La Unión Europea necesita invertir 70.000 millones de euros al año en renovables, según el BEI

El vicepresidente del BEI, Plutarchos Sakellaris, señaló en una conferencia en el World Future Energy Summit de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) que la inversión en renovables se ralentizó en algunos países europeos que eran líderes en el sector, como España, debido a la crisis financiera.

A pesar de ello, aseguró que el objetivo del BEI para los próximos años es que una cuarta parte de los préstamos que conceda estén dedicados a desarrollar proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático en alguna de sus facetas, lo que afecta tanto a renovables como a eficiencia energética.

La mejor forma de fomentar las renovables, explicó Sakellaris, es establecer un mecanismo fijo de remuneración, porque esto «aisla a los inversores de la volatilidad de los precios del mercado eléctrico, lo que a su vez reduce los costes de capital».

Sobre todo, Sakellaris se mostró partidario de «internalizar las externalidades», es decir, de que las tecnologías de generación de electricidad convencionales asuman los costes ambientales derivados de su forma de generar electricidad.

Este «fallo de mercado» se podría solucionar al establecer un coste fijo a las emisiones de gases efecto invernadero -al margen del mercado actual, que está sujeto a la volatilidad-, a través de impuestos directos o de una regulación especial.

De esta manera, señaló, se establecería una correspondencia entre el sobrecoste de instalar tecnologías limpias para la generación de electricidad, que todavía son más caras, y su aportación para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.

Sakellaris también destacó el potencial de la eficiencia energética para la reducción de emisiones y para el ahorro económico al reducir el consumo eléctrico.

Sin embargo, recordó que existen importantes obstáculos para este objetivo, como las subvenciones al consumo de la electricidad que todavía existen en muchos países.

La Unión Europea espera nivelar con los países del Golfo Pérsico y Libia el embargo al petróleo iraní

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea prevén aprobar un embargo al crudo iraní, así como más sanciones financieras, en el Consejo que celebrarán el próximo día 23 en Bruselas, que se adelantó una semana para que no coincida con la cumbre extraordinaria de líderes comunitarios del día 30.

«Sabemos que otros países del Golfo, como Arabia Saudí o Kuwait, estarían muy interesados«, dijo Soevndal al ser preguntado, en una conferencia de prensa con periodistas europeos, sobre qué alternativas hay al crudo iraní.

La Unión Europea importa de Irán aproximadamente el 5,7% del petróleo que consume, cifra que asciende al 14% en el caso de España. Italia, España y Grecia son, por este orden, los países de la Unión Europea que más crudo iraní importan.

El jefe de la diplomacia danesa añadió que Libia «está en el proceso de restaurar su producción» tras el conflicto civil que derrocó al régimen de Muamar el Gadafi, y señaló que la cercanía geográfica de ese país al sur de la Unión Europea puede facilitar el acceso a suministros alternativos de petróleo a los principales clientes del crudo iraní.

Preguntado acerca de si los países comunitarios que más crudo iraní importan podrían tener un período de tiempo para buscar suministros alternativos, señaló que es una cuestión «que debe discutirse», si bien recalcó que espera que esta nueva oleada de sanciones europeas entren en vigor «lo antes posible».

Soevndal insistió en que el objetivo de las medidas es devolver a Irán a las negociaciones sobre su programa nuclear.

«Debemos dejar claro al liderazgo iraní que tiene que volver a la mesa de negociaciones, que deben permitir el acceso a las inspecciones» internacionales a su programa nuclear, añadió el ministro danés.

Soevndal explicó que, si Irán consigue el arma nuclear, hay un «riesgo de proliferación de armas atómicas en Oriente Medio», ya que otros países no querrán quedarse detrás de Teherán. Por ello, «es importante actuar», urgió.

