Los Veintisiete decidieron realizar pruebas de resistencia más estrictas y bajo criterios comunes para evitar crisis como la ocurrida en Japón por la cadena de fallos de la central de Fukushima tras sufrir el impacto de un terremoto y un tsunami. Las pruebas de la Unión Europea son voluntarias pero existe el compromiso de los Estados miembros de poner en marcha medidas adicionales para mejorar la seguridad o estudiar el cierre de sus plantas si no superan los test.

«Los ataques terroristas no se pueden considerar como parte de la responsabilidad de estas pruebas de estrés», anunció el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en una rueda de prensa en Bruselas. La primera fase de las pruebas arrancará el próximo mes de junio y el comisario aseguró que los exámenes se basarán en criterios «muy duros» y se realizarán «con total transparencia».

El comisario explicó que las autoridades nacionales tienen muchas competencias y son los responsables en muchos casos, «por ejemplo en el riesgo ante ataques terroristas», que queda fuera de las competencias europeas. Bruselas invitará «en los próximos días» a los Estados miembros a tratar este punto para determinar a quién compete en concreto y estudiar «si también aquí se puede establecer algún tipo de test o consulta europea», dijo el comisario.

En concreto, los test aprobados pondrán a prueba la resistencia de las plantas ante catástrofes naturales como inundaciones, terremotos o condiciones climatológicas extremas, o la combinación de varios de estos factores. También examinarán escenarios con acciones o fallos provocados por el ser humano, lo que incluye los daños en estructura de un choque de un avión o una explosión.

Sin embargo, las medidas de prevención para evitar un ataque terrorista en una central no serán examinadas, alegando que se trata de una cuestión de seguridad nacional y que, por tanto, la competencia recae sobre los Estados miembros, matizan fuentes comunitarias.

Greenpeace criticó el acuerdo porque lo considera insuficiente. «No serán independientes, no cubrirán los planes de emergencias y no dirán si algunos de los objetivos terroristas más evidentes en Europa están protegidos o no», dijo uno de sus portavoces, Jan Haverkamp. La organización ecologista responsabilizó especialmente a gobiernos «pro nucleares» como Reino Unido, Francia y República Checa por haber rebajado la exigencia del acuerdo.

Las pruebas de resistencia deben empezar «a más tardar el próximo 1 de junio» y se llevarán a cabo en tres fases, siendo la primera de ellas responsabilidad de la empresa que gestiona la central, que deberá establecer los criterios y entregar un informe final antes de que acabe el próximo mes de octubre.

Este primer informe será sometido a las autoridades nacionales que deberán presentar su propio informe antes de que acabe el año, con el objetivo de que el Ejecutivo comunitario y el regulador europeo preparen un primer estudio que conocerán los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo de diciembre.

La tercera fase del examen, «la más importante» en palabras de Oettinger, quedará en manos de grupos de expertos de los Estados miembros que revisarán las evaluaciones nacionales. Estos «grupos entre pares» estarán compuestos por entre seis y siete expertos, y no podrá haber entre ellos un nacional del país cuya central se examina, con el objetivo de garantizar su objetividad.

Los grupos de expertos estudiarán la documentación y podrán desplazarse si lo desean a la planta sometida a examen para comprobar «in situ» los resultados. «Vamos a controlar a los que controlan», destacó el comisario en la presentación del acuerdo.

El informe final con todas las pruebas y las conclusiones extraídas por la Comisión Europea se estudiará dentro de un año, en el Consejo Europeo de junio de 2012, si bien el comisario admitió que el calendario planteado es orientativo y podría alargarse.

Foro Nuclear: «Las pruebas de estrés sonuna oportunidad para demostrar la seguridad»

Por su parte, la industria nuclear española consideró que las «pruebas de estrés» planteadas en la Unión Europa «permitirán confirmar el alto nivel de seguridad de los reactores españoles», según informó Foro Nuclear, que insistió en que la seguridad nuclear «ha sido la prioridad en las actividades de las instalaciones nucleares en el país».

Después de que la Comisión Europea anunciara que el próximo 1 de junio un total de 143 centrales europeas deberán pasar por diferentes pruebas de resistencia, que se presentarán ante la Unión Europea previsiblemente en 2012, el Foro Nuclear aseguró que «todas las instalaciones en todas sus etapas de diseño, construcción y operación han evaluado e incorporado los requisitos derivados de la experiencia operativa y de los nuevos desarrollos tecnológicos».

