La CNE adoptará este jueves una decisión acerca de la escalada accionarial de Pemex en Repsol

Las fuentes explicaron que en la reunión celebrada el martes se abordó esta cuestión, pero que no se adoptó una decisión final para, entre otros motivos, no interferir con el consejo de administración de Repsol, que se celebra este miércoles.

Pese a que no se produjo una votación, entre los consejeros gana más adeptos la opción de no analizar la operación, en contra del criterio de Repsol, Gas Natural Fenosa o los minoritarios de Aemec. El aplazamiento hasta el jueves puede permitir a los consejeros que lo deseen y no coincidan con el voto mayoritario la redacción de votos particulares.

Con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, desapareció la posibilidad de plantear un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria en contra de las resoluciones de la CNE. No obstante, existe la opción de recurrir la decisión ante los tribunales ordinarios.

Fuentes de la CNE explicaron que en su última reunión sí se abordó el caso de Pemex, pero dijeron que no se produjo una votación. El ponente encargado del informe, Tomás Gómez, expuso su contenido y posteriormente se produjo un debate. «Aún no se ha decidido nada al respecto», aseguraron.

El organismo presidido por Alberto Lafuente cuenta con tres meses para tratar esta operación a partir de la fecha en que la petrolera que preside Antonio Brufau cursó la solicitud de que se analizara.

La Comisión Europea investiga a varias empresas de gas natural por supuesta práctica anticompetencia

La Comisión Europea no informó del nombre de las compañías o de los países donde investigó, como suele ser habitual cuando lleva a cabo inspecciones por sorpresa, pero precisó que dichas empresas se dedican al suministro, transmisión y almacenamiento de gas natural.

Bruselas consideró que podrían haber violado las leyes europeas de libre competencia o estar en posesión de información relacionada con tales prácticas.

En concreto investigó «potenciales prácticas anticompetitivas en el suministro de gas natural» en países del centro y el este de Europa, explicó.

Las pesquisas se centran en el nivel de abastecimiento donde, de forma unilateral o a través de acuerdos, la competencia podría haberse obstaculizado o demorado.

La Comisión Europea sospechó de que estas empresas incurrieron en un comportamiento «de exclusión», como por ejemplo a través del reparto del mercado, dificultar el acceso a la red o poner barreras a la diversificación del suministro.

También consideró que podrían haber tenido un comportamiento «de explotación» al imponer precios excesivos.

Cualquiera de esas prácticas incurriría en una violación de las normas europeas contra los monopolios, que prohíben el abuso de posición dominante y medidas empresariales restrictivas.

Al mismo tiempo, la Comisión aseguró que está investigando un posible comportamiento anticompetitivo en detrimento de los propios proveedores.

La Comisión Europea puntualizó que las inspecciones se llevaron a cabo por funcionarios comunitarios que estuvieron acompañados por las autoridades nacionales de competencia relevantes.

Las inspecciones por sorpresa constituyen un paso preliminar para investigar supuestas prácticas anticompetitivas, y el hecho de que se lleven a cabo no quiere decir que las empresas examinadas sean culpables ni que se prejuzgue el resultado de la operación, indicó la Comisión, y recordó que respeta el derecho a la defensa y, en particular, de que las empresas sean escuchadas en el proceso.

También apuntó que no hay un plazo para concluir las investigaciones sobre presunta conducta anticompetitiva, y señaló que su duración depende de diversos factores, como la complejidad de cada caso, hasta qué punto las empresas implicadas estén dispuestas a colaborar con la Comisión o el ejercicio del derecho de defensa.

Bruselas ya impulsó entre 2007 y 2010 una serie de investigaciones antimonopolio a empresas gasísticas en Europa occidental, recordó.

Rusia acepta la participación de la Unión Europea en el control del tránsito del gas ruso por Ucrania

Los jefes de Estado de Rusia y Ucrania, Dmitri Medvédev y Víctor Yanukóvich, se reunieron este fin de semana en las afueras de Moscú para dar importantes pasos en la negociación sobre las tarifas del gas que venden los rusos a sus vecinos y anunciaron haber alcanzado un «sustancial progreso» en las negociaciones mantenidas, según anunciaron fuentes oficiales de ambas delegaciones.

