P- ¿Cuál es la valoración general que pueden realizar de la reforma energética aprobada por el Gobierno de España?

En lo que respecta a las energías renovables, y a la espera de que el Gobierno complete la normativa, la valoración es en principio negativa, en tanto que se suprime el sistema de primas sustituyéndolo por un sistema de pagos a los productores para compensar la diferencia entre ingresos y gastos, garantizándose una rentabilidad razonable. Este sistema no estaría basado en los costes de inversión y explotación reales de los productores sino en unos costes estándar fijados unilateralmente por la Administración. Tales parámetros están aún pendientes de aprobación por el Ministerio de Industria.

P- ¿Cuál es el impacto para los fondos de inversión y empresas alemanas? ¿Lo han podido cuantificar económicamente?

El impacto puede ser enorme. Las inversiones realizadas en su momento estaban calculadas teniendo en cuenta su recuperación mediante el pago de unas primas reconocidas por el Gobierno. Ya en su momento este sistema de primas fue objeto de recortes en aproximadamente un 30%, introduciéndose además un impuesto del 7% a la producción, de manera que la rentabilidad de los proyectos bajó drásticamente. La cuantificación del impacto de las nuevas medidas aún no puede realizarse, pues el Ministerio de Industria todavía no ha completado la normativa, pero el impacto será, sin duda, muy elevado.

P- ¿Consideran viables las inversiones realizadas en energía fotovoltaica y termosolar?

A nuestro entender, las medidas penalizan en mayor medida a las instalaciones de producción con mayor antigüedad, esto es, a las fotovoltaicas. Muchas de ellas dejarán de ser viables, por sus altos costes de inversión y por su falta de capacidad para aportar nuevos recursos a los proyectos o para renegociar la financiación obtenida. Las termosolares se verían menos afectadas dada su más reciente implantación.

P- ¿Hay algún otro país que haya llevado a cabo una actuación de este tipo y con estas consecuencias?

No conocemos ningún país en el que se hayan adoptado medidas tan desfavorables, más si cabe teniendo en cuenta que operarán con carácter retroactivo.

P- ¿Consideran que esta reforma desembocará en un proceso de litigios internacionales? ¿Qué escenarios se pueden plantear?

Los inversores internacionales están a la espera de que se concreten las medidas del Gobierno para tomar las decisiones que resulten más convenientes a sus intereses. Sin descartar acudir a los tribunales españoles, la posibilidad de demandar al Reino de España en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía adquiere cada vez más fuerza. Esta vía ya ha sido utilizada por inversores extranjeros en otros casos de recortes retroactivos a los productores de energías renovables.

P- ¿Qué elementos son los que pueden plantear especialmente un mayor número de litigios?

Por un lado, el carácter retroactivo de las medidas, y por otro la falta de reconocimiento de los costes reales de inversión y explotación de los productores. Se trata de una reforma perversa que puede abocar a una expropiación encubierta de las plantas de generación renovable.

P- Puesto que el Ministerio aún tiene que concretar ciertos aspectos de la reforma, ¿qué podría hacer para minimizar los daños al sector renovable?

A la hora de establecer los estándares que determinen la retribución específica, adicional a los ingresos por venta de energía a precio de mercado, el Ministerio de Industria debería tener en cuenta los costes reales de inversión y explotación de los productores. Una fijación unilateral irreal e injusta de estos costes será catastrófica para el sector de las renovables e impedirá que España alcance los objetivos de reducción de gases contaminantes e independencia energética.

P- ¿De qué forma han canalizado sus clientes el malestar ante la reforma? ¿Se ha contactado con el Ministerio para hacerles constar que alguno de sus clientes, al amparo de la Carta de Energía, puede emprender acciones legales contra España?

El Gobierno ha actuado hasta la fecha con total opacidad, sin consultar con los sectores afectados. En el momento en que se concreten definitivamente las medidas, los inversores extranjeros analizarán todos los instrumentos a su alcance para manifestar su malestar e impugnar la nueva regulación.

P- ¿Consideran en peligro futuras inversiones alemanas en España a raíz de esta reforma?

