Entrevista a José Segura (I): “El proyecto de ley perjudica a Canarias”

José Segura Clavell (Barcelona, 1944) es catalán de nacimiento pero no hay ninguna duda que canario de adopción y de corazón. Su acento lo delata. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este diputado socialista atesora una amplia experiencia política que lo sitúa en la actualidad frente a otro canario: el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

José Segura argumenta, con un detalle y conocimiento profundo de la propuesta de normativa, entre montones de documentos y habla claro: el proyecto de ley que impulsa el ministro Soria “perjudica a Canarias e introduce conflictos innecesarios”. También considera que “se penaliza a la empresa que históricamente ha invertido en el sistema eléctrico canario, que ha sido Endesa”. Además señala que esta actividad energética no se ha retribuido suficientemente, motivo por el cual, pese a estar liberalizada la generación, ninguna otra operadora ha querido instalarse en las Islas Canarias por esta «falta de rentabilidad”.

Pregunta-¿Cuál es la valoración general que tiene el Grupo Socialista del proyecto de ley?

Este proyecto de ley aparentemente es sencillo. Aparentemente. Pero no obstante, si dejamos esa apariencia y nos dedicamos a profundizar en él, es complejo en su contenido. Los parlamentarios socialistas votaremos en contra de su admisión a trámite por entender que es mejorable y, además, presentaremos una enmienda a la totalidad.

P-¿Por qué, a su juicio, es mejorable?

En primer lugar, desde el punto de vista procedimental y político, el Ministerio ha cometido un grave error. Ha incumplido el mandato del artículo 12 de la Ley 54/1997, la conocida como Ley del Sector Eléctrico. En ese artículo se establece la obligación de pedir informe a las comunidades autónomas afectadas por cualquier reglamentación para su sector eléctrico.

En esta ocasión, el Ministerio de Industria no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas afectadas. Ninguno de los cuatro gobiernos, los de Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, han sido consultados previamente. Sí que me consta que el Ministerio, cuando ya había traído el proyecto de ley al Congreso, al darse cuenta de que había incumplido con la ley, ha consultado a las comunidades. Pero esto ha sido a posteriori.

P-Llama la atención que no se haya consultado tampoco al Gobierno balear, que es del mismo signo político que el Gobierno central. ¿Por qué cree que ha sido así?

Eso lo puede contestar el señor ministro, que es el que tiene la obligación de cumplir con los procedimientos que marca la ley. Pero sí que me gustaría compartir que el propio Gobierno balear ha manifestado en un documento interno su malestar por lo que califica como una desconsideración hacia las comunidades autónomas y ciudades autónomas afectadas por este proyecto de ley. Una opinión que desde el Grupo Socialista compartimos.

También compartimos la impresión de que la gran mayoría de preceptos propuestos son de muy dudosa aplicación en el sistema energético de Baleares y carecen de sentido en los sistemas de Ceuta y Melilla. Dadas las sustanciales diferencias entre los sistemas cuyo funcionamiento se pretende regular, sería más correcto que el proyecto de ley se refiriera únicamente al sistema insular de Canarias.

P-Desde luego este proyecto de ley está encontrando mucha contestación en Canarias, no solamente desde instancias políticas, también las empresariales…

Es que ni siquiera se ha tenido en cuenta el Plan Energético Canario, aprobado en su día por el Parlamento de Canarias. Es asombroso que el proyecto de ley no haga referencia a este Plan ni a ninguno de sus contenidos. No entiendo por qué el ministro, un hombre con trayectoria y responsabilidades políticas previas relevantes, que conoce bien la administración canaria, en particular, y la administración autonómica en general, no ha formulado las consultas previas legalmente previstas.

Por eso, el proyecto de ley ha generado un importante debate en las Islas. No sólo se ha pronunciado el Gobierno de Canarias, que a través de sus declaraciones públicas ha lamentado que no haya sido consultado; también hay colectivos empresariales muy importantes y representativos que se han manifestado en contra del proyecto de ley como la Confederación Canaria de Empresarios.

Objetivos del proyecto de ley

P-¿Qué motivaciones cree que puede perseguir el ministro Soria impulsando este proyecto de ley de esta forma?

