ENERGÍA DIARIO.: ¿Conoce el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética?

JORDI DOLADER.: Como el documento no ha sido publicado todavía en la página web del Congreso de los Diputados como Anteproyecto de Ley, no puedo admitir haberlo leído (la entrevista se realiza en el momento en que todavía no había sido publicado el mismo y la respuesta es, sencillamente, muy inteligente).

E.D.: ¿Cuál es su valoración general del Proyecto y qué opina sobre su gestión?

J.D.: La situación actual de España y del sector eléctrico es excepcional. No se entendería una propuesta de este tipo, y elaborada de esta manera, en cualquier otra situación. Sin embargo, me hubiera gustado que el Gobierno hubiera abordado la problemática del sector con mayor rigor, empezando su preparación, incluso antes de las elecciones de noviembre de 2011.

Una modificación de este calado requiere mayor claridad en los objetivos, más tiempo de elaboración, mayor transparencia y consistencia con el resto de la regulación. Por ejemplo, ¿cree usted que el objetivo del proyecto de Ley tiene algo que ver con «medidas medioambientales», como reza el título?

Además, todavía no está claro cómo la recaudación de los nuevos impuestos va a ir destinada a mitigar el déficit tarifario.

E.D.: ¿Cuáles eran las alternativas a una propuesta fiscal de estas características?

J.D.: No hay soluciones fáciles para terminar con el déficit de tarifa. Este déficit suma, más o menos, 5 mil millones de euros al año. Y recaudar esa cantidad para el año siguiente no es fácil. Sin embargo, en mi opinión, la elaboración de una propuesta fiscal, que no es una solución «convencional», no es la mejor alternativa.

Esta «solución» es el resultado de dos tipos de limitaciones que tiene el Gobierno. Por un lado sería ilegal incumplir la normativa actual del régimen especial con medidas retroactivas y, por el otro, el Gobierno no quiere asumir el coste político de subir los peajes de acceso, y con ellos la Tarifa de Último Recurso (TUR).

La trampa reside en esta última limitación. Estas medidas «fiscales» se trasladarán en su mayor parte al precio que pagan los consumidores por la energía, igual que si el Gobierno hubiera subido los peajes de acceso, con lo que los consumidores pagarán lo mismo. Pero ahora, el Gobierno podrá echarle la culpa a las empresas. Para evitar asumir su parte de responsabilidad, el Gobierno aprueba «un parche» que distorsiona todo el mercado de generación.

E.D.: ¿Considera que el Gobierno ha tenido un nivel suficiente de interlocución con los sectores afectados y subsectores?

J.D.: La trasparencia en el proceso de toma de decisiones es un pilar básico para que la regulación resultante sea la mejor posible. Aunque es comprensible que en la situación actual el Gobierno haya tratado de «aislarse» de la influencia de los agentes afectados, en el fondo lo que ha conseguido es que sólo se haya oído la voz de los sectores más cercanos al poder.

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos de la batería de figuras impositivas en el coste del suministro y en el proceso de formación de precios en el mercado mayorista de electricidad?

J.D.: Casi todos los analistas han centrado su atención en que parte de estos impuestos se repercutirán en el precio del mercado. Esto el lógico que ocurra…, es como cuando sube el precio que Argelia nos cobra por el gas.

A mí me preocupan más los efectos a largo plazo. Una propuesta de este tipo puede ser interpretada por los inversores como un «comportamiento oportunista» del regulador, puesto que se cambian las reglas del juego una vez que ya están realizadas las inversiones, con lo que estos, ya sean nacionales o extranjeros, quedan atrapados en el país, muchas veces perdiendo dinero. La siguiente vez que necesitemos dinero de empresas extranjeras, se acordarán de este comportamiento oportunista y no van a invertir…, o nos pedirán mucho más dinero por hacerlo.

Esto es aún más grave porque el impacto en el mercado mayorista no va a ser igual para todos. Es posible que incluso algunas tecnologías se vean beneficiadas.

El impacto medio en el mercado de generación es doble, ya que el incremento del coste marginal de los CCGTs supondrá unos 4,5 €/MWh, al que habrá que sumar el 6% del impuesto. Los 4,5€/MWh de aumento por el gas es mayor que el impuesto a la nuclear, y mayor que el 6% de prima que le quitan a muchas renovables, por lo que es posible que estas tecnologías, las renovables, acaben ganando más dinero.

E.D.: ¿Cuáles serían los efectos para las principales tecnologías de generación de electricidad, incluyendo la operación de los ciclos combinados y centrales nucleares?

J.D.: Actualmente los ciclos combinados compiten esencialmente con otros ciclos combinados, y los nuevos impuestos les afectan a todos por igual, con lo que, en esencia, no cambia su situación.

El principal problema de estas centrales es anterior a esta propuesta de Ley y está en el diseño del mercado de generación. Los ciclos combinados no estaban cumpliendo los planes con los que fueron diseñados, ni en términos operativos, ni financieros. Si como argumenta el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hay exceso de capacidad, el Gobierno debería permitir a algunas de estas centrales «pasarse a la reserva» y esperar tiempos mejores. Pero si no deja que las centrales salgan del mercado, debe permitirles recuperar su inversión.

E.D.: ¿Considera que pueden existir efectos no previstos en términos de afectación a la viabilidad de determinadas instalaciones y, en concreto, a las tecnologías inframarginales?

J.D.: Creo que el mayor riesgo es la pérdida de reputación del mercado español. Esta reputación nos afectará cuando queramos atraer nuevas inversiones, mejorar la calidad del suministro, implementar redes inteligentes…

E.D.: ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para el sector gasista?

J.D.: Según la versión del Anteproyecto de Ley que se ha dado a conocer, se creará un nuevo impuesto para todo el gas natural consumido en España, salvo para su uso en el transporte. Eso obviamente aumentará el coste de esta energía.

En cierta medida parece lógico que si se crean nuevos impuestos en el sector eléctrico, se haga lo propio en el sector gasista, para evitar cambiar los precios relativos entre ambos y que todos los clientes «se pasen al gas natural».

Sin embargo hay que tener en cuenta que España tiene muchas infraestructuras gasistas con un nivel de uso bajo. Al deprimir la demanda de gas natural, el coste de estas infraestructuras recae en los consumidores que quedan, aumentando lo que estos tienen que pagar. Se podría entrar en una espiral muy peligrosa que es conveniente evitar.

E.D.: Se habla enormemente sobre la traslación de los impuestos a las tarifas y precios de la electricidad. ¿Cuáles considera que pueden ser los efectos para consumidores industriales y domésticos de las distintas medidas y figuras fiscales que plantea el Anteproyecto de Ley?

J.D.: El impacto de estas medidas en el precio final será a través del aumento del precio de la energía. Sin embargo, es muy aventurado adivinar cuál será este aumento. Francia y Portugal no aplicarán estos impuestos, por lo que parte de la energía que consumirán los ciudadanos españoles vendrá de estos países, y la subida en España no será tan alta.

Además, como he dicho anteriormente, la reducción del déficit tarifario por vía de las tarifas de acceso hubiera implicado un aumento del precio final equivalente.

En el caso de Francia se dejará de exportar, lo que tiene un efecto parecido. Lo que está claro es que es muy difícil aventurar un nuevo precio medio.

E.D.: En lo que se refiere al gas natural, ¿cuáles son los efectos para el consumo final?

J.D.: El Anteproyecto de Ley prevé un impuesto equivalente a 2,34€/MWh. Esto es más o menos un 7% del precio mayorista del gas natural, pero mucho menor si se tiene en cuenta el precio final, que incluye el coste de los peajes.