La desconfianza en España es evidente, porque no hay seguridad jurídica. Los inversores alemanes no entienden que un país miembro de la UE pueda cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Cualquier regulación, incluso la que ahora se implanta, puede ser modificada o revocada, por lo que no se garantizan condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores realicen inversiones en España.

Luis Polo ha desarrollado su carrera profesional vinculado al sector energético, donde lleva trabajando dieciocho años en sus diferentes facetas, que van desde la electricidad, las renovables, el gas y la cogeneración. Comenzó trabajando en Butano SA, filial de Repsol Gas, y posteriormente entró en la británica BP, donde dirigió grandes cuentas del Sur de Europa en la filial de energías renovables BP Solar, para luego dar el salto a la «joint venture» hispano-británica Hera EnerG en calidad de «country manager» para España. Desde hace seis meses dirige la asociación empresarial encargada de defender los intereses de la energía eólica.

ENERGÍA DIARIO: Ciñéndonos a la actualidad más reciente, querríamos tratar la decisión de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de su recurso contra la orden de peajes de 2013 y el Real Decreto Ley 2/2013. ¿Cuál es la posición jurídica de la Asociación y los pronunciamientos de la Administración de Justicia en estas cuestiones?

LUIS POLO: El Tribunal Supremo se ha limitado, de momento, a admitir a trámite el recurso. En cuanto a la posición de AEE, consideramos que la forma en que se ha aprobado dicho Real Decreto-Ley, así como su contenido, vulneran el Derecho Comunitario y la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la Orden, se pongan en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno.

E.D.: ¿Y en términos de los principios de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y confianza legítima?

L.P.: Cambiar las reglas del juego a mitad del partido es un caso claro de mala praxis, ya que las empresas hicieron sus inversiones contando con amortizarlas a 20 años en unas determinadas condiciones, que ahora ya no existen. De ahí que se vulneren todos los principios a los que hace mención.

E.D.: ¿Qué efectos tiene para la energía eólica en lo que supone en su integración en el mercado y en el suministro eléctrico?

L.P.: La regulación anterior, tanto aprobada por gobiernos del PP como del PSOE, iba en la línea de que poco a poco la eólica fuese participando más y más en el mercado, lo que contribuiría a una mayor eficiencia. La eliminación de la opción de percibir una prima más el precio de mercado va en contra de estos principios y hace que la eólica no tenga visibilidad de precio.

E.D.: ¿Qué cuestiones colaterales, pero de gran importancia, como la gestión que efectúa el operador de sistema de las distintas tecnologías y la desconexión de los parques, afectan a la energía eólica? ¿Se puede cifrar sus efectos y trazar las tendencias en precio y generación en las actuales condiciones de oferta y demanda?

L.P.: Las limitaciones a la producción preocupan considerablemente al sector, ya que ha visto mermados sus ingresos por estos recortes en 85 millones de euros en los primeros cuatro meses del año. Por ello, AEE solicita a las autoridades que analicen los procesos por los que la eólica es la tecnología más afectada por estos recortes, con el fin de buscar una solución satisfactoria.

La generación de electricidad mediante energía eólica es la tecnología renovable que, en la actualidad, obtiene menos primas por unidad de generación dada su maduración, estando muy próxima al mercado.

E.D.: ¿Qué valoración puede hacer de las medidas que esta Administración ha realizado para resolver el déficit tarifario y su efecto sobre la generación mediante energía eólica?

L.P.: En AEE nos preocupa el trato que se está dando a una tecnología como la eólica, que no es culpable del déficit de tarifa, ha cumplido los objetivos fijados por el regulador, es la más barata de las tecnologías del Régimen Especial, ha creado una industria propia y hasta 40.000 empleos, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y reduce el déficit de la balanza comercial al evitar importaciones de combustibles fósiles por más de mil millones de euros anuales, baja el precio del pool… ¿Cómo es posible que a un sector modélico se lo lleve al borde del abismo para resolver un problema que no ha creado? Estas medidas se han tomado de forma precipitada, sin escuchar al sector y los números no salen. La consecuencia es que el sector está al límite.

E.D.: ¿Cómo puede valorar el diálogo del actual equipo energético del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el sector durante este proceso?

