Ramón Marés: «En España no hay seguridad jurídica»

P- ¿Cuál es la valoración general que pueden realizar de la reforma energética aprobada por el Gobierno de España?

En lo que respecta a las energías renovables, y a la espera de que el Gobierno complete la normativa, la valoración es en principio negativa, en tanto que se suprime el sistema de primas sustituyéndolo por un sistema de pagos a los productores para compensar la diferencia entre ingresos y gastos, garantizándose una rentabilidad razonable. Este sistema no estaría basado en los costes de inversión y explotación reales de los productores sino en unos costes estándar fijados unilateralmente por la Administración. Tales parámetros están aún pendientes de aprobación por el Ministerio de Industria.

P- ¿Cuál es el impacto para los fondos de inversión y empresas alemanas? ¿Lo han podido cuantificar económicamente?

El impacto puede ser enorme. Las inversiones realizadas en su momento estaban calculadas teniendo en cuenta su recuperación mediante el pago de unas primas reconocidas por el Gobierno. Ya en su momento este sistema de primas fue objeto de recortes en aproximadamente un 30%, introduciéndose además un impuesto del 7% a la producción, de manera que la rentabilidad de los proyectos bajó drásticamente. La cuantificación del impacto de las nuevas medidas aún no puede realizarse, pues el Ministerio de Industria todavía no ha completado la normativa, pero el impacto será, sin duda, muy elevado.

P- ¿Consideran viables las inversiones realizadas en energía fotovoltaica y termosolar?

A nuestro entender, las medidas penalizan en mayor medida a las instalaciones de producción con mayor antigüedad, esto es, a las fotovoltaicas. Muchas de ellas dejarán de ser viables, por sus altos costes de inversión y por su falta de capacidad para aportar nuevos recursos a los proyectos o para renegociar la financiación obtenida. Las termosolares se verían menos afectadas dada su más reciente implantación.

P- ¿Hay algún otro país que haya llevado a cabo una actuación de este tipo y con estas consecuencias?

No conocemos ningún país en el que se hayan adoptado medidas tan desfavorables, más si cabe teniendo en cuenta que operarán con carácter retroactivo.

P- ¿Consideran que esta reforma desembocará en un proceso de litigios internacionales? ¿Qué escenarios se pueden plantear?

Los inversores internacionales están a la espera de que se concreten las medidas del Gobierno para tomar las decisiones que resulten más convenientes a sus intereses. Sin descartar acudir a los tribunales españoles, la posibilidad de demandar al Reino de España en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía adquiere cada vez más fuerza. Esta vía ya ha sido utilizada por inversores extranjeros en otros casos de recortes retroactivos a los productores de energías renovables.

P- ¿Qué elementos son los que pueden plantear especialmente un mayor número de litigios?

Por un lado, el carácter retroactivo de las medidas, y por otro la falta de reconocimiento de los costes reales de inversión y explotación de los productores. Se trata de una reforma perversa que puede abocar a una expropiación encubierta de las plantas de generación renovable.

P- Puesto que el Ministerio aún tiene que concretar ciertos aspectos de la reforma, ¿qué podría hacer para minimizar los daños al sector renovable?

A la hora de establecer los estándares que determinen la retribución específica, adicional a los ingresos por venta de energía a precio de mercado, el Ministerio de Industria debería tener en cuenta los costes reales de inversión y explotación de los productores. Una fijación unilateral irreal e injusta de estos costes será catastrófica para el sector de las renovables e impedirá que España alcance los objetivos de reducción de gases contaminantes e independencia energética.

P- ¿De qué forma han canalizado sus clientes el malestar ante la reforma? ¿Se ha contactado con el Ministerio para hacerles constar que alguno de sus clientes, al amparo de la Carta de Energía, puede emprender acciones legales contra España?

El Gobierno ha actuado hasta la fecha con total opacidad, sin consultar con los sectores afectados. En el momento en que se concreten definitivamente las medidas, los inversores extranjeros analizarán todos los instrumentos a su alcance para manifestar su malestar e impugnar la nueva regulación.

P- ¿Consideran en peligro futuras inversiones alemanas en España a raíz de esta reforma?

La desconfianza en España es evidente, porque no hay seguridad jurídica. Los inversores alemanes no entienden que un país miembro de la UE pueda cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Cualquier regulación, incluso la que ahora se implanta, puede ser modificada o revocada, por lo que no se garantizan condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores realicen inversiones en España.