La Comisión Europea busca mayor cooperación con los países vecinos que hagan perforaciones marinas

Así lo recalcó el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en una respuesta por escrito a una pregunta del eurodiputado ecologista belga Bert Staes, en la que mostraba su preocupación por estas actividades, dado el carácter sísmico de la zona.

«Se trata de una zona volcánica muy activa, con un gran riesgo de terremotos. Los vertidos de pozos de petróleo serían catastróficos, no solo para el entorno marítimo, sino también para las zonas costeras turísticas tanto de Marruecos como de Canarias», afirmó Staes en su pregunta, que planteó a instancia del grupo local de Lanzarote del partido verde español Equo.

El Ejecutivo europeo presentó en octubre un proyecto de regulación sobre la seguridad de las perforaciones petrolíferas con el que pretende reforzar la seguridad de estas actividades en el mar.

En su respuesta, Oettinger recordó que la Comisión Europea aboga en este documento por el establecimiento de unos requisitos más exigentes para conceder licencias, el aumento de la responsabilidad medioambiental que deben asumir las empresas y la mejora de la cooperación con países vecinos.

La Comisión busca evaluar la seguridad de las operaciones que se realicen en aguas de terceros países cercanas al territorio de los Estados miembros y reforzar la cooperación entre los países vecinos y la Unión Europea en estas circunstancias.

El Ejecutivo europeo planea prestar su apoyo a los países que desarrollen proyectos petrolíferos cerca de aguas comunitarias, con un «enfoque coordinado para el intercambio de experiencias y la promoción de las medidas preventivas y de los planes de respuesta de emergencia regionales».

Las perforaciones en aguas cercanas a Canarias, tanto del lado español como del marroquí, mantienen enfrentados desde hace años a los partidarios de las actividades petrolíferas en la zona -como el ex presidente del cabildo insular y actual ministro de Energía, José Manuel Soria- y los ecologistas.

La compañía australiana Tangiers Petroleum Limiteds pretende iniciar las perforaciones durante el año 2012 y las compañías Repsol YPF y Kosmos Energy expresaron en reiteradas ocasiones su interés por la zona.

En 2004, las prospecciones de Repsol YPF fueron paralizadas por una sentencia del Tribunal Supremo que ponía de relieve la ausencia de evaluación ambiental y los errores en el Real Decreto que autorizaba a la compañía a realizar prospecciones y exploraciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Bruselas abre una consulta para extender el uso de LED en Europa

Bruselas adoptó un «libro verde» -documento para abrir el debate- a ese respecto, poniendo el acento en que, si se acelera el despliegue de esa tecnología, «se asegurará el éxito del sector europeo de la iluminación» y se contribuirá a que, para 2020, se haya reducido un 20% el consumo de energía procedente de la iluminación, señaló la Comisión Europea.

Según la Comisión, los dispositivos LED pueden permitir ahorrar hasta un 70% de energía y dinero a medio o largo plazo al consumidor, dado que, aunque de entrada cuesten más caros, su duración es muy superior a la de una bombilla y su consumo energético es mínimo.

En ese contexto, la Comisión Europea recordó que los LED se enfrentan a ciertos problemas en el mercado como su alto precio de venta (al ser una tecnología más sofisticada que otras alternativas), el desconocimiento que tienen de ello sus usuarios potenciales y la falta de normas comunes que lo regulen.

Sobre esas cuestiones, en concreto, quiere recabar opiniones el Ejecutivo comunitario hasta el próximo 29 de febrero, cuando se cerrará la consulta.

«Solicitamos ideas sobre la forma de acelerar el despliegue de esta tecnología y de maximizar el número de empleos y la cantidad de dinero ahorrado que puede conseguir Europa con ese despliegue», declaró la vicepresidenta de la Comisión Europea y titular de la Agenda Digital, Neelie Kroes, para quien «la necesidad de la iluminación LED no admite discusión».