L.P.: Hasta que llegó este Gobierno al poder, todas las medidas relacionadas con el sector habían sido negociadas. Pero ahora las tornas han cambiado y las medidas se nos imponen. Se han anticipado, posibles nuevas medidas con el propósito de reducir el desfase entre ingresos y costes del suministro eléctrico. Entre ellas, se ha enunciado la posibilidad de que las tecnologías renovables sufraguen los pagos por capacidad (denominada en el pasado, garantía de potencia como mecanismo de ajuste del sistema).

E.D.: ¿Qué hay de concreto y de cierto en esta noticia?

L.P.: A nosotros no nos consta que sea más que un rumor muy extendido, ya que nadie nos lo ha comunicado oficialmente, pero no por ello nos preocupa menos.

E.D.: ¿Cuál es la posición de la AEE ante esta eventual posibilidad?

L.P.: Nos oponemos frontalmente. Esta posibilidad no tiene justificación alguna ni desde el punto de vista legal, ni técnico, ni económico, y además sería discriminatoria. Asimismo, vulneraría el Derecho Comunitario, la política europea de fomento a las renovables y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Entre otras cosas, porque las tecnologías de respaldo existen por necesidades de la demanda, no por causa de la eólica.

E.D.: ¿Qué efecto tiene sobre esta tecnología?

L.P.: Sería otro recorte más en los ingresos y debe entender que la eólica ya no puede soportar más recortes. Por otra parte, otras de las medidas que se han anunciado como posible, es la opción de ampliar el período de primas a determinadas tecnologías, a cambio de la reducción de las mismas en términos corrientes, aunque nosotros no tenemos constancia oficial.

E.D.: ¿Cuál es la posición de la AEE ante ello?

L.P.: Nosotros creemos que tanto las medidas de La Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética como del Real Decreto-Ley 2/2013 deberían ser temporales y ligadas a la recuperación de la demanda (que se espera para 2015). Pero que el impacto en los ingresos de estas medidas -que están llevando a muchas empresas a cerrar fábricas, destruir empleo y buscar refinanciación- mientras estén en vigor debería ser compensado, por ejemplo alargando la vida de las primas eólicas más allá de los veinte años actuales.

E.D.: ¿Y respecto a la habilitación a cambio de una hipotética negociación para la repotenciación de los parques?

L.P.: La eólica siempre ha defendido la necesidad de unas mejores condiciones para la repotenciación, pero ahora lo que está en juego va mucho más allá de eso: sobre lo que hay que negociar es sobre los asuntos que afectan a la supervivencia del sector, como los mencionados anteriormente.

E.D.: Cambiando de asunto, y de cara a la Convención Eólica que celebrarán los próximos 12 y 13 de junio, ¿Cómo se incardina la generación eléctrica mediante esta tecnología en el suministro eléctrico español?

L.P.: La eólica es ya una realidad muy importante para España, como lo demuestra que durante seis meses consecutivos ha sido la primera tecnología del sistema eléctrico español. Durante esos seis meses, ha generado electricidad suficiente para abastecer al cien por cien de los hogares españoles.

E.D.: ¿Cuáles son los principales problemas del sector eólico español, tanto en términos de industria de equipos como de los productores?

L.P.: Nuestro principal problema a día de hoy son las medidas regulatorias tomadas por el Gobierno: los números no salen y el sector se enfrenta a un constante cierre de fábricas y destrucción de empleo, como se ve en la prensa todos los días. La situación es insostenible, porque se está desmantelando un sector que lo único de lo que es culpable es de haber acatado las reglas y haber hecho bien las cosas, siguiendo las instrucciones del regulador.

E.D.: ¿Y las mayores oportunidades?

L.P.: A día de hoy, las empresas se concentran en la internacionalización, ante la práctica desaparición del mercado doméstico. La oportunidad es del Gobierno, que está ante una ocasión histórica de decidir si liderará la revolución industrial renovable de la que hablan Alemania, Francia, Estados Unidos y otros países de nuestro entorno.

E.D.: ¿Cuál es el mensaje sobre el que gravitará la próxima Convención Eólica?

L.P.: Hay que salvar a la eólica. Y hay que hacerlo ya. Mañana será demasiado tarde.

