Nuevo Gobierno: riesgos del nombramiento para la energía

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Será este jueves cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente su nuevo gabinete. Desde la sesión de investidura se viene especulando, cada vez con mayor fruición, acerca de la composición del mismo. En este artículo nos ocuparemos por un lado de los criterios que se han seguido para designar en tiempos pasados, pero recientes, al responsable de energía; en segundo lugar, de los nombres a los que ha tenido acceso Energía Diario y que contarían como candidatos a la cartera ministerial.

La titularidad de Industria, Energía y Turismo, quedó sumida en la orfandad tras la salida del ministro offshore José Manuel Soria. Orfandad que fue cubierta de aquella manera desde abril por la égida del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con todas sus inhibiciones y silencios al respecto, y bajo la tutela del hasta ahora secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Hay que tener en cuenta que la trayectoria seguida por los últimos gobiernos en la cobertura de esta cartera no ha sido especialmente halagüeña, sobre todo al estar inserta en el ámbito más difuso de Industria. Al perfil de José Manuel Soria, excesivamente proclive al protagonismo, hay que sumar a sus antecesores socialistas, Joan Clos y José Montilla, que también contaban con un marcado carácter y trayectoria política anterior relevante, frente a un perfil técnico o económico que les avalase.

La excepción como perfil híbrido económico-técnico fue Miguel Sebastián quien, realmente, comenzó a comprender el sector energético al final de su mandato, tras provenir de la Oficina Económica del presidente Zapatero. De los anteriores gobiernos populares hay que recordar cómo José María Aznar atribuyó conscientemente la siempre patata caliente de la energía al vicepresidente Rato y al entonces secretario general José Folgado (actual presidente de Red Eléctrica de España), quien seguramente recuerda todavía las increpaciones que recibía por los apagones.

Por tanto, el principal problema que plantea la designación de un ministro de Industria es que se ha venidoaplicando un mecanismo de cobertura de índole política y de preferencia personal. Argumentos como dar una contraprestación por servicios prestados en el partido, ser catalán, ser vasco, barón territorial, alcalde prominente, amigo del presidente, etc…, son elementos que cotizan en el pool de ministrables. En todo caso, la coyuntura actual obligaría a hilar más fino y a ser conscientes de la importancia del nombramiento y de la relevancia de esta decisión.

Los nombres que suenan en esta ocasión: aunque todo el mundo apuntaría a que el claro favorito es Alberto Nadal, responsable del cuadre contable del déficit de tarifa, el escenario es enormemente abierto dada la propia personalidad de Rajoy y sus propias cábalas. Resulta difícil que pudiera ser ministro si su hermano Álvaro, procedente de la Oficina Económica, pasase a ocupar una cartera. El mayor paroxismo sería tener a un hermano de ministro y al otro de secretario de Estado.

Por otra parte, se descarta la alternativa que más reciente se ha colado en las quinielas con el nombre de Josep Piqué, quien ya fuera Ministro de Industria, cuyas suspicacias y prevenciones en el seno del Ejecutivo son públicas. También recibe suspicacias y apuestas, por igual, Dolores de Cospedal. Incluso en ciertos ambientes se incluye el nombre de Guillermo Mariscal, portavoz de Energía en el Congreso y situado en la órbita de José Manuel Soria.

Asimismo, el nombre que suscita más coincidencias es la estrella ascendente de Javier Maroto, vasco y cuya relación con el mundo industrial podría ser decisiva. En este caso hay que recordar su manifiesta oposición a la actividad en la central nuclear de Garoña cuando ejercía de alcalde de Vitoria, lo cual sumaría puntos de cara a atraerse al PNV. Otro candidato, hombre del partido, es Fernando Martínez-Maíllo, que ocupó la presidencia de la Comisión de Industria en la legislatura fallida.

Esperemos que la energía, cuya legislatura será intensa y cargada de cuestiones de fondo, no se gestione por un canje. Posiblemente la peor solución será utilizar la cartera de Industria para colocar a los ministrables desubicados una vez completado el sudoku, lo que incidiría en la tradición de la clase política española de que la energía es una asignatura maría.

En torno a la sentencia del bono social discriminatorio

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España no está para argumentos que requieran atención y precisión. Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la financiación del bono social, por otro lado esperable y predecible con unos conocimientos básicos de Derecho, lo demuestran. El bono social es una forma imperfecta, por su forma indirecta de entender la renta disponible en el domicilio, de trasladar a la legislación española el concepto de consumidor vulnerable y de pobreza energética en lo que se refiere al suministro eléctrico.

El bono social supone una reducción del 25% de la tarifa para aquellos consumidores que cumplían una serie de condiciones. Dicha reducción está sufragada fundamentalmente por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, como está reglamentariamente fijado por decisión del regulador. La sentencia, por su parte, pone en cuestión que el bono social deba ser sufragado por los grupos que integran las actividades de producción, distribución y comercialización, cuando, en realidad, existen más agentes en el sistema.

