, estructurada en dos capas.

En su estancia en España y comparecencia ante los medios en los desayunos de Europa Press, Margrethe Vestager fue interpelada respecto a la cuestión que dictamine que las primas a las renovables sean consideradas como ayudas de Estado ilegales por su volumen excesivo. La comisaria anunció que hasta el momento no hay una decisión tomada por la Comisión Europea respecto a este expediente y añadió que hay que tener «mucho cuidado» cuando existen procesos judiciales abiertos, dado que los resultados de sus investigaciones pueden influir en los litigios en marcha.

En días anteriores se había conocido que, en estos momentos, desde el propio Gobierno español se estaría intentando la consumación de un acuerdo con el Ejecutivo comunitario para que la Comisión incoase un expediente a España que, de facto, supondría la remoción de las políticas renovables seguidas en los últimos años con un efecto cuantificado en más de 40.000 millones de euros en primas. Un aval al sistema de recortes ideado por Industria y cuyo escenario judicial es muy sombrío, incluyendo las últimas revelaciones sobre los informes que lo soportaron.

Por otra parte, la invocación a la Comisión Europea desde Industria en este sentido, confirmada por la propia Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, se realiza una vez que España ya colecciona más de una docena de arbitrajes a nivel internacional por las reformas en el sistema retributivo desde la cúpula del Ministerio de Industria, José Manuel Soria y Alberto Nadal, además de los procesos judiciales en el plano interno.

Dichas maniobras son consideradas por distintas fuentes como estratagemas de última hora para tratar de mitigar las consecuencias de los previsibles reveses judiciales de la reforma de forma que, con la calificación de ayudas de Estado ilegales por excesivas, se permitiría una posición del Gobierno ante los tribunales que desactivara las devoluciones e indemnizaciones subsiguientes en los pleitos que se resolviesen de forma negativa en cada una de las instancias.

Fuentes solventes apuntan al responsable de la Oficina Económica de Moncloa y al secretario de Estado de Energía, los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal respectivamente, como los que habrían tomado el mando de los movimientos de la ofensiva del Gobierno español en Bruselas en esta materia, buscando el apoyo del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, en su momento propulsado por Rajoy para ocupar esta cartera.

La primera derivada de estas declaraciones de la comisaria Vestager es que en Europa se han dado cuenta del papel y del momento en el que se buscado la implicación de la Comisión Europea dentro del conflicto renovable en España y, a la vez, que se reserva un margen de maniobra respecto a las actuaciones del Gobierno de nuestro país para abordarlo en clave comunitaria.

Por otra parte, la forma en que se abordan estas cuestiones en la Comisión Europea, en las que se mezclan competencia, seguridad jurídica, conflictos judiciales y arbitrajes, se analizan con mucho detalle y precisión, teniendo en cuenta los efectos para las inversiones y los mercados financieros, elementos clave en la política europea de la actualidad. La maquinaria de la Unión, como dice un perfecto conocedor de ella, Alejo Vidal-Quadras, está orientada al acuerdo, con grandes dosis de diplomacia,  y tiene una concepción muy minuciosa y transparente de los asuntos públicos.

En definitiva, la comisaria danesa se sacude las avispas que el Ejecutivo español ha depositado en la Comisión Europea sobre esta cuestión. Después del desayuno informativo en Europa Press, la comisaria Vestager se reunió con el propio José Manuel Soria en la sede del Ministerio de Industria. Tiene mucho morbo, con el perfil de los dos, saber que se dijeron.

El “piloto” de secesión eléctrica de Trías para Barcelona (I)

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En el marasmo causado por el torrente de las promesas electorales para el 24-M, se ha conocido la propuesta del actual alcalde de Barcelona y candidato por CiU, Xavier Trías, de constituir un operador eléctrico metropolitano para la Ciudad Condal. Se trata de una iniciativa inédita en el ámbito del municipalismo español que debe ser interpretada en el entorno independentista que se vive en Cataluña.

Cabe señalarse que esta propuesta puede ser el germen de un modelo independentista en la medida de que la secesión catalana requiere un sistema energético propio: un “piloto” reducido sobre el que constituir un modelo energético propio, anticipo preparatorio de un escenario separatista.  Una propuesta así supone un paso hacia el desmembramiento del sistema eléctrico sobre la base de la creación de un sistema independiente, una fórmula que empezaremos a oír con enorme insistencia a partir de este momento. A la vez, es una cuestión no menor de cara al futuro del sistema eléctrico español.

Otro detalle a advertir es que la propuesta, teniendo en cuenta la ambigüedad con la que se formulan habitualmente en este estadio electoral, está formulada de forma bastante precisa, explicitando incluso el diseño societario de la misma, pensado en modo de una extensión de la actual empresa municipal Tersa Tratamiento y Selección de Residuos S.A. Por tanto, se trata de una “idea” de forma que en su expresión ya se han dado pasos hacia adelante, habiendo colocado el horizonte de 2017 para su consecución final.

