El principal riesgo para la economía europea es ahora la subida de la inflación por el aumento de los precios la energía y de las materias primas y la posibilidad de que ello provoque efectos de segunda ronda, según se recoge en un informe elaborado por la presidencia húngara para la reunión informal de ministros de Economía de la Unión Europea que se celebrará en Budapest el 8 y 9 de abril.

Este análisis coincide con el del Banco Central Europeo (BCE), que podría subir los tipos de interés en su reunión de esta semana para contener la presiones inflacionistas.

«El crecimiento del PIB de la Unión Europea en 2011 ganará velocidad en 2011, pese a la persistente vulnerabilidad en los mercados financieros», asegura el informe. No obstante, «la evolución sigue siendo desigual en los distintos Estados miembros» y la mejora en los indicadores de sentimiento económico «contrasta con las tensiones observadas en algunos mercados de bonos soberanos en la Unión Europea desde el otoño».

El desastre nuclear en Japón «afectará a la economía de la Unión Europea directamente a través del canal del comercio e indirectamente a través de los mercados de materias primas, los mercados financieros y os efectos de confianza». Pero, según los cálculos de Bruselas, sólo provocará una reducción del PIB de 0,2 puntos porcentuales en 2011. «En conjunto, con toda probabilidad el terremoto y el desastre nuclear no deberían hacer descarrilar la recuperación internacional«, señala el informe.

Por lo que se refiere a la inflación, que alcanzó el 2,4% en febrero en la eurozona, la Unión Europea la atribuye sobre todo al aumento del precio de la energía y de las materias primas. «Estaba previsto que la inflación se moderara otra vez por debajo del 2% en 2012, pero estas proyecciones no tienen en cuenta los aumentos más recientes del petróleo y asumen que continuará la moderación en materia de salarios y precios», avisa la presidencia húngara.

Por ello, el informe insiste en la existencia de riesgos «al alza» para la evolución de los precios «relacionados en particular con los efectos de segunda ronda y con mayores incrementos del precio de la energía y de las materias primas». Estos riesgos podrían verse «agravados» por la situación en Japón y en el norte de África.

«Además, los aumentos de los impuestos indirectos y de los precios administrados podrían ser mayores de lo previsto debido a la necesidad de consolidación fiscal en los próximos años. Finalmente, los riesgos tienen que ver también con presiones sobre los precios nacionales más fuertes de lo previsto en el contexto de la recuperación«, apunta el análisis.

La portavoz comunitaria de Energía, Marléne Holzner, informó de la fecha de la reunión –la segunda de este tipo– en la que participarán «representantes de las autoridades nacionales competentes en seguridad nuclear, las empresas y los Ministerios«, si bien matizó que las invitaciones no han sido aún enviadas, por lo que no ha confirmado la lista de asistentes.

El Grupo Regulador de la Seguridad Nuclear en Europa trabaja en la definición de los criterios y la metodología para los exámenes de la seguridad de las plantas y Bruselas calcula que la primera propuesta concreta llegará a mediados de mayo.

Este grupo de trabajo está formado por expertos de las 27 autoridades nacionales, lo que, a juicio del Ejecutivo comunitario, garantiza la «independencia» del organismos, porque «no son los Gobiernos quienes están dentro».

La Comisión no tiene poder para exigir a los Estados miembros que clausuren una planta que no supere el examen porque es competencia de los gobiernos nacionales, pero recuerda que el resultado de los test deberá hacerse público y confía en que sirva de «fuerte presión política» en los casos que desvelen fallos en una central.

En la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como la canciller alemana, Angela Merkel, respaldaron la idea de cerrar las plantas inseguras, en caso de que no fuera suficiente con la introducción de «medidas correctoras».

El presidente galo, Nicolas Sarkozy, por su parte, fue categórico al asegurar que los resultados de las pruebas «se publicarán». «Si son concluyentes, asumiremos inmediatamente las consecuencias. Y sólo hay una consecuencia, el cierre inmediato», dijo.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, defendió en una intervención ante el pleno de la Eurocámara que no todos los reactores que suspendan los test de estrés deberán cerrarse, tal y como sostienen España, Alemania o Francia.

«Si una instalación suspende el test, la posibilidad de acciones correctivas queda abierta. En el caso de que una mejora sea técnica o económicamente no factible los reactores tendrán que cerrarse», dijo Barroso a los parlamentarios.

«Pero es posible que haya situaciones en las que una mejora en materia de seguridad tenga sentido desde el punto de vista económico y sea factible técnicamente«, sostuvo.

Según la legislación comunitaria, a partir de 2013 el sector eléctrico deberá, como regla general, adquirir la totalidad de sus permisos de emisión en subasta. No obstante, se prevé una excepción para diez países (Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Rumanía), en los que el sector eléctrico es más dependiente del carbón, y que podrán adjudicar gratis parte de las cuotas hasta 2019.

Los permisos gratuitos sólo podrán darse a las plantas eléctricas que estuvieran en marcha, o para las que el proceso de inversión se hubiera iniciado físicamente, el 31 de diciembre de 2008. En principio, el uso de esta derogación no se permite para las plantas nuevas para evitar distorsiones de competencia en el mercado eléctrico europeo.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace denunció que Polonia, uno de los Estados miembros más dependientes del carbón, quiere conceder derechos de emisión gratis, por lo que intenta aprovechar el sistema para las nuevas centrales construidas después de 2008, es decir, a todas las plantas para las que se habían iniciado trabajos preparatorios antes de la fecha límite, incluso aunque no hubiera permiso de construcción, aunque según la legislación comunitaria no deberían beneficiarse de esta excepción.

Los países que pretendan dar cuotas gratis a centrales eléctricas deberán presentar una solicitud a la Comisión antes del 30 de septiembre de 2011. Bruselas tendrá un plazo de seis meses para decidir si la acepta o la rechaza. Y se encargará de garantizar, según anunció, que las derogaciones no pongan en riesgo el objetivo de reducir un 20% las emisiones de CO2 de aquí a 2020 ni sean incompatibles con las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas o mercado interior.