No hay que olvidar la dimensión de “política social” que tiene el bono social y que debería ser resuelta de forma pública vía política fiscal y no con la tarifa eléctrica. Hagamos una analogía. Imaginemos que, el Estado determina una entrega de alimentos gratuita para los individuos que estén por debajo de un umbral de pobreza y se determina por norma legal que lo tienen que sufragar las tres principales cadenas de supermercados. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo ha sido que, esa fórmula no es posible, es ilegal y no se adapta a las normas comunitarias por su propio desequilibrio, discriminación y desigualdad.

Lo que subyace debajo del diseño de la medida es una mirada oblicua sobre los propios agentes empresariales (a efectos de determinar el descuento, pagado selectivamente por elección discrecional del Gobierno) y la tendencia española a solucionar vía subsidios cruzados, frente a una ortodoxia hacendística y fiscal que sea responsable de aquellas materias que deben tener naturaleza pública. Todo ello en los tiempos de la demagogia económica de corte colectivista, por un lado, y de la superación de las previsiones de déficit en los Presupuestos Generales del Estado por otro.

Empiezan las turbulencias para el nuevo gobierno en ciernes, como cosecha de las tropelías pasadas. Ahora tocará la propia reliquidación al respecto. Por eso, en lugar de pedir intervención, es mucho más necesario pedir rigor y ortodoxia en la regulación.

La información sobre la evolución de los precios de la electricidad

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Pocos países occidentales mantienen una tensión informativa alrededor de los precios eléctricos como en España. De hecho, el cruce de informaciones es tal que se roza el amarillismo, de forma que información que es de alcance público se convierte de facto en una especie de posición u opinión a la hora de ser publicada.

La causa proviene de la combinación de cuatro factores: primero, la tradición intervencionista española en el precio de la electricidad, que no de la energía; segundo, la ausencia de un modelo de liberalización eléctrica que permita la realización de ofertas reales a las empresas frente a una compleja tarifa regulada de precios por horas; tercero, que sea el sector eléctrico el que asuma los costes de adecuación ambiental a las normativas internacionales, un logro del resto de sectores; finalmente, el modelo de comunicación política española, procedente del falangismo ideológico, de supuesta protección al consumidor como sujeto político que vota y del que se contagian todos los agentes, cuestión que curiosamente no se extiende a otros servicios y bienes de consumo.

Cuatro factores, más un quinto, que es que todos participan (o participamos) de esta ceremonia. Fruto de ello, el Gobierno en sus tribulaciones busca las fórmulas comparativas cada período publicado para tratar de convencer a la opinión pública de que la electricidad «siempre baja» con respecto a algo, con respecto al mes anterior, con respecto a principios de año,  en el interanual respecto al mismo período, en el interanual acumulado…

Del mismo modo, las asociaciones de consumidores, especialmente las  que están asesoradas por el colectivo retroprogresivo, intentan mostrar que siempre sube en uno de sus parámetros o con respecto a algo. Da igual que, en la cesta global del IPC, la energía venga cayendo en su participación en los presupuestos familiares de los consumidores españoles. De igual modo, se abstrae que la parte fija (los costes de acceso y sus componentes) sea tan elevada que haya pasado a ser casi una tarifa plana y desincentiven la eficiencia o los subsidios cruzados con los distintos consumidores.

A su vez, las entidades más beligerantes de las tecnologías renovables intentan mostrar que las oscilaciones del mercado eléctrico (con independencia de su variación porcentual, su estacionalidad o estacionaridad o que coincidan con la evolución de los precios internacionales de la energía) son las causantes de las subidas, sean coyunturales o momentáneas. Tampoco hay rastro de análisis sobre los costes regulados, su volumen e impacto.

Los propios medios de comunicación incurrimos en el ejercicio de ser arrastrados por esta tensión informativa, y esa pretensión protectora, frente a una información de precios como ocurre en los mercados del petróleo o del gas, dónde se analizan realmente los factores que inciden en la coyuntura. De esa forma se alinean con los modelos de comunicación política subyacente en cada momento, de cada agente y sus intereses, y en ese plan. El resultado es una comunicación política falaz y llena de trampas en la que los malabares estadísticos asientan la teoría de que las estadísticas son utilizadas como las farolas para los borrachos, para apoyarse pero no para iluminarse.

A todas las maniobras políticas se une el cruce de datos entre Ministerio, Instituto Nacional de Estadística y las organizaciones de consumidores, contribuyendo algunos medios de comunicación con cifras obtenidas de forma errónea de la calculadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues excluyen el primer día de cada mes. Una herramienta, la de la CNMC, que además utiliza el perfil de consumo medio elaborado por Red Eléctrica, que es puesto abiertamente en cuestión por algunas asociaciones de consumidores respecto a que responda al consumidor moda.