Para su formulación y presentación electoral se han utilizado todos los elementos biempensantes que espera el electorado con inquietudes progres: independencia energética, autosuficiencia energética, “eliminación de intermediarios” e inversión en tecnologías renovables para contribuir al medioambiente de la ciudad de Barcelona.  No falta nada de lo necesario en términos de marketing político. Por eso, además, analizaremos esta propuesta desde la perspectiva de la inversión o, mejor dicho. de la sobreinversión en capacidad de generación que supondría la propuesta de Trías.

Por otra parte, el hecho de que este esquema se realice a través de la constitución de un operador de titularidad pública, también representa una oportunidad para fortificar la estructura del sector público de las instituciones catalanas, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona. Lo cierto es que el modelo sería de corte intervencionista o estatal pero a la escala de las instituciones municipales. Un modelo de unas características que ya se anticipaban en sus líneas generales en los informes encargados por la Generalitat para la transición a la independencia, ya analizados por Energía Diario.

En suma, estamos ante el proyecto piloto de separación de Cataluña del sistema eléctrico español, formulado por el alcalde Xavier Trias. Y la pregunta es, sabiendo los vaticinios de los sondeos actuales que incluyen la posibilidad de que la podemita Ada Colau le arrebate a CiU ser la primera fuerza política en la Ciudad Condal: ¿qué es lo que puede salir de Barcelona en estas condiciones? El domingo lo veremos.

El PSOE en su laberinto negacionista renovable

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La política renovable está causando estragos importantes en las formaciones políticas españolas. Por una parte, el PP está siendo hostigado  por parte de los afectados por la reducción de la retribución de las instalaciones renovables, operada en el marco de la reforma eléctrica. Su consecuencia principal está siendo que en las capas intermedias del denominado capitalismo popular de propietarios de huertos solares se ha desatado una formidable campaña contra los populares en varias regiones del país, afectando a parte de su electorado “natural”.

Por otra parte, la actual dirección del PSOE está azuzando el fuego con el tema renovable; en parte por la búsqueda de réditos electorales, en parte por el propio zarandeo y desmembración de sus posiciones en materia de energía que sufre internamente: ora antinuclear, ora renovables con retribución a todo trapo, ora procarbón. De hecho, recientemente Cristina Narbona afirmaba que el Gobierno de Zapatero se había equivocado en su segunda legislatura con el recorte de las primas a las renovables. Omitía, en esa misma intervención, cualquier referencia al descontrol y a los sistemas de incentivos que empujaron la burbuja renovable mientras ella ocupaba su puesto en el Consejo de Ministros.

Hace seis meses el propio Pedro Sánchez se conminaba, en esa especie de rueda de promesas electorales devastadoras en las que se enreda quién está en la oposición, a reimplantar las primas a las energías renovables, concretamente en un encuentro con productores fotovoltaicos en el feudo popular de la Región de Murcia, estableciendo así un puente emocional entre el pasado y el presente, incidiendo en el modelo de generación de burbujas, ilusión monetaria y fiebre del oro. Política de decir a cada uno lo que quiere escuchar en cada mitin.

En todo caso, con estos titulares se produce la entrada en el charco del PSOE, haciéndole el juego al PP respecto a sus críticas sobre la gestión de las renovables llevada a cabo por los socialistas, de despilfarro y burbuja renovable. Todo ello agravado por la inanidad de la propuesta realizada porque en el fondo todo el mundo sabe que ya nada será igual en el desarrollo renovable español futuro.

Quizá, bajo un atisbo de responsabilidad, lo que se tenga que plantear quien aspira a formar Gobierno no es tanto la reinstauración de un sistema retributivo endiablado, generador de burbujas, sino cómo acometer los reveses judiciales que se van a derivar de los cambios regulatorios realizados en la retribución de las mismas, operadas por cierto con altas dosis de riesgo regulatorio, inseguridad jurídica y poco diálogo con los agentes económicos de todos los sectores concernidos.

Por eso no es de extrañar cuando Felipe González se remueve actualmente desde sus posiciones de retaguardia del partido, cuando advierte del negacionismo socialista del pasado en su ejercicio de acción de Gobierno así como del adanismo de la actual dirección del partido y su desconexión con una visión de Gobierno, de Estado y de país. Algo que en energía empieza a ser altamente inquietante.

Elecciones del 24-M y energía

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Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo están siendo un excipiente, muy particular desde el punto de vista energético, que se configura como uno de los elementos recurrentes de la controversia pública.

Como consecuencia de la profusión con la que los partidos, principalmente los emergentes, se están empleando en definir, de una forma u otra, un cierto programa que perfile su oferta política, lo cierto es que les está llevando a pisar terrenos que, claramente, no pertenecen al ámbito de las competencias de las Administraciones concernidas en estos comicios. Básicamente, de forma apropiada, estaríamos confinando el debate en estas elecciones a cuestiones relativas al fomento de la eficiencia energética y el despliegue de nueva potencia renovable, en el caso de que desde la Administración central se propugnase.

Esa extralimitación, enormemente morbosa, es el resultado de un sistema político que se encuentra en un momento de excepcionalidad disfuncional. Sólo así es posible comprender, por maximalista, que en este marco se pueda elucubrar alrededor de la eventual nacionalización de las empresas energéticas o del cuestionamiento del  funcionamiento de los mercados como mecanismo de asignación y gobernanza en los sectores energéticos en nuestro país, o qué se utilicen premisas falsas o incompletas sobre qué tecnologías son baratas o caras. Todo ello sin una sola réplica. ¿Cómo es posible esta desmesura?