Aunque sea diputado de la oposición, no tengo por qué razonar malévolamente. Realmente quiero creer que este proyecto de ley está motivado por dos impulsos. Uno, supuestamente, por la lucha contra el déficit tarifario. Es cierto que, año tras año, el mantenimiento del sistema eléctrico canario le cuesta al Estado 1.700 millones de euros. Es evidente que hacer llegar la energía al hogar de un ciudadano canario resulta muy caro por su falta de conexión a la red peninsular. Sin embargo, el precio que paga un canario por el kW/h es el mismo que el de cualquier español.

Ya en la Constitución se recoge claramente el modelo de solidaridad del conjunto del Estado con Canarias en el modelo de suministro eléctrico y se puede decir que los consumidores de energía eléctrica en la Península, los españoles, han venido siendo solidarios con los consumidores de electricidad en los territorios aislados posibilitando que las tarifas sean uniformes en el conjunto del Estado. Así que intuyo que una primera motivación es intentar reducir los costes en la producción de energía eléctrica en las Islas. Pero es lo que quiero intuir, yo no he elaborado el proyecto de ley. Otra segunda intención sería la de intentar introducir competencia en la generación en Canarias.

P-Pero la generación en Canarias está ya liberalizada desde el año 97…

Esa es la cuestión. La mera liberalización normativa no trae consigo inexorablemente la libre competencia. Hay libre competencia en la generación de energía eléctrica, si más empresas deciden establecerse allí. Desde hace años esto es posible, pero hasta ahora nadie ha venido a Canarias a hacerlo. Y si no lo han hecho es simplemente porque no es rentable y el modelo retributivo actual es insuficiente. No soy yo quien deba decirlo, pero ésa es la realidad.

P-Ha señalado dos motivaciones para este proyecto de ley. ¿Cree que consigue esas pretensiones?

Yo creo sinceramente que no. Es más, creo que nos perjudica. Materializar esos dos propósitos en un texto legislativo introduce innecesarios conflictos con normativas estatales y europeas. Por ejemplo, en su primer artículo.

Penalizar a Endesa

P-En ese primer artículo se establece que no se otorgará régimen retributivo adicional a nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica que sean titularidad de una empresa o grupo que posea más de un 40% de la potencia instalada en ese sistema. ¿Cómo cree que puede afectar esta medida a las Islas Canarias?

Actualmente, Endesa es titular prácticamente del 100% de la potencia del archipiélago. Esta medida supone, por tanto, penalizar a la empresa que históricamente ha invertido en el sistema energético de Canarias. Se la penaliza de cara a invertir en nueva potencia instalada. Imagine que usted es directivo de otra empresa y quiere instalar una planta generadora en Canarias. Esa empresa sí que tendrá derecho a la ayuda económica, a esa prima adicional. A la empresa que ha invertido en la capacidad instalada actual no recibirá ninguna prima, ningún euro, al rebasar el 40% de potencia instalada que establece este artículo. Por lo tanto esta empresa ya no va a proceder a realizar nuevas instalaciones porque al no recibir la prima perderá dinero y, seguramente, decidirá invertir en otros lugares, nacionales o internacionales, y no en Canarias.

P-¿Considera que este proyecto de ley puede servir para atraer a nuevos operadores?

Ojalá, pero lo dudo. En primer lugar, porque con este proyecto de ley se perjudica al actual operador, que, por muchos motivos, es el que ha venido invirtiendo, dado que se ve perjudicado para ampliar su potencia instalada por esta penalización. Segundo, porque aunque en la ley se establece la posibilidad para que entren nuevos operadores, esto no es nada nuevo. Esta posibilidad ya estaba abierta desde 1997. Así que lo dudo.

P-¿Puede afectar, tal y como dicen determinados sectores empresariales canarios, a la garantía de suministro en las Islas?

Eso no puedo asegurarlo, pero analice este planteamiento: si quien está actualmente operando no va a poder seguir invirtiendo, porque se le penaliza y lo que se hace es mantener abierta la opción de que vengan otros operadores que, por otra parte, hasta ahora no han aparecido… es lógico que tengamos dudas de que el suministro se pueda ver afectado en el futuro.

En la segunda parte, José Segura nos explica su preocupación por el hecho de que Red Eléctrica de España se haga con la titularidad de las centrales de bombeo, expropiando incluso las que ya habían sido adjudicas por las administraciones del archipiélago. También nos expresa su opinión sobre el retraso en la llegada del gas a las Islas Canarias y sus dudas sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno. En último lugar, el diputado socialista reflexiona sobre la figura política del ministro José Manuel Soria y sus futuras aspiraciones políticas en Canarias.