Por eso, y para no dejar en manos de la turba el aquelarre, a partir de este momento, la información mensual de la evolución de precios eléctricos se realizará en Energía Diario comparativamente con el mismo mes del año pasado y con información sobre el acumulado de todo el año, explicando la participación de la parte fija y variable en la factura final. Todo ello con evidente economía de medios, adjetivos y calificaciones, haya procesos electorales o no. Solo nos queda que cunda el ejemplo.

Fainé toma las riendas de Gas Natural Fenosa con un accionariado de mayoría tripartita

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El inminente relevo de Salvador Gabarró por Isidre Fainé al frente de Gas Natural Fenosa no es un dato menor. Sucede además tras el proceso de venta de participaciones por parte de Criteria Caixa (grupo La Caixa) y de Repsol del 20% de Gas Natural Fenosa al fondo de inversión Global Infrastructure Partners (GIP), convirtiéndose éste en uno de los tres accionistas de referencia de la energética. Una operación que asciende a 3.803 millones de euros.

La operación permite el doblete a Criteria Caixa: hacer caja para el holding industrial y mantener a la vez una posición importante en el gobierno de la energética pese a la reducción en su participación. La correlación de fuerzas en el accionariado y gobierno de Gas Natural Fenosa ha variado sustancialmente con la operación. Si de forma precedente a la misma, Repsol y Criteria Caixa controlaban el 64,4% en conjunto, (el 34,4% por Criteria y el 30% Repsol), tras la operación la petrolera contará con el 24,439% y el holding industrial de la Fundación Bancaria la Caixa el 20,083%, respectivamente.

Repsol se ha sumado a la operación, en la medida en que ha apreciado la forma de maximizar el valor de la operación de venta al realizarse de forma conjunta y de esta forma garantizar un paquete de control a la parte adquirente, cuya participación financiera se posiciona de forma relevante en el gobierno de Gas Natural. De hecho, Repsol, Criteria y GIP participarán en el acuerdo mientras cada uno de ellos mantenga una participación de al menos 10 puntos menos que la actual, esto es, mientras no bajen del 10%, 14% y 10% del capital de Gas Natural, respectivamente.

Por su parte, el fondo de inversión GIP, nuevo socio en el accionariado, pasa a tener un 20%, es decir, lo mismo que Repsol, suscribiendo una serie de acuerdos que obligan a que las decisiones de mayor calado estratégico precisan el acuerdo de las tres partes. Un dato relevante es que GIP conoce el sector y es un fondo especializado en infraestructuras y energía: es el socio de referencia de Saeta Yield, compañía de energías renovables de ACS, presidida por Florentino Pérez. Las primeras señales de las líneas estratégicas que dirigirán el futuro de la compañía (internacionalización, renovables y mejora de eficiencia) así lo indican.

En términos de gobierno de la compañía, Gas Natural contará con la presidencia no ejecutiva de Fainé y con otros dos vicepresidentes también no ejecutivos, Antoni Brufau, designado por Repsol,  y un responsable pendiente de designar por el fondo GIP. La entrada directa de Isidre Fainé en Gas Natural refleja la importancia de los resultados de esta compañía energética en el conjunto del holding empresarial como soporte de la Fundación La Caixa, junto con el propio banco, en el marco de la baja rentabilidad del sector bancario español. En definitiva, un accionariado mayoritario «tripartito» frente al equilibrio dual de fuerzas precedente y su acuerdo parasocial.

Como se recuerda en la totalidad de las crónicas de la operación, Criteria Caixa es el mayor holding industrial de toda Europa y, además, es dueño de una entidad bancaria, cuestión nada desdeñable en la actualidad. Los débiles resultados de Criteria y sus participaciones, incluyendo Gas Natural y la propia entidad bancaria, pueden llegar a explicar los últimos movimientos de la compañía, incluyendo el órdago de comenzar un proceso de reclamación judicial al Estado por el lucro cesante de sus centrales de ciclo combinado fruto de los cambios regulatorios operados por los últimos gobiernos y el aumento de las renovables en el mix de generación.

La entrada de Fainé como presidente no ejecutivo, que previsiblemente ocurrirá el 21 de septiembre, ha sido facilitada enormemente por Salvador Gabarró, el presidente hasta el momento. Aún queda por ver cuál será la posición final del actual consejero delegado, Rafael Villaseca, en la nueva estructura de gobierno y organigrama de gestión de Gas Natural, aunque lo razonable es su continuidad en una primera etapa. Asimismo, se especula con la salida del ahora polémico consejero Demetrio Carceller Arce del consejo de administración. Definitivamente, comienza una nueva etapa en Gas Natural Fenosa fruto de esta operación. 

Lecturas de otro pacto prescindible

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Es más que probable que el pacto suscrito ayer por los representantes de Ciudadanos y Partido Popular, no sirva para garantizar una investidura o un programa de Gobierno, a la vista de los acontecimientos, por lo que la virtualidad del acuerdo está condicionada por la propia dinámica de los partidos. Por otra parte, es cierto que, en nuestro país, estamos en una situación política insostenible e inaudita por su petrificación que, por otra parte, no tiene solución fácil. El caso de lo que se recoge en dicho Pacto en lo que se refiere a energía así lo acredita.