La Comisión recordó que, con la eliminación gradual hasta septiembre de 2012 de la venta de bombillas tradicionales en la Unión Europea, se planteará la necesidad, en unos pocos años, de sustituir con soluciones de iluminación más eficientes los cerca de 8.000 millones de lámparas incandescentes que existen hoy en los hogares, oficinas y calles de Europa.

Entre esas soluciones, se encuentran las tecnologías de iluminación LED y LED orgánica (u OLED), conocidas también como «iluminación de estado sólido» (SSL), la cual ofrece no sólo una luz y un rendimiento visual de alta calidad, sino también mejores opciones de diseño, puntualizó la Comisión Europea.

Desde el punto de vista de la Comisión, esta tecnología puede aportar innovación a los sectores de la iluminación y la construcción, y abre un «sinnúmero de oportunidades» a las empresas europeas, muchas de ellas pymes, favoreciendo así el crecimiento y la creación de empleo en Europa, concluyó.

La Comisión Europea quiere fijar en dos años un objetivo obligatorio de renovables de un 30% para 2030

La Unión Europea se comprometió de aquí a 2020 a reducir el 20% las emisiones, aumentar al 20% la cuota de renovables y a incrementar un 20% la eficiencia energética. Todas estas metas son ya jurídicamente vinculantes, y por ello el Ejecutivo comunitario lanzó el debate sobre la combinación de energías que debe promover la Unión Europea de aquí a 2050.

El objetivo para ese año, recordó Oettinger, es reducir entre un 80% y un 95% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y garantizar la seguridad de suministro. Esta «descarbonización» es «técnicamente posible y económicamente defendible», sostuvo el comisario. «Los costes son casi los mismos si hacemos algo que si no hacemos nada», agregó.

Se trata de un plan que espera fomentar las discusiones en torno a la cuestión entre Bruselas y los Veintisiete, pero que no incluye objetivos de obligado cumplimiento, puesto que el texto (el «Energy Roadmap 2050«) es la base para un debate a largo plazo, por lo que Oettinger pospuso los objetivos obligatorios para dentro de dos décadas, una vez que haya un acuerdo sobre la senda a tomar. «Queremos que en unos años, sobre 2030 ó 2040, se puedan marcar metas vinculantes de cara a 2050», señaló en rueda de prensa.

Con esta hoja de ruta, la Comisión Europea pretende mostrar a los países comunitarios alternativas para lograr una economía baja en carbono con cinco posibles escenarios en los que se plantea una Europa basada en las renovables; la eficiencia energética; la diversificación de fuentes de energía, la captura de carbono y la reducción del peso de la nuclear.

«El sector de la energía representa más del 50 % de las emisiones en Europa», indicó el comisario, quien señaló que el objetivo de la Comisión es «lograr una producción casi sin carbono en 2050 manteniendo la seguridad del aprovisionamiento y con un nivel de precios previsible».

Para cumplir estos objetivos, Europa debe «crear una nueva red moderna e inteligente», lo que precisa de inversiones de 140.000 millones de euros en la distribución eléctrica y 70.000 millones en la del gas.

Los objetivos establecidos en anteriores estrategias no varían, punto criticado por las organizaciones ecologistas que reclamaban medidas más ambiciosas, como el alza del recorte de emisiones de CO2 previsto para 2020 (del 20% actual a un 30%) o que la orientación de alcanzar un 20% de ahorro energético para esa fecha sea obligatoria.

El comisario de Energía defendió además que las inversiones necesarias de aquí a 2030 se hagan lo antes posible porque «si no invertimos ahora y retrasamos las decisiones, pagaremos más por la factura total». Además, las inversiones tempranas permitirán mejores precios en el futuro. Bruselas cree que los precios de la electricidad seguirán subiendo hasta 2030 pero podrían caer después gracias al menor coste de suministro, las políticas de ahorro y las mejoras tecnológicas.

Para lograr el objetivo del 80% en 2050, el sector energético «debe reducir sus emisiones de CO2 casi el 100%», ya que otros, como el transporte, sólo podrán hacerlo el 60%, explicó Oettinger.

