En una reunión a puerta cerrada, los eurodiputados han acordado recomendar que la Eurocámara defienda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de Bruselas, que autorizó el sistema español de apoyo al carbón.
La comisión jurídica considera que el Parlamento Europeo debe apoyar en la Corte la directiva que aprobó y en la que se basa el decreto.
La decisión final de acudir a la Justicia, explicaron fuentes parlamentarias, será validada por la Conferencia de Presidentes de la institución.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, junto a la Xunta de Galicia, han recurrido ante la Justicia comunitaria la decisión de la Comisión Europea de autorizar el real decreto, que permite las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2014 a las empresas que usan carbón español para generar electricidad.
El eurodiputado socialista Antonio Masip ha lamentado que «las empresas gasistas españolas hayan obstaculizado el desarrollo de la legislación española a favor del carbón» y ha instado al Parlamento Europeo a «mantener sus resoluciones ante el Tribunal Europeo de Justicia».
Mientras, su compañera María Muñiz ha afirmado que el PSOE apoyará «cualquier medida de carácter legal y político a favor del carbón nacional».
«Se trata de un asunto estrictamente judicial respecto al procedimiento, el decreto es legal y nuestro compromiso firme», ha subrayado.
Según Muñiz, «el Parlamento Europeo tiene conciencia de la realidad de las minas de carbón españolas y de sus trabajadores gracias a la intensa labor política y de información que hemos llevado a cabo los socialistas españoles».
Llamazares apremia al Gobierno a que use su poder y aplique el Real Decreto
Asimismo, el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha apremiado al Gobierno a que tome una posición mucho más firme y aplique el Real Decreto que incentiva la compra del carbón nacional, pues a su juicio ahora no hay ningún impedimento político ni jurídico para ello.
Para Llamazares, esta medida es necesaria para paliar la incertidumbre de un sector en una «difícil» situación que no tiene garantizado su presente «ni mucho menos su futuro» debido a una confabulación de «impotencias» e «incapacidades» de los responsables de su horizonte.
«No me puedo creer que el Gobierno no sea capaz de movilizar y de cambiar las actitudes del sector del carbón y del sector energético, pues es un sector que depende en buena medida de decisiones gubernamentales», ha apuntado el portavoz.
La apuesta por un modelo de privatización que beneficia a las empresas eléctricas a las que resulta más barato producir electricidad, a veces incluso con propiedades públicas, ha provocado que en estos momentos España no tenga una planificación energética adecuada, según Llamazares.
Para corregir esta situación del mercado energético, se ha mostrado favorable a intervenir en el sector y evaluar qué empresas sería necesario que volvieran a manos públicas, como se ha hecho en otros países.
Como alternativa a la minería en las zonas donde tradicionalmente ha sido habitual esta actividad de Aragón, Asturias y Castilla y León, Llamazares ha apostado por marcar una estrategia clara de aplicación del Plan del Carbón a través de la aplicación de los presupuestos comprometidos.
«Salvo alguna infraestructura, realmente hasta ahora no se ha producido una reindustrialización de las comarcas mineras«, ha lamentado el portavoz de IU, quien ha criticado que el Gobierno no haya mantenido los fondos que anunció para este plan.
Castilla y León alerta de la inminente «quiebra» de empresas por falta de actividad
Por su parte, las empresas mineras que operan en Castilla y León están en una «situación insostenible» que les puede llevar en breve plazo a su «quiebra mercantil» y a una eliminación casi generalizada de todos los puestos de trabajo vinculados a su actividad, según ha anunciado el Gobierno autonómico.
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha explicado que tras hablar con los dirigentes de las principales compañías mineras se puede afirmar que «las cuencas mineras están sin actividad».
Ha detallado además que, como consecuencia de los expedientes de regulación de empleo planteados, frente a los 2.933 trabajadores censados en enero en este sector de la Comunidad, la previsión para febrero es que sólo queden 67 empleados.
Para el vicepresidente de la Junta, esta situación es «consecuencia de la inexistente política en el sector minero y energético», cuyo «responsable único es el Gobierno, ni las eléctricas ni las comunidades autónomas», en referencia a la crítica del PSOE por el recurso planteado contra el Real Decreto de ayudas al carbón por parte de la Xunta de Galicia.
Villanueva ha recordado que fue «una frivolidad y un disparate» suprimir los incentivos a la minería del carbón que estaban vigentes en el anterior Plan del Carbón y que contaban con el apoyo de la Unión Europea, lo que llevó al Gobierno a tener que redactar este nuevo Real Decreto cuya aplicación está ahora pendiente de la resolución del Tribunal de Luxemburgo, tras los recursos planteados por las eléctricas y la Xunta.
«Este país ha perdido el norte en la energía», ha resumido el vicepresidente segundo de la Junta, convencido de que el Gobierno «abandona la minería» con su apuesta por las ayudas vinculadas a los cierres de las minas que no sean rentables.
El representante de la Junta de Castilla y León ha pedido «que se investigue» la que considera «dejadez» del Ejecutivo autonómico a la hora de negociar, a finales del pasado año, el futuro del sector del carbón en el ámbito europeo.