El pacto, en este ámbito, pivota en tres niveles: una trasposición casi palabra por palabra del Pacto suscrito PSOE-Ciudadanos en la materia, un cierto aire de programa electoral destinado a satisfacer lo que son los supuestos ‘marcos mentales’ de la sociedad española en materia de energía, expurgando los titulares más reconocibles de la comunicación política (la abolición del mal llamado “impuesto al sol”, el más evidente y llamativo) y, consecuentemente, la voluntad de que la energía sea uno de esos ámbitos dónde pueda acampar la presión a los socialistas dada la identidad de postulados de este Acuerdo con el precedente.

Por tanto, en estas 150 medidas, de las cuales 100 estaban pactadas anteriormente con los socialistas, se percibe el síndrome del copiar y pegar del pacto suscrito entre Ciudadanos y los socialistas en energía, poniendo más acento en éste recién presentado en la unidad de mercado, dado que el PSOE buscaba elementos de distinción federalista en su concepción.

El pacto contiene una enmienda a la totalidad respecto a una cuestión que fue una de las actuaciones más vergonzantes de la última legislatura popular, que fue el diseño y configuración de la actual CNMC, causante de que este organismo no tenga correlato en los países occidentales con economía de mercado y además que el organismo esté sumido en una crisis de gobernabilidad salvaje. El ensañamiento en desmontar el sistema de órganos reguladores independientes en la última legislatura popular (después del desmadre final socialista) fue evidente y, además, ya había sido criticado de forma muy severa por las autoridades europeas, a la vez que vapuleado desde el Ejecutivo durante la ejecutoria Soria/Nadal. Abandonar, al menos nominalmente, por la vía del Pacto, el verticalismo popular en esta materia, puede servir para positivizar los cuestionamientos recibidos desde Bruselas y que el Gobierno absorbía impasible al ademán.

Por la propia traslación del acuerdo precedente, se aprecian dos apartados en que el influjo del colectivo retroprogresivo de la energía ha transmutado en el acuerdo: la reverberación de los CTC’s y la tarifa eléctrica. En lo que se refiere a los CTC’s, cuestión casi calificable como la “memoria histérica” del sector eléctrico, una vez deshauciada en el ámbito legal y jurídico, se reverberan las voces que reclaman la revisión de los mismos desde la política politizada.

Respecto a la tarifa eléctrica continua sin apreciarse, en este caso ni por PP, ni por PSOE, ni por Ciudadanos, el dimensionamiento correcto del impacto de los costes regulados y de los costes impropios que absorbe la tarifa, verdadero causante de las diferencias de precios con la UEM y que conllevan la articulación de un sistema muy tupido de subsidios cruzados. Un desenfoque completo en esta cuestión. A cambio, se recoge el postulado retroprogresivo de correlacionar costes y precios en el sector energético, de forma que paradójicamente, en un acuerdo no aparece nunca la palabra “mercado”. Ciudadanos, un partido supuestamente liberal, de la mano de los populares, escoran así la palabra “liberalización” y otras cuestiones, muy peligrosas como “seguridad jurídica” (¿para qué es necesario dos autoridades independientes de mercados o de competencia con esas ideas?).

En estos dos casos, dichas medidas también son una enmienda a la totalidad de la actuación de los sucesivos gobiernos populares, no se sabe si ha sido producto de la factoría de Jorge Fabra padre (por su inclusión en el pacto con el PSOE y su inspiración de los ideólogos de Podemos) o de Natalia Fabra (y sus relaciones con los economistas de Ciudadanos).
Otra coincidencia respecto a los dos pactos, son las ausencias de los mismos: ningún elemento respecto de la gobernanza de los TSO españoles, Red Eléctrica y Enagás. Tampoco de la participación de todos los sectores energéticos en la denominada y vaporosa “transición energética” sin concreción. Y, debajo de las alfombras, un silencio estruendoso en ambos acuerdos respecto a las consecuencias, conflictos jurídicos y arbitrajes en que está inmerso el sector tras el ajuste contable del déficit tarifario (otra expresión tabú del Pacto).

Finalmente, como se anunciaba, en una enmienda a la totalidad, Partido Popular y Ciudadanos abominan del mal llamado “impuesto al sol”, cuando lo que sería razonable sería comprometerse a la elaboración de un cálculo de los costes reales de utilización de los servicios de la red de forma transparente, auditada, sin penalizaciones, ni sobrecargos para los autoconsumidores, pero tampoco subsidiando los mismos por el resto de los consumidores, cargando la exoneración pactada como incentivos a los PGE.