«El encuentro fue señero para Yanukóvich», que exigió la revisión de los contratos firmados con Rusia en 2009 por considerarlos onerosos para Ucrania, «sobre todo al tener en cuenta los últimos acontecimientos» en el país (designación de Putin como candidato a la presidencia), explicó al diario un diplomático ruso.

«En las negociaciones se consiguió un sustancial progreso que da motivo para confiar en el logro de resultados concretos en el bien de ambos países», informó el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania.

También en Moscú la portavoz del Kremlin, Natalia Timakova, informó del «sustancial progreso» y de «acuerdos concretos» logrados. La portavoz de Medvédev indicó que en desarrollo de lo acordado también se reunieron el jefe del monopolio del gas ruso Gazprom, Alexéi Miller, y el ministro de Energía de Ucrania, Oleg Boiko.

Moscú desistió de su intención de sumar Ucrania a la Unión Aduanera conformada por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, que era hasta ahora una de las exigencias del Kremlin para aceptar la rebaja de tarifas a Kiev (la otra es la integración del consorcio gasístico ucraniano Naftogaz Ucraini en el ruso Gazprom).

«Sólo son deseos. Ni de lejos es un hecho que este asunto sea actual. Mucho más importante para Rusia es su participación en el control del Sistema de Tránsito de Gas (STG) ucraniano, dijo a Kommersant el funcionario ruso que tomó parte en la reunión.

Diplomáticos rusos y ucranianos explicaron a la publicación que Moscú condicionó la rebaja de las tarifas del gas al resultado de las negociaciones sobre el control del STG, en el que Rusia quiere tener un papel destacado.

Anteriormente, cuando el Gobierno ucraniano ofreció a Moscú crear un consorcio a tres bandas con la participación de la Unión Europea, Rusia no mostró entusiasmo al respecto y manifestó su preferencia de excluir a los europeos de la administración del tránsito.

«Habrá avances en el asunto del STG, pero para esto necesitamos tiempo. Creo que se alcanzará un compromiso basado en (la creación de) un consorcio a tres bandas«, apuntó el diplomático ucraniano.

Las partes acordaron celebrar en octubre próximo en Ucrania la reunión de turno de la Comisión Interestatal ruso-ucraniana.

Kommersant recordó que el presidente ruso ya dijo en su día que «Kiev puede obtener la rebaja si hace una buena oferta comercial» y añadió que «se refería a la venta del STG».

Mientras no se den avances reales en las conversaciones entre los dos países, la postura de Gazprom, monopolio gasístico ruso, es que los contratos a largo plazo firmados en 2009 no pueden ser revisados ni puede Ucrania comprar menos gas del mínimo estipulado en 33.000 metros cúbicos anuales por el acuerdo.

La UE aprueba el levantamiento de más sanciones económicas a Libia

El Consejo de la Unión Europea aprobó la liberación de fondos libios congelados en territorio comunitario, que serán destinados a atender necesidades humanitarias y civiles, apoyar el desarrollo de los sectores petrolero y bancario y ayudar a la creación de una nueva administración civil.

En el lado financiero, la decisión se refiere a fondos de cuatro entidades, entre ellas el Banco Central de Libia y la Autoridad Libia de Inversiones, según indicó el Consejo.

Además, se pone fin a la congelación de fondos de dos empresas libias del sector petrolífero.

El Consejo de la Unión Europea también puso fin a la prohibición de aviones libios en los aeropuertos y el espacio aéreo comunitario.

Los Veintisiete también levantaron parcialmente el embargo de armas a fin de permitir la llegada de armas destinadas a garantizar la seguridad y la ayuda al desarme, así como de armas ligeras destinadas al personal de la ONU.

La Unión Europea ya había levantado durante este mes, en dos ocasiones, varias de las numerosas sanciones económicas que impuso al régimen de Gadafi.

Así, el pasado día 1, los Veintisiete liberaron los fondos en territorio comunitario de 28 empresas libias, y el día 15 los de la aerolínea libia Afriqiyah Airways.

Bruselas aprueba una normativa para controlar a los mayoristas energéticos y evitar los abusos

El objetivo de la norma es «prevenir los abusos en el mercado mayorista de la energía que repercuten sobre los precios que pagan los consumidores» de la Unión Europea, según la Eurocámara.