FOTO: JAVIER CARBAJAL

Luis Polo ha desarrollado su carrera profesional vinculado al sector energético, donde lleva trabajando dieciocho años en sus diferentes facetas, que van desde la electricidad, las renovables, el gas y la cogeneración. Comenzó trabajando en Butano SA, filial de Repsol Gas, y posteriormente entró en la británica BP, donde dirigió grandes cuentas del Sur de Europa en la filial de energías renovables BP Solar, para luego dar el salto a la «joint venture» hispano-británica Hera EnerG en calidad de «country manager» para España. Desde hace seis meses dirige la asociación empresarial encargada de defender los intereses de la energía eólica.

ENERGÍA DIARIO: Ciñéndonos a la actualidad más reciente, querríamos tratar la decisión de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de su recurso contra la orden de peajes de 2013 y el Real Decreto Ley 2/2013. ¿Cuál es la posición jurídica de la Asociación y los pronunciamientos de la Administración de Justicia en estas cuestiones?

LUIS POLO: El Tribunal Supremo se ha limitado, de momento, a admitir a trámite el recurso. En cuanto a la posición de AEE, consideramos que la forma en que se ha aprobado dicho Real Decreto-Ley, así como su contenido, vulneran el Derecho Comunitario y la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la Orden, se pongan en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno.

E.D.: ¿Y en términos de los principios de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y confianza legítima?

L.P.: Cambiar las reglas del juego a mitad del partido es un caso claro de mala praxis, ya que las empresas hicieron sus inversiones contando con amortizarlas a 20 años en unas determinadas condiciones, que ahora ya no existen. De ahí que se vulneren todos los principios a los que hace mención.

E.D.: ¿Qué efectos tiene para la energía eólica en lo que supone en su integración en el mercado y en el suministro eléctrico?

L.P.: La regulación anterior, tanto aprobada por gobiernos del PP como del PSOE, iba en la línea de que poco a poco la eólica fuese participando más y más en el mercado, lo que contribuiría a una mayor eficiencia. La eliminación de la opción de percibir una prima más el precio de mercado va en contra de estos principios y hace que la eólica no tenga visibilidad de precio.

E.D.: ¿Qué cuestiones colaterales, pero de gran importancia, como la gestión que efectúa el operador de sistema de las distintas tecnologías y la desconexión de los parques, afectan a la energía eólica? ¿Se puede cifrar sus efectos y trazar las tendencias en precio y generación en las actuales condiciones de oferta y demanda?

L.P.: Las limitaciones a la producción preocupan considerablemente al sector, ya que ha visto mermados sus ingresos por estos recortes en 85 millones de euros en los primeros cuatro meses del año. Por ello, AEE solicita a las autoridades que analicen los procesos por los que la eólica es la tecnología más afectada por estos recortes, con el fin de buscar una solución satisfactoria.

La generación de electricidad mediante energía eólica es la tecnología renovable que, en la actualidad, obtiene menos primas por unidad de generación dada su maduración, estando muy próxima al mercado.

E.D.: ¿Qué valoración puede hacer de las medidas que esta Administración ha realizado para resolver el déficit tarifario y su efecto sobre la generación mediante energía eólica?

L.P.: En AEE nos preocupa el trato que se está dando a una tecnología como la eólica, que no es culpable del déficit de tarifa, ha cumplido los objetivos fijados por el regulador, es la más barata de las tecnologías del Régimen Especial, ha creado una industria propia y hasta 40.000 empleos, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y reduce el déficit de la balanza comercial al evitar importaciones de combustibles fósiles por más de mil millones de euros anuales, baja el precio del pool… ¿Cómo es posible que a un sector modélico se lo lleve al borde del abismo para resolver un problema que no ha creado? Estas medidas se han tomado de forma precipitada, sin escuchar al sector y los números no salen. La consecuencia es que el sector está al límite.

E.D.: ¿Cómo puede valorar el diálogo del actual equipo energético del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el sector durante este proceso?

L.P.: Hasta que llegó este Gobierno al poder, todas las medidas relacionadas con el sector habían sido negociadas. Pero ahora las tornas han cambiado y las medidas se nos imponen. Se han anticipado, posibles nuevas medidas con el propósito de reducir el desfase entre ingresos y costes del suministro eléctrico. Entre ellas, se ha enunciado la posibilidad de que las tecnologías renovables sufraguen los pagos por capacidad (denominada en el pasado, garantía de potencia como mecanismo de ajuste del sistema).