Sea lo que sea, el pacto presentado tiene poco recorrido, y lo demuestra, que el Partido Popular, por cálculo o indiferencia, haya accedido a incluir todos estos, quien sabe si conscientes de que una vez conseguida la investidura se puede resistir y continuar ejerciendo el poder con los mismos formatos políticos. Por su parte, la casta del colectivo retroprogresivo frotándose las manos al haber intercalado sus papeles en los dos pactos en todas las formaciones políticas, del PSOE a Podemos, pasando por Ciudadanos, llegando al PP, desde el sol hasta el ocaso. Y, por su parte, Ciudadanos evidencia notables carencias en la energía traspapelando de forma textual el Acuerdo pasado en éste.

Quizá por esto (o en parte el síntoma sea esto) estemos así.

Cita política en el Congreso Eólico

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Dos días después de la resaca de la noche electoral, la cita anual con el Congreso Eólico reunía a los partidos políticos que habían competido en estas recientes elecciones españolas en una mesa ad hoc en materia energética. Evidentemente, con la cuestión de los pactos encima de la mesa, también tenía su morbo periodístico.

Los comicios pesaban en el ambiente de las intervenciones, casi como si se tratase de la prolongación de una campaña en la que la energía no pasó de un discreto segundo plano en los argumentarios electorales. Por un lado, la representante del PSOE, Pilar Lucio, utilizando un pasado cuasi nostálgico, iniciaba sus intervenciones con un manido «nosotros llevábamos en el programa…». Sorpresa y desparpajo por la representante de Ciudadanos, la canaria Melisa Rodríguez, reclamando una energía al servicio de la competitividad y con ganas de promover un pacto de Estado en energía. También estaba Juan López de Uralde, candidato de Podemos y coportavoz de Equo; voluntarioso pero previsible y desfondado, apelando a afilar la fiscalidad energética que premia y castiga.

Hasta entonces el Congreso del sector eólico discurría por las vías esperadas, sesión de CEO’s, reflexión sobre el papel de la tecnología eólica en el cumplimiento de los compromisos medioambientales españoles para 2020 y 2030, reuniones más técnicas sobre financiación de proyectos, project finance en el argot. México como monográfico dada la actualidad internacional para este sector en este país.

Como proscenio de la actualidad energética, un ambiente raro en el que ya se empiezan a producir nuevos ejercicios de declamación al «futuro Gobierno», una fórmula muy elíptica para decir «el Gobierno que venga» o el Ejecutivo que resulte y como resulte, tan abundantes durante el primer interinato de Gobierno. Fórmula que sirve para distribuir visiones ideologizadas: desde el cumplimiento de los compromisos medioambientales, según su calendario temporal y posibilidades financieras, a la mistificación dogmática de la transición energética. Todo mientras la situación de la demanda y las posibilidades de reabrir un ciclo inversor en nueva potencia en la energía en España están en duda.

Por otra parte, desde las elecciones anteriores se vienen produciendo una serie de acontecimientos que se pueden esquematizar en una legislatura llena de reclamaciones y pronunciamientos políticos referidos a la energía (del fracking a las interpretaciones sobre la pobreza energética), además de la salida del ministro Soria por los motivos ya conocidos y el embarramiento del terreno de juego en lo que se refiere a la central deSanta María de Garoña, cuestión extraída de los motivos puramente técnicos o jurídicos, para entrar en lo político e ideológicos por la poca pericia de Marti Scharfhausen.

Asimismo, continúa la energía gestionada por Nadal y provisionalmente ubicada en el Ministerio de Economía con Luis de Guindos. En el aire siguen los conflictos y arbitrajes internacionales que el futuro Gobierno, el que surja, deberá afrontar. Gas Natural reclama al Estado daño patrimonial por el efecto de las renovables en la infrautilización de sus ciclos cobminados. La guerra de las tecnologías sigue soterrada y alimentada por la acción política.

Finalmente, nota y apunte de interés: el representante del Partido Popular convocado para el encuentro político, Guillermo Mariscal, heredero in pectore de la insularidad canaria de Soria en lo referente a la energía, no apareció en el debate. El PPxit.

Parlamento asambleario, Gobierno ayuno

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En días pasados hacíamos una revisión de lo que ha sido esta legislatura en lo energético, que ha tenido tres características: en primer lugar, ha sido una sucesión de reclamaciones al Ejecutivo fruto del carácter permanentemente deliberativo del Parlamento elegido, muestra de la no vinculación con Gobierno alguno. Se ha pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular, en la que la mayoría parlamentaria  garantizaba al Gobierno que el Congreso y Senado eran la voz de su amo, a una configuración por la vía de las mayorías volubles frontalmente opuesta y disidente al Ejecutivo en funciones.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha permanecido ayuno de ideas y de modelo de política energética, salvo el ajuste contable de la denominada reforma eléctrica, con una posición entre pasiva y reactiva en este período. Una situación extremadamente maniquea, cuyas consecuencias es una agudización preocupante de un modelo de no política energética que contemple los tres vectores en su equilibrio: economía, medioambiente y garantía de suministro en un mundo globalizado.