La cuestión económica y la dependencia energética son otras de las principales preocupaciones de la Comisión Europea, que insistió en que cualquier opción debe ser «viable» y debe tener unos costes que la sociedad -desde ciudadanos a empresas- pueda pagar, según declaró Oettinger.

La responsable de energía de Greenpeace Europa, Frauke Thies, destacó precisamente que el texto presentado muestra que la energía limpia proveniente de renovables no costará a los contribuyentes más que la «energía sucia y peligrosa originada con carbón o en plantas nucleares».

Coche eléctrico

Asimismo, el comisario europeo de Energía afirmó que la generalización en los próximos veinte años del vehículo eléctrico entrañará un incremento de entre el 15% y el 20% del consumo de electricidad, por lo que preconizó nuevas infraestructuras para afrontar el nuevo escenario.

El comisario indicó que los Estados europeos deben comenzar a invertir ahora en nuevas infraestructuras para afrontar ese incremento del consumo y también para cambiar las fuentes hacia las menos contaminantes.

«Para los Estados miembros, lograr un alto nivel de eficiencia energética significa invertir ahora para lograr los beneficios en 15 o 25 años«, indicó Ottinger, quien agregó que esos gastos «son más difíciles en tiempos de crisis presupuestaria».

Carbóny nuclear

La cuota de renovables en el mix energético «deberá aumentar considerablemente» y será necesario fijar un nuevo objetivo obligatorio intermedio para 2030. A su juicio, la meta podría ser de al menos el 30%, y llegar al 50% en la producción eléctrica. Asimismo, Oettinger se mostró partidario de establecer unos objetivos que persigan un 30% de la reducción de las emisiones de CO2 y un 30% de ahorro de energía para 2030.

Los ecologistas fueron más allá al reclamar a la Comisión Europea objetivos ambiciosos y obligatorios para 2030, en palabras del portavoz de Energía del Grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo, Claude Turmes, a la vez que consideraron que la reducción de CO2 del 30% para 2030 es «muy conservadora» y debería alzarse hasta el 45%.

En cuanto al carbón, Oettinger dijo que, dado su gran volumen de emisiones, «sólo tiene futuro si la captura y almacenamiento de CO2 es realizable». El gas será «esencial para la electricidad y la calefacción», pero su uso dependerá también de si triunfan los proyectos de captura y almacenamiento de CO2.

Por lo que se refiere a la energía nuclear, el Ejecutivo comunitario evitó dar recomendaciones a los Estados miembros y presentó dos escenarios. En el primero, que contempla que sólo las plantas que ya se están construyendo se utilizarán en 2050, mientras que las que existen se cerrarán cuando acabe su vida útil, prevé que la cuota de la energía nuclear caiga del actual 14% al 3% del consumo.

Pero si los proyectos de captura y almacenamiento de carbono no tienen éxito o retrasan esta tecnología, el papel de la energía nuclear debería aumentar hasta el 18%.

Por su parte, Foro Nuclear acogió «con satisfacción» la nueva hoja de ruta sobre energía para 2050 de la Unión Europea, al entender que destaca el papel de la energía nuclear como «una fuente clave» para lograr objetivos de reducción de emisiones, garantía de suministro y competitividad.

Así, la industria del sector reiteró que este informe «respalda» el papel de la energía nuclear en el futuro y resulta positivo para España, que cuenta con un mix energético diversificado y donde el porcentaje nuclear «constituye un activo de gran importancia».

Para María Teresa Domínguez, presidenta de Foro Nuclear, será «importante mantener la generación nuclear actual» en España y contemplar la aportación de nueva generación nuclear en el medio plazo, contando con las fuentes disponibles y planificando la aportación de nueva generación. «La energía nuclear seguirá siendo necesaria para hacer posible el proceso de transformación energética de España», concluyó.