En este sentido, indicó que esta continua adaptación a los nuevos requisitos de seguridad exigió inversiones relevantes, del orden de 200 millones anuales en el conjunto del parque, que permitió que las centrales nucleares operen con unas bases de diseño sólidas, y de acuerdo a los estándares vigentes de seguridad en el ámbito internacional.

La presidenta de Foro de la Industria Nuclear Española, María teresa Domínguez, manifestó que «la industria española colaborará con el Consejo de Seguridad Nuclear y otras instituciones para que la revisión de las centrales españolas se realice con objetividad técnica y transparencia».

Sobre las pruebas, apuntó que es un proceso «análogo al de la mejora continuada, pero enfocado en este caso a los aspectos que se han manifestado en la central de Fukushima tras el terremoto y tsunami del pasado 11 de marzo».

En un encuentro con la prensa al término de un foro informal celebrado en Bruselas con los principales países industrializados, Hedegaard celebró el amplio acuerdo sobre la necesidad de poner en marcha los acuerdos logrados en Cancún y el «reconocimiento general» de la conveniencia de un acuerdo «vinculante» que incluya objetivos de reducción de emisiones contaminantes.

Sin embargo admitió que también «hay malas noticias» y es que, en su opinión, es «altamente improbable» que tal acuerdo se consiga en el mes de diciembre, cuando tenga lugar la Conferencia de Durban. La cita de Sudáfrica servirá para avanzar en la puesta en marcha de los acuerdos de Cancún, según la comisaria, que juzgó insuficiente este escenario.

Hedegaard subrayó el fuerte apoyo de los 27 al objetivo de establecer un pacto que sea jurídicamente vinculante y aseguró que la Unión Europea es la región «más implicada» en este objetivo. Además destacó que hace dos años «sólo la UE» tenía objetivos concretos para reducir sus emisiones de efecto invernadero y que, en la actualidad, son ya «89 países» los que han asumido compromisos propios.

El Foro de las Grandes Economías sobre Energía y Cambio Climático, fue organizado por Estados Unidos para abordar el desarollo de los acuerdos logrados en Cancún, de cara a la próxima cita auspiciada por la ONU en Sudáfrica.

España participó en este foro informal en calidad de país observador y estuvo representado por la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, que valoró este tipo de encuentros como una herramienta para «ayudar» a que la negociación internacional «resulte más eficaz» y las partes entiendan «dónde están los puntos de consenso o cuáles pueden ser las dificultades del vecino».

En declaraciones a la prensa en Bruselas, Ribera también consideró que «no es probable» que se llegue a un acuerdo en Durban, pero aseguró que la cumbre servirá para «marcar la convergencia» sobre cómo y cuándo puede producirse el convenio. «Si no seguimos construyendo y empujando, estaremos retrasando que (el acuerdo) se produzca», dijo.

Además, la secretaria de Estado destacó que las «grandes líneas» quedaron perfiladas en la cumbre anterior y, aunque puedan surgir «importantes diferencias de interpretación», permitieron activar una «transformación para ajustar mucho más el sistema productivo a limitar consumos y hacer una distribución mucho más equitativa de generar desarrollo».

Tal paso requiere de cambios «muy profundos» en los sistemas energéticos, financieros y fiscal, así como en las relaciones entre países, según Ribera, que señaló la necesidad de «voluntad política» para superar las diferencias entre países.

El Ejecutivo comunitario acaba de presentar una norma cuyo objetivo es que el nivel de impuestos aplicable a los carburantes para coches y combustible para calefacción se base por primera vez en sus emisiones, además de en su contenido energético, para penalizar así a los más contaminantes y contribuir a la lucha contra el cambio climático, al tiempo que se actualiza el sistema actual que favorece a los combustibles fósiles frente a las renovables, en especial al carbón.

«Es absurdo», resumió el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al referirse a la situación actual en la que se tasa el trabajo y, no en la misma medida, la energía contaminante.

El mayor impacto de esta propuesta se dejará sentir en el precio del gasóleo y de la gasolina. En la actualidad, en España y en la mayoría de países de la Unión Europea, el gasóleo se grava a un tipo inferior por litro que la gasolina, pese a su mayor contenido en energía y emisiones de CO2. El resultado es que, aunque el precio del diesel (antes de impuestos) es más alto que el de la gasolina, esta relación se invierte en las estaciones de servicio debido al sistema fiscal.