Es por ello por lo que cuestiones como la pobreza energética, cuya definición legal ya existe en la Unión Europea, se someten a la mediática para ofrecer versiones diferentes como la de la propia Generalitat de Cataluña o en la trasposición al argumentario de cada partido político. O cuestiones como el autoconsumo eléctrico, de dudoso efecto en el conjunto de nuestro sistema de suministro eléctrico según nuestra demografía, se han convertido en banderas demagógicas al calor de sus propias presiones.

Asimismo, este Parlamento no se ha pronunciado sobre cuestiones capitales como la vaporosa definición de “transición energética” para nuestro país, de acuerdo a los compromisos adquiridos, evitando el oportunismo maximalista dirigido a promover una transformación renovable del 100% de la estructura de suministro sin reflexionar sobre su impacto económico. Otras cuestiones sobre las que no se han pronunciado son las referentes a sectores como el transporte o los hidrocarburos, dentro de una postura global de política energética y de política energética general integrada y coherente, más que declaracional. O sobre el modelo de tarifa y sus componentes, el modelo de gobernanza, los operadores de transporte y sistema, o la forma de “financiar” esa transición energética.

Finalmente, ha proseguido el deterioro político del gobierno popular con la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de la central de Garoña, cuyo pronunciamiento se requiere de forma ideológica desde los partidos políticos; complejidad en la que no ha ayudado el presidente Marti Scharfhausen, hombre poco sofisticado en su ejecutoria. En resumen, un parlamento asambleario y populista, buscando posicionamientos para la prensa a las redes, frente a un Ejecutivo ayuno de política energética. Preludio de la campaña. Preludio de la siguiente legislatura.

Todos los costes de acceso, en juego en Europa

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A propósito de la investigación de Competencia de la Unión Europea, decíamos ayer, una de las cuestiones que más han sorprendido a estas autoridades comunitarias es el volumen de las mismas y, a la vez, la carencia de estudios de demanda que avalasen estos incentivos. Aplicado a nuestro país el problema es que, con la sobreoferta existente de capacidad de generación y con la caída de demanda acumulada en los últimos años, aún no recuperada, desde las autoridades comunitarias no se aprecia justificación de su necesidad.

En el caso español, esto cobra especial relevancia en la medida en que se computa dentro del recibo de la luz en forma de costes de acceso, de forma que este apartado creció exponencialmente respecto a la evolución del coste de la energía consumida. Ya hay campañas en la red evidenciando tal desproporción. Cada estratagema de solución a problemas pasados genera nuevos problemas y éste es uno que se está larvando. Son varios los aprendizajes a extraer de esta situación:

En primer lugar, esta investigación respecto a los conceptos incluidos en los costes de acceso es algo que se veía venir y sobre lo que ya se había advertido en numerosas ocasiones y por numerosas voces expertas. Otra cosa es la voluntad férrea y marcada de no darnos por enterados de las malas noticias, o incluso de la ley de la gravedad si se diera el caso, habilidad que en España permite mirar hacia otro lado en lo que se refiere a las condiciones de competencia y el derecho comunitario.

Además, por su inclusión en la tarifa en forma de cuña gubernamental, el volumen de la misma es enorme para el consumidor español doméstico, empresarial e industrial. Por muy sofisticados que sean los sistemas de los que se han servido los sucesivos gobiernos para articular estas ayudas, su cuantía ha perdido cualquier relación con la realidad, la comparación y la necesidad. Aunque se adjudique mediante una subasta, si lo que se subasta no tiene correlato con su necesidad, es una cuestión que tarde o temprano se evidencia por si sola.

En segundo lugar, existe un consenso tácito entre nuestros políticos en el que se diluye la percepción de ayuda de Estado o de subvención en estos mecanismos, sin entrar en una valoración objetiva de los mismos. Por desconocimiento, por aquiescencia política o simplemente por evitarse problemas de opinión pública en la esfera representativa o deliberativa. La ortodoxia económica se ha perdido en el maremágnum de las declaraciones respecto de lo que se quiere oír. ¿Se imaginan al parlamento español interino votando en contra de estas tres figuras (ayudas al carbón, pagos por capacidad y pagos de interrumpibilidad) por ser ayudas de Estado, de forma semejante a las iniciativas que se están llevando contra la energía nuclear, el fracking o Garoña?

En tercer lugar, existe otro consenso, el consenso social, alrededor de estas ayudas y sus “finalidades”. Incluso los propios consumidores domésticos tienen una postura pública ausente, es decir, de mirar para otro lado aunque se sufraguen desde el recibo, dado que prefieren la vía de la intervención final administrativa en los precios que la ortodoxia basada en la formación de los mismos a través del mercado y, de forma aditiva, con los elementos que se incluyen en los peajes. Los consumidores y su representación son tolerantes a las subvenciones y los subsidios cruzados que encierran.