E.D.: ¿Qué hay de concreto y de cierto en esta noticia?

L.P.: A nosotros no nos consta que sea más que un rumor muy extendido, ya que nadie nos lo ha comunicado oficialmente, pero no por ello nos preocupa menos.

E.D.: ¿Cuál es la posición de la AEE ante esta eventual posibilidad?

L.P.: Nos oponemos frontalmente. Esta posibilidad no tiene justificación alguna ni desde el punto de vista legal, ni técnico, ni económico, y además sería discriminatoria. Asimismo, vulneraría el Derecho Comunitario, la política europea de fomento a las renovables y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Entre otras cosas, porque las tecnologías de respaldo existen por necesidades de la demanda, no por causa de la eólica.

E.D.: ¿Qué efecto tiene sobre esta tecnología?

L.P.: Sería otro recorte más en los ingresos y debe entender que la eólica ya no puede soportar más recortes. Por otra parte, otras de las medidas que se han anunciado como posible, es la opción de ampliar el período de primas a determinadas tecnologías, a cambio de la reducción de las mismas en términos corrientes, aunque nosotros no tenemos constancia oficial.

E.D.: ¿Cuál es la posición de la AEE ante ello?

L.P.: Nosotros creemos que tanto las medidas de La Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética como del Real Decreto-Ley 2/2013 deberían ser temporales y ligadas a la recuperación de la demanda (que se espera para 2015). Pero que el impacto en los ingresos de estas medidas -que están llevando a muchas empresas a cerrar fábricas, destruir empleo y buscar refinanciación- mientras estén en vigor debería ser compensado, por ejemplo alargando la vida de las primas eólicas más allá de los veinte años actuales.

E.D.: ¿Y respecto a la habilitación a cambio de una hipotética negociación para la repotenciación de los parques?

L.P.: La eólica siempre ha defendido la necesidad de unas mejores condiciones para la repotenciación, pero ahora lo que está en juego va mucho más allá de eso: sobre lo que hay que negociar es sobre los asuntos que afectan a la supervivencia del sector, como los mencionados anteriormente.

E.D.: Cambiando de asunto, y de cara a la Convención Eólica que celebrarán los próximos 12 y 13 de junio, ¿Cómo se incardina la generación eléctrica mediante esta tecnología en el suministro eléctrico español?

L.P.: La eólica es ya una realidad muy importante para España, como lo demuestra que durante seis meses consecutivos ha sido la primera tecnología del sistema eléctrico español. Durante esos seis meses, ha generado electricidad suficiente para abastecer al cien por cien de los hogares españoles.

E.D.: ¿Cuáles son los principales problemas del sector eólico español, tanto en términos de industria de equipos como de los productores?

L.P.: Nuestro principal problema a día de hoy son las medidas regulatorias tomadas por el Gobierno: los números no salen y el sector se enfrenta a un constante cierre de fábricas y destrucción de empleo, como se ve en la prensa todos los días. La situación es insostenible, porque se está desmantelando un sector que lo único de lo que es culpable es de haber acatado las reglas y haber hecho bien las cosas, siguiendo las instrucciones del regulador.

E.D.: ¿Y las mayores oportunidades?

L.P.: A día de hoy, las empresas se concentran en la internacionalización, ante la práctica desaparición del mercado doméstico. La oportunidad es del Gobierno, que está ante una ocasión histórica de decidir si liderará la revolución industrial renovable de la que hablan Alemania, Francia, Estados Unidos y otros países de nuestro entorno.

E.D.: ¿Cuál es el mensaje sobre el que gravitará la próxima Convención Eólica?

L.P.: Hay que salvar a la eólica. Y hay que hacerlo ya. Mañana será demasiado tarde.