La UE pacta preparar sanciones contra el petróleo y finanzas de Irán

En una declaración por escrito, los Veintisiete explicaron que existe un acuerdo para ampliar las actuales sanciones con el fin de «afectar severamente al sistema financiero iraní y los sectores de los transportes y la energía».

El pacto permitirá a los expertos comunitarios avanzar en toda una serie de posibilidades, dentro de las que varios gobiernos quieren ver un embargo a las importaciones de petróleo. Países como Francia defendieron desde entonces que la nueva ronda de sanciones europeas incluya un embargo al crudo iraní, una medida que despertaba reticencias en algunos Estados miembros por su posible impacto económico.

Por ahora, sin embargo, no hay un acuerdo en este sentido dado el impacto que la medida podría tener para algunos Estados miembros, especialmente Grecia, que obtiene crudo iraní en condiciones ventajosas a las que es difícil renunciar dada su situación económica, puesto que compra a crédito a Irán una proporción significativa de sus importaciones.

Según señaló Trinidad Jiménez, ministra española en funciones de Asuntos Exteriores, existe en general un «consenso amplio de que tenemos que avanzar en la profundización de estas sanciones para que sean creíbles, y que el mensaje llegue con toda intensidad y con nitidez hacia las autoridades iraníes».

«Por tanto, lo que se está buscando son soluciones de equilibrio que puedan satisfacer algunas preocupaciones legítimas de estos países», afirmó.

Según datos de 2010, las importaciones de petróleo procedentes de Irán suponen alrededor del 5,7% del total comprado por la Unión Europea, pero su proporción es mucho mayor en países como España, Italia o la propia Grecia.

De hecho, en el caso de España, Irán fue el pasado año el primer suministrador de petróleo (14% del total), según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Jiménez defendió la posibilidad de imponer sanciones que envíen «un mensaje fuerte y de dureza hacia Irán» y al mismo tiempo permitan «preservar» los intereses económicos de algunos Estados miembros.

Jiménez, afirmó que España buscará «alternativas» si la Unión Europea aprueba finalmente restricciones al crudo procedente de Irán, aunque destacó que no es uno de los países europeos que se verían más afectados por la medida.

«El 14% del petróleo que se consume en España proviene de Irán, pero también es cierto que, de aquí a que se adopten las sanciones, España podría buscar otras alternativas», indicó.

«Si trabajamos para que esto se produzca dentro de un par de meses, tenemos mecanismos alternativos para poder buscar una solución y que esto no sea perjudicial para los intereses de nuestro país«, concluyó.

Como muy tarde, todas esas nuevas sanciones deberán estar preparadas antes de la próxima reunión de ministros comunitarios de Exteriores, prevista para el mes de enero.

Los Veintisiete aprobaron también una ampliación de su lista de personas y entidades sancionadas por sus vínculos al programa nuclear iraní, sumando 180 nuevos nombres que se darán a conocer en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Todos estos nuevos pasos son la respuesta europea al último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que acusa a Irán de haber trabajado en la tecnología necesaria para fabricar armas nucleares.

En cualquier caso, la ministra española insistió en la necesidad de mantener con Irán la doble vía de diálogo diplomático y sanciones que ha utilizado en los últimos años la Unión Europea y aseguró que «nadie ha hablado» de la posibilidad de una eventual intervención militar en el país.

Seis programas españoles sobre eficiencia energética recibirán fondos comunitarios durante 2011

La EACI seleccionó estos proyectos, que recibirán en total 66 millones de euros del programa de ayudas «Energía Inteligente Europa«, de entre más de 340 propuestas de todos los países miembros de la Unión Europea.

Entre los proyectos españoles elegidos figura el «desarrollo y diseminación de estrategias para mejorar la eficiencia en sistemas de refrigeración de agua» en el sector alimentario, del Instituto Tecnológico de Castilla y León, detalló la Comisión Europea.