En efecto, existe un ambiente social que es propicio a estos mecanismos y ayudas, aunque suponga una factura del suministro más alta, plato de la balanza que se oculta. Que prefiere acudir a la demagogia y a la crítica de grano gordo a los precios eléctricos, tensionar los enfrentamientos antiempresariales que son de mucha más fácil venta, cuestionar el mercado mayorista o recurrir a la sempiterna cantinela de los windfall profits de los retroprogresivos, que atacar el problema, principal en términos cuantitativos, que es la cuña gubernamental incluida en los costes de acceso, criticando las subvenciones o sobreinversiones aunque sea lo sustancial por volumen. Evidentemente en una cultura económica y política como la española tan esquemática, eso no es sexy.

En cuarto lugar, todo procede del fracaso de una liberalización fallida e incompleta, que debería haber partido de la limpieza del recibo de esos costes; en ese caso, probablemente, los precios de la energía para los consumidores domésticos, empresariales e  industriales, necesitados de competitividad, serían otros. Toda cuestión que sea considerada como subvención o como decisión política deberían cargarse en los Presupuestos Generales del Estado.

Adenda. Queda por saber qué ocurre y qué consideran las autoridades de competencia europeas, respecto de la “pieza separada” de los pasados modelos retributivos de las tecnologías renovables en régimen especial, claramente desbordados, exagerados y desproporcionados en ciertas tecnologías, pero cuya alteración en la denominada reforma eléctrica tiene efectos sobre la seguridad jurídica y la retroactividad en las inversiones en el Reino de España. El Gobierno español, por mano del Ministerio de Industria en la etapa Soria, intentó conseguir una declaración semejante, es decir, que fueran considerados como ayuda de Estado, como parapeto contra los arbitrajes y conflictos judiciales abiertos. Lo que está claro es que tenemos mucho en juego en este títere. Casi todos los costes de acceso. Veremos.

Europa destapa los incentivos españoles pagados en la tarifa

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El cuestionamiento por parte de las autoridades de Competencia de la Unión Europea del sistema de incentivos, incluido en los denominados peajes de acceso de la factura eléctrica, ha vuelto a sembrar las alarmas. Una fotografía descarnada que dibuja un esquema intricado de posibles subvenciones y mecanismos cruzados que afectan al coste del suministro eléctrico y que anticipan una limpieza de los mismos impulsada por la Unión Europea. Por eso, hasta los medios económicos hablan de ayudas eléctricas poniendo en evidencia la naturaleza de las mismas.

De este modo, la comisaria Margrethe Vestager pone en su punto de mira las ayudas al carbón nacional, un mecanismo ideado en su día para que las compañías eléctricas comprasen carbón de forma obligatoria, para quemarlo y producirlo, fijando el precio de venta del MW/h generado por esta vía en el mercado mayorista eléctrico. En segundo lugar están los denominados pagos por interrumpibilidad, instrumento que reduce los precios a determinadas industrias intensivas en el uso de energía eléctrica, ofreciendo al sistema eléctrico la posibilidad de que sean “paradas” en determinadas circunstancias y condiciones (cesarían, reducirían su demanda, cerrarían temporalmente, harían ERES parciales) por motivos de necesidad del sistema eléctrico para garantizar el suministro. Una medida del lado de la “demanda”

Finalmente están los pagos por capacidad, que son unas compensaciones del lado de la oferta, para garantizar la rentabilidad de determinadas centrales, las térmicas y los ciclos combinados de gas, para que estén disponibles para el sistema, aunque por la energía que despachan en el mercado en forma de producción y al precio que la despachan, la decisión empresarial lógica sería desactivarlas y sacarlas del sistema. Cuestión que eventualmente, de ser necesarias, sería difícilmente reversible.

Red Eléctrica de España, como operador de transporte y gestor técnico del sistema, subraya la necesidad de estos dos últimos mecanismos para garantizar la “seguridad de suministro”, al procurarle mayor margen de maniobra. Es en esa clave en la que hay que entender las declaraciones que realizaron desde REE al respecto de esta investigación, ya que justifican la figura y endosan la responsabilidad política de su volumen al Ejecutivo. Volumen y dimensiones que no han pasado desapercibidas en Europa, incluso la defensa conceptual de estos servicios, aunque en la práctica la interrumpibilidad no se utilice.

Europa, por otra parte, ha visto que estos mecanismos carecen de estudios de demanda que justifiquen el instrumento y el uso de los mismos, tanto en volumen como en coste para los distintos sistemas de suministro. Y Europa lo ha visto en un conjunto de 28 mecanismos en los que estos incentivos se han formulado sin estudios que lo soporten. Lo que toca a las autoridades comunitarias es distinguir un servicio necesario de una subvención y los Gobiernos se lo han puesto fácil, porque los mecanismos eran puramente formales en sus términos, pero no en su justificación real. En todo caso, la propia Unión Europea hasta ahora ha tenido una actitud de permisividad y laxitud.