FOTO: JAVIER CARBAJAL

José Segura Clavell (Barcelona, 1944) es catalán de nacimiento pero no hay ninguna duda que canario de adopción y de corazón. Su acento lo delata. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este diputado socialista atesora una amplia experiencia política que lo sitúa en la actualidad frente a otro canario: el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

José Segura argumenta, con un detalle y conocimiento profundo de la propuesta de normativa, entre montones de documentos y habla claro: el proyecto de ley que impulsa el ministro Soria “perjudica a Canarias e introduce conflictos innecesarios”. También considera que “se penaliza a la empresa que históricamente ha invertido en el sistema eléctrico canario, que ha sido Endesa”. Además señala que esta actividad energética no se ha retribuido suficientemente, motivo por el cual, pese a estar liberalizada la generación, ninguna otra operadora ha querido instalarse en las Islas Canarias por esta «falta de rentabilidad”.

Pregunta-¿Cuál es la valoración general que tiene el Grupo Socialista del proyecto de ley?

Este proyecto de ley aparentemente es sencillo. Aparentemente. Pero no obstante, si dejamos esa apariencia y nos dedicamos a profundizar en él, es complejo en su contenido. Los parlamentarios socialistas votaremos en contra de su admisión a trámite por entender que es mejorable y, además, presentaremos una enmienda a la totalidad.

P-¿Por qué, a su juicio, es mejorable?

En primer lugar, desde el punto de vista procedimental y político, el Ministerio ha cometido un grave error. Ha incumplido el mandato del artículo 12 de la Ley 54/1997, la conocida como Ley del Sector Eléctrico. En ese artículo se establece la obligación de pedir informe a las comunidades autónomas afectadas por cualquier reglamentación para su sector eléctrico.

En esta ocasión, el Ministerio de Industria no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas afectadas. Ninguno de los cuatro gobiernos, los de Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, han sido consultados previamente. Sí que me consta que el Ministerio, cuando ya había traído el proyecto de ley al Congreso, al darse cuenta de que había incumplido con la ley, ha consultado a las comunidades. Pero esto ha sido a posteriori.

P-Llama la atención que no se haya consultado tampoco al Gobierno balear, que es del mismo signo político que el Gobierno central. ¿Por qué cree que ha sido así?

Eso lo puede contestar el señor ministro, que es el que tiene la obligación de cumplir con los procedimientos que marca la ley. Pero sí que me gustaría compartir que el propio Gobierno balear ha manifestado en un documento interno su malestar por lo que califica como una desconsideración hacia las comunidades autónomas y ciudades autónomas afectadas por este proyecto de ley. Una opinión que desde el Grupo Socialista compartimos.

También compartimos la impresión de que la gran mayoría de preceptos propuestos son de muy dudosa aplicación en el sistema energético de Baleares y carecen de sentido en los sistemas de Ceuta y Melilla. Dadas las sustanciales diferencias entre los sistemas cuyo funcionamiento se pretende regular, sería más correcto que el proyecto de ley se refiriera únicamente al sistema insular de Canarias.

P-Desde luego este proyecto de ley está encontrando mucha contestación en Canarias, no solamente desde instancias políticas, también las empresariales…

Es que ni siquiera se ha tenido en cuenta el Plan Energético Canario, aprobado en su día por el Parlamento de Canarias. Es asombroso que el proyecto de ley no haga referencia a este Plan ni a ninguno de sus contenidos. No entiendo por qué el ministro, un hombre con trayectoria y responsabilidades políticas previas relevantes, que conoce bien la administración canaria, en particular, y la administración autonómica en general, no ha formulado las consultas previas legalmente previstas.

Por eso, el proyecto de ley ha generado un importante debate en las Islas. No sólo se ha pronunciado el Gobierno de Canarias, que a través de sus declaraciones públicas ha lamentado que no haya sido consultado; también hay colectivos empresariales muy importantes y representativos que se han manifestado en contra del proyecto de ley como la Confederación Canaria de Empresarios.

Objetivos del proyecto de ley

P-¿Qué motivaciones cree que puede perseguir el ministro Soria impulsando este proyecto de ley de esta forma?

Aunque sea diputado de la oposición, no tengo por qué razonar malévolamente. Realmente quiero creer que este proyecto de ley está motivado por dos impulsos. Uno, supuestamente, por la lucha contra el déficit tarifario. Es cierto que, año tras año, el mantenimiento del sistema eléctrico canario le cuesta al Estado 1.700 millones de euros. Es evidente que hacer llegar la energía al hogar de un ciudadano canario resulta muy caro por su falta de conexión a la red peninsular. Sin embargo, el precio que paga un canario por el kW/h es el mismo que el de cualquier español.