La EACI también escogió un plan de medidas para alcaldías de la Agencia de Ahorro Energético murciana; una inversión para acelerar el uso de energía local en la provincia de Huelva y un proyecto del Centro para la Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para unir Europa con terceros países en el campo de las renovables.

Asimismo, la Unión Europea financiará un plan de regulación de sistemas geotérmicos a nivel regional y local impulsado por el Insituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO) y un plan de opciones de movilidad eficiente en las regiones turísticas de Europa elaborado por la consultora barcelonesa de transporte Cinesi.

Los proyectos deben centrarse en eficiencia energética, energías renovables, transporte limpio e inversiones en energía local. La EACI es una agencia europea dependiente del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea denuncia a España por no aplicar la normativa de ahorro energético en edificios

De acuerdo con la legislación española, el método para calcular el ahorro energético de los edificios y los requisitos de entrega de un certificado de eficiencia energética se aplican no a todos los tipos de edificios, como defiende la Comisión, sino únicamente a los edificios nuevos y a los que sufran una renovación importante.

Sin embargo, la directiva comunitaria 2002/91 dispone que los Estados miembros deben fijar un método para calcular la eficiencia energética de todos los tipos de edificios y normas mínimas de eficiencia energética para los edificios nuevos y los grandes edificios existentes que sean objeto de una renovación importante.

«Se trata de un aspecto fundamental del derecho europeo, ya que el certificado de eficiencia energética previsto ofrece una visión clara de la calidad de la construcción desde el punto de vista del ahorro de energía y los costes asociados«, dijo el Ejecutivo comunitario.

Para Bruselas, se trata de «una herramienta importante a efectos de la capacidad de negociación al comprar bienes inmuebles o celebrar acuerdos de alquiler: algunas encuestas indican que los compradores pueden estar dispuestos a pagar más por edificios eficientes».

Además, los Estados miembros también tienen que garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y disponer el control periódico de las calderas y de los sistemas de aire acondicionado.

En este sentido, la Comisión consideró que España aún no puso en marcha las medidas necesarias para establecer un régimen de inspección periódica de las calderas. Unas calderas que no funcionen correctamente pueden representar una parte importante de los costes de calefacción, según Bruselas.

En noviembre de 2010, la Comisión solicitó a España, mediante un dictamen motivado, que cumpliera íntegramente los requisitos de la Unión Europea. Aunque las autoridades españolas notificaron las disposiciones para ajustar su legislación a las normas europeas, el Ejecutivo comunitario consideró que no se ha dado aún pleno cumplimiento a estas.

Los edificios son responsables de alrededor del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. La legislación Europea persigue conseguir una reducción significativa del consumo de energía de los edificios, ayudando así a combatir el calentamiento del planeta, y consolidar la seguridad energética de la Unión Europea.

«Un gran ahorro de energía también permitirá a los hogares reducir drásticamente sus facturas, por lo que es esencial que los Estados miembros apliquen plenamente esta legislación», afirmó la Comisión Europea.

El TUE condena a España por visar minas a cielo abierto en León sin evaluar su impacto ambiental

El dictamen da la razón a la Comisión Europea, que había llevado el caso ante el TUE por considerar que España vulnera la legislación medioambiental comunitaria.

En primer lugar, la justicia europea declaró que España incumplió la directiva de evaluación de impacto ambiental y la de hábitats al haber autorizado las explotaciones mineras a cielo abierto de «Nueva Julia» y «Los Ladrones» sin supeditar la concesión de las correspondientes autorizaciones a la realización de una evaluación que permitiera identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos de explotación a cielo abierto existentes.

Además, la sentencia resaltó que las autoridades españolas tampoco adoptaron las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones de «Feixolín», «Salguero, Prégame, Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» y «Nueva Julia».