Eso sí, en el caso español, en Bruselas se ven sorprendidos por la compensación económica que suponen y su ausencia de validez (son instrumentos fallidos) de los mismos. Más allá de eso, sus volúmenes figuran en cabeza de ese informe, la utilización de estos instrumentos (servicios) es escasa o nula y su importe se paga en la factura eléctrica, incluidos en los costes de acceso, siendo éste capítulo el verdadero problema de nuestros precios eléctricos pese a todos los desenfoques interesados al respecto. Mañana, análisis, consecuencias y corolarios, tanto políticos como para consumidores, de esta investigación para nuestro país.

Continuará.

El ministro offshore

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La sucesión de los acontecimientos referidos a la vinculación de José Manuel Soria con los papeles de Panamá ha sido de vértigo en los últimos días. Y ha sido el propio ministro quien, estando las cosas mal, las fue empeorando con sus propias explicaciones. De hecho, cuando se pensaba que Soria estaba preparando su comparecencia en el Congreso del próximo lunes, que ya no se celebrará, se ha conocido el comunicado del ministro justificando su dimisión por los errores en las explicaciones dadas en estos últimos días, sin asumir ninguna responsabilidad más.

Pero hay más. Una cuestión relevante tiene que ver con el fondo de lo que se ha conocido con los papeles de Panamá: la relación que guarda con las sociedades offshore. En toda esta trama, además, vuelve a aparecer en la suerte de negocios familiares del exministro un viejo conocido de la afición, Luis Alberto Soria, su hermano. Por tanto, las preguntas son: ¿Los papeles son ciertos? ¿Esas firmas que aparecen estampadas en los documentos son suyas? ¿Qué hay de verdad? ¿Ha mentido en sus declaraciones? Las explicaciones sobre el fondo de la cuestión y su vinculación a varias sociedades offshore, quedan todavía pendientes, diga el ministro lo que diga y oculte lo que oculte.

Otra cuestión tiene que ver con lo político y comunicacional. José Manuel Soria ha cometido varios errores fruto de lo que sus propios correligionarios señalan en privado como exceso de audacia, personalismo, atrevimiento y falta de humildad. Ha quedado en evidencia un problema de adecuación de su estilo político y de comunicación en su ascenso a ministro, llevándole a un error fatal de cálculo de muy difícil salida. La cara y la cruz de sus características políticas, patentes de una forma muy descarnada: así ha sido Soria, político populista, audaz y atrevido, candidato a casi todo en lo político en estos cuatro años, desde candidato al Gobierno de Canarias a futurible como Ministro de Economía.

Repasando la hemeroteca, Soria coquetea con una cierta forma de populismo en cuestiones y asuntos polémicos. El ya exministro es el mismo que pintó el césped de las glorietas de Las Palmas porque la hierba comprada no se adaptaba al clima o que enviaba a la Península aviones llenos de inmigrantes llegados en cayucos a Canarias. Pero en esos asuntos, Soria se manejaba como pez en el agua en la esfera informativa insular, respaldado por una sensación de falsa pericia.

Quizás acostumbrado al trato con los medios de comunicación de las islas, el ministro en funciones decidió dar desde Lanzarote unas explicaciones rápidas y “por lo sencillo” sobre las primeras revelaciones aparecidas, pero cada uno de los documentos posteriores contradecía las declaraciones “simplificadas” del ministro; el remate se sucedió con la revelación de una sociedad en Jersey hasta 2012. Por tanto, la nueva comunicación política, de rapidez precipitada y de una simplificación informativa y esquematización argumental, posible para espacios más reducidos, no sirve para cuestiones mucho más complejas y delicadas.

En términos de personalismo, también se ha dejado llevar por su propia precipitación a la hora de dar explicaciones y la búsqueda de esa “simplificación” letal, enfrentándose al propio equipo de Moncloa en una discusión con Moragas en un espacio semipúblico y dejando en evidencia a sus compañeros de Gabinete que, por otra parte, lo apoyaron casi de forma tribal. De hecho, alguien tan sobrio en sus elogios y en sus defensas como Luis de Guindos, expresó inequívocamente su apoyo a Soria en público, hecho que no debería pasar desapercibido.

Ya en funciones, la lupa nacional puso el foco en los defectos de Soria, como el exceso de telegenia o la propensión a desenfundar rápido organizando ruedas de prensa: no descubrían nada nuevo pues así se comportó para abolir las subastas CESUR o reducir los precios energéticos según el calendario electoral. Pero ahora su proceder hace un daño incalculable a su partido, en un momento especialmente delicado pues puede significar un punto de saturación en la escalada de la tangentópolis española. La pieza ha caído.

Por sus propios méritos José Manuel Soria está fuera del Gobierno y no puede buscar culpables, como algún medio ha tratado de insinuar. Ya es el ministro offshore del Ejecutivo.