«Los precios que pagan los consumidores por la energía deben ser transparentes. Desgraciadamente, hay demasiados acuerdos ocultos que terminan por aumentar el precio final de la energía, lo cual afecta al empleo y al crecimiento«, declaró el ponente de la ley, el eurodiputado liberal alemán Jorgo Chatzimarkakis.

El presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, celebró su aprobación porque, a su juicio, «garantizará precios transparentes en la Unión Europea».

Aunque los gobiernos estatales mantendrán la potestad de imponer sanciones e investigar incumplimientos de la legislación, la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACRE) europea supervisará las transacciones y datos sobre suministros en toda la Unión Europea.

Las empresas del sector deberán proporcionar a la ACRE toda la información necesaria sobre capacidad, transacciones, almacenamiento, consumo y transporte de energía.

Asimismo, se creará un registro europeo a partir de las bases de datos nacionales ya existentes con información sobre todos los actores del mercado energético comunitario y en las que se publicarán también los perjuicios ocasionados a los consumidores por las compañías energéticas en los casos en los que hayan sido sancionadas.

Las empresas del sector deberán registrarse obligatoriamente para poder llevar a cabo sus actividades.

La directiva fue aprobada en el pleno parlamentario celebrado en Estrasburgo (Francia) con 616 votos favorables, 26 votos contrarios y 24 abstenciones.

La iniciativa deberá ser también ratificada por los Estados miembros de la Unión Europea, que ya participaron en su elaboración.

Los 27 prohibirán sólo las nuevas inversiones de compañías europeas en el sector petrolero en Siria

Después de que expertos de la región Magreb/Mashrek de los Veintisiete llegaran a «un acuerdo político» el pasado 8 de septiembre para prohibir las inversiones en el sector petrolero sirio en respuesta a la ola de represión del régimen contra los manifestantes pacíficos, los Veintisiete acordaron prohibir «que compañías europeas aumenten su participación en empresas sirias» y que impulsen «empresas conjuntas» pero no obligarán a las compañías europeas a deshacerse de sus inversiones actuales, según explicaron fuentes diplomáticas europeas.

También estudiaron prohibir que desde entidades europeas se concedan «préstamos bancarios» a Siria y «tienen intención de prohibir» la transferencia de billetes sirios al Banco Central de este país, según confirmaron fuentes diplomáticas europeas. Se trataría de impedir la transferencia de billetes sirios impresos en países de la Unión Europea como Alemania, Bélgica y Austria, según las mismas fuentes.

Los Estados miembros acordaron ampliar las sanciones –congelación de activos financieros bajo jurisdicción europea y prohibición de entrada en la Unión Europea– para «más entidades» del régimen que «apoyen al régimen», incluido empresas financieras, aunque todavía están en proceso de identificarles y no se esperan decisiones formales al respecto hasta la próxima semana, explicaron las mismas fuentes.

Fuentes diplomáticas francesas avanzaron que ya hay «cinco entidades» identificadas que se sumarían a la lista, aunque no descartan que finalmente se incorporen entidades adicionales.

Otras fuentes diplomáticas europeas precisaron que las nuevas sanciones, incluido la prohibición de realizar nuevas inversiones en el sector petrolero sirio, se aprobarán previsiblemente «la próxima semana».

Los Veintisiete dieron luz verde hasta ahora a seis rondas de sanciones –prohibición de entrada en la Unión Europea y congelación de sus activos en Europa– contra el régimen, que afectan a más de 50 dirigentes, incluido el propio presidente, Bashir al Assad, y su hermano Maher, considerado el principal artífice de la represión, así como cerca de una decena de empresas y entidades, incluida el cuerpo Al Quds de la Guardia Revolucionaria iraní por su apoyo a la represión, cuyos activos en suelo europeo permanecen congelados. También aprobaron un embargo de armas en la primera ronda de sanciones.

Más de 2.600 personas perecieron en el marco de la represión del régimen contra manifestantes pacíficos, según datos de la ONU, aunque el Gobierno de Damasco rebaja la cifra a 1.400.