SEO/BirdLife solicita el cierre de las minas a cielo abierto en Red Natura 2000

Por otra parte, SEO/BirdLife solicitó el cierre de las minas a cielo abierto en Red Natura 2000 y pidió al Gobierno de España y a la comunidad de Castilla y León un cambio decidido en sus políticas ambientales y energéticas que fomente la conservación de espacios naturales de importancia, en referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

SEO/BirdLife incidió en que «una vez más» se vuelve a poner de manifiesto la «larga lista» de incumplimientos de las Directivas Europeas en esta zona de alto valor natural de la provincia de León, declarada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera, donde sobreviven, entre otras, las mejores poblaciones de urogallo de la Cordillera Cantábrica, tratándose ésta de una especie en peligro de extinción.

El coordinador de Conservación de la organización, Juan Carlos Atienza, consideró «inaceptable» seguir financiando con fondos públicos la extracción de carbón en minas a cielo abierto en zonas de alto valor ecológico, «debido a su gran impacto sobre la biodiversidad e ir en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático».

Además, Atienza solicitó «una mayor inversión en políticas de desarrollo rural sostenible y promover en las cuencas mineras desarrollos alternativos basados en un respeto al medio ambiente».

El Gobierno en funciones y el PP negociarán su postura y asistencia en la Cumbre del Clima de Durban

En una reunión con periodistas, señaló que ella participará la próxima semana en esta cita, aunque aún está por decidir el día. La Cumbre de Durban comienza este próximo lunes; sin embargo, hasta la siguiente semana, no empezará el tramo político de la negociación.

Respecto a la postura común, manifestó que se trata de ver el espacio «de interés» en el que tanto el Gobierno en funciones como el PP se sientan «cómodos». En todo caso, dijo que no contempla un «escenario» en el que el PP cambie la posición de España, «o que diga que hay que boicotear la Cumbre de Durban» porque el margen de maniobra es «limitado», puesto que España «juega» dentro de la Unión Europea.

Posteriormente añadió que, «a pesar de todo», es importante ver detalladamente los elementos que puedan ser «puntos calientes» durante la negociación en la Cumbre del Clima de Durban para «poder fraguar con claridad y de antemano» los espacios que comparten ambos partidos.

Por ese motivo, insistió que desde la secretaría de Estado de Cambio Climático no se contempla «en ningún caso» que haya una «divergencia sustancial» por parte del Partido Popular que pudiera alterar «drásticamente» la posición de España en la Cumbre de Sudáfrica ni en sus objetivos generales.

«Estoy convencida de que el interés de España y de la Unión Europea cuenta con un espacio muy amplio. Por lo tanto, no es previsible que haya grandes oscilaciones con respecto a lo que ha sido la defensa de los intereses colectivos y la actitud constructiva y proactiva que hemos venido representando como bloque de negociación Europa y como país miembro enormemente implicado en el seno de la Unión Europea, por que se produzca un cambio de Gobierno», precisó.

De hecho, reconoció que es «evidente» que ambos partidos «no están de acuerdo en todo» pero que no puede imaginar «ningún» escenario en el que el Partido Popular, más allá de las discrepancias conocidas o que puedan surgir, se separe «drásticamente de lo que se ha venido haciendo» ni tampoco que deje de entender la importancia que tiene el éxito de una cumbre como Durban, o bien, que adopte una «actitud» que pueda poner en riesgo el éxito de la cumbre».

Asimismo, recordó que el Gobierno en funciones apuesta por un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 30%, mientras que el PP prefiere mantenerse en el 20%.

Respecto a la reunión para concretar la postura y la delegación española en Durban, agregó que también se abordarán los temas a tratar en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, previsto para el próximo 19 de diciembre. «Durban es una cumbre importante para la Unión Europea pero también para España. Es relevante conversar y ponerse de acuerdo con el equipo que está llamado a gobernar», apostilló.

Finalmente, dijo que quién de momento acudirá seguro a Sudáfrica es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Alicia Montalvo.