Para acabar con esta distorsión, Bruselas propone aumentar casi un 25% el nivel mínimo de impuestos sobre el gasóleo, de 330 a 412 euros por cada mil litros. En España, los impuestos especiales sobre el gasóleo se sitúan en 331 euros por cada mil litros, justo por encima del mínimo europeo, por lo que deberán subir 8 céntimos por litro para alcanzar el nuevo umbral.

En todo caso, la Comisión prevé un largo periodo transitorio, hasta el 2018, para dar tiempo a los consumidores y las empresas a adaptarse. «Se trata de 8 céntimos por litro. Pero desde hoy damos siete años para alcanzar el nuevo mínimo, lo que significa un céntimo al año. Creo que es una cantidad muy insignificante», ha dicho el comisario de Fiscalidad, Algirdas Sementa.

En contraste, el nivel mínimo de impuestos especiales para la gasolina se mantendrá estable en 359 euros, aunque su umbral es de 424 euros por cada mil litros.

Además, Bruselas quiere suprimir las ventajas fiscales que algunos Estados miembros aplican al gasóleo profesional para transportistas y equipararlo al gasóleo normal. Esta distinción, sostiene el Ejecutivo comunitario, «no es compatible con la exigencia de mejorar la eficiencia energética y la necesidad de hacer frente al creciente impacto medioambiental del transporte».

En el caso de España, los transportistas se benefician de un nivel de impuestos de 302 euros por 1.000 litros de gasóleo, según los datos de Bruselas. De aquí a 2018 tendrán que pagar 412 euros, como el resto de conductores, lo que significa un aumento de 11 céntimos por litro.

Además, el anuncio ha provocado cierta alarma en la industria, que aseguró que se traducirá en una subida de precios y perjudicará la venta de automóviles diesel. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario descarta que se vaya a provocar una caída de la demanda de coches diesel y pronostica por el contrario una estabilización, ya que estos vehículos consumen menos sobre todo para distancias largas.

Bruselas propone también aumentar el nivel mínimo de impuestos especiales para el gas licuado de petróleo (de 125 a 501 euros por cada mil litros) el keroseno (de 330 a 386 euros), y el gas natural (de 2,6 a 10,8 euros). No obstante, los Estados miembros podrán dejar exentos de esta subida a los combustibles utilizados para calefacción en los hogares.

La nueva norma prevé también excepciones para el sector agrícola si se toman medidas medioambientales y de eficiencia energética.

La nueva norma no se aplicará a los sectores ya cubiertos por el sistema comunitario de comercio de derechos de emisiones (ETS), que desde 2013 pagarán ya por sus emisiones, como el sector eléctrico, las plantas industriales o la aviación y el transporte marítimo.

Para llegar a estos nuevos umbrales mínimos, el Ejecutivo comunitario propone dividir el tipo mínimo de impuesto en dos partes. Una se basaría en las emisiones de CO2 y se fijaría en 20 euros por tonelada de CO2. La otra se basaría en el contenido energético y se fijaría en 9,6 euros por gigajulio para los combustibles de automoción y en 0,15 euros para los de calefacción.

Esta propuesta favorecerá las fuentes de energía renovables y estimulará el consumo de fuentes de energía que emitan menos CO2, según el Ejecutivo comunitario.

«Por el momento, las fuentes de energía más contaminantes son, paradójicamente, las que menos impuestos pagan. En cambio, los biocombustibles son algunas de las fuentes de energía por las que se pagan más impuestos pese al compromiso de la Unión Europea de incrementar el porcentaje de la energía procedentes de fuentes renovables en el transporte. La nueva propuesta subsanará esta contradicción«, afirmaron desde la Comisión.

Al tratarse de una cuestión de fiscalidad, esta propuesta debe ser aprobada por unanimidad de los Veintisiete Estados miembros. Sin embargo, la propusta tiene pocas posibilidades de salir adelante, al menos en su formato actual, después de la oposición frontal a la misma que ya han adelantado países como Alemania.

Bruselas, en cambio, insiste en que en la práctica el impacto no será drástico porque la mayoría de los países de la Unión Europea ya superan los umbrales mínimos para 2018. Los estados miembros que más acusarían el cambio son los del este de Europa.