El Parlamento Europeo solicita endurecer las condiciones para permitir perforaciones en alta mar

En un informe de iniciativa, los eurodiputados reclamaron que las compañías que quieran obtener una licencia para extraer petróleo o gas en alta mar estén obligadas a plantear esas medidas preventivas a las autoridades nacionales al menos dos meses antes de empezar a operar.

Según la cámara, esos planes de emergencia deberían identificar los riesgos, las posibles fuentes de contaminación y sus efectos y contener una estrategia de respuesta y planes de perforación alternativos.

El informe -respaldado por la práctica totalidad del hemiciclo- expresó la postura del Parlamento de cara a la propuesta legislativa que la Comisión Europea presentará este otoño.

La ponente del texto, la diputada conservadora británica Vicky Ford (CRE), declaró en el debate previo al voto que «las perforaciones en alta mar constituyen la cuarta mayor zona de extracción» y que «es crucial hacer frente a las necesidades de Europa y a nuestra seguridad energética».

«Cada lugar y cada operación de extracción deberían ser evaluados específicamente y los reguladores solo deberían permitir las extracciones cuando se sientan cómodos con los riesgos que éstas implican y sean capaces de gestionarlos. Este debería ser también el caso del Ártico y, en general, de cualquier zona costera», señaló.

La intención de la Eurocámara es que se mantenga el principio de «quien contamina paga» y que las compañías que perforan tengan capacidad financiera suficiente para reparar los daños.

Además, los parlamentarios pidieron en su texto que se garantice la protección contra el acoso de los empleados que denuncien de forma anónima problemas de seguridad en las instalaciones.

Por otra parte, el Parlamento Europeo volvió a rechazar (por 602 votos a favor, 64 en contra y 13 abstenciones) la opción de una moratoria para todas las nuevas perforaciones de pozos de petróleo en aguas de la Unión Europea, al considerar que sería «una reacción desproporcionada en relación con la necesidad de garantizar unos elevados niveles de seguridad».

La moratoria fue sugerida por el comisario de Energía, Günther Oettinger, tras el vertido provocado el pasado año en el golfo de México por la explosión de un pozo de BP en sus aguas. Sin embargo, se encontró con el rechazo de la mayoría de los países.

La UE negociará con Azerbaiyán y Turkmenistán para construir un gasoducto que traiga gas del Caspio

Se trata de la primera vez que la Unión Europea propone firmar un tratado vinculante para apoyar directamente la construcción de este tipo de infraestructura. El Tratado, cuya negociación correrá a cargo de la Comisión, sólo podrá ser concluido por la Unión Europea si hay acuerdo entre los Veintisiete.

El tratado permitirá impulsar la construcción de un gasoducto submarino que conecte Turkmenistán y Azerbaiyán, que a su vez estará conectado con otros gasoductos que traen gas desde Asia central a la Unión Europea.

El comisario de Energía, Günther Oettinger, recordó que el gasoducto transcáspio «es un proyecto fundamental para que el Corredor Sur pueda traer nuevos recursos de gas a Europa» por lo que avanzó que la intención de Bruselas es concluir el tratado «lo antes posible». «Europa está hablando ahora con una sola voz», celebró.

Bruselas deberá negociar ahora los compromisos legales de las tres partes, los acuerdos bilaterales necesarios para que Azerbaiyán y Turkmenistán puedan construir y garantizar el funcionamiento del gasoducto en sí y el marco legal para traer el gas de Turkmenistán, incluido el reconocimiento adecuado de los compromisos comerciales que se fijen, según informó la Comisión.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y los presidentes de Azerbaiyán y Turkmenistán, Ilham Aliyev y Gurbanguly Berdimuhamedov, respectivamente, se comprometieron el pasado enero en 2011 a identificar recursos para poner en marcha este gasoducto.

Ambos países, que trasladaron a la Unión Europea su disposición de vender «volúmenes de gas sustanciales» a Europa, son proveedores potenciales clave además para los proyectos de interconexión de interés europeo como Nabucco, el interconector entre Turquía, Grecia e Italia y el gasoducto transadriático.

La Comisión propuso la pasada semana crear además un mecanismo que obligará a los Estados miembros a informar a Bruselas de cualquier acuerdo internacional en materia de energía, incluso los que todavía se están negociando. El Ejecutivo comunitario podrá dictaminar si estos acuerdos son compatibles con la legislación comunitaria y con los objetivos de seguridad de abastecimiento de la Unión Europea. Si la conclusión es negativa, los Gobiernos no podrán firmarlos.