A esto contribuye que estas elecciones aparecen como un mecanismo de evacuación del malestar ciudadano hacia el clima político: un plebiscito entre el bipartidismo y los partidos emergentes. Así, se trata de interpretar cualquier señal que emiten estas nuevas fuerzas, aunque sean formulaciones intencionales o aproximaciones puramente dogmáticas o discursivas. Así, la forma de abordar cuestiones como la pobreza energética, los precios del kilowatio o del butano evidencian posiciones económicamente muy oblicuas y con la mirada excluyente de la evolución de los precios del crudo y de los mercados internacionales.

Los expertos en comunicación política afirman que la campaña empieza el mismo día que finaliza un proceso electoral y se nombra gobierno. En este sentido narrativo, en esta legislatura, se ha tratado de meter en cintura el déficit tarifario eléctrico en términos contables, pero determinados problemas de fondo siguen coleando y larvados, fruto de la falta de definición de una política energética fuera de los maximalismos, de la distribución de beneficiados y perjudicados y de la falta de convicción liberalizadora y de mercado en España.

Si se une la debilidad institucional, la tendencia a la sobreinversión  y el estallido de los escándalos políticos en torno a las burbujas sectoriales el coctel es muy peligroso. El hecho, es que la politización en torno a la cuestión de los precios de la energía (electricidad, gas, carburantes y butano) se ha acentuado, con independencia de lo ejecutado en estos sectores y sus respectivos sistemas tarifarios y de precios, incluyendo las especulaciones sobre posibles rebajas a la vista; con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide.

Exquisiteces aparte, la cuestión no es que las cuestiones energéticas que se están abordando en esta campaña pertenezcan al ámbito municipal y autonómico. Quizá, habrá que plantearse las posibilidades que entraña el modelo de pactos entre partidos al que nos avecinamos, con el discurso político predominante en nuestro país sobre la energía y lo que se puede entrever. Para nota.

¿A dónde va el PSOE en energía?

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Si unimos a esto la desconfianza del ciudadano español en el capitalismo y en los mercados, explotada políticamente cuando conviene, así como la pervivencia del modelo TSO, que une al operador de transporte y del sistema, con sus disfunciones e incentivos inversores y el clima social económico del país, se acrisola un magma pro intervencionista de primer orden en lo que se refiere al sector energético. Otra cuestión que influye decisivamente es la escasez de perfiles de profesionales y responsables políticos y de gobierno de un perfil liberal/gestor en el sector energético. En suma, esta realidad conforma un monopolio de interpretación energética en clave estatalista.

El hecho es que desde entonces, la política española, por muchos motivos, no es capaz de separarse de esta forma de acercamiento a la energía. Las propias intervenciones y actuaciones de la última Administración, del último inquilino del Ministerio de Industria también han seguido dando cuenta del papel de los precios de la energía en el debate político como elemento politizado. Véase, la suspensión de la liberalización completa pendiente en el sector eléctrico, o las revisiones metodológicas del butano, el episodio de abolición de las subastas, entre otras cuestiones relacionadas.

Puestos en estas coyunturas electorales, la evolución del PSOE en energía requiere atención en la medida de que los socialistas forman un partido que ocupó responsabilidades de gobierno. En definitiva, es preciso reconocer que el PSOE es un partido cuya naturaleza no se inscribe en el magma outsider que ha descolocado la reciente evolución de la política de nuestro país.

De ahí que la irrupción de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, con la entrega de su discurso y de su programa en materia de energía a los postulados ideológicos retroprogresivos, apuntan en la dirección de la interconexión política con Podemos, con el gozne necesario de Jorge Fabra y de Economistas frente a la crisis en esta materia, con el terreno abierto y entregado sin resistencias en el partido del puño y la rosa.

Sobre todo porque la partida en el proscenio socialista tiene muchos protagonistas más o menos ocultos que o bien tienen la cuestión energética en un segundo lugar, como el caso de Felipe González, o bien se acercan a Zapatero y su inoportunidad, materializada en su actitud hooligan con el almacén Castor sin reconocer el pecado original del mismo, que era lo innecesaria de tal infraestructura.

Consumada, en la práctica, la desaparición de los liberales del PSOE como Carlos Solchaga o Claudio Aranzadi, el mutis del ex ministro Miguel Sebastián, cuya última etapa se empleó en enmendar parcialmente lo hecho en los años anteriores, y los escarceos del grupo parlamentario por tener una posición digna, formada y de equilibrio entre todas las partes, hoy los socialistas son una incógnita en manos de un solo pensamiento fuerte: el intervencionismo en la energía.

Los pasos, declaraciones y programas conocidos desde Ferraz, eso sí, trazan un puente entre socialistas y Podemos en su perfil electoral. Y es que va a ser cierta la parodia de José Mota respecto a la influencia de la coleta de Pablo Iglesias en el Comité Federal de los socialistas. Eso es, energía con coleta.