Ya en la Constitución se recoge claramente el modelo de solidaridad del conjunto del Estado con Canarias en el modelo de suministro eléctrico y se puede decir que los consumidores de energía eléctrica en la Península, los españoles, han venido siendo solidarios con los consumidores de electricidad en los territorios aislados posibilitando que las tarifas sean uniformes en el conjunto del Estado. Así que intuyo que una primera motivación es intentar reducir los costes en la producción de energía eléctrica en las Islas. Pero es lo que quiero intuir, yo no he elaborado el proyecto de ley. Otra segunda intención sería la de intentar introducir competencia en la generación en Canarias.

P-Pero la generación en Canarias está ya liberalizada desde el año 97…

Esa es la cuestión. La mera liberalización normativa no trae consigo inexorablemente la libre competencia. Hay libre competencia en la generación de energía eléctrica, si más empresas deciden establecerse allí. Desde hace años esto es posible, pero hasta ahora nadie ha venido a Canarias a hacerlo. Y si no lo han hecho es simplemente porque no es rentable y el modelo retributivo actual es insuficiente. No soy yo quien deba decirlo, pero ésa es la realidad.

P-Ha señalado dos motivaciones para este proyecto de ley. ¿Cree que consigue esas pretensiones?

Yo creo sinceramente que no. Es más, creo que nos perjudica. Materializar esos dos propósitos en un texto legislativo introduce innecesarios conflictos con normativas estatales y europeas. Por ejemplo, en su primer artículo.

Penalizar a Endesa

P-En ese primer artículo se establece que no se otorgará régimen retributivo adicional a nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica que sean titularidad de una empresa o grupo que posea más de un 40% de la potencia instalada en ese sistema. ¿Cómo cree que puede afectar esta medida a las Islas Canarias?

Actualmente, Endesa es titular prácticamente del 100% de la potencia del archipiélago. Esta medida supone, por tanto, penalizar a la empresa que históricamente ha invertido en el sistema energético de Canarias. Se la penaliza de cara a invertir en nueva potencia instalada. Imagine que usted es directivo de otra empresa y quiere instalar una planta generadora en Canarias. Esa empresa sí que tendrá derecho a la ayuda económica, a esa prima adicional. A la empresa que ha invertido en la capacidad instalada actual no recibirá ninguna prima, ningún euro, al rebasar el 40% de potencia instalada que establece este artículo. Por lo tanto esta empresa ya no va a proceder a realizar nuevas instalaciones porque al no recibir la prima perderá dinero y, seguramente, decidirá invertir en otros lugares, nacionales o internacionales, y no en Canarias.

P-¿Considera que este proyecto de ley puede servir para atraer a nuevos operadores?

Ojalá, pero lo dudo. En primer lugar, porque con este proyecto de ley se perjudica al actual operador, que, por muchos motivos, es el que ha venido invirtiendo, dado que se ve perjudicado para ampliar su potencia instalada por esta penalización. Segundo, porque aunque en la ley se establece la posibilidad para que entren nuevos operadores, esto no es nada nuevo. Esta posibilidad ya estaba abierta desde 1997. Así que lo dudo.

P-¿Puede afectar, tal y como dicen determinados sectores empresariales canarios, a la garantía de suministro en las Islas?

Eso no puedo asegurarlo, pero analice este planteamiento: si quien está actualmente operando no va a poder seguir invirtiendo, porque se le penaliza y lo que se hace es mantener abierta la opción de que vengan otros operadores que, por otra parte, hasta ahora no han aparecido… es lógico que tengamos dudas de que el suministro se pueda ver afectado en el futuro.

En la segunda parte, José Segura nos explica su preocupación por el hecho de que Red Eléctrica de España se haga con la titularidad de las centrales de bombeo, expropiando incluso las que ya habían sido adjudicas por las administraciones del archipiélago. También nos expresa su opinión sobre el retraso en la llegada del gas a las Islas Canarias y sus dudas sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno. En último lugar, el diputado socialista reflexiona sobre la figura política del ministro José Manuel Soria y sus futuras aspiraciones políticas en Canarias.