Bruselas quiere obligar a los 27 a que le informen de cualquier acuerdo energético internacional

El Ejecutivo comunitario podrá dictaminar si estos acuerdos son compatibles con la legislación comunitaria y con los objetivos de seguridad de abastecimiento de la Unión Europea. Si la conclusión es negativa, los Gobiernos no podrán firmarlos.

El objetivo de esta iniciativa, según dijo el comisario de Energía, Günther Oettinger, es «mejorar la coordinación interior» en materia de energía «de manera que la Unión Europea y sus Estados miembros actúen juntos y hablen con una sola voz».

La norma debe ser ahora aprobada por la Eurocámara y por los Veintisiete, que por el momento se resistieron a ceder soberanía en materia energética.

En la actualidad existen alrededor de treinta acuerdos entre los Estados miembros y países terceros sobre petróleo y sesenta sobre gas, según los cálculos de Bruselas, que asegura desconocer el contenido de la mayoría de ellos.

«Al enfrentarse a posibles problemas de suministro, los Estados miembros están sometidos a una gran presión para aceptar concesiones en sus acuerdos con terceros países que son incompatibles con la legislación energética de la Unión Europea. Estas concesiones amenazan el funcionamiento del mercado interior de la energía», avisó el Ejecutivo comunitario. El mecanismo reforzará, según la Comisión, la posición negociadora de los Estados miembros frente a terceros países.

La norma propuesta obligará a los Estados miembros a enviar a Bruselas todos los acuerdos energéticos firmados hasta ahora con terceros países. Además, deberán informar a la Comisión de su intención de iniciar negociaciones y de la marcha de las mismas. Cuando concluya el pacto, deberá remitirlo al Ejecutivo comunitario y esperar cuatro meses antes de firmarlo por si plantea objeciones.

El Ejecutivo comunitario también pretende que progresivamente los acuerdos energéticos con terceros países se negocien a nivel de la Unión Europea, como ya se está haciendo con Azerbaiyán y Turkmenistán sobre un gaseoducto transcaspio.

Además, el comisario de Energía quiere que la Unión Europea establezca una nueva asociación con los países de la ribera meridional del Mediterráneo en materia de proyectos de energía procedente de fuentes renovables.

Oettinger descartó que el suministro de gas a la Unión Europea se vuelva a ver afectado este invierno por nuevos enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y destacó que la puesta en marcha del nuevo gaseoducto Nord Stream en noviembre, que llevará gas ruso directamente a Alemania, mejorará la seguridad de suministro.

La Comisión Europea propondrá una estrategia sobre los intereses del sector energético en el exterior

La propuesta la presentará en Bruselas el comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, quien pretende impulsar una estrategia global que promueva los intereses comunitarios en el exterior en materia de energía, a la vez que se mejora la coordinación entre los Estados miembros a la hora de identificar sus prioridades en este área.

Precisamente, la seguridad energética es una de las prioridades de la presidencia polaca de la Unión Europea en este semestre. Actualmente, la Unión Europea importa el 80% del petróleo y el 60% del gas que consume.

En una cumbre celebrada en febrero pasado y centrada en la energía, los jefes de estado y de gobierno europeos acordaron apoyar el desarrollo de infraestructuras para que en 2015 ningún Estado miembro se encuentre en una situación de aislamiento energético, al carecer de las conexiones apropiadas.

En ese contexto, los contratos energéticos con países terceros juegan también un papel esencial.

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, destacó entonces que no es posible diseñar políticas energéticas desde un punto de vista meramente nacional, sino que se necesita un «marco europeo».

El desarrollo de las infraestructuras y la diversificación de las fuentes son dos de los principales objetivos de la Unión Europea para afianzar su suministro energético.

De ese modo, los veintisiete intentan evitar que se repitan episodios como el de enero de 2009, cuando un corte del tránsito de gas aplicado por Rusia a Ucrania -por donde pasa el 80% del gas que Rusia exporta a Europa- supuso problemas de abastecimiento para varios países de la Unión.